PLAN 19 J
Eloy Marchan
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D |
En HILEBRANDT EN SUS
TRECE Nº 644, 14JUL23
ina Boluarte ha dado un paso sin precedentes. Le ha encargado a las Fuerzas Armadas velar por la economía del país. El jueves 6 apareció en “El Peruano” un decreto supremo del Ministerio de Economía. Se trata de un texto que ordena transferir S/ 12.2 millones al Ministerio de Defensa para que esta cartera los reparta entre las Fuerzas Armadas. El presupuesto -dice el decreto- es para que los cuerpos de inteligencia y contrainteligencia “impulsen la reactivación económica al mitigar los riesgos de pérdidas económicas”. Las rúbricas de la presidenta Boluarte y del titular del MEF, Alex Contreras, al pie del decreto, son el acta matrimonial del gobierno cívico militar de ésta administración.
Defensa, cumpliendo las órdenes de la jefa suprema
de las Fuerzas Armadas, se encargó de hacer las raciones con los 12.2 millones
de soles. Cinco para el Ejército, S/ 4.5 para la Marina y S/ 2.7 millones para
la FAP. En los archivos de “El Peruano” no hay registro de un texto que ordene
al MEF entregar dinero a los militares para que “impulsen la reactivación
económica del país”. A trece días del 19 de julio, fecha en la que pretende
llevarse a cabo un paro nacional, es de suponer que se trata de una inyección
económica para pagar los servicios prestados por las Fuerzas Armadas en los
operativos relacionados con las marchas.
Dos altos funcionarios del Ministerio de Defensa
dijeron a esta publicación, bajo reserva de sus nombres, que el dinero será
usado para “vigilar” y “monitorear” a las personas que salgan a protestar el 19
de julio. “En estos momentos ya hay personal desplegado en algunos lugares
sensibles del país”, dice uno de los informantes.
“A nosotros también nos ha sorprendido que en el
decreto pongan que vamos a reactivar la economía”, apunta un jefe de
Inteligencia en actividad. Entre los militares hay posiciones encontradas.
Desde inicios de año han estado pidiendo al MEF dinero para labores de inteligencia
rutinarias, pero no obtuvieron respuesta.
“Estamos acomodando -añade el oficial que pide la
reserva de su identidad- todos nuestros planes operativos a lo que nos han
ordenado con el decreto: “proteger la economía del país” y operar activamente
el 19 de julio. Lo que ha hecho el MEF y Defensa es un verdadero sancochado,
pero no nos queda más que usar el dinero”.
“Hasta donde yo conozco, las Fuerzas Armadas hacen
inteligencia en temas de exterior. La formulación (del decreto supremo) me
parece un poco equívoca. Se ha fraseado de una manera inadecuada”, dice el
exministro del Interior Carlos Basombrío.
Solicitamos la versión del Ministerio de Defensa
sobre el decreto supremo y en qué se gastarán los S/12 millones, pero en el
despacho del ministro Jorge Chávez Cresta optaron por el silencio.
También han abierto la billetera los banqueros con
más peso en el país. El último miércoles el Ministerio del Interior recibió
una “donación” de S/ 4.7 millones. Al óbolo se sumaron el Interbank, Scotiabanky
GNB. El dinero, según se lee en las resoluciones de recepción, será usado “para
la ejecución de acciones de apoyo permanente de los diversos programas de apoyo
al Policía” (sic).
No es la primera vez que privados brindan su “solidaridad”
a la Policía en medio de protestas. En enero pasado la Sociedad Nacional de
Pesquería, que comandaba Cayetana Aljovín, donó víveres valorizados en S/ 100
mil. Y la asociación Integridad, del exgerente legal del grupo Intercorp Jorge
Lazarte Molina, recaudó S/ 250,000 entre sus asociados, también para la
Policía.
En el Ejecutivo creen que para llegar al 28 de
julio, deberán pasar airosos el peaje del “19 J”. El último lunes Boluarte y
Otárola se reunieron por casi tres horas con los ministros de Defensa e
Interior y con el jefe de la DINI, general PNP (r) Roger Arista Perea. En la
cita se trazó el plan de cara a la huelga nacional.
Boluarte fue informada de que las protestas en el
sur del país vienen fuertes. En Puno, Cusco, Apurímac y Ayacucho se prevén
paros masivos. En Cajamarca y Piura los ronde- ros están haciendo un trabajo
activo y, a diferencia de enero pasado, podrían poner en jaque esas regiones.
