PARA LA HISTORIA DE LA CIUDAD DE PUNO

“LA CALLE DE LOS ITALIANOS” DE PUNO

Augusto Dreyer

L

as arterias más importantes de la ciudad de Puno han sido y siguen siendo el Jirón Lima y, con menor importancia, el Jirón Arequipa, calles en las cuales se concentra el movimiento comercial, mercantil y bancario de la capital del Departamento de Puno. En la actualidad ambas calles concentran la actividad turística del principal puerto del lago Titicaca, con una gran variedad de restaurantes, posadas y tiendas de artesanía, dedicados a satisfacer los gustos y necesidades de los numerosos visitantes de Puno.

El jirón Lima comienza en el Arco Deustua construido en 1847, el monumento más importante de la ciudad para luego de recorrer de norte a sur por once cuadras, en las cuales se encuentran el histórico Parque Pino y sobre todo la Plaza Mayor de Puno, finaliza en la plazuela Pedro Vilcapaza, en donde antiguamente estaba ubicado el primer hospital de Puno. Ese pequeño hospital de arquitectura republicana que ya no existe en la actualidad tenía el nombre de San Juan Bautista, contaba con pocas plazas dedicadas tan solo a pacientes de la ciudad, no del campo, tampoco de provincias. En ese pequeño hospital mi madre me dió a luz en el año 49, cuando Puno no tenía más de 15,000 habitantes. El Jirón Arequipa es paralelo al Jirón  Lima y cruza también el movido y transitado Parque Pino.

La lancha "ITALIA"

El tramo del Jirón Lima comprendido entre el Parque Pino y la plaza Mayor es ahora de uso peatonal y es probablemente la vía más concurrida de la ciudad. En el siempre frecuentado y animado Parque Pino, se encuentra el pequeño templo de San Juan (la iglesia de los indios) el cual es el Santuario de la venerada Virgen de la Candelaria y, al lado opuesto, el centenario Colegio Nacional San Carlos. En la Plaza Mayor se erige la imponente Catedral de Puno (la iglesia de los mistis), y es el epicentro de la actividad administrativa y burocrática del Departamento de Puno, con las sedes de la Corte Superior de Justicia, la Municipalidad Provincial de Puno, la Prefectura Regional de Departamento y asimismo el distinguido Club Kuntur.

Durante la primera mitad del siglo XX al Jirón Lima y a un sector del Jirón Arequipa, se les conocía como “la calle de los italianos”. Ese apelativo se debió a que durante esa época vivían en ella varias familias de inmigrantes italianos los cuales tenían en las plantas bajas de sus casas importantes y prestigiosos establecimientos y negocios dedicados al comercio en la ciudad lacustre. Estos negocios tenían por clientela a gente adinerada de la región, ganaderos, latifundistas y propietarios de fincas, autoridades y funcionarios públicos, también a magistrados y abogados, militares y marinos. En general “la calle de los italianos” era el lugar concurrido por todos aquellos que buscaban artículos de calidad llegados principalmente de Europa, algunos difícilmente de adquirir en otros lugares del país. En Puno, en esas mencionadas calles, se podían comprar bicicletas Bianchi, motos Ducati, automóviles Europeos, ropa de moda, cámaras fotográficas, máquinas de coser y otros innumerables productos. Por otro lado, en los almacenes de abarrotes se ofrecían productos alimenticios de buena calidad tales como azúcar, arroz y fideos. También conservas, alcohol, chocolate y todo lo que la población pudiera requerir para la vida y el trabajo diario.

Puerto Puno, a principios del Siglo XX

Desde fines del siglo XIX, a causa de la pobreza y los estragos causados por las dos grandes guerras mundiales, miles de familias italianas emigraron al Perú en búsqueda de nuevas oportunidades económicas y un futuro mejor para sus hijos. La mayoría de inmigrantes italianos en el sur del Perú, y por lo tanto de Puno, tenían sus orígenes en la región italiana de Liguria con su capital Génova, en el noroccidente de la Península Itálica. Todo Liguria está bañado por las aguas del mar Mediterráneo y desde centurias sus pobladores fueron competentes marineros y hábiles comerciantes, como fue el caso del ilustre navegante Cristóbal Colón. Es por ello que los ligures y genoveses buscaron otros horizontes en donde poner en práctica sus habilidades innatas como marineros y comerciantes, siendo el lago Titicaca y el altiplano que lo rodeaba un lugar apropiado para lograr sus metas. Una buena cantidad de estas familias italianas se asentaron en las riberas del lago Titicaca, especialmente en la ciudad de Puno, el principal puerto del Titicaca, aunque también en diversos pueblos y pequeños puertos en las riberas del lago tales como Moho, Vilquechico,Yunguyo, en el lado peruano, y Guaqui y Puerto Acosta en el lado boliviano, por mencionar algunos de ellos. Sin olvidar la ciudad de Juliaca, que con la llegada del ferrocarril cobró gran importancia en la economía del altiplano puneño.

La ventaja económica de radicar en las riberas del lago Titicaca radicaba en que desde épocas coloniales el lago había sido el nexo de unión entre el Virreinato del Perú y el Virreinato del Río de la Plata. Es decir entre Lima en el Océano Pacífico y Buenos Aires en el Océano Atlántico. Debido a que la ruta más directa y rápida entre ambos virreinatos era a través del altiplano peruano-boliviano y el cruzar el lago facilitaba el largo viaje y también el transporte de bienes, mercaderías y productos que en esa época se realizaba a lomo de mula. Posteriormente, ya durante la República y con la construcción por la Peruvian Corporation del ferrocarril del sur entre Mollendo, Arequipa, Juliaca y Puno, el tráfico de viajeros y el transporte de mercaderías se hizo rápido, fluido y lucrativo. Además los barcos de la Peruvian Corporation cuando llegaban al puerto de Guaqui en Bolivia se conectaban con la línea férrea de los ferrocarriles bolivianos que transitaban hasta la ciudad de La Paz,

Algunos de los primeros genoveses que llegaron al Titicaca a fines del 1800, contaron con recursos económicos que les permitieron importar o construir embarcaciones para surcar el lago de una forma más rápida y eficiente que los pequeños veleros de madera y las balsas de totora de esa época. Ese es el caso de mi bisabuelo, el marino genovés Gerónimo Costa, quien se asentó en la ciudad de Puno en 1860. Gerónimo Costa adquirió en los Estados Unidos.

