martes, 5 de noviembre de 2024

TRABAJADORES PUNEÑOS DE LA CULTURA. DECADA DE LOS 50

 REVISTA CHASKI (1954)

Y EL 356 ANIVERSARIO DE PUNO

Christian Reynoso

L

a Sociedad Intelectual Chaski fue fundada en Puno, en 1953, por un grupo de jóvenes con ansias de conquistar la cultura, trabajar por la mutua superación y el porvenir intelectual de Puno. Por lo menos, así lo dejan entrever en el editorial del primer número de la revista “Chaski” que editaron en noviembre de 1954, al celebrarse el 286 aniversario de la fundación española de Puno. Entre estos jóvenes se encontraban José Paniagua, Juan Solórzano, Isidoro Landa, Artemio Valderrama, Yolanda Aza, Miguel Pino, Mario Salazar, Teobaldo Loayza, entre otros. Algunos de ellos, con el correr de los años se convirtieron en artistas e intelectuales.

Hoy que se celebra el 356 aniversario de Puno, vale la pena echar una mirada a esta revista “Chaski”, publicada hace 70 años, en el mismo contexto del aniversario de la ciudad. ¿Son las mismas aspiraciones las que movían a la intelectualidad puneña de entonces si las comparamos con las de hoy? ¿Cómo se veía entonces la ciudad y cuánto ha cambiado hoy? ¿Cuáles eran las preocupaciones de la juventud de la década del cincuenta y cuáles son las de la juventud de hoy? De seguro, muchas cosas han cambiado, pero otras parecen seguir igual.

Carlos Oda Ramírez en el artículo central titulado “Puno, riqueza i posibilidad” destacó, entre otros puntos, la posición geoeconómica y centro de conexión del departamento, lo que resulta cierto, pero que no se ha sabido aprovechar lo suficiente; más bien, da la impresión de un Puno arrinconado en el sur, el viejo y rebelde sur, aunque sus latencias sobrepasen las fronteras regionales. Oda destaca asimismo las “riquezas todavía inexploradas o deficientemente explotadas” como la ganadería, agricultura, petróleo, uranio y pesca que, en su opinión, necesitan del “apoyo poderoso de capitalistas progresistas” y la utilización de mejores “instrumentos de producción”. Llama la atención que no mencione la “riqueza” cultural de Puno y lo que ella necesita para potenciarse.

En otra sección de la revista se menciona, a propósito del aniversario de Puno, la inauguración de dos nuevos motores termoeléctricos para el servicio de luz y el adoquinado de una cuadra de la calle Lima por el Rotary Club. Otro tema de actualidad es la reapertura de la Universidad de Puno que “interpreta el clamor del departamento”. Se informa, asimismo, de la visita de Ernesto More, quien ofreció conferencias sobre César Vallejo y el Teatro francés. Finalmente, se destaca la actuación literario-musical organizada por el Centro Musical Castor Vera. Hoy, para el 356 aniversario, más bien, se llevó a la agrupación musical Armonía 10. Y así por el estilo. Felicidades, Puno. <>



domingo, 3 de noviembre de 2024

GATRONOMIA ALTIPLANICA

 LIBRO SE PRFESENTARÁ EN BRISAS DEL TITICACA EL MIERCOLES 6 DEL MES EN CURSO A HRS.  7.00





INSEGURIDAD CIUDADANA PARECE ESTABLIZARSE

 LA OLA DE CRIMINALIDAD QUE ASOLA AL PERÚ

Por Jorge Rendón Vásquez

D

os delitos hacen esta ola: la extorsión y el sicariato.

Por la extorsión se exige a alguna persona el pago de cierta cantidad de dinero o la entrega de otro bien, amenazándola con un daño a su persona, a sus parientes inmediatos o a sus bienes. Está tipificada en el Código Penal. La pena es no menor de 30 años de prisión cualquiera que sea el monto extorsionado. Si siguen lesiones graves o la muerte de la víctima la pena es cadena perpetua (arts. 200º, 201º).

Por el sicariato, se asesina a una persona a pedido de otra quien puede pagar un precio y, por lo general, con la intervención de un contratista que recibe el pedido y el precio y encarga el asesinato a alguien pagándole una parte del dinero recibido. Este delito ha sido tipificado por el art. 108-C del Código Penal (agregado por el D.Leg. 1181 de 2015). La pena es no menor de 25 años de prisión y prisión perpetua si se le comete con ciertos agravantes.

Nuestro país ha contemplado varias manifestaciones multitudinarias de empresarios, trabajadores y vecinos para exigir protección contra esos ataques. Pero, ni el Ministerio del Interior ni el Congreso de la República han dado muestras de interesarse por este reclamo popular justificado.

Debajo de esta indiferencia letal operan ciertas causas por las cuales las autoridades pertinentes no llegan a sobreponerse a esta ola y, mucho menos, a reducirla a su mínima expresión: la creencia errónea sobre el poder disuasivo de la norma penal, deficiencias en el planteamiento de la investigación, la renuencia de la población a cooperar y la inexistencia de una política de combate a la delincuencia.

Punto de partida

Una de las razones de la existencia del Estado-nación y del contrato social es la protección de las personas que lo conforman contra las agresiones de otras para privarlas de la vida, herir su integridad personal y arrebatarles lo que les pertenece.

Por lo tanto, es función fundamental del Estado llevar a cabo las acciones necesarias para evitar esos ataques y sancionar a quienes los cometan. Desde que el Estado asumió esta función, se excluyó, por ello, la justicia por mano propia, salvo como legítima defensa, sujeta estrictamente a ciertas reglas legales.

No hay, sin embargo, en la Constitución política una definición del delito ni una prescripción concreta de la obligación del Estado de evitarlo y sancionar a quienes lo cometan. La referencia al delito es indirecta y en relación al derecho a la libertad: “Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible, ni sancionado con pena no prevista en la ley.” (art. 2º-24-d).

