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paginas aitas de juicios de realidad y de juicios de valor que componen el volumen,
dan cuenta de un enfoque multidisciplinario en el que, sin embargo, es
ostensible el claro predominio de la dimensión jurídico-legal en el análisis
profundo de un proceso conflictivo que hace poco años marcó a fuego la vida y
la historia de la nación aimara surperuana y surpuneña: el “aimarazo”.
El propio
autor define y ambienta en su obra ese fenómeno histórico social en los
siguientes
términos: “Se conoce como el
"aimarazo" al conjunto de acciones de violencia social que se
iniciaron en la región Puno entre mayo y junio del 2011 (últimas semanas del
gobierno de Alan García,) sobre la nulidad de la concesión minera Santa Ana, en
la provincia de Chucuito, a cargo de la Empresa Canadiense Bear Creek Mining
Corporation (BCMC), bajo el amparo del Decreto Supremo 083-2007-EM. … la
población que iba a ser afectada por
el desarrollo del proyecto, solicitó el cese del mismo, pero no fueron
escuchados por las autoridades locales, regionales y nacionales, entonces
decidieron ejercer su derecho a la protesta. En ese sentido, fue la desidia del
gobierno, la que magnificó un conflicto que pudo llegar a una solución
razonable de haberse atendido oportunamente”.
Una
hojeada detenida y muy interesada sobre el contenido del libro, nos permite adelantar
que la sucesión de hechos de todo calibre que se dieron en el intercambio de
acciones y reacciones entre las masas aimaras y las variopintas autoridades estatales,
(las cuales se situaron en los extremos de la relación dialéctica) están
descritas y analizadas con acuciosidad fuera de lo común, con un acertado
manejo de los tiempos y eventos, con el examen riguroso de la amplia
documentación periodística, burocrática y muy especialmente judicial acumulada
en proporciones notables sobre el tema. Todo ello ha permitido al autor arribar
a conclusiones que plasman su óptica jurídica volcada hacia el derecho penal que,
como siempre ocurre, pueden suscitar acuerdos y desacuerdos.
La contribución de Ardiles Franco al conocimiento integral
de la realidad puneña, es evidente; lo cual motiva el agradecimiento nuestro y
de todos aquellos que participamos de preocupaciones compartidas sobre Puno, su
historia, su presente y su futuro. (Guillermo
Vásquez Cuentas, diciembre 2020)
Nació
en Puno en 1942. Realizó estudios primarios en la Escuela 881 y secundarios en
el Colegio Nacional San Carlos. Es abogado, magíster y doctor en Derecho por la
Universidad Nacional del Altiplano. Estudió periodismo en la Universidad San
Antonio Abad del Cusco. Es autor de los libros: Derechos Humanos en Puno
(2016), Puno: Planificación estratégica de crecimiento económico y desarrollo
regional (2015), Troquel del tiempo (1983, poesía). Fue fundador de
medios radiales y televisivos en Puno e integrante de la Compañía de Bomberos
(1975-1976), además de dirigente sindical. Fue el primer decano del Colegio de
Periodistas Consejo Departamental Puno y presidente del Instituto Americano de
Arte (1996-1997). Asimismo, presidente del Club Kuntur (2007-2008 y 2009). Fue
elegido alcalde de la ciudad de Puno en dos gestiones consecutivas (1981-1983
y 1984-1986.). En 1983, fundó el primer colegio municipal del Perú para niños
campesinos. Fue diputado por Puno por Izquierda Unida (1985-1990). Se desempeñó
como Oficial Mayor de la región José Carlos Mariátegui: Puno, Tacna y Moquegua.
Fue el primer representante del Colegio de Abogados de Puno ante el Órgano de
Control y Fiscalización ODECMA ante la Corte Superior de Justicia de Puno
(2011). Actualmente es docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad
Nacional del Altiplano.
EL AYMARAZO
DE ARDILES FRANCO
José Luis Ayala.
LOS ANDES DIC20
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L |
os
conflictos sociales durante la República fueron registrados desde el punto de
vista dominante. Sin embargo, la contribución de las ciencias sociales y el
magisterio de Fernand Baudell, permitieron conocer el “otro lado de la
historia”. Mucho tiene que ver el Derecho Consuetudinario para configurar ahora
un análisis lúcido. Precisamente, eso es lo que ha hecho Jaime Ardiles Franco,
al escribir un texto histórico, analítico que sin duda servirá para las nuevas
generaciones como referencia y ejemplo. No sería exagerado decir que “Aimarazo.
Conflicto social penalizado” fue determinante para la libertad de
Aduviri.