Almacen italiano (Album de Chucuito)

la goleta de doble mástil de nombre “Aurora”, que sería la primera nave con casco de hierro que surcaría el Titicaca, una embarcación con motor a vapor, construida en Estados Unidos aproximadamente en 1855. Gerónimo Costa organizó el transporte de la goleta hasta el puerto de Islay en Arequipa en donde la desmontó y la trasladó a lomo de mula hasta Puno, en donde las piezas fueron ensambladas de nuevo. Una vez montada y provista de los mejores equipamientos de la época la destinó al transporte de pasajeros y carga, rebautizándola como "Aurora del Titicaca". El viaje inaugural se dio el 7 de mayo de 1871, entre PunO y el puerto boliviano de Huarina. En esa época, personalidades como el sabio italiano Raimondi o el explorador James Orton fueron pasajeros de la goleta en sus viajes científicos en el Altiplano. En 1876 , con tan solo 6 años de servicio, la "Aurora del Titicaca" que regresaba de Moho al puerto de Puno, chocó con los arrecifes de la punta este de la isla de Amantani y se hundió en las aguas profundas del lago.

Una rama de la extensa familia Passano asentada en Yunguyo, era dueña de un gran almacén de productos y mercaderías importados de Estados Unidos y Europa. Los Passano de Yunguyo fueron propietarios de la llamada “Lancha Italia", una embarcación construida en Génova y que fue trasladada en piezas desde Génova hasta Mollendo, luego por tren desde Mollendo hasta el lago. En 1910 fue rearmada en Yunguyo para ser destinada al transporte de pasajeros y carga. Durante varios años hizo el servicio de cabotaje entre los puertos tanto peruanos como bolivianos del Titicaca. En 1923 dicha embarcación fue incendiada por competidores probablemente italianos, causando la muerte de dos trabajadores italianos que se encargaban del funcionamiento y mantenimiento del barco. Después de este criminal atentado, la “Lancha Italia” fue refaccionada y volvió a estar operativa, aunque eliminando el transporte de pasajeros y destinándola exclusivamente al transporte de carga.

En la llamada “calle de los italianos”, en el trayecto entre la Plaza Mayor y el Parque Pino, funcionaban las dos tiendas de los hermanos Secchi. Una dedicada a electrodomésticos, enseres de comedor y utensilios de cocina, ropa confeccionada, joyas y regalos, y muchos otros objetos de calidad. La segunda tienda se especializaba en juguetes y ropa para niños, diversos artículos para el hogar y asimismo ofrecía triciclos y bicicletas_.

A una cuadra del Parque Pino, en esquinas contiguas en la intersección con el Jirón Libertad, estaban situados el negocio y la vivienda de la familia Parodi. El negocio fundado por Constantino Parodi a fines del 1800 continuó funcionando durante más de un siglo manejado por los descendientes de Parodi. El local de la tienda era amplio, con una sección de víveres y productos comestibles y otra de ferretería, con materiales y herramientas de construcción, ambas muy bien surtidas y con productos de buena calidad.

La familia Simoni vivía en una casa típicamente puneña en la intersección del Pasaje Grau, cuya planta baja estaba destinada a la venta y exhibición de motocicletas italianas marca Ducati y otros productos importados. Justo al frente estaba la casa y negocio de la familia Bacigalupo, otra familia genovesa asentada en Puno.

En la Plaza Mayor, quedaba el popular Cine Colón, una pequeña sala cinematográfica que pasaba películas sobre todo mexicanas y argentinas para el disfrute del público puneño. Ese cine era de propiedad de la familia Ratti quien poseía otra sala en la ciudad

Yunguyo: Almacenes de Passano y Audibert (Album Chucuito)

de Juliaca.

En el Jirón Arequipa, a mediados del siglo XX se establecieron tres negocios de propietarios italianos. A una cuadra del Parque Pino, la familia Passano construyó y abrió al público el amplio y moderno Cine Puno, el cine y teatro que durante decenas de años sería el lugar de entretenimiento y diversión más importante de los habitantes de la ciudad. La familia Passano era también propietaria del Hotel Ferrocarril, el más grande y cómodo de la ciudad, ubicado paralelo a la estación de ferrocarriles. La familia Firpo, llegada inicialmente para trabajar en los negocios de la familia Parodi, construye un inmueble para destinarlo a una moderna pastelería y panadería, cuyo segundo piso era la vivienda familiar. Por otra parte, en un caserón antiguo del Jirón Arequipa, la familia genovesa Panato instaló su vivienda destinando la planta baja del inmueble a un almacén de mercaderías muy bien surtido.

En la actualidad quedan muy pocos descendientes de los inmigrantes italianos en la ciudad de Puno y tan sólo unos cuantos negocios fundados por ellos. El Cine Puno, regentado por uno de los sucesores de Juan Passano sigue funcionando, pero únicamente como sala de eventos, conciertos, conferencias y concursos de baile y música. El Hotel Italia cerró hace dos años atrás y los descendientes de Chumpi Reveggino viven ahora en Arequipa. Las dos tiendas de los hermanos Secchi han sido convertidas en restaurantes. Uno de ellos manejado por el hijo de Jorge Secchi y el otro por el hijo de su esposa. El Hotel Ferrocarril fue cerrado y luego vendido, ahora es una dependencia más de la Universidad del Altiplano.