Al enumerar los derechos humanos principales: “Toda persona tiene derecho: A la vida, a su identidad, a su integridad psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar (art. 2º-1); a la propiedad y a la herencia (art. 2º-16); a la paz, a la tranquilidad” (art. 2º-22); “a la libertad” (art. 2º-24), la Constitución dispone, implícitamente, que su violación es ilegal y que, si es grave, puede ser tipificada como delito por la ley.

Subsecuentemente, la sanción a los delincuentes surge del art. 2º-24-d de la Constitución, alusivo, como se ha indicado, a la tipificación de las infracciones punibles.

Al contrario, los delincuentes han sido favorecidos con ciertos beneficios: “El derecho de los reclusos y sentenciados a ocupar establecimientos adecuados”; “El principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad.” (Art. 139º- 21-22).

De este modo, en la Constitución, de una manera no tan disimulada, las violaciones de los derechos de las personas y del Estado no son consideradas hechos de maldad, perversidad, codicia y otros antivalores morales. Son, antes bien, hechos debidos a deficiencias en la educación de los delincuentes los que, por consiguiente, deben ser corregidos por la reeducación y la rehabilitación en establecimientos adecuados y, se deduce, con alimentación, alojamiento, vestuario  y servicios médicos pagados por la sociedad, además de la defensa legal que se ha convertido, en la práctica, en una industria tan fructífera como el turismo. Pero, ¿salen los delincuentes de las cárceles corregidos o, por el contrario, salen más avezados? ¿Hay estadísticas sobre esto?

La acción contra la criminalidad tal como es

El combate contra la criminalidad en el Perú ha sido confiado, por la Constitución, a la Policía Nacional, al Ministerio Público y al Poder Judicial.

“La Policía Nacional … Previene, investiga y combate la delincuencia..” (art. 166º).

“Corresponde al Ministerio Público: 4. Conducir desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía Nacional esta obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función. 5. Ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte.” (art. 159º).

La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes.” (art. 138º).

Una vez cometido un delito su investigación es conducida por el Ministerio Público con la asistencia obligatoria de la Policía Nacional, y luego el Ministerio Público interpone la acción penal ante el Poder Judicial el que decide si el hecho imputado es delito, observando el debido proceso (art. 139º-3) y atendiendo a la presunción de inocencia (art. 2º-e). La resolución condenatoria debe mencionar expresamente la ley aplicable y los fundamentos de hecho en que se sustenta (art. 139º-4).

La prevención del delito

La prevención en este campo, y en general en el campo delictual, no sido, sin embargo, eficaz. Y ello porque no es posible efectuar determinadas acciones que directamente impidan el delito por cometerse, salvo en casos muy raros.

Por lo general la prevención interviene de dos modos: a) creando un estado de conciencia en la población contra el delito que puede dar lugar a rechazar la instigación a cometerlo e inclinarla a colaborar con las autoridades en la vigilancia, la denuncia y el acopio de pruebas; y b) mediante la utilización de procedimientos y medios de vigilancia y disuación.

La disuación que se espera cause la norma penal por la amenaza de la sanción no se ha producido, ni incluso con el fácil expediente de alargar las penas a prisión. En los delincuentes ha prevalecido la esperanza en los provechos que podrían darles los delitos y su confianza en su habilidad para obtenerlos y, luego. para burlar la vigilancia, la captura, la reunión de pruebas, el proceso penal y la condena en este. Por ejemplo, la extorsión se ha intensificado a pesar de que la pena es de treinta años de cárcel. O quienes la practican no han leído el Código Penal o no les interesa lo que este diga, puesto que, en sus cálculos, sus posibilidades de éxito, basadas en el temor y el silencio de sus víctimas, superan largamente a sus posibilidades de fracaso. Y esto sucede también con otros delitos y, en particular, con los cometidos contra el patrimonio del Estado, para los cuales se requiere llegar a los cargos de decisión política o administrativa y conocer a fondo los procedimientos inherentes al manejo de los recursos públicos.

La investigación del delito

Esta comienza luego que su comisión llega a conocimiento de la Policía o del Ministerio Público.

Concierne a la Policía, aunque bajo la conducción del fiscal a quien corresponda el caso. Por lo tanto, los fiscales deben tener los conocimientos suficientes para dirigirla y, se debe inferir, también deben tenerlos los miembros de la Junta Nacional de Justicia que los nombra y puede promoverlos o removerlos.

Obviamente, los fiscales, que detentan el poder de acusar, deben usarlo solo cuando reúnan las pruebas suficientes e indubitables demostrativas de la comisión de un delito, y no proceder por aproximación, inferencia u otros motivos, amparados por su poder. En todo caso, corresponde al juez determinar si hay mérito para la apertura de un proceso penal.

La policía tiene o debe tener los medios para la investigación y contar con el personal formado y altamente especializado para efectuarla, en correspondencia con las formas cada vez más complejas de la delincuencia. Pero, ¿es así?

De conformidad con el D.Leg. 1267 del 16/12/2016, Ley de la Policía Nacional del Perú, a esta le compete: “Realizar las funciones de investigación policial, por iniciativa propia o bajo la conducción jurídica del Fiscal, en concordancia con el Código Procesal Penal y las leyes de la materia.” (art. 2º-10). El Reglamento de esta Ley, D.S. 026-2017-IN, repite que solo se trata de la “conducción jurídica” por el fiscal (art. 4º-12), con lo cual se trata de limitar indebidamente la disposición constitucional sobre la conducción de la investigación por los fiscales que puede hacerse con conocimientos, habilidad en el razonamiento, experiencia y sentido común, de manera que la ejecución de la investigación, que corresponde a la Policía, pueda ser más eficaz.

