SER PUNO
miercoles 28 de mayo 2008
Que el uranio es un metal altamente radiactivo y que los seres humanos estamos expuestos a cierta cantidad de uranio en la comida, el aire, el suelo y el agua, ya que está presente en éstos de forma natural, es un hecho tangible, sin embargo, no es lo mismo hablar de uranio en pequeñas proporciones que compararlo a una extracción a escala minera. En Carabaya (Puno), ya desde la década de 1980, cuando se determinó la existencia del metal en esta zona, su uso y explotación era un tema polémico, porque no era lo mismo utilizarlo para producir energía eléctrica que destinarlo a fines militares.
En la actualidad, seis empresas mineras vienen realizando trabajos de exploración en Carabaya y han determinado la existencia del metal en parte del territorio del departamento. Aunque se prevé que su uso será civil, el desconocimiento y la incertidumbre proviene de las consecuencias que la minería de uranio podría traer para el medio ambiente, ya que no existe, más allá de las normas internacionales, normatividad nacional que regule la exploración y explotación del metal. De otro lado, contribuye más a la duda que el mismo Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), ente especializado en el análisis y el uso del uranio, no tiene la certificación ni el reconocimiento internacional en la materia.
Las dudas, la desconfianza, el prejuicio, la falta de transparencia y el desinterés contribuyen a generar un ambiente social tenso en lo referido a la exploración y una posible explotación uranífera en el altiplano peruano. De otro lado, la presencia de industrias extractivas en el país, ha sido, en la mayoría de casos, sinónimo de conflictos locales, a causa de una mala negociación previa entre empresas, comunidades afectadas y el Estado, cuyo rol promotor de inversión se antepone al rol de protección de los derechos de sus ciudadanos. Con estos antecedentes, además de la ausencia de normatividad, es sumamente complicado tener una opinión imparcial al respecto.
Para el caso del distrito de Corani en Carabaya, localidad a la que la primera carretera afirmada llegó hacia 1994 y la energía eléctrica hace poco más de 4 años, la presencia de industrias extractivas en su territorio, lejos de aportar al desarrollo, parece acrecentar las diferencias que existen entre un actor y otro – comunidades y empresas mineras - , ya que las capacidades de negociación, que permitan un proceso de exploración y explotación transparente, son condiciones que, por decirlo menos, no están dadas hasta el momento, porque, como señalamos líneas arriba, la desinformación y la inexistencia de normas que regulen la actividad, contribuyen a ello.
De otro lado, la existencia de un importante legado cultural sobre todo en la zona de Macusani y Corani, zonas donde se encuentra ubicada la mayor concentración de arte rupestre en América Latina y que ha sido declarado como Patrimonio Cultural de la Nación en diciembre del 2005, aporta otro motivo de preocupación de quienes están interesados en la preservación y el adecuado uso de este patrimonio que, de ser administrado correctamente, aportaría grandemente a la comunidad científica regional, nacional y mundial sobre el origen y la evolución de la especie humana.
Asimismo, la geografía del área, con paisajes únicos en el país y con una gran extensión de bosques de piedra sobre roca volcánica, hacen pensar en el desarrollo turístico de la zona, lo que se propone de manera antagónica a la explotación minera, lo mismo que el desarrollo de la producción alpaquera, la cual, se viene desarrollando de manera sostenible en Carabaya y que, incluso, le ha valido el título de ser reconocida como “Capital alpaquera del Perú y del mundo”.
En este caso, como en otros tantos, cuando las reglas de juego no están debidamente establecidas, y donde una vez más se demuestran los errores del Estado al concesionar la exploración uranífera, aún cuando no existe la normatividad respectiva y donde están en juego la vida de miles de ciudadanos y ciudadanas peruanas, dudar y oponerse parece ser lo más indicado.
En ese sentido, la medida adoptada por las rondas campesinas de Carabaya el pasado 22 y 23 de mayo en Macusani, de no permitir más actividades de exploración en sus territorios, obedece a la incertidumbre que hay en el entorno y a la ausencia de un espacio de diálogo entre Estado (nacional y local), empresas y sociedad civil que permita que estos tres intercambien información y negocien adecuadamente las condiciones sobre las cuales se darán los procesos. De lo contrario tendremos en Carabaya y la región, una fuente permanente de conflictos, como los ya acostumbrados por la presencia de industrias extractivas. No hagamos de Puno otra Cajamarca.
Notas
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