Pasaje Lima, hoy

Muchos de los hijos y nietos de los inmigrantes italianos en Puno y la región del altiplano, de jóvenes salieron para realizar sus estudios superiores en colegios y universidades fuera de Puno, principalmente en las ciudades de Arequipa y Lima, lugares en donde al finalizar sus estudios consiguieron trabajo, familia, estabilidad económica y se establecieron en esas ciudades Y, desafortunadamente para Puno, la gran mayoría de esos jóvenes no volvió para continuar la obra de sus progenitores en las riberas del Titicaca.

Incluso, con la prosperidad económica en Italia y el deterioro político, social y económico en el Perú en los últimos decenios, una buena cantidad de descendientes de los inmigrantes italianos, no solamente en Puno sino en todo el país, hacen ahora lo que se llama la migración inversa, es decir van la tierra de sus ancestros en búsqueda de nuevas oportunidades económicas y un futuro mejor para sus hijos.

Copenhagen, 24 marzo 2025 

COMO LIDIAR JUDICIALMENTE CON EL ESTADO CON EL DINERO DE LOS PROPIOS CONTRIBUYENTES

 LA LEY DEL SERVICIO CIVIL

O AGARRAR AL LOBO POR LAS OREJAS

Por Jorge Rendón Vásquez

Leo en algunos diarios que el Estado está pagando la defensa judicial de congresistas y funcionarios estatales acusados por la comisión de delitos contra el Estado o contra personas privadas lo que le cuesta cientos de millones de dólares. ¡Inaudito, no¡

Esta exacción tiene sustento jurídico. Es la Ley 30057 del Servicio Civil del Estado, expedida el 3/7/2013 por el gobierno de Ollanta Humala, quien se beneficia de ella en el proceso judicial que se le sigue. Y, como él, otros, muchos.

No bien se dio esa Ley, difundí un comento criticándola, que solo leyeron mis lectores. Ninguno de los medios de comunicación que ahora se rasgan las vestiduras dijo algo sobre ella, ni tampoco los partidos, grupos y grupitos de la llamada izquierda. 

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el examen de los 98 artículos y 28 disposiciones adicionales de la reciente Ley 30057 del Servicio Civil del Estado (del 3/7/2013) surge una primera constatación: tendrá que convivir con los regímenes de los decretos legislativos 276 de 1984, 728 de 1991 y 1057 de 2008 durante seis años (o indefinidamente) después de los 180 días de entrar en vigencia su reglamento, y de manera permanente con los regímenes de las carreras especiales y de numerosas entidades excluidas. Ningún empacho en proclamar con desaprensivo ludibrio que viene para “establecer un régimen único y exclusivo” (art. I).

Una barbaridad: el Estado agraviado pagará la defensa judicial de los funcionarios que delincan contra él

En seguida, atrae la atención que la Ley comprenda también al Presidente de la República, a los ministros, congresistas, vocales del Poder Judicial y otros titulares de altos cargos del Gobierno Central y de los órganos autónomos (art. 1º), para excluirlos luego, discretamente, de la mayor parte de normas concernientes a los servidores de carrera, y conferirles, a continuación, el derecho de acceder a “los recursos de la entidad para su defensa en procesos judiciales, administrativos, constitucionales, arbitrales, investigaciones congresales y policiales, ya sea por omisiones, actos o decisiones adoptadas o ejecutadas en el ejercicio de sus funciones” (art. 35º-l, 2ª DCF). En buen romance, el Estado deberá correr con los gastos de su defensa por la comisión de delitos: latrocinios, exacciones, venta de influencia y de indultos, comisiones ilícitas, muertes, abusos de autoridad, etc., en agravio del propio Estado, de las personas y de la sociedad. ¡El colmo de la desfachatez: la víctima pagándole la defensa al delincuente!, convalidando el Decreto Supremo 022-2008-DE/SG, del gobierno de Alan García a favor de militares y policías encausados por delitos. Ninguna norma de la Constitución autoriza el empleo de los recursos estatales en la defensa de los presuntos delincuentes. Al contrario, la programación y ejecución del presupuesto deben responder “a los criterios de eficiencia de necesidades sociales básicas” (Const., art. 77º), en concordancia con los fines primordiales del Estado (Const., art. 44º).

APROBÒ DISPOSICIONES PARA FAVORECERSE EL MISMO.

Las otras reglas agraviantes de los intereses generales de la población y de la mayor parte de trabajadores estatales se mimetizan en el frondoso articulado de la Ley 30057, donde hay que ubicarlas como implantaciones agazapadas que cobrarán implacable vida cuando un jefe bravo quiera limpiarse con algún empleado huérfano de padrinos.

Noción de función pública

La función pública es una actividad y obligación a cargo del Estado, por disposición de los ciudadanos, sus supremos mandantes, para atender determinados requerimientos sociales o servicios públicos. Se la debe confiar a funcionarios y otros trabajadores bajo ciertas condiciones de eficiencia, honestidad, imparcialidad y dedicación, y en número estrictamente proporcional a la cobertura de sus obligaciones, que son la razón de ser de la carrera administrativa.

Desde la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa de 1789, el ingreso a la función pública ha de ser por concurso, puesto que el Estado es de todos y los ciudadanos son iguales ante la ley.

En la prestación de los servicios públicos, incluida la recaudación de los recursos necesarios, confluyen dos partes: de un lado, el Estado, representando a la sociedad, como empleador; y del otro, el conjunto de trabajadores a cargo de esas labores. El vínculo entre ambos toma la forma de un contrato de trabajo especial por la naturaleza de los servicios y la del empleador.

El Estado se encuentra obligado a organizar los servicios públicos, cualesquiera que sean, para suministrarlos con eficiencia, oportunidad y celeridad, según las reglas de la Constitución, lo que implica el ejercicio de los poderes de dirección y control sobre el personal, como en cualquier otro empleo subordinado. En el nivel más elevado del Estado, gravita el poder político de origen electivo, al que corresponde trazar los lineamientos de la función pública, su planeamiento y dirección.