Para realizar la investigación criminal se ha creado, por la Ley de la Policía, una Dirección de Investigación Criminal como órgano de línea “técnico, normativo y operativo encargado de formular, ejecutar, comandar y evaluar las operaciones policiales … de investigación criminal” … “con competencia a nivel nacional” (D.Leg. 1267, art. 18º). A las regiones policiales, cuyo campo de acción son los territorios donde se cometen los delitos, se les deja una función complementaria y subordinada para ejecutar “las estrategias policiales diseñadas en materia de prevención, orden y seguridad e investigación” (D.Leg. 1267, art. 22º). El Reglamento de esta Ley va más allá, puesto que crea también una Dirección de Criminalística, como órgano de apoyo, para “la investigación del delito” (art. 26º-2) que se agrega a la Dirección de Investigación Criminal (art. 123º).

La pregunta que surge es la siguiente: ¿si la investigación del delito debe estar a cargo de la Policía, bajo la dirección del Fiscal, en el lugar donde el delito se comete, por qué tendrían que intervenir, además, una Dirección de Criminalística y otra de Investigación Criminal? Se diría que el tratamiento, más que el combate contra el delito, ha sido desplazado por una acromegalia burocrática que absorbe recursos de personal especializado que deberían prestar servicios allí donde los delitos se cometen, in situ, y no por control remoto. Se comprende que haya una Dirección de Investigación Criminal, como órgano de línea, para acopiar información accesible por las zonas policiales y las fiscalías, emitir directivas, coordinar las investigaciones que se extiendan a varias zonas policiales y apoyar con equipos móviles ciertas investigaciones que, por su importancia y complejidad, demanden la intervención de cuerpos muy especializados que rebacen las posibilidades de acción de la policía de investigaciones en las zonas policiales.

La cooperación de la población

Un factor que ayuda enormemente a la disuación de la criminalidad y a la investigación es la cooperación de la población; y esta solo puede existir si la Policía le infunde confianza, porque respeta los derechos humanos, dispensa un trato deferente a las personas que llegan a sus oficinas a hacer una denuncia o a indagar sobre algún asunto y evidencia con hechos su vocación de combatir el delito. Lamentablemente, esa confianza ha tendido a desaparecer en las últimas décadas por la decisión de numerosos policías de todos los niveles de pasar al campo del delito, extorsionando, exigiendo coimas, deteniendo sin motivo legal por si les liga algo, formando bandas, apropiándose de lo ajeno, etc., casos que pueblan las páginas de los diarios y los espacios de TV ¡Qué lejos estamos de la Policía de otros tiempos, la que salía de la Escuela de los Barrios Altos, constituida en su mayor parte por gente del pueblo pundonorosa y honesta, para la cual el honor era su divisa¡

Quienes integran la institución policial deberían verse a sí mismos, en todo momento, como el factor institucional indispensable para prestarle a la sociedad el servicio público de seguridad por el cual existe.


Necesidad de una política contra la criminalidad

El combate contra el delito no es un asunto que concierna por separado a la Policía, al Ministerio Público, al Poder Judicial y al Ministerio del Interior. Se requiere una política nacional que articule los aportes de varias ciencias, técnicas y normas, y se manifieste como acciones concretas a cargo de estas entidades y las universidades.

En la Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Interior (D.Leg. 1266 del 16/12/2016) se ha dispuesto que la Dirección General de Seguridad Ciudadana es el órgano rector del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (regido por la Ley 27933 del 11/2/2003). Pero no es así. Este Sistema está dirigido por un Consejo Nacional constituido por cinco ministros, un representante de la Corte Suprema, el Fiscal de la Nación, el Defensor del Pueblo, dos presidentes regionales, al Alcalde de Lima Metropolitana, y los alcaldes de las dos provincias con mayor población. Su función es, entre otras, establecer las políticas y el Plan Nacional de Seguridad y aprobar los planes, programas y proyectos de Seguridad Ciudadana (art. 9º), proyectos y programas que deben ser propuestos por la Secretaría Técnica (art. 11º) y no por la Dirección General de Seguridad Ciudadana. Se ha previsto también la conformación de comités regionales, provinciales y distritales de Seguridad Ciudadana (art. 13º).

Sin embargo, no hay evidencias, de la acción de este Sistema contra la ola de criminalidad que ataca a la población peruana. En realidad, parecería ser una suerte de elefante blanco dormido profundamente.

Siendo el combate contra la criminalidad una función primordial del Estado y, mayormente del Poder Ejecutivo, le correspondería al Ministerio del Interior delinear la política contra aquella con el concurso del Ministerio Público, del Poder Judicial, de la Policía Nacional y de dos representantes de las universidades expertos en política de seguridad, como un equipo permanente.

(3/11/2024)

OPINION: ANALIZANDO LA COYUNTURA POLITICA EN EL PERU

 PARA SALIR DEL TÚNEL

por Manuel Rodríguez Cuadros

E

l Estado ha perdido su capacidad de regular, con un mínimo de eficacia y legitimidad, las relaciones de poder emergentes en la sociedad. En realidad, el Estado se ha extraviado en el Perú. Hay que recuperarlo.

La crisis de coyuntura se profundiza y continúa poniendo a la patria al borde de la crisis mayor de viabilidad nacional. El fracaso de una incompetente política de lucha contra la violencia, el crimen y el sicariato, ha puesto a la población en la línea extrema del hastío y la desesperación. Al mismo tiempo, la pérdida de legitimidad del gobierno, particularmente de la institución de la presidencia de la República, está generando las condiciones para la vacancia presidencial y el establecimiento de un gobierno de transición. Sus dos tareas elementales serían ordenar la lucha contra la delincuencia y organizar el 2026 un proceso electoral, libre, justo, bajo estándares y supervisión internacional.

Este eventual decurso de la evolución política del Perú, parecería hasta planificado. Conforme al artículo 115 de la Constitución, en el caso de vacancia, el presidente del congreso, al asumir la presidencia, debe convocar “de inmediato a elecciones”. Bajo esa hipótesis, y teniendo en cuenta que el periodo presidencial culmina en julio del 2026, en teoría habría que esperar dos procesos electorales.  El excepcional y el regular.

