La ‘Propina’ de Puno
CARETAS 2306 27OCT13
Cuatro jóvenes de 18 y 21 años transportaban casi US$ 1 millón camuflado
en una camioneta. El dinero proviene de la minería ilegal en Puno.
Una camioneta blindada, color verde, llamó la atención de un grupo de
policías antidrogas en el peaje de Camaná, Arequipa, el sábado 28 de septiembre
pasado.
Sus ocupantes, cuatro jovencitos de entre 18 y 21 años, brincaron de sus
asientos.
Los efectivos auscultaron la camioneta con un perro detector de drogas y
notaron manipulación reciente en una de las puertas. Al abrirla encontraron
paquetes tipo ladrillo, forrados con plástico negro y cinta adhesiva.
Pero no era droga, sino dinero: 48 paquetes con billetes de 100 y 20
dólares que hacían un total de US$ 756,000.
Casi todo el dinero estaba escondido en las puertas delanteras. Otro
grupo de billetes de US$ 20 –que sumaban US$ 3,400– fue descubierto en el
espaldar del asiento del copiloto.
LA CONEXIÓN
Los ocupantes eran Jorge Luis Mamani León (20), al volante; su cuñada
Katherine Paola Condori Paco (18); el novio de esta, Mahirson Jesús Fernández
Rodríguez (18); y Noemí Quispe Paco (21), prima de la primera.
Viajaban de Lima a Juliaca, donde residen.
“El dinero es de mi papá, que tiene una empresa minera”, declaró
Fernández, según contó a CARETAS uno de los policías. “Déjeme llamarlo para
arreglar el asunto”, habría insistido.
Pero los agentes, al mando del mayor PNP Ismael Arroyo Roca, jefe del
Departamento Antidrogas de Arequipa, dieron parte al fiscal de turno. Los
chicos fueron llevados a calabozos de la Policía.
Ubicado por CARETAS, Mahirson Fernández negó haber dicho a la Policía de
que su papá era minero, pero reconoció que los padres de su novia, Katherine
Condori Paco, sí tienen negocios mineros en Puno.
Katherine Condori es hija de Luis Condori Ortiz y Reyna Paco Sucapuca,
dueños de Sociedad Minera Rinconada SAC, que opera en el corazón de la minería
ilegal en Puno: el Cerro Lunar de Oro, poblado contiguo a La Rinconada, en el
distrito de Ananea, San Antonio de Putina.
EL ORO NEGRO
En Ananea, ubicada sobre los 4,600 metros, unos 5,000 mineros informales
extraen oro con maquinaria pesada y contaminan con mercurio el río Ramis, que
desemboca en el lago Titicaca.
La semana pasada, el premier Juan Jiménez anunció desde Juliaca que se
emprenderá una serie de operaciones de interdicción para erradicar la minería
en la cuenca del río Ramis, lo que ha originado la amenaza de un paro minero
para los primeros días de noviembre.
El presidente regional de Puno, Mauricio Rodríguez, calculó que dicho
departamento pierde anualmente S/. 300 millones por la evasión de impuestos de
la minería ilegal.
La camioneta intervenida, Toyota, modelo RAV4, de placa LGK-133,
pertenece a Leonidas Condori Ortiz, hermano de Luis Condori.
El dueño del vehículo tiene otra empresa del ramo: Oro Centro
Inversiones SRL, creada en 2011 para “la compraventa, importación, exportación
y comercialización de metales preciosos principalmente oro”. No registra
exportaciones en Aduanas.
Los hermanos de Reyna Paco Sucapuca, madre de Katherine Condori, también
tienen negocios mineros. Mario Paco Sucapuca constituyó la empresa Inversiones
Gavilán de Oro SRL, en 2007. Aparece en el Registro Especial de
Comercializadores y Procesadores de Oro del Ministerio de Energía y Minas
(Minem) desde el 2012. Gavilán de Oro sería el antiguo nombre del centro minero
de Cerro Lunar de Oro y campamento en esta zona.
Otro hermano, Gamaliel Paco Sucapuca, constituyó Inversiones Lago de Oro
SRL en el 2011. A finales de ese mismo año, fue asesinado a balazos en su
propia casa.
“El transporte ilegal del dinero de la minería no es nuevo, pero este
caso es relevante por la cantidad de billetes”, comentó Daniel Urresti, alto
comisionado de Asuntos de Formalización de la Minería.
Según el Decreto Legislativo 1106, de “Lucha Eficaz Contra el Lavado de
Activos y Otros Delitos Relacionados a la Minería Ilegal y Crimen Organizado”,
quien oculte dinero cuyo origen ilícito conoce, para evitar su decomiso, puede
recibir de 8 a 15 años de cárcel.
Sin embargo, el juez de Camaná, Aquiles Quintanilla, ordenó la
liberación de los cuatro muchachos detenidos y estos retornaron –sin la
“propina” al menos– al socavón de Puno (David Pereda Z.)
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