PARA LA HISTORIA DE PUNO

D I S P A R A R O N    A    M A T A R

Por: Américo Zambrano
En HILDEBRANDT EN SUS TRECE N° 624, 24FEB23, 

Las investigaciones y necropsias hechas en Puno demuestran de modo irrefutable que la munición usada el 9 de enero procede de armas dadas a la Policía y que la presidenta Dina Boluarte mintió descaradamente cuando intentó encubrir a los responsables
Diversas unidades de la Policía en Puno tuvieron en su poder armas de fuego letales para reprimir las manifestaciones que dejaron en un solo día 18 civiles muertos en las inmediaciones del aeropuerto de Juliaca el lunes 9 de enero pasado, según documentos oficiales obtenidos por este semanario.
Los registros, que forman parte de la investigación fiscal por homicidio calificado, muestran la asignación de fusiles AKM-65, con munición de guerra calibre 7.62 x 39 mm, y de pistolas Pietro Beretta, calibre 9 mm, y Sig Sauer a decenas de policías enviados a controlar las protestas en Puno.
Los informes periciales de necropsia realizados a 16 de los 18 civiles fallecidos en el aeropuerto de Juliaca y sus alrededores confirman que todos ellos murieron por impacto de proyectiles de arma de fuego.
En algunos de los cadáveres, los peritos del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público encontraron fragmentos de proyectiles calibre 7.62 mm y calibre 9 mm, municiones compatibles con fusiles AKM-65, calibre 7.62 x 39 mm, y pistolas Pietro Beretta, calibre 9 mm, asignadas al personal de la Policía el 9 de enero pasado, de acuerdo con la voluminosa carpeta fiscal revisada por esta revista. 1
El fusil AKM-65 es un arma de guerra que tiene un alcance efectivo de 300 metros de distancia, aproximadamente, mientras que la munición 7,62 x 39 mm es un cartucho de origen soviético lo suficientemente potente como para matar o dañar gravemente los órganos internos, según dos expertos en armamento consultados por esta publicación.
El cartucho de 9 mm Parabellum es la bala estándar de las fuerzas armadas de la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN). Se trata, probablemente, del calibre más extendido en el mundo.
El 11 de enero pasado, dos días después de la masacre de Puno, un equipo de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Román, en Juliaca, visitó las instaladoras de 11 unidades policiales de esta dudad.
Entre ellas figuran las cuatro comisarías de Juliaca, el Departamento de Investigación Criminal, la Unidad de Servidos Especiales (USE), la Unidad de Seguridad del Estado y la Unidad de Emergencia (Uneme).
Los fiscales pidieron el cuaderno de entrada y salida del armamento de todas las dependencias de la Policía en Juliaca. Unas cinco de las 11 unidades entregaron los documentos en los que aparece la asignación de armas letales al personal policial.
Según los registros del armamento, que constan en la carpeta fiscal, tres comisarías y dos unidades especializadas del Departamento de Investigación Criminal de Juliaca contaban con fusiles de asalto para hacer frente a los manifestantes en el terminal aéreo de esta ciudad.
La Comisaría Sectorial de Juliaca, que intervino en las acciones de represión, tuvo a su disposición el día de la masacre 12 fusiles AKM-65, 28 pistolas Pietro Beretta y 85 pistolas Sig Sauer.
A los efectivos policiales de la comisaría de San Miguel también se les asignó, a lo largo del lunes 9 de enero, fusiles AKM y pistolas Pietro Beretta y Sig Sauer, registradas a mano con las iniciales “AKM”, “P/B” y “S/S”, según los cuadernos de “afectación del armamento” policial.
La comisaría de Santa Bárbara, por su parte, entregó la relación del armamento policial disponible el 9 de enero. En la relación aparecen 10 fusiles AKM-65, con 1,500 municiones calibre 7.62 x 39 mm, 15 pistolas Pietro Beretta y 40 pistolas Sig Sauer, con 750 cartuchos 9 mm y 2,000 municiones calibre 9x19 mm, según los documentos oficiales.
El técnico de primera PNP Luis Cáceres Salas y el suboficial Álex Sánchez Castillo, encargados de la Sección de Armería de la comisaría de Santa Bárbara, alegaron a los fiscales que los efectivos de esta unidad no hicieron uso de ninguna munición durante los actos de protesta. Dijeron que se limitaron a custodiar algunos puntos críticos de la ciudad, como el Banco de la Nación o las oficinas de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), además de realizar patrullajes “esporádicos” en otras zonas de Juliaca.