Pero, gracias al “azar y la necesidad” de la política peruana, el congreso ha modificado las leyes electorales y adelantado la convocatoria de las elecciones generales para abril de 2025. A un año del proceso electoral. Con ello   se asegura que, en el caso de la vacancia, la convocatoria inmediata a elecciones, coincida prácticamente con el nuevo plazo de convocatoria de las elecciones regulares. Ya no serían necesarios dos procesos electorales. También por el “azar y la necesidad,” esa decisión aseguraría la permanencia de los congresistas hasta el final de su periodo.

Si este escenario se concreta, tendríamos elecciones con un gobierno de transición. De no darse, tendrían lugar en el contexto del deterioro de la crisis multifuncional de coyuntura y del creciente autoritarismo de la actual alianza gubernamental. En ambas hipótesis, la cuestión crucial es la de pensar una alternativa para enfrentar ,a partir del 2026,  la crisis de viabilidad nacional que agobia al Perú. 

El Estado ha perdido su capacidad de regular, con un mínimo de eficacia y legitimidad, las relaciones de poder emergentes en la sociedad. En realidad, el Estado se ha extraviado en el Perú. Hay que recuperarlo. La pobreza, la extrema pobreza, la precariedad alimentaria, aumentan. La desigualdad entre los que menos ganan y quienes tienen mayores ingresos se ahonda. Pasa a ser oprobiosa. La salud y la educación públicas son precarias.   El no contar con una vivienda digna, según GRADE “es una tragedia para las familias, una inmoralidad a la que estamos acostumbrados, pero que no puede ser justificada desde ningún punto de vista”.  Estos son algunos de los problemas que habrá que enfrentar el 2026, además de incrementar el crecimiento económico por encima del 6%.

La crisis nacional requiere una refundación del Estado y sus relaciones con la sociedad, las empresas y la propia naturaleza. Y ello tiene que ver, esencialmente,  con las decisiones políticas. Con la gobernabilidad. Es la cuestión central. La minería ilegal y otros sectores vinculados a la informalidad o directamente al crimen organizado no deben seguir perforando y utilizando las instituciones de la gobernabilidad. Es el camino a la disolución democrática del país. A la transformación del autoritarismo en dictadura.

El principal componente de la crisis de viabilidad nacional, es el colapso del sistema de gobierno y el régimen político establecido en la constitución de 1993. Un sistema de suma nula. Antidemocrático. En el cual la única manera de gobernar es que el ejecutivo tenga la mayoría parlamentaria ( autoritarismo presidencial) o que la tenga el congreso (autoritarismo parlamentario). Con un control constitucional que se ejerce una vez que ya fueron aprobadas las leyes, lo que minimiza su eficacia y lo politiza.

La solución de la crisis de viabilidad del Perú, requiere como medida y acción fundamental rehacer el sistema de gobierno y el régimen político actual. La democracia supone tomar en cuenta los intereses del Nosotros colectivo. No solo de algunos sectores de la población. Excluyendo a otros.

Un régimen político democrático supone el diálogo, la concertación, la existencia de espacios para construir el bien común, tomando en cuenta los intereses de todos. En el caso del Perú, por razones obvias, prioritariamente de los excluidos, los más pobres y las clases medias. Hay que sustituir el actual sistema de gobierno de suma cero (el 100% de lo que gana un sector, lo pierden los otros), por otro. Esencialmente democrático, de suma   variable (las ganancias y pérdidas se comparten).

Eso implica , un sistema bicameral, donde el senado tenga función revisora y legislativa en áreas esenciales;  una instancia  de función dirimente en la función legislativa  que sería el pleno del congreso, conformado por ambas cámaras; un Tribunal constitucional  que además del control a posteriori, tenga facultades de control preventivo  de las leyes orgánicas y de interpretación constitucional; partidos políticos, con vida institucional, que sean actores cotidianos de la participación de los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y del derecho a la democracia; y, un sistema electoral independiente, justo, libre y sin voto preferencial, que ha sido el ácido muriático que casi  ha liquidado la vida democrática en el Perú.

 En el ámbito económico, hay un amplio consenso compartido con  la economía social de mercado. Pero desde 1993 se ha convertido solo en un eslogan. La legislación secundaria ha impuesto un tipo de desregulación económica en la antípoda de la economía social de mercado. Un mercado desnaturalizado por el monopolio, los oligopolios y las posiciones dominantes en el mercado.

El componente “social” ha sido eliminado. Por eso el Estado no interviene para combatir los monopolios. Y no ejerce sus capacidades de orientación estratégica y de planeación indicativa del desarrollo nacional. Es indispensable reformar la constitución para adecuar la legislación secundaria a la noción constitucional de economía social de mercado.

El Estado debe cumplir su deber de garantía de realización de los derechos económicos y sociales de la población. No existe en el mundo una economía de mercado competitiva, sin un estado fuerte, capaz de asegurar la libre competencia y sancionar las prácticas monopólicas. Allí están, los Estados Unidos, Francia, Italia o Singapur. Sin Estados, no hay mercados.

Habrá también que reformular las políticas de seguridad pública y combate del crimen. A partir de las poblaciones y los gobiernos locales, con legalidad, con participación de la gente y una policía especializada, con recursos. Y finalmente, extirpar la corrupción. Terminar con la concepción del Estado tramitador, al que se corrompe por el interés privado y el que se corrompe por haberse reducido a otorgar concesiones, licencias, hacer contratos o tramitar compras estatales.  Hay que recuperar al Estado como gestor y guardián del bien común. Con una concepción ética del servicio público.

