LECTURAS INTERESANTES N° 580
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LIMA PERU 18 AGOSTO 2013
NADINE SIGUE MANDANDO
Escribe: Alonso Ramos en “HILDEBRANDT EN SUS TRECE” N° 165,
16AGO13, pp. 6 y 7
El último episodio de la saga "Quién
es quién en Palacio de Gobierno"-obra en la que "Cosito" tiene
un rol secundario- trata sobre la defenestración de viceministro de
Interculturalidad Paulo Vilca Arpas¡, obligado a desdecirse y a renunciar por
haberse metido con los "sagrados" intereses que está detrás del Lote
88. Y la autora de esa purga fue Nadine
Heredia. En persona y en voz alta.
Nadine Heredia lo controla todo, según las encuestas. El
Ministerio de Cultura no es la excepción. Eso no lo dicen las encuestas sino
sus funcionarios. El 15 de julio pasado, la primera dama convocó a Palacio al
entonces viceministro de Interculturalidad, Paulo Vilca Arpasi. El motivo:
haber publicado ese día, en el portal de la página web de la cartera de
Cultura, un demoledor informe técnico que pulverizaba el Estudio de Impacto
Ambiental con el que se pretende ampliar las actividades del Lote 88. El
estudio en cuestión fue elaborado por el Consorcio Camisea, integrado por las
argentinas Pluspetrol y Tecpetrol, la española Repsol, la estadounidense Hunt
Oil y la argelina Sonatrachl.
"Tienes
que cambiar. Indígena que tiene celular ya no es indígena", le espetó
Heredia a Vilca. la contundente frase fue confirmada por dos fuentes que
también dieron cuenta de que de nada sirvieron las explicaciones que Vilca le
dio a la esposa de Ollanta. El funcionario justificó la publicación del
documento respaldándose en la autorización expresa del ex -titular del despacho
de Cultura, Luis Peirano. La primera dama insistió en su argumento subrayando
que para el gobierno es prioritario el Lote 88. Echando mano de la cantinela de
que "sus recursos serán destinados al mercado interno", la esposa del
mandatario le habría recriminado haber hecho público el mentado informe
005-2013 con sus 83 observaciones a la ampliación. Esa misma noche el informe
fue retirado del portal y siete días después Vilca fue "renunciado".
El Lote 88 se
encuentra ubicado en la cuenca del Bajo Urubamba, distrito de Echarate,
provincia de La Convención, en el Cusco. El proyecto gasífero tiene 143.495
hectáreas y está valorizado en US$480 millones. El problema es que el lote se
superpone en 105.253 hectáreas a la "Reserva Territorial Kugapakori,
Nahua, Nanti y otros". Y la ampliación consiste en la prospección sísmica
3D, la perforación de pozos exploratorios en seis locaciones y el tendido de
una línea de conducción de gas natural. Una "megaobra" que de todas
maneras impactará negativamente en la reserva natural.
El informe hacía mención precisa sobre el impacto de esta
ampliación en las comunidades nativas: "(la ampliación) conlleva un
impacto critico en la salud de dichas poblaciones, así como afectaciones
severas y moderadas al desarrollo de actividades económicas", dice el documento
en la página 158. Increíblemente, el 19 de julio pasado, Vilca anuló su propia
obra. Dejó sin efecto la resolución inicial con el argumento de que el
Ministerio de Energía y Minas le había enviado información adicional sobre el
Estudio de Impacto Ambiental y que esta debía ser analizada. Diez días más
tarde, la nueva administración, con Diana Alvarez Calderón a la cabeza, se
valió de la metamorfosis de Vilca para justificar la desaparición del informe.
Vilca, abogado con experiencia en temas indígenas, se ha sumergido en el
silencio desde que el 22 de julio presentara su carta de renuncia. La teatral
carta de renuncia de Luis Peirano llegó un día más tarde: "Como repetía un
funcionario tenaz que me acompañó estos meses, citando a Soren Kierkegaard: 'La
vida sólo puede ser comprendida mirando hacia atrás, más sólo puede ser vivida
hacia delante", escribió el exministro. Ni el silencio de uno ni la pose
teatrera del otro han servido para acallar los reproches de las organizaciones
indígenas.
No fueron los únicos
funcionarios que bajaron la cabeza. El 11 de julio, el Servicio Nacional de
Áreas Naturales Protegidas del Estado (dependiente del Ministerio del
Ambiente), dirigido por Cecilia Cabello Mejía, también presentó observaciones a
la ampliación del Lote 88. A las 24 horas, la misma funcionaria, sin sonrojo
alguno, se desdijo con otro oficio donde afirma que las objeciones ambientales
al proyecto obedecieron a un "error involuntario". No sabemos si al
igual que Vilca, Cecilia Cabello fue llamada "a consulta". No es la
primera vez que un informe corre la misma suerte, nos recuerda José de Echave,
ex viceministro del Ambiente que renunció cuando "desaparecieron" las
observaciones del proyecto Conga. El defensor del pueblo, Eduardo Vega, tomó
cartas en el asunto. Pero lo hace con la contundencia que permite un cargo
interino: “Se recomienda se tome en consideración las observaciones planteadas
en la resolución viceministerial". El premier Juan Jiménez le dio el mismo
trato al documento que esta administración le ha dado a la Defensoría del
Pueblo.