Es
evidente la formación académica de Jaime Ardiles, pero sin la cimentada cultura
humanista que tiene, no podía escribir un libro que muchas personas lo han
intentado. Ardiles se pregunta: “¿Cuánto de complejo y arduo será construir una
identidad andina en medio de tantas disparidades y en medio del poder del
tránsito y tráfico económico y cultural que ha vuelto la realidad en un
laberinto? Creemos que un punto irrecusable de afirmación identitaria es volver
a utilizar el Derecho Consuetudinario como instrumento que concilie antes que
agrave las distancia entre andinos. Que se instrumenten auténticas políticas de
desarrollo donde el hombre andino viva con dignidad y acorde a sus derechos y
obligaciones. Creemos que es necesario encontrar nuevas formas de
entendimiento, sin rencores y que la justicia humana y menos técnica y sus
administradores asuman –asumamos– un comportamiento donde la legalidad tenga la
razón y calidad humana”.(1)
Fue
Guillermo Figallo Adrianzén, que en sus resoluciones del Tribunal Agrario,
siendo presidente del órgano jurisdiccional agrario, aplicó el Derecho
Consuetudinario. Fue un escándalo en medio de abogados conservadores. Los
cierto es que sin las resoluciones de Guillermo Figallo, con seguridad las
comunidades, ayllus y estancias campesinas, no hubieran podido recuperar sus
tierras ancestrales. Varios juicios duraron cien años, hasta que terminaron con
la devolución de las tierras a sus verdaderos dueños. Todos los expediente del
Tribunal Agrario y juzgados de tierras, los documentos deberían ser conservados
y no arrojados a un oscuro sótano del Palacio de Justicia.
En
gran parte Ardiles Franco recurre al Derecho consuetudinario, al que también se
le llama costumbres y usos, es una vertiente del Derecho que ha formado normas
jurídicas. Por lo general, no está registrado pero aparecen en las costumbres,
formas de vida y propiedad. Así, el Derecho es una forma de existencia y
convivencia humana pacífica, respetando la cosmopercepción y religiosidad como
la dialéctica andina. Se trata de un singular aporte de parte de Jaime Ardiles,
para la edificación de una nueva sociedad humana, que sepa respetar los
derechos que tienen y que se les ha negado, sistemáticamente a pueblos de la
Amazonia.
Como
se trata de un texto eminentemente técnico jurídico, Jaime Ardiles Franco
escribe: “Es la última resolución de fecha 9 de enero del 2020 emitida por la
sala penal de apelaciones en adición, Sala Penal Liquidadora y la Sala
Especializada en Procesos Anticorrupción de Puno, conformada por los
magistrados Ayestas Ardiles, Díaz Huaytana y Arias Calvo, que en este trabajo
de investigación jurídica, la tomamos en consideración luego de una labor de
seguimiento a investigaciones de más cuatro años, no obstante que el caso no ha
sido cerrado aún.
Visto
el recurso de Casación contra la sentencia Vista N° 271 contenida en la
Resolución 116 de fecha 20 de diciembre del 2019, resolvieron conceder recurso
de casación (el recurso en la sentencia de vista que referimos líneas arriba),
disponiendo elevar a los autores ante la Sala Penal Permanente de la Corte
Suprema de la República.(2)
La
pregunta es: ¿En qué medida el libro de Jaime Ardiles Franco, pudo influir para
que Aduviri salga en libertad? Sin duda los magistrados que acordaron la
libertad del líder aymara, fue de acuerdo a las nuevas corrientes del Derecho
social. No podían sustraerse y tratar de cambiar el rumbo de la historia. La
historia carece de leyes, es un proceso continuo que como el río que siempre
van a dar al mar, arrasando, arrasando, limpiado con sus aguas, anunciando la
llega de una sociedad sin niños ni ancianos que miren un pan y se pongan a
llorar.
En
efecto, la Corte Suprema de Justicia declaró fundada en parte el recurso
de casación que presentaron los abogados del gobernador Walter Aduviri
Calisaya. Es más, ordenó su libertad, teniendo en cuenta que se le impuso una
pena de cuatro años de libertad suspendida. De ese modo Aduviri Calisaya,
ha recobrado su libertad después de haber estado encarcelado desde el 2019,
condenado a seis años de carcelería y un pago de una reparación civil de dos
millones de soles. Sin embargo, el proceso histórico de reivindicación de la
Nación aymara sigue su curso.
_____________________
(1) Jaime
Ardiles Franco. Aimarazo. Conflicto social penalizado. Acierto Grafico E.I.R.L. Pág.
28. Puno.
(2)
Jaime Ardiles Franco. Aimarazo. Conflicto social penalizado. Acierto Grafico E.I.R.L. Pág.
30 Puno.
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