¿Quiénes pueden concertar una alternativa de solución nacional y social a la crisis de viabilidad? Todas las fuerzas democráticas, políticas, sociales, empresariales, nacionales, institucionales, regionales y locales.  Sean de derecha o de izquierda.  No interesan etiquetas de dudosa vigencia.  Lo importante es que compartan la filiación democrática y el compromiso con la patria.  Si esa convergencia no se produce y no se ejercen los derechos a la protesta y la acción política, pasada la página del calendario, podremos haber perdido la democracia y extraviado una vez más al Perú. <:>

 

sábado, 2 de noviembre de 2024

CONFLICTO INTERNO EN HERMANO PAÌS

 LA CRISIS BOLIVIANA

Condensado de Voltaire Internacional y agencias noticiosas

B

olivia atraviesa un momento de aguda crisis política y social, marcada por la lucha interna al interior del Movimiento al Socialismo, en la que Arce y Morales compiten por la conducción del partido, el control del gobierno y, por consiguiente, su lugar en la boleta electoral de 2025. Aquí se resaltan los principales hechos de este conflicto manifiesto en el campo popular latinoamericano.

Lucha por el poder y bloqueo de caminos

• Desde el 14 de octubre, los partidarios del ex presidente Morales están realizando una campaña de bloqueos de las principales carreteras de Bolivia para denunciar la “persecución judicial” contra su  líder. Los seguidores del ex presidente protestan también contra la manera como el gobierno ha venido manejando la crisis que afecta el país.

• Durante las protestas se han producido enfrentamientos violentos entre la policía y los manifestantes y los bloqueos de carreteras se traducen en nuevos problemas económicos. La agencia Bloomberg afirma que esos incidentes han costado a la economía nacional pérdidas por 5 000 millones de dólares, o sea un 3,5% del PIB boliviano.  

• El 26 de octubre, el presidente boliviano Luis Arce cambió todo el alto mando militar del país.

• Recientemente, se reabrió contra Evo Morales una investigación de 2015 por “violación, tráfico de personas y trata de seres humanos”, pese a que esa investigación había sido archivada en 2020. Después de eso se abrieron contra el ex presidente boliviano otras 6 investigaciones más por motivos diferentes.

El atentado

• Ya en diciembre de 2023, el ex presidente de Bolivia, Evo Morales, denunciaba la existencia de un plan para eliminarlo físicamente a él y otros líderes de su partido (el Movimiento Al Socialismo, MAS), como el actual presidente del senado Andrónico Rodríguez y los dirigentes Leonardo Luza y Gualberto Arispe.

• El 27 de octubre, el ex presidente Evo Morales fue objeto de un intento de asesinato cuando circulaba por carretera en la región de Chapare, en el centro del país. El vehículo del ex presidente  y un segundo vehículo donde viajaban varios de sus acompañantes recibieron 14 impactos de bala  y el chofer de Morales fue herido de bala.

 El ex presidente Evo Morales ya había sido blanco de otros atentados en 2009 y durante el golpe de Estado que lo derrocó en 2019.

• Después del nuevo atentado contra su vida, el ex presidente Evo Morales declaró: “El carro en que llegué tiene 14 disparos. A mí me ha sorprendido. Felizmente, hoy día salvamos la vida (…) “Eran encapuchados los que dispararon –dijo un miembro acompañante-  Esto estaba planificado, era para matar a Evo (…) [El presidente] Luis Arce ha destruido Bolivia y ahora quiere eliminar nuestro movimiento acabando con la vida de Evo.”.  El ex presidente Evo Morales agregó que el actual presidente, Luis Arce, está preparando “un estado de sitio”.

 • El actual presidente de Bolivia, Luis Arce, se plantea, efectivamente instaurar el estado de emergencia.

 • Según testigos, los autores de los disparos contra el ex presidente Evo Morales buscaron refugio en el cuartel de la 9ª división del ejército, donde los esperaban 2 helicópteros.

• El ministro del Interior, Eduardo del Castillo, refutó esta versión de los hechos y afirmó que todo fue un “montaje” del ex presidente Evo Morales. Según el ministro, el incidente se produjo porque el ex presidente y sus acompañantes trataron de saltarse un control policial instaurado en las carreteras de Chapare para luchar contra el tráfico de droga. El viceministro de Seguridad, Roberto Ríos, afirmó que el ex presidente trató de montar un “autoatentado”.

• Los abogados del ex presidente Evo Morales pusieron inmediatamente el caso en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

 • El ex presidente Evo Morales resaltó: “No me iré de Bolivia, estoy con mi pueblo y con la gente vamos a resistir y nos vamos a enfrentar y a vencer un gobierno corrupto, un gobierno de narcos


 Militares y desbloqueo

• El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, informó que los bloqueos serán intervenidos con fuerzas militares. “La paciencia y tolerancia tiene límites, en cumplimiento de la obligación constitucional y legal de tomar acciones interinstitucionales garantizando la libre circulación dejando los caminos expeditos. En consecuencia, efectivos policiales apoyados de militares comenzaron a intervenir algunos puntos de bloqueo mediante el uso de gases lacrimógenos.

• Los sectores afines al expresidente de Bolivia Evo Morales descartaron este viernes detener los bloqueos de carreteras. Tildaron de "criminal" al Gobierno de Luis Arce por los operativos militares dirigidos a despejar la ruta que une el centro y oeste del país.

 Presidente Luis Arce denuncia la toma de tres cuarteles militares por parte de grupos afines a Evo Morales. Un grupo ocupó la base del ejército boliviano “Cacique Juan Maraza” en Cochabamba a los gritos de ¡Que renuncie Lucho!. Tomaron como rehenes a los militares y civiles allí presentes, en señal de respuesta a los operativos ordenados este viernes por la mañana por el presidente Luis Arce que busca desbloquear los caminos que llevan 19 días tomadas por los evistas.

Preocupación en Naciones Unidas

• La Secretaría General de la ONU expresó este viernes su preocupación por la situación en Bolivia e instó a las partes a cesar la violencia. En un comunicado firmado por Antonio Guterres, Naciones Unidas aseguró estar “siguiendo de cerca y con preocupación la escalada de tensiones” en el país, donde desde hace 19 días seguidores de Evo Morales protestan en los principales caminos por lo que consideran una persecución política de Luis Arce contra su líder. A raíz de la violencia surgida en estas manifestaciones, la ONU llamó a “todas las partes a que ejerzan moderación y se abstengan de cualquier acto de violencia”, y en particular a los actores políticos, a que “resuelvan sus diferencias por medios pacíficos y con pleno respeto de los derechos humanos”. 

