LICENCIA PARA MATAR
Escribe: Milcíades
Ruiz
Saber gobernar es una cualidad fundamental para quienes
tienen a su cargo la administración del Estado. La torpeza es propia de la
mediocridad, y la ineptitud suele ocasionar daños sociales masivos por
desaciertos en la gestión gubernamental. Designar un gabinete chabacano tiene
sus consecuencias como las estamos viendo con los sucesos en torno al proyecto
“Tía María”. Cambiar el gabinete por uno de mayor eficiencia es una necesidad
perentoria.
Al manejo declinante del sector economía se suman s ineptitudes
de manejo en otros sectores que se reflejan en el PBI, empleo, delincuencia y
otros males que la población paga por culpas ajenas. El Premier en vez de
cumplir con sus labores ejecutivas está más ocupado en otros asuntos,
desatendiendo el urgente tapado de huecos que hacen agua por todos lados en
nuestra embarcación. Con este gabinete tenemos conflictos sociales en
agricultura, pesca, salud, educación y, por si fuera poco, ahora tenemos los de
minería.
Pero es el propio gobierno el que crea el conflicto social
para luego decir a los contrincantes que el siguiente paso es dialogar. En
cualquier parte del mundo, la licencia otorga el derecho de proceder al dueño
del negocio, autorizando sus actividades. Eso es lo que el gobierno ha hecho al
otorgar la licencia a la transnacional Southern. Por ello, invocar el diálogo
posterior deviene ilegal, violando dicho derecho y redobla la torpeza
pretendiendo engañar a la población.
En vez de reconocer el error y corregirlo, complica más la
situación pues se persiste en favorecer a la transnacional al no anular la
autorización. A los afectados solo les asigna un papel secundario sin cambiar
la decisión. ¿Pero dialogar para qué? Pues, para convencerlos y vencer su
resistencia, hasta lograr que acepte lo que ya está decidido. El supuesto de
este diálogo es que la población se opone por ignorancia y manipulación de los
anti mineros. Entonces se trabaja solo con un enfoque meramente técnico, para
erosionar la voluntad de lucha de los afectados.
Esa es la finalidad de la trampa del diálogo. ¿Caerán en la
trampa los afectados?
Pero hay una lección de vida de un caso similar en que la
Southern fue repelido y desalojado por los afectados también tildados de
ignorantes. Esta empresa acapara muchas concesiones mineras en diferentes
regiones como Apurímac, Moquegua y Ayacucho. Pero los ayacuchanos son
luchadores natos en toda su historia y allí la Southern se encontró con un
pueblo aguerrido que lo hizo huir “con el rabo entre las piernas”.
Se trata del pequeño distrito de Hualla en la provincia
ayacuchana Víctor Fajardo, el mismo que, en julio del 2011 expulsó a dicha
transnacional y aunque el corrupto presidente de entonces, había dicho “Hay
quienes no comen ni dejan comer”, los huallinos hicieron defensa cerrada de su
heredad ecológica. En el 2009, la Southern convocó a la población a la
plaza de Armas, en cinco ocasiones, para explicar los trabajos de exploración.
Pero de pronto, la Southern obtuvo autorización del Ministerio de Energía
y Minas para desarrollar el proyecto Chinchinga sin la consulta previa a los
pobladores.
Chinchinga es un paraje que está ubicado a más de 4000 msnm
donde hay fierro, cobre, molibdeno y en menor cantidad oro, plata, arsénico,
plomo, zinc, entre otros. Pero los pobladores ya sabían lo que pasaba con el
vecino asentamiento minero Canaria donde ocurrió el desborde de un relave
mineral que cayó al cauce del río. También sabían de las promesas incumplidas.
Entonces la desconfianza se acrecentó pues aunque la empresa y autoridades les
ofrecieron de todo como en el caso Tïa María, ellos dijeron: “manan”.