Por su parte, los trabajadores se encuentran obligados a trabajar dentro del marco organizativo para el que fueron nombrados o contratados, cumpliendo sus manuales de funciones y ejecutando las órdenes de sus jefes inmediatos. En conjunto constituyen un cuerpo estable de ejecución profesional de los servicios públicos, a diferencia del nivel político, cuya composición cambia, según las preferencias electorales.

La subordinación de los servidores civiles no conlleva, sin embargo, la arbitrariedad —las órdenes y el trato infractorio de las reglas jurídicas— y menos aún, el abuso —la arbitrariedad llevada al extremo de la vejación—. Los servidores públicos están sujetos a un estatuto o cuadro de derechos y obligaciones establecido por la ley y basado en las normas de la Constitución sobre la función pública y sobre los derechos de los trabajadores, complementadas con las normas internacionales que los protegen.

Dadas estas premisas, el funcionamiento de la administración pública depende, además, de una política de trato formativo y motivador compuesta de los siguientes factores: un liderazgo promotor, orientado a la solución de problemas y no a crearlos; un nivel de remuneraciones y complementos remunerativos adecuado a la satisfacción de las necesidades de los servidores públicos (ni la sociedad ni el Estado deben aprovecharse pagándoles menos de lo que cuesta su fuerza laboral); el respeto de sus derechos laborales: estabilidad en el trabajo, jornada y semana de trabajo limitadas, descansos semanales, en feriados y vacacionales; un régimen disciplinario razonable.

Un poco de historia

En el Perú, la carrera administrativa comenzó con el Decreto Ley 11377 de 1950, expedido gracias a la iniciativa de Pedro Patrón Faura, quien tomó como modelo la legislación francesa homóloga posterior a la Segunda Guerra Mundial. En líneas generales, fue una buena ley: introdujo el ingreso a la carrera administrativa por concurso, definió con claridad las obligaciones y derechos de los servidores públicos y las causas de su cese, y creó el Tribunal del Servicio Civil. Durante tres décadas los gobiernos la respetaron en gran parte, el país comprendió que así debía ser y en los servidores públicos se modeló cierta mística o la convicción de constituir una comunidad diferenciada al servicio de la sociedad.

Luego de 1980, la carrera administrativa comenzó a ser desvirtuada por los gobiernos, colocando en ella a sus simpatizantes y recomendados, desprovistos de idoneidad y, en muchos casos, como artífices y cómplices de la corrupción. Año tras año, las leyes de presupuesto prohibieron los nombramientos e, infringiendo la Constitución, contrataron al personal, prescindiendo del concurso público, con remuneraciones muy altas o muy bajas, y sometiéndolos a los regímenes de “los servicios no personales”, de la actividad privada y de los contratos administrativos de servicios. La administración pública fue convertida así en un berenjenal, al que la reciente Ley 30057 añade una copiosa cuota de confusión e ilegitimidad.

Esta ley parte del punto de vista de que los servidores civiles del Estado deben ser maltratados, como una suerte de siervos réprobos, reduciéndoles ciertos derechos individuales y negándoles sus derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga, reconocidos por la Constitución y por la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Convenio de la OIT 151, ratificados por el Estado peruano. Incluso para los espíritus más contemplativos y conformistas, tienen sobrada razón de protestar.

La realidad y el futuro

El pronóstico sobre Ley 30057 es pesimista: con ella la administración pública no ganará eficiencia. Al contrario, su personal, amenazado, o una parte de él, podría generar la tendencia opuesta, exacerbando una burocratización paralizante o un trabajo mediocre, indispensable para ahuyentar las sanciones. El dramaturgo latino Publio Terencio Africano (194-150 a.C.), previniendo contra situaciones como ésta, decía: “Mala cosa es tener a un lobo cogido de las orejas, pues no sabes cómo soltarlo ni cómo continuar aguantándolo”.

 

Algunas de las “innovaciones” de la nueva Ley

Ingreso a la carrera administrativa: se crea un “concurso abierto” para los puestos de nivel inicial y altamente especializados, accesible a todos; y un “concurso transversal” para los que ya están (art. 67º). Lo propio sería que el acceso a todos los puestos fuera por concurso abierto, considerando una bonificación en el puntaje por experiencia en la función pública.

Remuneraciones: se les llama “compensaciones” contra el texto de la Constitución (art. 24º) y con la intención de extraerlas del régimen de protección de la remuneración. Las “compensaciones”, que son anuales y comprenden catorce mensualidades: doce meses y dos aguinaldos, se componen de una parte “principal” aplicable a una familia de puestos, y una “ajustada” concerniente al puesto, en función de la entidad, la jerarquía, la responsabilidad y el presupuesto (art. 31º). Esta parte “ajustada” permitirá pagar sueldos a la carta, prescindiendo del principio de igual salario por trabajo semejante.

La compensación por tiempo de servicios será calculada sobre la base de los últimos 36 meses de trabajo (art. 32º), y no sobre la base de los meses de abril y setiembre de cada año, como en la actividad privada (D.Leg. 650, art. 10º); y se pagará al término de la relación laboral.

Evaluación de desempeño: Es anual y está a cargo de las oficinas de recursos humanos de cada entidad; “define la situación de modo irrecurrible” y puede llevar a la terminación del vínculo laboral (art. 25º). Una evaluación subjetiva y sin el control de las organizaciones de trabajadores llevará a abusos y acabará con la estabilidad de los trabajadores en sus empleos.

Amonestación, suspensión y destitución: la aplicación de estas sanciones está a cargo del jefe inmediato, del jefe de recursos humanos, del titular de la entidad y del Tribunal del Servicio Civil (art. 92º), y los procesos disciplinarios serán de  cuenta de los jefes indicados, y no de una comisión disciplinaria de la que debe formar parte un representante de los trabajadores, como dispone el Reglamento del D.Leg. 276. Sin esta garantía, imperará la arbitrariedad de los jefes disfrazada con procesos disciplinarios a cargo de empleados complacientes.

