Diario La Patria 21MAR17
Guillermo Vásquez Cuentas
afirma que la empresa Graña y Montero no está facultada moral ni
administrativamente para continuar con en el proyecto de Plantas de Tratamiento
en Puno
GRAÑA
Y MONTERO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO EN PUNO
Guillermo Vasquez Cuentas
Graña y Montero es –como
se sabe- un grupo de más de una veintena de empresas dedicadas, básicamente, a
las actividades de ingeniería y construcción infraestructural, cuyo campo de
acción llegó a desbordar los lindes nacionales.
Fue en ejercicio de esa
su misión empresarial que se posicionó como entidad proponente ante el
organismo público PROINVERSIÓN para construir –bajo el sistema de Iniciativa
Público Privada- una decena de plantas de tratamiento de aguas residuales en
diversas ciudades del departamento de Puno; aguas que vienen contaminando el
Lago Titicaca, lo cual constituye uno de los principales problemas de la
realidad puneña actual.
El proceso para hacer
realidad el proyecto de saneamiento dirigido a preservar la vida acuática y la
pureza de los cuerpos de agua del inmenso lago, lleva ya algunos años, en los
que Graña y Montero de consuno con las entidades públicas involucradas
(Ministerios de Vivienda, Construcción y Saneamiento; Ministerio de Economía y
Finanzas, Proinversión; y, Municipalidades Provinciales comprendidas en dicho
proyecto) son actores de una compleja tramitología de corsi y ricorsi, que no
tiene cuándo acabar so capa de empeñarse en cumplir estrictamente la
normatividad aplicable a dicho proceso.
En el decurso de esos
afanes burocráticos, cobró fuerza explosiva el tan sonado caso de los sobornos
a los más altos dirigentes estatales a lo largo de varios gobiernos, por parte
de la empresa brasileña Odebrecht. Si bien al principio solo esta entidad
concentraba el análisis crítico y la especulación noticiosa, poco a poco en el
desarrollo investigativo e informático apareció el Grupo Graña y Montero
(consorciado con los brasileños en varios megaproyectos) como coludido en las
malas prácticas de los Odebrecht padre e hijo, Barata y secuaces menores.
No les valió “hacerse el
muertito”, y proclamar inocencia cada vez más dudosa. Frente a los señalamientos,
dijeron en su defensa: “hemos sido engañados”, “no sabíamos que se daban
coimas”. Pero Jorge Barata hombre fuerte de Odebrfecht, en aplicación de la
delación premiada que ha permitido descubrimientos de escándalo, aclaró con
contundencia que, aunque los pagos los hacía solo esa empresa, las consorciadas
(Graña y Montero entre ellas) si tenían conocimiento de las acciones de coima,
trayendo a colación como ejemplo, los sobornos a Alejandro Toledo para
beneficiarse con la adjudicación de los tramos 2 y 3 de la carretera
interoceánica. Luego, si conocían, se infiere que tuvieron que aportar en
alguna forma a la bolsa corruptora.
A estas alturas, en el
contexto global de los datos e informaciones sobre la corrupción virtualmente
generalizada en las alturas del poder político peruano, ya nadie duda que el
grupo Graña y Montero es actor concurrente a las prácticas inmorales que el
pueblo peruano censura y rechaza.
La Procuraduría ad hoc
que ve los casos de corrupción de las firmas brasileñas, ha solicitado que José
Graña Miro Quesada, ex Presidente del directorio sea incluido en esas
investigaciones por las irregularidades en la construcción de la línea 1 del
Metro de Lima; el fiscal anticorrupción encargado del caso de la licitación del
gasoducto del sur ha resuelto incluir al grupo Graña y Montero en sus
investigaciones.; y, el Contralor de la República, denunció penalmente
a funcionarios, y exfuncionarios de los gobiernos de Alejandro Toledo y de
Alan García, así como a tres ejecutivos de la referida empresa brasilera y
sus socios Graña y Montero, por concertar acciones de defraudación en el
contrato del tramo vial Urcos-Inambari Tramo 2 Perú – Brasil, de la Carretera
Interoceánica Sur.
Tomando en debida cuenta
todo lo anterior, ¿Es moral y administrativamente procedente que Graña y
Montero continúe como protagonista en el proyecto de Plantas de Tratamiento en
Puno? Es obvio que no. Pero los alcaldes provinciales de la región puneña, que
ya debieron solicitar la exclusión de ese grupo en dicho proyecto y en consecuencia
plantear las alternativas más idóneas para encarar el álgido y tan postergado
problema de la contaminación del Titicaca, no han emitido el pronunciamiento
conjunto que se espera. Salvo que estemos equivocados, los alcaldes hacen mutis
en todos los idiomas. ¿Hasta cuándo?
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