REFLEXIONES EN TORNO A LA DESIDIA E INDOLENCIA POPULAR FRENTE AL ABUSO ELITISTA DEL PODER POLITICO

 ENTRE LA OBSCENIDAD DEL PODER

Y LA INDIFERENCIA CIUDADANA

Por: Jorge Luis Choque

E

l Perú de octubre de 2026 no atraviesa una simple sucesión de gobiernos fallidos: vive una crisis prolongada de representación, legitimidad y sentido democrático. Ocho presidentes en diez años, una fragmentación política extrema y una ciudadanía hastiada reflejan el agotamiento de un sistema que redujo la política a un mercado de intereses, un pacto de impunidades y una disputa por cuotas de poder. Mientras la corrupción y la inseguridad ocupan el centro de las preocupaciones sociales, la población continúa pagando el costo de un Estado debilitado: hospitales sin recursos, escuelas precarias, obras abandonadas, territorios sometidos a economías ilegales y servicios públicos incapaces de garantizar una vida digna.

No se trata, de una “mala racha” ni de una suma de individuos moralmente desviados. Alfonso Quiroz advirtió que la corrupción peruana ha sido “un fenómeno sistémico, no un acontecimiento anecdótico o periódico” (2013, p. 25). La corrupción no empieza ni termina en el funcionario que recibe una coima; incluye las redes empresariales, políticas, mediáticas y burocráticas que convierten decisiones públicas en beneficios privados. Cuando una licitación se arregla, una norma se diseña para favorecer a un grupo económico o una campaña se financia con dinero de procedencia ilícita, no solo se vulnera una ley: se despoja de recursos que deberían servir para asegurar derechos sociales y reducir desigualdades.

masa indiferente

La noción de “captura corporativa estatal” permite comprender la raíz de este problema. El Estado no siempre es tomado mediante golpes de estado; también puede ser ocupado gradualmente por intereses privados que influyen en las reglas, financian candidaturas, condicionan decisiones legislativas y debilitan los controles. Como ha señalado Francisco Durand, esa captura inclina el poder público hacia élites privilegiadas, subordinando el interés general a la acumulación particular. En ese escenario, discutir corrupción no puede reducirse a condenar la conducta de “malos políticos”: exige preguntarnos quién financia, quién se beneficia, quién fiscaliza y por qué las instituciones terminan protegiendo con tanta frecuencia a los poderosos antes que a los ciudadanos.

Juan de la Puente ha denominado a este proceso la construcción de una “república obscena”: un orden político con “un pie en la legalidad y otro en la ilegalidad”, sostenido por la resistencia de sectores de poder a cambios orientados a la igualdad, la justicia y la inclusión (2026, p. 42). La obscenidad no es solo la falta de pudor de los gobernantes ante los escándalos, sino la normalización de lo ilegal como rutina y de lo legal como excepción. Cuando se acepta que un congresista proteja intereses particulares, que un partido opere sin democracia interna o que se disculpe la corrupción apelando a una supuesta "capacidad de gestión", la democracia deja de ser un instrumento de soberanía popular y se convierte en una fachada para negocios y privilegios.

Ante esta situación, también existe una responsabilidad ciudadana. La frase "roba, pero hace" revela una derrota ética y política: acepta que el saqueo de los recursos públicos se compense con una obra visible, ignorando los sobreprecios, el endeudamiento y el abandono de las verdaderas urgencias colectivas. A. Gramsci advertía que la indiferencia es “el peso muerto de la historia”, porque permite que minorías organizadas decidan el destino de las mayorías desorganizadas. La apatía no es neutral: cuando la ciudadanía deja de vigilar y sancionar el poder, termina por entregar el Estado a las mafias.

Recuperar la política exige devolverle su sentido esencial: la búsqueda del bien común. Para Aristóteles, el ser humano es un animal político porque participa de una comunidad y puede deliberar sobre lo justo, lo conveniente y lo bueno para todos. Desde la perspectiva popular, ello obliga a defender una democracia sustantiva, no limitada al voto periódico, sino fundada en igualdad material, derechos sociales, organización popular y control ciudadano permanente. Esto supone exigir transparencia real, límites severos al financiamiento político, sanciones efectivas para corruptos y corruptores, control de las puertas giratorias entre empresas y Estado, autonomía de las instituciones fiscalizadoras y una educación cívica que forme ciudadanos capaces de reconocer que cada sol perdido por corrupción es un derecho negado a la población.

La salida no vendrá de un caudillo providencial ni de la promesa de una nueva agrupación electoral. Vendrá de una ciudadanía informada, organizada y dispuesta a convertir su indignación en acción colectiva: vigilando a sus autoridades, participando en organizaciones vecinales, sindicales, estudiantiles y comunitarias, exigiendo rendición de cuentas y rechazando toda forma de prebenda y complicidad. Quiroz sostuvo que “solamente una ciudadanía realmente informada y educada podrá vencer la recalcitrante ‘cultura’ de la corrupción” (2013, p. 589). El desafío peruano es, entonces, recuperar la política perdida para ponerla nuevamente al servicio del bien común. De lo contrario, seguiremos habitando una república obscena, donde el poder se ejerce sin pudor y el pueblo abdica de su propia voluntad. <>

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Referencias

1.     De la Puente, J. (2026). La república obscena: La larga crisis peruana y el futuro (in)deseable. PADUS.

2.     Durand, F. (2010). El control de la riqueza y el poder político. Fondo Editorial.

3.     Jiménez González, J. L., & García Galindo, C. (s. f.). ¿Por qué hay corrupción política, qué efectos tiene sobre el voto y cómo solucionarla? [Documento de trabajo].

4.    Quiroz, A. W. (2013). Historia de la corrupción en el Perú. Instituto de Estudios Peruanos; Instituto de Defensa Legal.

Perú: 9/10/2026