PARA SALIR DEL TÚNEL
por Manuel Rodríguez Cuadros
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l Estado ha perdido su capacidad de regular, con un
mínimo de eficacia y legitimidad, las relaciones de poder emergentes en la
sociedad. En realidad, el Estado se ha extraviado en el Perú. Hay que
recuperarlo.
La crisis de coyuntura se
profundiza y continúa poniendo a la patria al borde de la crisis mayor de
viabilidad nacional. El fracaso de una incompetente política de lucha contra la
violencia, el crimen y el sicariato, ha puesto a la población en la línea
extrema del hastío y la desesperación. Al mismo tiempo, la pérdida de
legitimidad del gobierno, particularmente de la institución de la presidencia
de la República, está generando las condiciones para la vacancia presidencial y
el establecimiento de un gobierno de transición. Sus dos tareas elementales serían
ordenar la lucha contra la delincuencia y organizar el 2026 un proceso
electoral, libre, justo, bajo estándares y supervisión internacional.
Este eventual decurso de la
evolución política del Perú, parecería hasta planificado. Conforme al artículo
115 de la Constitución, en el caso de vacancia, el presidente del
congreso, al asumir la presidencia, debe convocar “de inmediato a elecciones”.
Bajo esa hipótesis, y teniendo en cuenta que el periodo presidencial culmina en
julio del 2026, en teoría habría que esperar dos procesos electorales. El
excepcional y el regular.
Pero, gracias al “azar y la
necesidad” de la política peruana, el congreso ha modificado las leyes
electorales y adelantado la convocatoria de las elecciones generales para abril
de 2025. A un año del proceso electoral. Con ello se asegura que,
en el caso de la vacancia, la convocatoria inmediata a elecciones, coincida
prácticamente con el nuevo plazo de convocatoria de las elecciones regulares.
Ya no serían necesarios dos procesos electorales. También por el “azar y la
necesidad,” esa decisión aseguraría la permanencia de los congresistas hasta el
final de su periodo.
El Estado ha perdido su
capacidad de regular, con un mínimo de eficacia y legitimidad, las relaciones
de poder emergentes en la sociedad. En realidad, el Estado se ha extraviado en
el Perú. Hay que recuperarlo. La pobreza, la extrema pobreza, la precariedad
alimentaria, aumentan. La desigualdad entre los que menos ganan y quienes
tienen mayores ingresos se ahonda. Pasa a ser oprobiosa. La salud y la
educación públicas son precarias. El no contar con una vivienda
digna, según GRADE “es una tragedia para las familias, una inmoralidad a la que
estamos acostumbrados, pero que no puede ser justificada desde ningún punto de
vista”. Estos son algunos de los problemas que habrá que enfrentar el
2026, además de incrementar el crecimiento económico por encima del 6 %.
La crisis nacional requiere
una refundación del Estado y sus relaciones con la sociedad, las empresas y la
propia naturaleza. Y ello tiene que ver, esencialmente, con las
decisiones políticas. Con la gobernabilidad. Es la cuestión central. La minería
ilegal y otros sectores vinculados a la informalidad o directamente al crimen
organizado no deben seguir perforando y utilizando las instituciones de la
gobernabilidad. Es el camino a la disolución democrática del país. A la
transformación del autoritarismo en dictadura.
El principal componente de
la crisis de viabilidad nacional, es el colapso del sistema de gobierno y el
régimen político establecido en la constitución de 1993. Un sistema de suma
nula. Antidemocrático. En el cual la única manera de gobernar es que el
ejecutivo tenga la mayoría parlamentaria ( autoritarismo presidencial) o que la
tenga el congreso (autoritarismo parlamentario). Con un control constitucional
que se ejerce una vez que ya fueron aprobadas las leyes, lo que minimiza su
eficacia y lo politiza.
La solución de la crisis de
viabilidad del Perú, requiere como medida y acción fundamental rehacer el
sistema de gobierno y el régimen político actual. La democracia supone tomar en
cuenta los intereses del Nosotros colectivo. No solo de
algunos sectores de la población. Excluyendo a otros.
Un régimen político
democrático supone el diálogo, la concertación, la existencia de espacios para
construir el bien común, tomando en cuenta los intereses de todos. En el caso
del Perú, por razones obvias, prioritariamente de los excluidos, los más pobres
y las clases medias. Hay que sustituir el actual sistema de gobierno de suma
cero (el 100 % de lo que gana un sector, lo pierden los otros),
por otro. Esencialmente democrático, de
suma variable (las ganancias y pérdidas se comparten).
Eso implica , un sistema
bicameral, donde el senado tenga función revisora y legislativa en áreas
esenciales; una instancia de función dirimente en la función
legislativa que sería el pleno del congreso, conformado por ambas
cámaras; un Tribunal constitucional que además del control a posteriori,
tenga facultades de control preventivo de las leyes orgánicas y de
interpretación constitucional; partidos políticos, con vida institucional, que
sean actores cotidianos de la participación de los ciudadanos en el ejercicio
de sus derechos y del derecho a la democracia; y, un sistema electoral
independiente, justo, libre y sin voto preferencial, que ha sido el ácido
muriático que casi ha liquidado la vida democrática en el Perú.
En el ámbito
económico, hay un amplio consenso compartido con la economía social de
mercado. Pero desde 1993 se ha convertido solo en un eslogan. La legislación
secundaria ha impuesto un tipo de desregulación económica en la antípoda de la
economía social de mercado. Un mercado desnaturalizado por el monopolio, los
oligopolios y las posiciones dominantes en el mercado.
El Estado debe cumplir su
deber de garantía de realización de los derechos económicos y sociales de la
población. No existe en el mundo una economía de mercado competitiva, sin un
estado fuerte, capaz de asegurar la libre competencia y sancionar las prácticas
monopólicas. Allí están, los Estados Unidos, Francia, Italia o Singapur. Sin
Estados, no hay mercados.
Habrá también que
reformular las políticas de seguridad pública y combate del crimen. A partir de
las poblaciones y los gobiernos locales, con legalidad, con participación de la
gente y una policía especializada, con recursos. Y finalmente, extirpar la
corrupción. Terminar con la concepción del Estado tramitador, al que se
corrompe por el interés privado y el que se corrompe por haberse reducido a
otorgar concesiones, licencias, hacer contratos o tramitar compras estatales.
Hay que recuperar al Estado como gestor y guardián del bien común. Con una
concepción ética del servicio público.
¿Quiénes pueden concertar
una alternativa de solución nacional y social a la crisis de viabilidad? Todas
las fuerzas democráticas, políticas, sociales, empresariales, nacionales,
institucionales, regionales y locales. Sean de derecha o de
izquierda. No interesan etiquetas de dudosa vigencia. Lo importante
es que compartan la filiación democrática y el compromiso con la patria.
Si esa convergencia no se produce y no se ejercen los derechos a la protesta y
la acción política, pasada la página del calendario, podremos haber perdido la
democracia y extraviado una vez más al Perú. <:>
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