EL FUJIMORISMO
REGRESA AL PODER
INFORME
SEMANAL DE POLÍTICA EXTERIOR • 6 DE JULIO DE 2026 p. 5.
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ras un interminable recuento, tres campañas
presidenciales perdidas en segunda vuelta y años de problemas judiciales que la llevaron a pasar más
de 500 días en prisión preventiva, Keiko Fujimori (50,1%) finalmente
alcanzó la presidencia peruana, aunque por un margen exiguo.
En realidad, el fujimorismo ya ejercía una influencia decisiva sobre
buena parte del Estado. Gracias a las mayorías que ha mantenido en el
Congreso desde 2016 y a su capacidad para tejer alianzas con otras fuerzas
políticas, ha logrado influir en instituciones clave como el Tribunal
Constitucional, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Junta Nacional de
Justicia, responsable del nombramiento de jueces y fiscales supremos.
La fragmentación política volvió a marcar la
primera vuelta de abril. Fujimori obtuvo apenas el 17,19% de los votos, seguida
por Roberto Sánchez (12,03%), en uno de los resultados más dispersos de la
historia reciente del país. Es,
además, la tercera elección presidencial consecutiva que se decide por menos de
50.000 votos.
Ahora, Fujimori promete “un camino de orden”, un
discurso que la acerca al
creciente bloque conservador latinoamericano próximo a Donald Trump. Sin
embargo, la Casa Blanca evitó cualquier gesto explícito de respaldo durante la
campaña, una ausencia que ha llamado la atención en Lima.
A diferencia de elecciones anteriores, esta vez
solo seis partidos obtuvieron representación parlamentaria. En la cámara baja, la
fujimorista Fuerza Popular (FP) y sus aliados de derecha sumarán 56 escaños de
130. En el Senado, ambos bloques quedarán empatados, con 30 senadores cada uno.
Alberto Fujimori nunca destacó por su capacidad
para gobernar con oposición. Su
hija, pese a haber demostrado una notable habilidad para derribar presidentes
desde el Congreso, tampoco dispondrá de un periodo de gracia. Para buena
parte de los nueve millones de peruanos que no la respaldaron en la segunda
vuelta, su triunfo
representa un agravio moral, al asociar todavía el fujimorismo con el
autoritarismo y la corrupción.
Su impopularidad podría crecer rápidamente si
cumple la promesa de reivindicar el legado de su padre, que la nombró primera
dama y la preparó durante años como heredera política de la dinastía nikkei.
La derrota del terrorismo y las reformas
económicas de los años noventa –ajuste fiscal, privatizaciones, liberalización
de precios y apertura económica– siguen explicando buena parte del persistente
atractivo electoral del fujimorismo. Entre 2001 y 2025, el sol peruano se apreció un 2% mientras que el
peso chileno perdió cerca de un 50% de su valor y el colombiano un 76%.
Ese éxito macroeconómico, sin embargo, convive con
profundas desigualdades
sociales. El 0,1% más rico concentra el 22% de la renta nacional, la mayor
proporción de América Latina; en Chile, el segundo país de la lista, esa
cifra ronda el 14%. Además, gracias a su implantación territorial y
organización interna, Fuerza Popular sigue siendo el único partido con una
estructura verdaderamente nacional, mientras que el antifujimorismo continúa fragmentado.
El sur
andino, de mayoría quechua y aymara, respaldó de forma abrumadora a Roberto
Sánchez, como ya hiciera con Pedro Castillo en 2021. En los distritos donde ganó Juntos por el Perú, el partido de
Sánchez, el 42,9% de la población carece de acceso a agua potable y cerca del
30% no dispone de suministro eléctrico.
El Fondo Monetario Internacional prevé que la economía peruana crezca un 3,4% en 2026, con una inflación del 3,9%. Muchos votantes percibieron que Sánchez, pese a moderar su discurso durante la campaña, no ofrecía suficientes garantías de estabilidad tras años de crisis política. En los últimos cinco años, Perú ha tenido 15 ministros del Interior, reflejo de una enorme inestabilidad institucional y del deterioro de la seguridad ciudadana. <>
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