LA ESTAFA ELECTORAL:
REELECCIÓN DISFRAZADA Y
PODER SIN ALTERNANCIA
Por: Jorge Luis Choque
La
ley electoral peruana se ha convertido ya en un instrumento maleable al
servicio del bloque que controla el poder. El caso de Rafael López Aliaga
—quien, según la denuncia pública, utiliza la renuncia estratégica de Luis
Rubio para postular como primer regidor y asegurar su retorno a la Alcaldía de
Lima el 4 de octubre de 2026— plantea una pregunta que excede el expediente:
¿puede llamarse democracia a un régimen que permite sortear la prohibición
constitucional de la reelección inmediata mediante un procedimiento formalmente
válido, pero materialmente orientado a burlar la Carta Magna?
El
problema no se reduce a Lima. De acuerdo con el Instituto Aklla Perú, 135
alcaldes elegidos en 2022 postularían como primeros regidores y 63 candidaturas
principales habrían renunciado para facilitar el retorno de autoridades en
regiones como La Libertad, Loreto y San Martín. Si estos datos son confirmados,
no estaríamos ante casos aislados, sino ante una práctica descentralizada de
captura de las candidaturas mediante renuncias calculadas, vínculos familiares
y acuerdos de cúpula. Como han advertido Fernando Tuesta y Juan de la Puente,
se trataría de una forma de “sacarle la vuelta a la ley”: una reelección
directa en términos materiales, aunque disfrazada de trámite administrativo.
El
JNE no puede limitarse a revisar formularios, plazos y requisitos aislados. El
rechazo de una tacha por razones procedimentales, sin resolver el fondo
constitucional, deja abierta la cuestión decisiva: ¿puede una renuncia
formalmente válida producir una reelección materialmente prohibida? La Fiscalía,
por su parte, no debe sustituir al órgano electoral, pero sí investigar con
imparcialidad cualquier indicio de falsedad, concertación o abuso de poder. La
justicia pierde legitimidad cuando despliega severidad selectiva contra los
opositores y reserva el silencio para los grupos dominantes.
Como
advierte Dennis Thompson, la corrupción institucional no requiere un soborno:
también aparece cuando las instituciones desvían sus funciones públicas para
proteger intereses particulares. Desde esta perspectiva, la “reelección
disfrazada” no sería un vacío legal fortuito, sino una manipulación que
convierte la ley en plastilina al servicio de los poderosos. Gramsci explicó
que el consentimiento político puede ser organizado por partidos, instituciones
y medios de comunicación; por ello, reducir estas maniobras a asuntos técnicos
o descalificar sus críticas mediante el “terruqueo” cumple una función
política: desviar la atención, normalizar la excepcionalidad y presentar como
legalidad ordinaria una posible estrategia de perpetuación del poder.
La
defensa de la democracia exige algo más que votar: requiere proteger la
alternancia, fiscalizar a las autoridades y exigir que la ley sea interpretada
conforme a su finalidad constitucional. Si la derecha considera legítima la
reelección, debe promover una reforma abierta y someterla al debate ciudadano,
no esconderla detrás de renuncias estratégicas. De lo contrario, el voto se
convierte en un espectáculo y la Constitución, en una barrera que solo obliga a
quienes carecen de poder. La democracia no muere únicamente cuando se suspenden
las elecciones; también se degrada cuando las elecciones continúan, pero las
reglas son diseñadas para que los mismos de siempre nunca abandonen el poder.
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