El mayor PNP Wagner Quinteros Frisancho, jefe de la Comisaría de Santa Bárbara, llegó a afirmar que su labor, el lunes 9 de enero, consistió en elaborar una “nota informativa” con la relación de los policías heridos durante el intento de asalto al aeropuerto de Juliaca.
La versión de los policías apunta a un presunto encubrimiento de los hechos, pues los planes operativos de la propia Policía indican que la Región Policial Puno solicitó el ‘apoyo” de la Comisaría Sectorial de Juliaca, la Comisaría de Santa Bárbara, la Comisaría de Familia y la Comisaría del Aeropuerto, además de otras unidades como la Comisaría de San Miguel, situada en la provincia de San Román, para reprimir las protestas en la ciudad de Juliaca el 9 de enero pasado.
La “recuperación” del orden interno en Puno estuvo a cargo de la X Macro Región Policial y la División Policial de Juliaca (Divpol).
En el resguardo del aeropuerto internacional Inca Manco Cápac, de Juliaca, intervinieron también agentes armados de la Dirección de Operaciones Especiales (Diropesp), según la investigación fiscal.
Algunas unidades policiales como la Unidad de Emergencia (Uneme) y la Unidad de Seguridad del Estado entregaron información incompleta o prácticamente ilegible a los representantes de la Fiscalía.
La Oficina de Criminalística se negó a proporcionar los registros completos de entrada y salida del armamento y sólo entregó los listados del personal policial que intervino en el plan de operaciones.
Algo similar ocurrió con el Ejército, en Puno. Los fiscales se apersonaron ai cuartel Batallón de Ingeniería “Teniente La Rosa N° 4”, de Juliaca, y se entrevistaron con el oficial EP Jimmy Marcelini Jacha. Los fiscales solicitaron la rela¬ción del personal, el nombre del responsable de armería y los registros completos de in¬greso y salida de armamento castrense de los días 4 y 10 de enero de este año. Marcelini, sin embargo, no permitió que los fiscales inspeccionaran el almacén del armamento, aduciendo motivos de seguridad, y entregó una relación incompleta de las patrullas militares que apoyaron las acciones de la Policía para sofocar las manifestaciones de Juliaca.
El hecho de que los policías utilizaran armas de guerra durante el control de las protestas coincide con el libreto trazado por la Dirección Contra el Terrorismo (DIRCOTE), en el sentido de que las manifestaciones fueron orquestadas por presuntos terroristas.
Esto quiere decir que el personal de la Policía respondió a la manifestación en Puno como si fuera una insurgencia senderista.
El uso excesivo de la fuerza en Juliaca explica por qué algunas de las víctimas presentaron disparos en el tórax y la cabeza, y describe un patrón similar al de Ayacucho, donde otras 10 personas fueron asesinadas a balazos por el Ejército el 15 de diciembre pasado.
Los militares utilizaron fusiles Galil para reprimir las protestas en Ayacucho, tal y como lo reveló este semanario hace algunos días.
Los registros del armamento de la PNP y los informes de necropsia de las víctimas mortales en Puno corroboran también que la presidenta Dina Boluarte mintió cuando declaró que los fallecidos fueron impactados con balas “dum-dum” fabricadas artesanalmente y que supuestamente ingresaron por contrabando desde Bolivia.
No existe, hasta el momento, ninguna evidencia sobre la existencia de las balas “dum-dum” ni sobre la presencia del grupo boliviano conocido como “Los Ponchos Rojos” durante las protestas de Juliaca.
Un asesor del ministro de Defensa Jorge Chávez Cresta señaló a esta revista que no le corresponde a esta cartera investigar el presunto ingreso de armamento y municiones por el sur del país para su uso durante las manifestaciones de Juliaca.
Cuando esta revista preguntó si algún otro organismo del gobierno avalaba lo que había declarado la presidenta a la prensa extranjera, el asesor del ministro Chávez se limitó a señalar: "la verdad, no lo sé”.
El mismo portavoz del Ministerio de Defensa indicó a este semanario que los 18 civiles muertos en Puno fueron el resultado de un “enfrentamiento entre los violentistas que querían tomar el aeropuerto de Juliaca y la PNP”. “El Ejército estuvo en segunda línea”, aseguró.
Cuando se produjeron las muertes, el entonces ministro del Interior Víctor Rojas declaró que los policías actuaron dentro de los límites legales para defenderse de unos 9,000 manifestantes que intentaron tomar el control del aeropuerto de Juliaca con armas artesanales.
Pero los informes de necropsia realizados a 16 de los 18 civiles muestran que, más que un enfrentamiento, lo que verdaderamente ocurrió en Juliaca, el lunes 9 de enero pasado, fue una matanza.
HABLAN LAS NECROPSIAS
Los informes de necropsia, a los cuales esta revista tuvo acceso, indican que, por lo menos, siete de las 18 víctimas mortales en Puno recibieron impactos de proyectiles a larga distancia y algunos de ellos fueron baleados por la espalda. Unos siete fallecidos presentaron orificios de entrada y salida, principalmente en el tórax y la cabeza, lo que describe un patrón en la actuación de las fuerzas del orden en Puno.
En la mayoría de las actas de defunción se señala al “shock hipovolémico”, originado por el impacto de los proyectiles de arma de fuego en el pecho, como una de las principales causas de muerte.
La estudiante universitaria Jhamileth Aroquipa Hancco, de 17 años, fue asesinada de un balazo en el abdomen, cuando acompañaba a su padre a comprar alimentos a un mercado, cerca del aeropuerto de Juliaca. Ella no intervino en los actos de violencia del 9 de enero.
Los peritos del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público encontraron en el cuerpo de Jhamileth un proyectil de calibre 9 mm, munición compatible con las pistolas Pietro Beretta, calibre 9 mm, asignadas a decenas de policías durante el operativo de aquel día.
El escolar Ehner Leonardo Huanca, de 16 años, tampoco participaba de las manifestaciones del aeropuerto de Juliaca y sus alrededores.
La necropsia forense revela que el adolescente recibió un balazo mortal en el tórax que le perforó el pulmón izquierdo. Durante la autopsia se le encontró en el cuerpo un proyectil calibre 7.62 mm. La bala tiene las características de la munición de un fusil AKM-65.
El mismo tipo de munición calibre 7.62 mm fue hallado en el cadáver de Paúl Mamani Apaza, de 20 años. Mamani fue asesinado de un disparo por arma de fuego en el tórax, según el informe forense.
El estudiante de medicina Marco Samillán Sanga, de 29 años, es otro de los civiles que no murió durante el intento de toma del aeropuerto de Juliaca. Samillán se encontraba auxiliando a uno de los heridos de la manifestación cuando recibió un disparo fulminante por la espalda. La bala le laceró el pulmón y le produjo, casi inmediatamente, una hemorragia aguda. Reynaldo Ilaquita Cruz, de 19 años, recibió un certero balazo en el tórax a larga distancia. En su cuerpo se encontró un “proyectil ligeramente deformado”, de acuerdo con el protocolo de necropsia.
A otro de los fallecidos que se le halló un fragmento de una bala en el cuerpo es al músico Christian Mamani Hancco, de 22 años. Mamani murió de un balazo en el tórax disparado a “larga distancia”, de acuerdo con el protocolo de necropsia. Al no haberse realizado el peritaje balístico se desconoce qué tipo de munición fue el que lo mató.
Ghiovanny Illanes Ramos, de 21 años, también murió de un disparo realizado a "larga distancia”, según el informe de necropsia. Durante la autopsia se le encontró el fragmento de un proyectil no identificado.
El albañil Héctor Quilla Mamani, de 38 años, fue asesinado de un balazo en el abdomen, mientras que Cristhian Arizaca buque, de 18 años, falleció producto del disparo de un proyectil de arma de fuego en el tórax.
El estibador Rubén Mamani Muchica, de 53 años, Eberth Mamani Arqui, de 40 años, Roger Cayo Sacaca, de 25 años, y Heder Mamani Luque, de 37 años, murieron por impactos de proyectiles de arma de fuego en la cabeza, todos realizados por disparos a larga distancia.
El ayudante de cocina Edgar Huarancca Choquehuanca, de 22 años, recibió tres balazos en la cabeza y el tórax, en tanto que el ayudante de obras Marcos Quispe Quispe, de 54 años, murió luego de ser impactado por dos proyectiles de arma de fuego en el tórax y el brazo izquierdo.

