CIBERNETICA PARA TORCER LA VOLUNTAD POPULAR

 GRANJAS DE BOTS, SILENCIO OLIGOPÓLICO Y CRISIS DEL ESTADO PERUANO

Por: Jorge Luis Choque

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a democracia peruana no se destruye únicamente desde las instituciones debilitadas, sino desde una invisible y perversa arquitectura de poder digital. La reciente detención en Bolivia del consultor argentino Fernando Cerimedo —operador que confesó manejar más de 50 000 cuentas falsas e inteligencia artificial para distorsionar algoritmos— ha puesto al descubierto una red transnacional dedicada a fabricar “relevancia artificial” y manipular la voluntad popular en América Latina. Mientras el elector peruano acude a las urnas creyendo que su voto cuenta, una infraestructura financiada por la ultraderecha internacional y apadrinada por agendas extranjeras altera sistemáticamente las reglas de la competencia política para garantizar que nada cambie y el statu quo permanezca intacto.

Esta articulación no es ajena al escenario local. La conexión entre Carlos Díaz-Rosillo —asesor vinculado al entorno de Keiko Fujimori y financiado por la rancia red de think tanks ultraconservadores de Miami— y figuras como Cerimedo expone cómo la política peruana ha sido infiltrada por mercenarios digitales. La estrategia ya no consiste en persuadir al ciudadano con ideas o propuestas de desarrollo, sino en saturar el espacio público con falsedades, ataques orquestados y fake news para destruir adversarios. Lo que el poder presenta como “opinión pública” en redes sociales no es más que el zumbido coordinado de granjas de bots diseñadas para desinformar y coaccionar el voto.

Frente a esta grave injerencia en la soberanía nacional, el comportamiento de la prensa oligopólica en el Perú raya en la complicidad absoluta. Mientras el escándalo Cerimedo abría portadas internacionales sobre el “colonialismo digital”, en el Perú los principales grupos mediáticos optaron por un cerco informativo estratégico. La prensa concentrada en el país ha dejado de cumplir su rol fiscalizador: no investiga el origen de los recursos que financian estas campañas ni interpela a los actores políticos salpicados por estas redes. Al guardar silencio, la concentración de medios se convierte en un engranaje más de la misma maquinaria que encubre la manipulación electoral.

En lugar de poner en agenda los peligros que amenazan la legitimidad democrática, la corporación mediática y la clase política prefieren recurrir a la sobreexposición del espectáculo policial. El despliegue sensacionalista sobre cabecillas del crimen organizado como “Los Pulpos” o la instrumentalización de la inseguridad ciudadana sirven como la cortina de humo perfecta para solicitar facultades legislativas y distraer a la población. Mientras el ciudadano vive angustiado por la violencia cotidiana y el morbo televisivo, el aparato estatal y las élites políticas se aseguran de que nadie examine la pudrición estructural del sistema político ni el negocio de la desinformación.

Esta estrategia de distracción resulta funcional para un Estado fallido que se muestra incapaz de responder a las demandas vitales de su gente. Ni la prevención frente al Fenómeno del Niño ni la contención efectiva de las extorsiones y asesinatos forman parte de las prioridades reales de quienes gobiernan. La vulnerabilidad institucional del Perú es instrumentalizada por una clase política que carece de proyecto país y cuya única meta es la supervivencia en el poder, utilizando el miedo social como mecanismo de control e inhibiendo cualquier atisbo de fiscalización ciudadana.

Como advierten diversos analistas académicos, el verdadero peligro de estas operaciones de desinformación masiva es que distorsionan la realidad al punto de arrebatarle al pueblo una base común para el debate. Cuando una acusación se valida por simple repetición algorítmica y la mentira se viraliza con apariencia de verdad, la ciudadanía pierde la capacidad de distinguir entre lo auténtico y lo fabricado. En este contexto de postverdad promovida, el silencio mediático actúa como un catalizador que acelera la erosión de los derechos políticos y la degradación del sentido democrático.

La crisis actual demuestra que la disputa política contemporánea va mucho más allá de las fronteras nacionales: es una lucha por controlar las condiciones tecnológicas y mediáticas con las que una sociedad percibe su propia realidad. El Perú no puede seguir sometido a un modelo donde las decisiones públicas sean moldeadas por operadores cibernéticos, intereses geopolíticos externos y medios serviles al poder de turno. Es urgente desmantelar la complicidad entre la desinformación digital y la prensa concentrada; de lo contrario, el derecho del pueblo a elegir libremente seguirá siendo una trágica ilusión al servicio de los mismos de siempre. <>