Crisis similares en gobiernos de América Latina

 Desde hace varios años, la izquierda latinoamericana se ve afectada por un grave proceso de división en la que una parte viene alineándose junto a las posiciones del izquierdismo estadounidense y europeo. Ese sector ha renunciado a defender la causa del proletariado para limitarse a la defensa de ciertas minorías. En Ecuador, por ejemplo, el presidente Lenin Moreno dio la espalda al legado de su predecesor, Rafael Correa, en la defensa de las causas sociales y se alineó decididamente tras las posiciones de Estados Unidos y la adopción de políticas neoliberales.

En Perú, el presidente democráticamente electo, Pedro Castillo, fue rápidamente derrocado, encarcelado y reemplazado en el poder por Dina Boluarte, quien había sido su ministro de Desarrollo y ahora es aliada consecuente de la derecha proclive a EE.UU. que domina el congreso, el mismo que se empeña en copar con personas de ese ámbito del espectro político, las instituciones autónomas judiciales y electorales y consolidar así su predominio en la política peruana. <:>

 

viernes, 1 de noviembre de 2024

HILDEBRANDT ANTE EL PANORAMA POLÍTICO PERUANO

 PROPONGO QUE 

NOS REBELEMOS

César Hildebrandt

En HILDEBRANDT EN SUS TRECE N° 707, 1NOV2

La derecha más ruin es la que controla el país y lo go­bierna.

Esa derecha no quiere conservar nada porque ca­rece de valores por los que luchar.

Esa derecha no viene de Bartolomé Herrera sino de Tatán. No viene de José de la Riva Agüero sino del Odría putañero que se rompió la pata en una fiesta loca. No viene de Luis Bedoya Reyes sino de los 10 tipos de dólar que el primer alanismo creó para favorecer a sus clientes. No viene de Manuel D’Omellas sino del “Clarín” de Marino Ganoza. No viene de Ma­nuel Pardo y el civilismo ilustrado sino del tractor de Fujimori, ese que fue la premonición de los tractores chinos que Víctor Joy Way trajo para robarle al Estado.

No es la derecha que cree en el libre mercado, el liberalismo, la democracia, la tradición católica. Es la derecha que apuesta por la economía en negro, la universidad podrida, el autoritarismo cachaquiento, el Estado prebendario, la corrupción y el crimen.

No es derecha, en suma, sino banda. No es opción conserva­dora: es organización criminal.

Keiko Fujimori es una ignorante que parlotea cualquier cosa en las radios de la vecindad o en los foros de la España guerracivilista que puedan tener el estómago de invitarla.

Pepe Luna imprime títulos del mismo modo que podría hacer billetes de cien dólares en una rotativa plana.

César Acuña ha demostrado que en el Perú se puede ser mi­llonario siendo débil mental y angurriento sin pausa.

Vladimir Cerrón es el embajador de la Cuba apagada y del leninismo en modo momia, pero siendo eso no duda en pactar con el fujimorismo para parir leyes que lo auxilien penalmente.

La comparsa que completa el quorum del hampa la integran personajes dispuestos a todo y voceros de la surtida economía ilegal, que es el origen de tantas fortunas contemporáneas.

Chillico
Mientras tanto, la delincuencia monda y lironda, sin credencia­les de congresista o fajín de ministro, se apodera de las ciudades y el pueblo gime en las pantallas.

Mientras tanto, la señora que va a Palacio sigue convencida de que los forajidos que la protegen en el Con­greso seguirán haciéndolo porque esperan completar su obra.

Esa obra ha avanzado mucho. El hampa de los rospigliosi y afi­nes tosió su propio Defensor del Pueblo, evacuó un Tribunal Cons­titucional a su medida y meó una Junta Nacional de Justicia plaga­da de fujimoristas cama adentro y apristas de buhardilla.

Ahora van por el sistema de justicia y por el poder electoral.

Lo que quieren es que las elecciones del 2026 sean el fraude que denunciaron falsamente el 2021.

Lo que quieren es el país. Tienen melancolía sanchecerrista, sueños de restauración pradista, memoria de benavidismo.

Lo quieren todo y aspiran a que los fiscales tengan su mismo linaje depravado y que los jueces, asustados, condenen por terrorismo a quienes protesten y por sedición a los desafectos y por lo que diga algún inciso fétido de una ley expulsada desde el Congreso a quienes se atrevan a proponer otra agenda.

Quieren el fujimorismo renacido. Quieren que el halloween sea un feriado patrio. Sueñan con ese país de manadas, insti­tuciones secuestradas, militares rampantes. Están seguros de que lograrán el retorno de aquel país en el que la indignidad fue un medio de vida.

Y nosotros, los que somos su pesadilla, lo estamos permitiendo. Nosotros predicamos en el desierto y hablamos bajo el agua.

No importa lo que digamos. Ellos actúan. Ansian el país de mierda donde volverán a medrar.

Pues bien, me niego.

Propongo (otra vez) que nos rebelemos. Que alentemos la calle, el coraje, el grito de la ira, la arremetida santa del hastío.

Propongo que luchemos con mucha mayor furia.

Que luchemos como si nos estuviesen robando el país. Como si hubiésemos perdido una guerra y el odioso enemigo estuviese en Palacio ondeando una bandera de piratas.

Propongo que recordemos. Propongo que la memoria nos salve. Que viajemos en reversa por el tiempo y volvamos a ver a Fujimori, más abyecto que nunca, yendo a misa para rezarle a la virgencita que lloraba. Si no nos alzamos ese es el país que repetiremos.

 La muerte redundante de la democracia en el Perú: eso es lo que nos espera si es que seguimos aceptando que el congreso del hampa decida por nosotros.

