PRENSA OLIGOPÓLICA AL SERVICIO DEL PODER ECONOMICO
Por: Jorge Luis Choque
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a existencia formal de
periódicos, canales de televisión, radios y plataformas digitales no asegura,
por sí misma, la pluralidad informativa. Una sociedad puede tener numerosos
medios y, al mismo tiempo, encontrarse sometida a una elevada concentración de la
propiedad, de la publicidad, de las fuentes y de las agendas periodísticas.
Según el estudio Media Ownership Monitor de OjoPúblico y Reporteros Sin
Fronteras, un solo conglomerado —el Grupo El Comercio— llegó a concentrar
aproximadamente el 80% de la circulación de diarios, el 78% de los lectores y
el 65% de la audiencia digital en el país. Esta desproporción demuestra que la
discusión no se limita al poder comercial de un grupo, sino a la acumulación de
plataformas y recursos publicitarios que reducen la diversidad de voces
disponibles para la ciudadanía.
El impacto del cerco
mediático se acentúa en coyunturas electorales, donde la cobertura periodística
opera como un actor político abocado a blindar el statu quo. Un estudio
del medio independiente El Foco sobre seis importantes plataformas —El
Comercio, Perú 21, Trome, Correo, América TV y Canal
N— evidenció este sesgo al registrar 1,045 coberturas desfavorables al
candidato opositor Roberto Sánchez o abiertamente convenientes para Keiko
Fujimori. Tal asimetría concuerda con las observaciones de la Misión de
Observación Electoral de la Unión Europea, que constató un tratamiento
informativo orientado a reducir la contienda a una falsa encrucijada moral
entre el “orden” y el “caos”. Así, la estigmatización sistemática de la
oposición —asociándola al extremismo o a la ingobernabilidad— expone cómo se instrumentaliza
la información para proteger los intereses de los grupos de poder económicos y
políticos.
Tras los procesos
electorales, la estrategia del bloque mediático transita de la demolición del
adversario a la complacencia gubernamental, blindando el discurso oficial
mediante transmisiones sin repreguntas y portadas distractoras. Esta dinámica nos
recuerda a Joseph Goebbels en 1933: “La propaganda no es un fin en sí mismo,
sino un medio para alcanzar un fin; si el medio logra el fin, entonces el medio
es bueno”. En esa lógica, la información relega el interés público para
subordinarse a la eficacia política del poder de turno.
Ante el cerco informativo
impuesto por el oligopolio mediático, el propio ordenamiento jurídico peruano
fija un límite conceptual al interpretar el artículo 61 de la Constitución, el Tribunal
Constitucional concluyó que “el valor de la libre competencia debe ceder ante
el valor de la protección del libre y plural flujo de las ideas y de los hechos
noticiosos”. Esta premisa demuestra que la libertad de empresa jamás puede
sobreponerse al derecho fundamental de la ciudadanía a recibir información
diversa, puesto que la acumulación desmedida de frecuencias e impresos sofoca
el debate público en función de apetitos corporativos. Democratizar las
comunicaciones no significa apelar a la censura ni exigir neutralidades
utópicas, sino garantizar una pluralidad efectiva —con mayor transparencia
accionaria, reparto equitativo de la publicidad estatal y respaldo a la prensa
independiente y regional— que atienda la dimensión colectiva de la libertad de
expresión subrayada por la CIDH. En síntesis, la democracia no solo se rompe con
el cierre de un medio, sino también cuando un puñado de propietarios asume el
poder absoluto de decidir qué debemos debatir, a quién debemos temer y qué
intereses privados deben disfrazarse de bien común.
Perú: 21/08/2026
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