martes, 25 de marzo de 2025

CRIMEN SIN CASTIGO, COMO OTROS...

 QALI WARMA: AL AÑO DE LA INTOXICACIÓN DE ESCOLARES EN PUNO, EL CASO CONTINÚA IMPUNE

Rosmery Tapara LA REPUBLICA 25MAR25

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in culpables. En una reunión con los padres de los menores afectados por consumir alimentos comprados por Qali Warma (ahora Wasi Mikuna), la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, anunció que el expediente del caso será trasladado en Lima porque la fiscal de Juliaca Beatriz Cahuari había avanzado muy poco pese a las sucesivas ampliaciones de plazo para identificar a los responsables.

Al comprobar que la fiscal de Juliaca, Beatriz Cahuari Durand, había fracasado en individualizar a los autores de la intoxicación de 23 escolares de la localidad puneña de Cabana, en una reunión virtual la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, informó a los padres de los niños que había dispuesto el traslado del expediente a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, en Lima.

La medida adoptada por la fiscal Espinoza se tomó a pocos días de cumplirse un año del incidente, el 25 de marzo de 2024. Como informó La República en un reportaje publicado el 8 de marzo de este año, la fiscal juliaqueña Beatriz Cahuari solicitó dos ampliaciones para continuar con las pesquisas. Sin embargo, el 12 febrero de este año, se cumplió el último plazo, pero la fiscal Cahuari no determinó responsabilidades, según el expediente al que tuvo acceso este periódico.

Las autoridades del colegio Gamaliel Churata reportaron la intoxicación de 23 escolares, cuyas edades oscilaban entre los 13 y 16 años de edad , luego de que estos consumieran un desayuno que incluyó un arroz chaufa preparado con carne de pollo en conserva Don Simón, de la fábrica Frigoinca, comprado por el programa nacional de alimentación Qali Warma (hoy Wasi Mikuna).

La conspiración del silencio

Las madres de familia que prepararon las raciones ese día confirmaron a la fiscal Cahuari que cocinaron con Don Simón, lo que ha sido confirmado por la empresa proveedora contratada por Qali Warma.

Como reveló un reportaje de investigación de La República, la fiscal Beatriz Cahuari recibió información que exculpaba a la fábrica de conservas de Nilo Burga Malca, lo que explicaría por qué no encontró responsables ni denunció a nadie.

En efecto, el 6 de mayo de 2024, la empresa Frigoinca remitió a la fiscal Cahuari un estudio de laboratorio sobre la calidad de la conserva de pollo Don Simón, practicado a latas que supuestamente pertenecían al mismo lote que afectó a los estudiantes. El laboratorio Mevalab concluyó que el contenido era apto para el consumo.

Luego, el 15 de junio de 2024, la fiscal recibió el informe del director de Higiene Alimentaria de la Dirección Regional de Salud de Puno, Ronald Loza Machicao. En el documento, Loza acreditó el estudio de laboratorio pagado por Frigoinca para descartar que las conservas Don Simón causaron la intoxicación. Y dejó entrever que el causante sería el agua de pozo que se consumía en Cabana.

Hasta ese momento, pese a la gravedad del hecho que obligó a las autoridades a conducir a los afectados para que reciban urgente atención médica, ni la dirección de Qali Warma ni el titular del sector en ese momento, el exministro Julio Demartini, ordenaron el retiro de las conservas Don Simón y tampoco se dispuso a que no se consumiera el alimento. Es más, Frigoinca siguió contratando con el programa nacional de alimentación.

Al respecto, La República consultó con Wasi Mikuna (antes Qali Warma) cómo procedió la entidad desde que el 25 de marzo de 2024 se registró el caso en la localidad puneña de Cabana. Esto es lo que respondió:

Alfombra roja para Don Simón

“Desde que se tomó conocimiento de la denuncia sobre las irregularidades en los productos de Frigoinca, el programa adoptó medidas de acuerdo con sus competencias. Por ello, el 7 de octubre de 2024, se remitió a todas las unidades territoriales la instrucción de no liberación, no distribución y no consumo de los alimentos de la marca Don Simón hasta el pronunciamiento de la autoridad sanitaria Digesa (Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria)”.

Lo que no menciona la información es que se dispuso que no se consumieran las conservas Don Simón de Frigoinca, al día siguiente del reportaje del programa periodístico ‘Punto final’, el 6 de octubre de 2024. Cuando debieron prohibir la distribución del enlatado desde el mismo día en que los escolares enfermaron, las madres de familia continuaron cocinando con dicho producto durante 7 meses.

    A ver, Sra. Fiscal, estamos atentos de lo que usted haga

Es más, como publicó este diario, Frigoinca siguió contratando con Qali Warma.

El reportaje de ‘Punto final’, que se basó en información contenida en un teléfono celular de la empleada de confianza del dueño de Frigoinca, Noemí Alvarado Llanos, probaba que esta, por orden de sus jefes, pagó sobornos al funcionario de la Dirección Regional de Salud de Puno Ronald Loza y a otros de Qali Warma, en Lima. El propósito de las coimas era encubrir la responsabilidad de Frigoinca por la contaminación de los alimentos enlatados Don Simón.

Pero la fiscal puneña Beatriz Cahuari continuó con el mismo curso de su investigación, no obstante que las publicaciones periodísticas confirmaban que los documentos que exculpaban a Frigoinca habían sido fabricados, entre ellos el informe de Ronald Loza, quien atribuía al agua el origen de los malestares gástricos de los escolares.

Las ondas expansivas

La fiscal tampoco interrogó a los funcionarios y servidores de Qali Warma que fueron parte de la conspiración para encubrir a Frigoinca, pese a que las madres que cocinaron ese día, el 25 de marzo de 2024, relataron a la autoridad que preparaban las comidas según las instrucciones del programa de alimentación escolar. Como Yolanda Llanos Vilca, quien, según su manifestación, aseguró: “El programa Qali Warma nos obliga a preparar esas cosas”.

Por estos hechos, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, informó a los padres de familia que había dispuesto que la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público investigue a la fiscal Beatriz Cahuari Durand para deslindar su responsabilidad.

El Gobierno de Dina Boluarte ha tratado de atenuar las ondas expansivas del escándalo de este caso impune, acercándose a los niños afectados y a sus padres. ¿La razón? La investigación alcanza a dos personas con las que trabajó Boluarte cuando ejerció como ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis): el exministro Julio Demartini y el exdirector de Qali Warma Fredy Hinojosa Angulo.

A cuenta del Midis, el 21 de febrero de este año, fueron trasladados a Lima 10 de los niños de Cabana que resultaron afectados, en compañía de sus padres. Se suponía que era una demostración de solidaridad, pero se sintieron maltratados. Lo que reclaman es que se les entreguen las historias clínicas de sus hijos para probar que se intoxicaron. No entienden por qué, después de un año, las autoridades gubernamentales no les permiten tener acceso a ese documento de relevancia para la investigación. <:>

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