El interés de la primera dama
en el sector no es una novedad. Varias fuentes coinciden en describir su activa
participación en las reuniones de La Ley de Consulta Previa y la elaboración y
publicación de la base de datos. Peirano e Iván Lanegra, antecesor de Vilca en
el viceministerio de Interculturalidad, eran convocados permanentemente a
Palacio de Gobierno. En las discusiones también participaba el ministro de
Energía y Minas, Jorge Merino. Este último consiguió que las comunidades
campesinas quechuahablantes de la sierra fueran excluidas de la lista. Una
decisión que contó con los aplausos de Luis Miguel Castilla y la renuncia de
Iván Lanegra. "He cumplido con mi encargo", le dijo Lanegra,
habitualmente parco, a su equipo antes de despedirse.
A mediados de mayo, en un
Consejo de Ministros, el premier Juan Jiménez y Jorge Merino expusieron, en un
Power Point, siete medidas que venía preparando el gobierno para promover la inversión
y que fueron anunciadas con bombos y platillos, a finales de ese mes, por el
presidente Ollanta Humala. Una de las diapositivas del Power Point titulada
"Problema para las inversiones" llevaba el subtítulo: "Consulta
Previa". El hecho graficaba cómo desde principio para el gobierno la Ley
de Consulta Previa resultó un obstáculo", dice un exfuncionario del sector.
El 6 de septiembre del 2011, un
lugar simbólico como Bagua, presidente Humala publicó la Ley de Consulta Previa
en el marco del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo. En ese
entonces nadie imaginaba la odisea que
iban a pasar los funcionarios que tuviesen el atrevimiento de atender los
derechos de las poblaciones vulnerables.
La primera en
caer fue Raquel Yrigoyen Fajardo, exjefa del Instituto Nacional de Desarrollo de
Pueblos Andinos, Amazónicos Afroperuanos, INDEPA. A ella la tumbaron un 20 de
octubre del 2011. Su pecado fue anular una resolución que avalaba el Estudio de
Impacto Ambiental de ampliación de la exploración de gas del Consorcio Camisea
en el Lote 88, emitido por un funcionario de ese despacho en el gobierno aprista.
La medida iba a afectar a los habitantes de la Reserva Territorial Kugapakori,
Nahua y Nanti. Por la misma razón cayó Paulo Vilca. “La ministra de entonces,
Susana Baca, me dijo que tenía que cesarme en el cargo. Era un cargo de
confianza, por lo que no pedí explicaciones. Ella elogió mi labor, pero me dijo
que “eran órdenes de arriba”. No me dijo de quién, recuerda Yrigoyen en conversación
con este semanario.
La
especialista en temas indígenas recuerda también que días antes de su salida,
tuvo un tenso encuentro con los directivos de Pluspeterol. “Me presenté en la Comisión
de Pueblos Andinos del Congreso. Allí comenté que había dispuesto la anulación
de la resolución. En la Comisión estaban los funcionarios de Pluspetrol. Al
término del encuentro se me acercaron y me preguntaron si iba a anular la
concesión. Les dije que no. Que todo se haría de acuerdo a la Ley. Ellos
dijeron que iban a ir a la PCM. Al día siguiente salió en los periódicos que
había anulado la concesión, lo cual era falso. Pluspetrol salía quejándose en
los medios. Después de eso me comunicaron mi salida”, recuerda Yrigoyen.
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| Paulo Vilca |
Otro caso
similar sucedió con el sociólogo Vicente Otta Rivera, el primer viceministro de
Interculturalidad de este gobierno, un cargo que parece acarrear diversos
maleficios: Nadie ha logrado ocuparlo más de medio año. Fuentes próximas a Otta
describen con lujo de detalles el papel que jugó Juan Jiménez, entonces viceministro
de Justicia y hoy Primer Ministro, en el freno a la aplicación de la Ley de Consulta
previa con el fin de privilegiar promoción de inversiones. En medio del fragor
de esa batalla burocrática Otta versus Jiménez, aparecieron unos muy oportunos agricultores
casmeños que acusaron a Vicente Otta de estafa. El viceministro de
Interculturalidad fue cesado y el de Justicia escaló hasta el
"premierato". Batalla ganada.
“En el Perú nunca se ha dado la oportunidad de que las
poblaciones indígenas participen en la toma de decisiones", dice Daniel Sánchez,
funcionario de la Defensoría encargado del espinoso caso de la "Consulta
Previa". Sánchez ha desmentido al ministro de Energía y Minas, Jorge
Merino, quien aseguró que en las 143 mil hectáreas que ocupa el Lote 88 no hay
nativos no contactados. "Donde no los hay, no hay que hacer consulta previa", sentenció el ministro, con
la venia de la primera dama.
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