Se prevé que la suspensión será de hasta 365 días (art. 90º): una enormidad.

Traslado de trabajadores sujetos a los decretos legislativos 276, 728 y 1057 al nuevo régimen: se le hace optativo y previo concurso de méritos; no se les reconoce la antigüedad e ingresan como nuevos (4ª DCT), lo que es abusivo. A los trabajadores del D.Ley 20530, que decidan pasarse al nuevo régimen, se les hace perder su inclusión en este D.Ley, infringiendo la 1ª DFT de la Constitución. De ellos, quedan muy pocos y todos con más de 30 años. ¿Por qué ensañarse con ellos?

Sindicación: Se reconoce el derecho de sindicación “con fines de defensa de sus intereses”, pero se añade una finalidad inadmisible consistente en “coadyuvar en el propósito de mejora continua del servicio al ciudadano y de no afectar el funcionamiento eficiente de la entidad o la prestación del servicio” (art. 41º), una clara limitación del derecho de huelga, contraria a la Constitución (arts. 27º y 42º y al Convenio OIT 151).

Negociación colectiva: Se le reconoce sólo para “la mejora de las compensaciones no económicas” (art. 43º), con lo cual se le elimina, en la práctica, ya que su objeto fundamental es la mejora de las remuneraciones  (Convenio OIT 151, art. 7º). El pliego de peticiones sólo podrá ser presentado entre el 1 de noviembre y el 30 de enero (art. 44º), período muy restrictivo, porque, el Presidente de la República debe enviar el proyecto de Presupuesto a más tardar el 30 de agosto (Const., art. 78º).

Derecho de huelga: se le admite sólo en el caso del término de la negociación colectiva o la mediación, y no por otras causas, por ejemplo, la violación de las leyes y los convenios colectivos, una restricción contraria a la Constitución (arts. 28º y 42º). Además, se considera falta grave el “impedir el funcionamiento del servicio público” (art. 85º-e) y se faculta a la entidad pública a contratar personal temporal en casos de huelga (esquiroles, art. 45º-2), lo que está prohibido por la Constitución (arts. citados) y por el Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas del Trabajo, aplicable también en el sector público (art. 70º; Ley RCT, art. 86º; Ley 27626, art. 8º-1). En otros términos, se prohíbe la huelga, y la sanción puede ser el despido.

La Ley 30057 debería ser derogada o declarada inconstitucional. Es, además, para todos una nube tóxica.

Sólo añadiré que para acabar con la inconstitucional pluralidad de regímenes laborales de los servidores públicos, bastaría con incorporar al D.Leg. 276, actualizado en lo necesario, a los que no estuvieran en él, previo concurso para quienes no lo hubieran pasado, y respetándoles su remuneración, antigüedad y régimen pensionario.

                                                                                    Auribu teneo lupum …

(15/7/2013)

NUEVOS EXPONENTES DEL ARTE PICTORICO PUNEÑO: RAUL CARTAGENA

EN ASOCIACION CULTURAL BRISAS DEL TITICACA. SALON NELLY DIAZ

 

HILDEBRANDT. NOTA HISTORICA SOBRE LA LUCHA POR EL PODER EN EL PERÚ

 GOLPES DE ESTADO

César Hildebrandt

En: “HILDEBRANDT EN SUS TRECE” N° 726, 28MAR25

P

edro Castillo dio un golpe de estado desde la impotencia y terminó en la cárcel.

Keiko Fujimori dio un golpe de estado congresal en 2016 y terminó con el gobierno de PPK. Su padre dio un golpe de estado en 1992 y terminó en olor de multitud.

Agustín  Gamarra, miserable traidor a la Patria, invadió
al Perú con tropas chilenas, para traer abajo la Confederación
Perú-Boliviana

Benavides, confabulado con el Congreso, dio un golpe de estado en 1914 y terminó de mariscal en jefe.

Sánchez Cerro dio un golpe de estado y fue declarado héroe nacional. Leguía, el presidente depuesto, había dado un golpe de estado en 1919 en contra de José Pardo.

Velasco dio un gol­pe de estado en 1968 y las masas lo encum­braron.

A Velasco le dieron un golpe de estado en 1975 y las masas no movieron un dedo por él.

Odría dio un golpe de estado en 1948 para que los hacenda­dos se tranquilizaran y gobernó ocho años imponiendo el miedo.

Los militares die­ron un golpe de es­tado en contra de Manuel Prado para evitar que el Apra llegara al poder después de haber ganado las elecciones de 1962.

Nicolás de Piérola, golpista congénito, dio su golpe después de que el traidor Mariano Ignacio Prado huyera del país en plena guerra con Chile. Prado había llegado por primera vez al poder por un golpe de estado por el que se proclamó dictador.

Fue un motín, el de Balconcillo en 1823, el que llevó a la pre­sidencia a José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, el primer presidente del Perú. Que Riva Agüero terminara en tratos con los españoles y fuera perseguido por Simón Bolívar, eso es otro cantar.

Agustín Gamarra no necesitó vítores ni votos para golpear con éxito al gobierno de José de La Mar. Simplemente procedió.

Y así por el estilo, desde los fracasados y mil veces muertos hermanos Gutiérrez hasta la insurrección de Salaverry, pasando por las luchas de Castilla y Echenique o el golpe de estado de Torrico, nuestra historia es la del caudillismo y el tumulto.

Ahora mismo vivimos en pleno golpe de estado. Porque resulta que quienes perdieron las elecciones -las diversas de la derecha capitaneadas por el fujimorismo- son quienes gobiernan. Y la mujer que hablaba de aquel oriental que nos engañó con sus promesas y su tractor de lata es la que firma como presidenta sin serlo.

Este es un gobierno montado sobre una ruma de cadáveres y el linchamiento de las instituciones que sostenían la división de poderes.