Otro de los fallecidos es el mototaxista Nelson Pilco Condori, de 22 años. Pilco presentó un orificio de entrada y salida, producto del disparo de una bala que le impactó en el tórax y le perforó el pulmón.
La Fiscalía no ha podido aún establecer las características exactas de todas las municiones encontradas en los cuerpos de las víctimas, debido a que la Policía Nacional no ha culminado con las pericias balísticas, según la carpeta fiscal examinada por esta publicación.
Pero las características de algunas de las balas coinciden en gran medida con los fusiles AKM-65, calibre 7.62 x 39 mm, y las pistolas Pietro Beretta 9 mm entregadas a los policías que intervinieron en las acciones de represión en el aeropuerto de Juliaca y sus alrededores.
Milagros Chimpén Asenjo, la directora de imagen del Ministerio del Interior, no respondió a los mensajes que le envió este semanario.
La semana pasada el premier Luis Alberto Otárola acudió a la Fiscalía de la Nación para rendir su manifestación y declaró que el responsable político de esta “asonada”, incluidos los fallecidos, es el expresidente Pedro Castillo, detenido en el penal de Barbadillo, en Ate.
Otárola aseguró durante una entrevista en RPP Noticias que el presidente del Consejo de Ministros y los titulares de Defensa e Interior “no tienen mando sobre los operativos militares ni policiales”.
Lo que Otárola afirma es, de alguna manera, cierto. El jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional es el presidente de la República, según la Constitución. Por lo tanto, le corresponderá a Dina Boluarte responder ante la justicia cuando llegue la hora. <>