En el cónclave se acordó declarar en emergencia por
treinta días la Red Vial Nacional para que las Fuerzas Armadas ayuden a la
Policía a vigilar las carreteras. También se acordó alistar decretos de
urgencia para su eventual publicación, por si fuera necesario el ingreso de
militares a las regiones donde prenda la protesta. Puno es la única región que
sigue en emergencia. Lleva así siete meses.
El cálculo de la DINI es que a la marcha de Lima se
sumarán unos 5 mil manifestantes. “Boluarte y Otárola han tomado al 19 de
julio como el Día D de su gobierno. Han comentado que, de superar la crisis que
genere la protesta, podrán quedarse sin problemas hasta el 2026”, dice un
allegado a Palacio.
En el cónclave del lunes el ministro del Interior,
Vicente Romero, dio detalles del plan “Abanico Verde”, que ese mismo día se
puso en marcha. “Abanico Verde” contempla desplegar contingentes policiales en
todos los ingresos a Lima para registrar a los protestantes que llegarán para
el 19 de julio.
Romero también informó que el alcalde de Lima,
Rafael López Aliaga, ha puesto a disposición de la Policía las 196 cámaras que
el municipio tiene en el centro de la capital.
En Palacio de Gobierno han decidido invertir en dos
campañas mediáticas para desinflar el 19 de julio. La primera apunta al
‘bolsillo del ciudadano”. La otra pone los reflectores sobre los líderes de la
marcha y sus presuntos vínculos con Sendero Luminoso, Movadef y Pedro Castillo.
Para sensibilizar a los ciudadanos, el gobierno y
los gremios empresariales han renovado sus votos matrimoniales. El miércoles
20 gremios se citaron con los ministros de Comercio Exterior, Producción,
Trabajo e Interior para trabajar en una agenda sui géneris: “La defensa
de la democracia, el desarrollo empresarial, el emprendimiento, las
inversiones y el libre tránsito por el territorio nacional en un contexto de
paz social”.
Un día antes la Unión de Gremios, grupo que lidera
la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), emitió un pronunciamiento
expresando su “rechazo a los diferentes pronunciamientos que se vienen
difundiendo sobre una pretendida toma de Lima, con anunciadas protestas en
diversas regiones, movilizaciones violentas y vulneración de los derechos de
terceros al libre tránsito”. Al comunicado lo titularon: “¡Queremos
trabajar!”.
La Cámara de Comercio de Lima también ha apoyado con
algunos “estudios de mercado”. Ha recordado las millonarias pérdidas que
dejaron los paros de diciembre y enero y advierte a los medianos empresarios
de los millones que dejarán de ganar por culpa del paro.
Los empresarios de La Libertad -dice la nota de
prensa de la Cámara de Comercio liberteña- perderán 8 millones de dólares. Los
empresarios de “El Hueco” y “Mesa Redonda” calculan que dejarán de facturar 1.5
millones de soles.
La campaña llegó con una encuesta bajo el brazo. La
publicó el martes 11 la revista “Semana Económica”. El trabajo de campo corrió
por cuenta de Ipsos. El sondeo revela lo que era de esperarse: que el 71% de
los empresarios aprueba la gestión de Dina Boluarte.
La arremetida mediática ha vuelto a recurrir al terráqueo
para desacreditar la protesta. El pistoletazo de salida ha sido un audio
filtrado por la Dircote de la “camarada Vilma”. En la comunicación interceptada
la senderista llama a participar de la Toma de Lima. La estrategia es bastante
burda. Pretende inocular la idea de que todo aquel que participe en la
manifestación del 19 de julio responde a la consigna de los remanentes
senderistas del Vraem.
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| Anunciada presencia de puneños |
En el Congreso de los mochasueldos y los lobbies
a destajo han acogido la campaña con entusiasmo. “Hay una convocatoria de la
doble V. Digo la doble V porque Verónika Mendoza está convocando, y la
terrorista Vilma también está convocando”, dijo el miércoles la congresista
fujimorista Martha Moyano, la indigna hermana de aquella heroína llamada María
Elena.
El operativo también se ha extendido a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El miércoles pasado la rectora Jeri Ramón suspendió las clases presenciales por “seguridad”. El objetivo es que el campus no se utilice para acoger a los manifestantes que lleguen a la capital.
En las redes sociales arrancó la campaña “Chapa tu terruco” que alienta a tomarle fotos y videos a los manifestantes y subir esas imágenes a internet para “ayudar” a la Policía con las detenciones.
“Las personas tienen derecho a manifestarse pacíficamente.
El Estado tiene la obligación de mantener el orden. Eso se debe hacer respetando
la vida humana. Si esas tres cosas no se producen -apunta Carlos Basombrío-,
entraríamos a un momento político más complicado”. ■
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