Y a los figurones del APEC hay que decirles que vienen a un país que está siendo demolido institucionalmente por una coalición del bajo mundo. Hay que decirles eso de todos los modos posibles. <:




jueves, 31 de octubre de 2024

PUNO: NOTAS HISTÓRICAS

 PUNO: PASADO Y PRESENTE

Víctor Andrés García Belaunde

E

l departamento de Puno ha sido cuna de personajes ilustres de nuestro país: José Antonio Encinas, Emilio Romero Padilla, Carlos Oquendo De Amat, Federico More, Enrique Masías, Enrique Torres Betón, José Domingo Choquehuanca, más contemporáneos Martín Chambi, Víctor Humareda y tantos otros más; y dos de sus hijos llegaron a ser presidentes de la república elegidos democráticamente, los generales José Rufino Echenique y Miguel de San Román.

Durante el virreinato la intendencia de Puno es agregada al Perú, en 1796, y es uno de los departamentos que envió diputados al Congreso Constituyente de 1822, y figuran en la firma de nuestra Constitución como sus representantes: el general José de La Mar, Hipólito Unanue, Ignacio Antonio de Alcázar, Francisco Salazar, José María Galdeano y Domingo de Orue, lo que nos dice que el patriotismo de esa parte del Perú estaba arraigada a su independencia con personajes de primer nivel a quienes la ciudadanía puneña los eligió para ser parte del nuevo estado peruano que se estaba fundando.

Así como se tiene luces y patricios, Puno también sufría en su interior y en sus pobladores más desprotegidos los abusos de algunos terratenientes que con modalidades de extorsión, coacción y rapiña se apropiaban de las tierras de las comunidades indígenas, así lo escribí en mi reciente investigación basada en un epistolario en el cual se aprecia la forma de gobierno del Perú por parte de Mariano Ignacio Prado y el manejo de la prefectura de Puno por José Luis Quiñones. Esta investigación me acercó al Azángaro del siglo XlX y comprender su realidad.

Angelino Lizares Quiñones Alarcón
Hubo dos hermanos, el primero José Luis Quiñones, llego a ser ministro de estado, prefecto de Puno y plenipotenciario del Perú en Bolivia durante el primer año de la guerra contra Chile, no usaba su apellido paterno (se decía que era hijo de sacerdote); el segundo su medio hermano de parte materna José María Lizares Quiñones, se hizo coronel y después parlamentario. Ambos dominaban Azángaro; José María el más despiadado prometió un batallón para combatir a los españoles en 1866, hizo una leva abusiva y se trajo a Lima un batallón que llegó cuando los españoles ya se habían ido de nuestras costas, pero por el "esfuerzo" el jefe provisorio general Prado otorga a José María Lizares el grado de coronel, sin haber disparado un solo tiro.

Al regresar a Puno Lizares Quiñones hace su gran negocio, este consistía en dejar en libertad a los conscriptos, y a cambio de esa libertad pedía la cesión de sus derechos de las tierras que ancestralmente les correspondían. Así amplió su hacienda de Muñani Chico y Tintiri con las enormes extensiones de Añaypampa, Jilahata, Choquechambi y Cayacallani. Justamente Tintiri fue prueba de uno de los actos más vergonzosos del clan Quiñones; edificaron un templo con una bula papal falsa con el propósito que los indígenas dejen diezmos, y se cobre por enterrar a sus muertos.

Su hermano José Luis cuando fue prefecto de Puno y jefe político y militar del departamento mandó flagelar en mayo de 1878 a varios de los soldados que prestaban servicio, y el diario El Comercio denunciaba el hecho. Antes que destituirlo, el presidente general Prado pensaba ponerlo como prefecto del Callao, pero finalmente resolvió premiarlo como ministro plenipotenciario del Perú en Bolivia.

La tragedia de Puno no es de hoy, viene cargándose año tras año y en el pasado reciente no ha tenido representantes que hayan sabido encumbrar la importancia de un territorio tan entrañable, para la historia del Perú. Desgraciadamente la guerra contra Chile, así como otros acontecimientos, hacen que la memoria histórica de todo un pueblo no se tome en cuenta tan solo para ocultar intereses particulares.

Una vez restablecida la tranquilidad pública espero estar en Puno y entregarle una parte de su historia, realizada en mi texto Cartas de Guerra y Gobierno, en la cual Puno y Azángaro son el centro de la historia, historia que no debe olvidarse para no volverse a repetir. ■

REVISTA DIGITAL ALTIPLANIA Nº 11. PRONTA PUBLICACIÓN

 


domingo, 27 de octubre de 2024

PERSONAJES PUNEÑOS NOTABLES

 EZEQUIEL URVIOLA,

EL PROFETA PROLETARIO

Wilfredo Kapsoli Escudero*

Tomado de BRISAS, septiembre 2024

En los años veinte, en Azángaro, Puno, surgió el líder combativo de los campesinos que predicó los postulados de Mariátegui en defensa de los indígenas.

E

n nuestro libro Los Mo­vimientos Campesinos en el Perú 1879-1965 pu­blicado por la Editorial Deiva Editores, dimos a conocer un esbozo biográfico de Ezequiel Urviola y Rivero escrito por nues­tro recordado amigo Antonio Rengifo Balarezo. Él hace una lectura cronológica de la vida de este líder combativo de los cam­pesinos de Puno. Indica que nació en Muñani (Azángaro) el año 1891 donde realizó sus estudios prima­rios. Su extracción social es la clase media y su adolescencia lo pasó en la ciudad de Azángaro haciendo estudios en el colegio de cuya cotidianeidad y testimonio a Lizandro Luna quien dice: “En el aula, Urviola fue un temperamento eutrapélico, un muchacho aplicado y machacón, lo llamábamos Copérnico” (por ser jorobado y parecerse al polaco físicamente).