Este es un gobierno golpista que surgió de un golpe fallido, imaginado por un idiota.

Y este es el país en el que la fábrica de leyes ha caído en manos de criminales, investigados y sospechosos. Son ellos los que han tejido unas red legislativa que favorece a organizaciones delictivas y dificulta la labor de fiscales y jueces con vocación de justicia. Es como si Luis Pardo, el bandolero, se hubiera puesto la banda presidencial.

La señora que va a Palacio convoca precozmente a elecciones para cambiar la agenda, para pedir chepa, para distraemos.

Lo que nos espera son cuarentaitantas figuritas en una mega-cédula y unos comicios sometidos a las leyes que el fujimorismo y sus aliados han trazado -y siguen perfeccionando- con el objetivo de evitar alguna sorpresa.

La derecha controla la prensa, el sistema electoral, el Tribunal Constitucional, el Congreso, los residuos del Ejecutivo, la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia, el Ejército y la Policía. Hay un sector de la Fiscalía y un ala del Poder Judicial que se resisten, pero Rospigliosi y Pepe Luna trabajan en ello y están seguros de su éxito.

Y hasta César San Martín se suma al miedo y “absuelve” a Vladimir Cerrón al mis­mo tiempo que lo condena a pagar 250,000 soles de reparación civil.

Mientras tanto, la extorsión cierra colegios, mata a in­defensos, destroza emprendimientos. Y una ola apocalíp­tica de bandidos indígenas, alenta­da por la escoria venezolana que Maduro envió sin estampillas, toma ciudades y mina las bases mismas de la convivencia social.

Desde un “cuarto de guerra” que es salón de incompetentes, la señora que simula estar al mando da un recuento de presun­tos éxitos de comisaría, hace su número. Militares metidos en compras dudosas, generales de la policía que nos deben muchas explicaciones, asienten y confirman.

Alias Monstruo debe sonreír. Él también ha dado un golpe de estado. El Perú es un golpe de estado permanente. <ȯ>

CONMEMORANDO LA OBRA DE UN GRAN PENSADOR

 

ARTISTAS REFERENTES DEL CAMPO POPULAR

 YARITA LIZETH Y YAHAIRA PLASENCIA,

NUNCA TRAICIONEN A SU PUEBLO

Escribe: Jimmy Calla Colana

Tomado de FACEBOOK

H

ay nombres que resuenan como un eco en la historia, voces que no se apagan ante el miedo ni se quiebran ante la injusticia. Entre ellas, dos mujeres emergen como estandartes de dignidad y valentía: Yahaira Plasencia, que con su canto desafía el silencio cómplice y la gran Yarita Lizeth Yanarico, nuestra heroína, nuestra Micaela cuya música es un susurro de esperanza para los olvidados. Ambas, muy distantes de la traición de Daniela Alejandra Darcourt Escurra, asalariada del Porkismo.

Yahaira, con el fuego de su voz y el ímpetu de su espíritu, no teme alzar su palabra de protesta desde el Rímac en una tierra donde el miedo es moneda corriente. No se esconde tras promesas vacías ni se deja seducir por el poder corrompido de un congreso bastardo. Ella marcha, con el pueblo, con los suyos, con los que claman justicia en calles manchadas de sangre y olvido. Se niega a ser cómplice, rechaza el poder de las sombras venenosas que intentan acallar el grito de un país herido.

Yarita, la hija del Ande, tenía que ser de Huancané, Puno, la estrella que brilla en el cielo de los que sufren, ha hecho de su arte un refugio para los desposeídos. No son solo notas las que emanan de su canto, son esperanzas y sueños incumplidos, son manos extendidas, son gestos de amor para quienes el Estado ha negado. Donó miles de soles a los heridos y a los familiares de los fallecidos, entregó sus recursos y bienes al servicio de los desposeídos que llegaron en marchas a Lima, resistió el allanamiento a su domicilio, la intervención del SUNAT, el odio del porkismo de negarle el Parque de la exposición 2 veces. No se doblegó ante quienes quisieron silenciarla, porque su voz no es solo suya, es de un pueblo que aún sueña con justicia.

Pero no todos tuvieron el mismo coraje. Hubo quienes, por conveniencia y amantes del vil metal, decidieron señalar con el dedo antes de marchar con el pueblo. Daniela Darcourt, que pudo haber sido parte de la historia, eligió apartarse y lanzar acusaciones infundadas. "Caviares y delincuentes", dijo, tratando de manchar con mentiras un clamor legítimo, también casi se van por ese camino orquestas de cumbia. Pero el pueblo no olvida, y cuando la presión creció y los reflectores se apagaron, tuvieron que recular. Entonces esta salsera como otros, intentó acomodarse, intentó esconder la mano tras lanzar la piedra. Pero la memoria es fuerte, y la dignidad no se negocia. No se escapan otras orquestas que casi nos traicionan, el pueblo ya los conoce.

Ellas, Yahaira y Yarita, son más que artistas, son símbolos. No se nos vayan torcer. Porque en tiempos de oscuridad, donde la mentira se viste de verdad y la indiferencia mata tanto como las balas, ellas se alzan como faros en esta tormenta.

Y mientras otros pactan en la penumbra, ellas iluminan el camino. Mientras algunos venden su voz por un asiento en la comodidad del olvido, ellas entregan su voz a los que no tienen voz.

Que la historia no las olvide. Que el pueblo las abrace. Que su canto siga siendo la melodía de la resistencia.

Porque cuando las voces valientes se unen, ni la represión ni la traición pueden ahogarlas.

Yarita y Yahaira cuidadito que se pasen a la Derecha Bruta y Achorada, aquí está su pueblo, aquí en el arte está la inteligencia de nuestro país, con sueños inconclusos.