La empresa ya tenía a su favor a jueces, autoridades locales
y regionales, pero nada convenció a la masa. Se trajeron abajo a todo
sospechoso de haber sido comprado por la empresa, sean autoridades, dirigentes,
familiares y beneficiarios que ya estaban laborando para la empresa. Tenían una
vida apacible en su hábitat ecológico y no quisieron correr el riesgo de
perderlo pese a los argumentos técnicos. Buscaron la solidaridad de toda la
provincia y formaron el frente de defensa de los intereses provinciales.
Se hicieron innumerables gestiones ante las autoridades
nacionales, pero estas, estaban parcializadas con la transnacional. Frente a
esta situación, en enero del 2011 unos 300 comuneros se dieron cita en la plaza
mayor de Hualla y acordaron no permitir la presencia de la empresa en la zona.
En junio, en una reunión multicomunal, los alcaldes y presidentes de las
comunidades de Fajardo decidieron acatar un paro para forzar la salida de la
transnacional.
No obstante, un día antes del paro, el presidente regional
Oscorima se presentó acompañado del gerente general de la Southern para tratar
de disuadirlos hablando maravillas del proyecto. El repudio terminó en bronca.
El paro se realizó y el gobierno respondió con la consabida “mesa de diálogo”.
Mientras esto sucedía en Ayacucho, las protestas en el valle Tambo contra la
misma transnacional, por el proyecto “Tía María” arrojaban ya tres muertos.
La lucha de los agricultores de este valle arequipeño alentó
la decisión de los ayacuchanos que resolvieron un paro indefinido exigiendo la
salida de la transnacional. El gobierno regional entonces se vio precisado a
declarar como zona intangible el área del proyecto Chinchinga plegándose al
sentir general. A la empresa no le quedó otra que retirarse de la zona
llevándose todos sus implementos, pero advirtiendo que mantendrá sus derechos.
La victoria del distrito de Huaylla es un ejemplo que pasa
desapercibido, pero demuestra que es posible revertir la mala intención de los depredadores
de recursos naturales, preservando los ecosistemas naturales. Muchos despojos
se consuman porque lo permitimos. Luego vino el gobierno de Humala en el que
los conflictos mineros dejaron 50 muertos y 750 heridos según registro de
la Defensoría del Pueblo. ¿Se justifica el despojo con este saldo trágico
por culpa de un gobierno vende patria?
Los analistas convocados por la prensa reducen la
problemática del caso “Tía María” a un enfoque sesgado que privilegia lo
técnico. “Se va a usar agua de mar”, nos dicen como salvedad. No somos tarados
para pensar que el agua de mar no se evapora ni filtra al subsuelo, ni se suma
al torrente de aguas subterráneas, que sus componentes no se combinan
químicamente con los átomos metálicos y no metálicos, que el lavado de
minerales y de polvo no sedimenta con el agua de mar, que el arsénico, ácido
sulfúrico y otras sustancias nocivas que se diluyen en agua de mar no son
venenosos, que con el agua de mar no hay relaves, etc.
Pero este, más que un asunto técnico, es un asunto político.
Bien sabemos que lo técnico se ajusta a lo político, sirviendo indistintamente
a cualquier corriente ideológica. Si tenemos una Política de Estado entreguista
de nuestras riquezas naturales, entonces esa línea política se impregnará a todos
los planes de gobierno. Por tanto, si no hay cambio de esta política de estado,
seguiremos lamentando las atrocidades del despojo que favorece a nuestros
depredadores.
Por eso es muy importante sumarnos a la lucha de los
afectados por la minería, desde cualquier trinchera en que nos encontremos.
Aunque ellos son afectados directamente, en realidad todos los peruanos somos
afectados indirectamente por el despojo de riquezas no renovables y porque, con
la riqueza que se llevan nuestros opresores, tendrán más poder para
avasallarnos. Por el contrario, nosotros perderemos para siempre nuestra
heredad de recursos naturales, quedándonos como país sumido en la pobreza
después de haber tenido tanta riqueza. O no. Ustedes que dicen. ¿Dejar hacer,
dejar pasar?
Julio 2019
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