Nosotros en nuestro libro Ayllus del Sol Anarquismo y Utopía Andina lo consideramos el Illa que según José María Argüedas es una palabra quechua que representa a los seres u objetos deformes, como por ejemplo una mazorca de maíz con granos de color, una piedra de apariencia extraña, apreciada por sus virtu­des mágicas y sagradas, su origen es producto de los rayos y relámpagos andinos. Posteriormente estudiando el tercer año de se­cundaria en el Colegio San Carlos de Puno, y su amistad con Emilio Romero, quien recuerda a Urviola de la siguiente manera:

“Era un tipo simpático, muy cordial, lleno de gran ternura. Había que tratarlo con mucho cuidado ya que tenía una dificul­tad en la espalda y también en el pecho. Es por ello que casi todos le decíamos “el ccopo", expresión aimara que significa jorobado. Urviola era chico, usaba anteojos. Yo tuve la suerte de ser amigo de él porque siempre lo traté con mucho cariño y casi todo el co­legio hacía lo mismo porque era magnífico como amigo”.

Cuando estudiante universi­tario que se preparaba para ser abogado con un conjunto de ami­gos prepararon un homenaje a los indígenas por el Día del Cam­pesino, es ahí cuando se deciden hacer una representación teatral en la que se escenificaba la vida de los pongos en las haciendas cusqueñas. Urviola asumió hacer dicho papel, desplazándose con chullo, ponchos, ojotas y faja de tela en la cintura. Fue humillado y maltratado por los administradores y gamonales que asumían aquel papel de amos. Urviola asumió dicho rol con tal entrega que prácticamente se mimetizó y al término del espectáculo dijo que he encontrado mi camino y seré la representación del indio de por vida luchando por recuperar las tierras y aniqui­lar a los patrones, rápidamente optó por la ideología anarquista y paraba haciendo prédicas a favor de dicho postulado con los lemas constantes abajo el chancho burgués y muera el gamonalismo, también se incorporó al Comité Pro Derecho Indígena Tahuantinsuyo y asistió a los congresos indígenas que se realizaban en Lima, es ahí cuando entabló amistad con Pedro Zulen y José Carlos Mariátegui, cuyos testimonios re­producimos a continuación (Carta de Dora Mayer a Mariátegui 07 de febrero 1927) :

1. “Recuerdo nuestro encuen­tro en el Tercer Congreso Indí­gena, hace un año. El estrado y las primeras bancas de la sala de la Federación de Estudiantes estaban ocupadas por una polí­croma multitud indígena. En las bancas de atrás, nos sentábamos los dos únicos espectadores de la Asamblea. Estos dos únicos espectadores éramos Zulen y yo. A nadie más había atraído este debate. Nuestro diálogo de esa noche aproximó definitivamente nuestros espíritus”

2. “Y recuerdo otro encuen­tro más emocionado todavía; el encuentro de Pedro S. Zulen y de Ezequiel Urviola, organizador y delegado de las federaciones indí­genas de Puno, en mi casa, hace tres meses. Zulen y Urviola se complacieron recíprocamente de conocerse. “El problema indígena -dijo Zulen- es el único problema del Perú”.

3. “Zulen y Urviola no volvie­ron a verse. Ambos han muerto en el mismo día. Ambos, el inte­lectual erudito y universitario y el agitador oscuro, parecen haber tenido una misma muerte y un mismo sino”

4. “Ya no es tiempo de pensar en ensayar otra vez el método así definido. Se imponen otros cami­nos. Y esto no lo afirman sólo los conceptos sino los hechos que re­quieren ahora nuestro examen. Las reivindicaciones indígenas, el movimiento indígena, que hasta hace dos años tuvieron un extraordinario animador en un oscuro indio, Ezequiel Urviola, rechazan la fórmula humanitaria y filantrópica. Valcárcel escribe: “Pro - Indígena, Patronato, siem­pre el gesto del señor para el esclavo, siempre el aire protector en el semblante de quien domina cinco siglos. Nunca el gesto seve­ro de justicia, nunca la palabra de justicia, nunca la palabra viril del hombre honrado, no vibra­ron jamás los truenos de bíblica".

5. "El problema indígena no puede, pues, ser considera­do hoy con el criterio de hace pocos años. La historia parece marchar a prisa en nuestro país, como en el resto del mundo, de dos lustros a esta parte. Muchas concepciones, buenas y válidas hasta ayer no más, no sirven hoy casi para nada. Toda la cuestión se plantea en términos radical­mente nuevos, desde el día en que la palabra reivindicación ha pasado a ocupar el primer lugar en su debate.

6. "Recuerdo el imprevisto e impresionante tipo de agitador que encontré hace cuatro años en el indio puneño Ezequiel Ur­viola. Este encuentro fue la más fuerte sorpresa que me reservó el Perú a mi regreso de Europa, Urviola representaba la primera chispa de un incendio por venir. Era el indio revolucionario, el indio socialista. Tuberculoso, jo­robado, sucumbió al cabo de dos años de trabajo infatigable. Hoy no importa ya que Urviola no exista. Basta que haya existido. Como dice Valcárcel, hoy la Sie­rra está preñada de Espartacos".

7. "Fue Ud, amigo mío, direc­tor de Amauta, quien escribió en Mundial, el 6 de febrero de 1925, sobre una noche con Zulen en el Tercer Congreso Indígena, y sobre un encuentro de Zulen y Urviola en casa de Ud. Allí cita la palabra de Zulen: "el problema indígena es el único problema del Perú".

8. "Ud. tiene que continuar el hilo de las ideas que brotaron en su mente en aquellas dos ocasio­nes memorables, y volvieron a su imaginación a la hora solemne de la desaparición de Zulen del cam­po material de batalla".

Zulen y Urviola fallecieron el mismo día y partieron juntos al cementerio. A Zulen lo acompa­ñaron intelectuales y profesores de la época, mientras que Urviola fue conducido por una multitud de indígenas e incluso un dirigen­te que se fugó de El Frontón para despedirse de su amigo motivan­do la protesta y la persecución contra los dictadores indígenas, anarquistas y socialistas.  

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*Historiador y profesor universitario