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PD: Nuestro pueblo tienen los brazos abiertos a todos aquellos que se inclinan por un Perú Nuevo en un Mundo Nuevo. Aquí están, son muchos nuestros artistas, escritores, cantores, declamadores, pintores, entre otros como:  Margoth Palomino, Walter y Julio Humala, Rolando Carrasco, Bruno Portuguez, Roberto Aldave, Ever Arrascue, Jaime Guadalupe, Rosina Valcárcel, Marco Tulio, Luis Roncal, Samuel Soplin, Juancito Benavente, Walter Lingan, Piero Bustos, Avelino Ugarte, Hoover Ozema, Orlando Ordoñez, Atawallpa Diez, Mary Soto, Charo Arroyo, Oshka Tarazona, Delfina Paredes, Nicolas León, Antonio Zevallos Medina, Betty María Aquino, Luis Ramos, Alejandro Medina, Negro Acosta, Antonio Sarmiento, Luis Antonio Espinoza, Francisco de la Cruz, Carlos Villa, Pacho Medina, Jullio Carmona, son muchos, Manuel López Rodriguez, etc. etc.

MAS, SOBRE UN ESCANDALOSO LEGICIDIO

 ¿VACANCIA DE CASTILLO ES ILEGAL?

¿CASTILLO DEBIERA SEGUIR COMO PRESIDENTE?

Isaac Bigio

E

l trámite de la Vacancia del presidente Castillo no cumplió con el reglamento del Congreso.

Según el inciso C) del artículo 89-A del reglamento del Congreso del Perú:

"c) El Pleno del Congreso acuerda día y hora para el debate y votación del pedido de vacancia, sesión que no puede realizarse antes del tercer día siguiente a la votación de la admisión del pedido ni después del décimo, salvo que cuatro quintas partes del número legal de Congresistas acuerden un plazo menor o su debate y votación inmediata. Si fuera necesario se cita, para este efecto, a una sesión especial. El Presidente de la República, cuya vacancia es materia del pedido, puede ejercer personalmente su derecho de defensa o ser asistido por letrado, hasta por sesenta minutos."

La moción de vacancia presentada el miércoles 7 al mediodía por el Presidente del Congreso, José Williams, y la vicepresidente del Congreso, Marta Moyano, es muy diferente a la presentada previamente por Edward Málaga. Es una cuarta, la misma que fue leída en menos de 4 minutos. La votación de esta se dio a los pocos segundos luego de que el relator la leyó. Un tiempo miles de veces más escueto que el plazo mínimo oficial de 3 días.

En dicho reglamento se plantea la posibilidad de acortar ese periodo que únicamente podría darse cuando "cuatro quintas partes del número legal de Congresistas acuerden un plazo menor o su debate y votación inmediata. Si fuera necesario se cita, para este efecto, a una sesión especial."

De 130 congresistas, el 80% o las 4/5 partes es 104. Nunca se produjo una votación para admitir esa nueva moción de vacancia o que esta se vote rápido, y los que votaron a favor no llegaron a la cifra de 104 congresistas (se quedaron cortos por 2 a 3 votos). Entonces, no se cumplió con el número mínimo para aceptar una cuarta moción de vacancia (la exprés).

Sin el número mínimo, sin debate y sin debido proceso.

Apenas el relator leyó la cuarta y final moción de vacancia, no se dio "cita, para este efecto, a una sesión especial." Simplemente que en la sesión ordinaria se pasó directamente al voto. A nadie se le vio con una copia en papel de tal documento. Nadie habló ni pudo intervenir para proponer una opinión o una enmienda.

Tampoco se cumplió este pedido "El Presidente de la República, cuya vacancia es materia del pedido, puede ejercer personalmente su derecho de defensa o ser asistido por letrado, hasta por sesenta minutos." Ni al Presidente ni a ninguno de sus letrados o a nadie de su entorno se le comunicó o invitó a dicha sesión. Ni siquiera le hicieron llegar una copia previa al jefe de Estado de la moción que debería haber hecho frente. En todo juicio al acusado se le permite conocer la acusación de la parte acusadora y, además, se exige que esta sea hecha por escrito y dándole un tiempo prudencial para que la pueda leer y prepara su defensa.

Sin embargo, para el más alto cargo del país y para el único peruano electo con más de 8,8 millones de votos, no se le permitió que pase por un debido proceso.

Se supone que uno no puede ser juez y parte. Esta vez, el mismísimo Presidente del Congreso, quien debió haber guardado cierta neutralidad por eso mismo, fue quien redactó y presentó con su firma la moción de vacancia, coartó el debate y dirigió la sesión. Ni siquiera tuvo la hidalguía de que tanto ella como su vicepresidenta Moyano pasasen al llano y dejasen la moderación del pleno a otra persona que buscase adoptar una actitud más neutral.

A Castillo se le apresó cuando nadie discutía que era el presidente constitucional y sigue en el penal, pese a que no se ha cumplido el reglamento del Congreso y por ende él debiera estar en Palacio.

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Isaac Bigio. Politólogo economista e historiador con grados y postgrados en la London School of Economics.

CRIMEN SIN CASTIGO, COMO OTROS...

 QALI WARMA: AL AÑO DE LA INTOXICACIÓN DE ESCOLARES EN PUNO, EL CASO CONTINÚA IMPUNE

Rosmery Tapara LA REPUBLICA 25MAR25

S

in culpables. En una reunión con los padres de los menores afectados por consumir alimentos comprados por Qali Warma (ahora Wasi Mikuna), la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, anunció que el expediente del caso será trasladado en Lima porque la fiscal de Juliaca Beatriz Cahuari había avanzado muy poco pese a las sucesivas ampliaciones de plazo para identificar a los responsables.

Al comprobar que la fiscal de Juliaca, Beatriz Cahuari Durand, había fracasado en individualizar a los autores de la intoxicación de 23 escolares de la localidad puneña de Cabana, en una reunión virtual la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, informó a los padres de los niños que había dispuesto el traslado del expediente a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, en Lima.

La medida adoptada por la fiscal Espinoza se tomó a pocos días de cumplirse un año del incidente, el 25 de marzo de 2024. Como informó La República en un reportaje publicado el 8 de marzo de este año, la fiscal juliaqueña Beatriz Cahuari solicitó dos ampliaciones para continuar con las pesquisas. Sin embargo, el 12 febrero de este año, se cumplió el último plazo, pero la fiscal Cahuari no determinó responsabilidades, según el expediente al que tuvo acceso este periódico.

Las autoridades del colegio Gamaliel Churata reportaron la intoxicación de 23 escolares, cuyas edades oscilaban entre los 13 y 16 años de edad , luego de que estos consumieran un desayuno que incluyó un arroz chaufa preparado con carne de pollo en conserva Don Simón, de la fábrica Frigoinca, comprado por el programa nacional de alimentación Qali Warma (hoy Wasi Mikuna).

La conspiración del silencio

Las madres de familia que prepararon las raciones ese día confirmaron a la fiscal Cahuari que cocinaron con Don Simón, lo que ha sido confirmado por la empresa proveedora contratada por Qali Warma.

Como reveló un reportaje de investigación de La República, la fiscal Beatriz Cahuari recibió información que exculpaba a la fábrica de conservas de Nilo Burga Malca, lo que explicaría por qué no encontró responsables ni denunció a nadie.

En efecto, el 6 de mayo de 2024, la empresa Frigoinca remitió a la fiscal Cahuari un estudio de laboratorio sobre la calidad de la conserva de pollo Don Simón, practicado a latas que supuestamente pertenecían al mismo lote que afectó a los estudiantes. El laboratorio Mevalab concluyó que el contenido era apto para el consumo.

Luego, el 15 de junio de 2024, la fiscal recibió el informe del director de Higiene Alimentaria de la Dirección Regional de Salud de Puno, Ronald Loza Machicao. En el documento, Loza acreditó el estudio de laboratorio pagado por Frigoinca para descartar que las conservas Don Simón causaron la intoxicación. Y dejó entrever que el causante sería el agua de pozo que se consumía en Cabana.

Hasta ese momento, pese a la gravedad del hecho que obligó a las autoridades a conducir a los afectados para que reciban urgente atención médica, ni la dirección de Qali Warma ni el titular del sector en ese momento, el exministro Julio Demartini, ordenaron el retiro de las conservas Don Simón y tampoco se dispuso a que no se consumiera el alimento. Es más, Frigoinca siguió contratando con el programa nacional de alimentación.

Al respecto, La República consultó con Wasi Mikuna (antes Qali Warma) cómo procedió la entidad desde que el 25 de marzo de 2024 se registró el caso en la localidad puneña de Cabana. Esto es lo que respondió:

Alfombra roja para Don Simón

“Desde que se tomó conocimiento de la denuncia sobre las irregularidades en los productos de Frigoinca, el programa adoptó medidas de acuerdo con sus competencias. Por ello, el 7 de octubre de 2024, se remitió a todas las unidades territoriales la instrucción de no liberación, no distribución y no consumo de los alimentos de la marca Don Simón hasta el pronunciamiento de la autoridad sanitaria Digesa (Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria)”.

Lo que no menciona la información es que se dispuso que no se consumieran las conservas Don Simón de Frigoinca, al día siguiente del reportaje del programa periodístico ‘Punto final’, el 6 de octubre de 2024. Cuando debieron prohibir la distribución del enlatado desde el mismo día en que los escolares enfermaron, las madres de familia continuaron cocinando con dicho producto durante 7 meses.

    A ver, Sra. Fiscal, estamos atentos de lo que usted haga

Es más, como publicó este diario, Frigoinca siguió contratando con Qali Warma.

El reportaje de ‘Punto final’, que se basó en información contenida en un teléfono celular de la empleada de confianza del dueño de Frigoinca, Noemí Alvarado Llanos, probaba que esta, por orden de sus jefes, pagó sobornos al funcionario de la Dirección Regional de Salud de Puno Ronald Loza y a otros de Qali Warma, en Lima. El propósito de las coimas era encubrir la responsabilidad de Frigoinca por la contaminación de los alimentos enlatados Don Simón.

Pero la fiscal puneña Beatriz Cahuari continuó con el mismo curso de su investigación, no obstante que las publicaciones periodísticas confirmaban que los documentos que exculpaban a Frigoinca habían sido fabricados, entre ellos el informe de Ronald Loza, quien atribuía al agua el origen de los malestares gástricos de los escolares.

Las ondas expansivas

La fiscal tampoco interrogó a los funcionarios y servidores de Qali Warma que fueron parte de la conspiración para encubrir a Frigoinca, pese a que las madres que cocinaron ese día, el 25 de marzo de 2024, relataron a la autoridad que preparaban las comidas según las instrucciones del programa de alimentación escolar. Como Yolanda Llanos Vilca, quien, según su manifestación, aseguró: “El programa Qali Warma nos obliga a preparar esas cosas”.

Por estos hechos, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, informó a los padres de familia que había dispuesto que la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público investigue a la fiscal Beatriz Cahuari Durand para deslindar su responsabilidad.

El Gobierno de Dina Boluarte ha tratado de atenuar las ondas expansivas del escándalo de este caso impune, acercándose a los niños afectados y a sus padres. ¿La razón? La investigación alcanza a dos personas con las que trabajó Boluarte cuando ejerció como ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis): el exministro Julio Demartini y el exdirector de Qali Warma Fredy Hinojosa Angulo.

A cuenta del Midis, el 21 de febrero de este año, fueron trasladados a Lima 10 de los niños de Cabana que resultaron afectados, en compañía de sus padres. Se suponía que era una demostración de solidaridad, pero se sintieron maltratados. Lo que reclaman es que se les entreguen las historias clínicas de sus hijos para probar que se intoxicaron. No entienden por qué, después de un año, las autoridades gubernamentales no les permiten tener acceso a ese documento de relevancia para la investigación. <:>

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