TREGUA DE CRISTAL
Todas las señales apuntan a que, tras las
fiestas y celebraciones, el país podría asistir a nuevas jornadas de
provocación, violencia y represión. Esa es la agenda confirmada de los grupos
que tienen el control de la situación en el interior del país.
Eloy
Marchan
En
HILDEBRANDT EN SUS TRECE Nº 617 23DIC22
La
presidenta Dina Boluarte y el Congreso caminan por la cuerda floja. La “tregua
navideña” tiene, al menos por ahora, fecha de caducidad. En las regiones donde
se suscitaron las manifestaciones más violentas han interpretado el adelanto
de elecciones generales para abril del 2024 como una burla. Tampoco “perdonan”
que en el gobierno nadie se haga cargo de los muertos que dejaron las
protestas de las dos últimas semanas.
El
último miércoles en Andahuaylas hubo una reunión de las bases donde se acordó
seguir con las “manifestaciones”. En Arequipa, ayer jueves, hubo un mitin
pidiendo que las nuevas elecciones se celebren el 2023. En Ayacucho, donde
fallecieron diez personas, continuarán con “marchas blancas”. Y en Cusco, que
registra todavía vías bloqueadas, ya le han puesto fecha a los próximos paros:
arrancarán después de las fiestas navideñas.
“Lo que
nosotros queremos son elecciones generales lo más antes posible. No en el 2024.
Y para eso pedimos la
renuncia inmediata de Dina Boluarte, que haya una mesa directiva de transición
en el Congreso, para que así se convoque a elecciones y asamblea constituyente
en un máximo de seis meses”, dice Fredy Llayque, vicepresidente del autodenominado
Frente de Defensa de la provincia cusqueña de Espinar.
Llayque
señala que en su provincia no han levantado el bloqueo de las vías y que, luego
de navidad, radicalizarán las medidas. Sumarán al pliego de reclamos la
paralización total de las actividades de la mina Antapaccay-Glencore porque “comete
abusos”. Llayque es de los que pide la libertad de Pedro Castillo porque “ha
sido sembrado”, pero precisa que no es la demanda principal en su provincia.
Si las
exigencias de Llayque suenan radicales, las de los dirigentes de Sicuani lo
son más aún. Él último miércoles decenas de personas marcharon por la Plaza de
Armas gritando “¡Guerra civil! ¡Ahora sí!”. En Sicuani, hasta el cierre de esta
edición, solo se permitía el tránsito de vehículos con carácter humanitario.
Hoy viernes habrá una reunión de las bases en la Casa del Campesino para tomar
nuevas acciones.
A 357
kilómetros al sur de Sicuani, en la capital de Arequipa, hay un movimiento que
exige la fundación de la “República
Peruana del Sur”. El anuncio lo hizo Felipe Domínguez, presidente del
llamado Frente de Defensa del Cono Norte de Arequipa. En conversación con este
semanario, Domínguez asegura que no es una idea original suya y le endilga el
crédito a los “hermanos de la región Puno”.
“Este
gobierno es usurpador y criminal, por eso entramos en una posición de rebeldía,
de desconocimiento de Dina Boluarte como presidenta. Ella ha complotado con un
aparato compuesto por el poder militar”, dice Domínguez, quien asegura
representar a 250 mil arequipeños.
El
discurso de este frente no es nuevo. Dice que el objetivo de retrasar las
elecciones al 2024 es renovar los contratos a las empresas internacionales “y
entregar todos los recursos naturales que hay en las regiones del sur”.
Domínguez
es un trajinado político que ha postulado frustradamente dos veces a la
alcaldía de Cerro Colorado. También fracasó cuando intentó con una candidatura
al Congreso. Ha militado en Arequipa Primero, Vamos Vecinos y hasta septiembre
del 2021 estuvo en las filas de Renovación Popular, el partido de Rafael López
Aliaga.
El mapa
de la “República Peruana del Sur” comprendería Ayacucho, Apurímac, Cusco,
Madre de Dios, Arequipa, Puno, Moquegua y Tacna. La próxima semana se llevará a
cabo una reunión en Arequipa para formar un presunto “comité independentista”.
La catalanización de ciertos arequipeños influidos por puneños parece parte de
una comedia costumbrista.
PUNO, VANGUARDIA EN LA LUCHA
En la
región del Misti hay, sin
embargo, voces “más mesuradas”. Moisés Panocca, secretario regional del
Sutep, por ejemplo, dice que el adelanto de elecciones que aprobó el Congreso
el miércoles es un avance. Pero hasta ahí llega la ponderación. Panocca reclama
un referéndum para consultar el asunto de la asamblea constituyente. “Lo que
queremos cambiar es todo el capítulo económico que nos hace mucho daño”, dice.
En
Apurímac, la región donde nadó Dina Boluarte, la tregua es de cristal.
Los
tres dirigentes más importantes de Abancay han permitido la reactivación del comercio
y la vuelta al trabajo para no “perjudicar la campaña de Navidad” de los comerciantes,
pero continuarán con “protestas permanentes”. Y una vez se acabe la temporada
del panetón “retomarán y continuarán con las medidas radicales debido a que el
Congreso y el Ejecutivo se aferran al cargo”. Hay que precisar que esta
decisión cuenta con el visto bueno de las dirigencias moderadas. Los radicales
no acatarán el armisticio.
Todos
los días las ciudades de Abancay y Andahuaylas amanecen llenas de panfletos
anónimos llamando “usurpa dora” a
Boluarte y “carnicero” a José Williams. Los volantes anónimos piden la
insurgenda popular y no dialogar con “el gobierno usurpador”.
Marcelino
Huaraca, periodista del diario “Expresión” de Andahuaylas, cuenta que las
comunidades de su región se han organizado para hacer movilizaciones todos los
días y así mantener “viva” la protesta. Huaraca refiere que las manifestaciones
no tienen un líder y que las bases han pedido que si el gobierno desea un
diálogo, será con todos y no con una comitiva.
Seis
del total de fallecidos durante las protestas son apurimeños, dos de ellos
menores de edad. Las muertes fueron por proyectiles salidos de armas de fuego
de la Policía. Huaraca estuvo presente en los enfrentamientos que se dieron
el lunes y martes de la semana pasada en el aeropuerto de Andahuaylas.
“El
accionar fue abusivo por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía. No fue el
personal de Andahuaylas sino el que vino desde Lima. Yo he visto los casquillos
de los disparos", dice Huaraca. “Hoy -añade- hay mucho dolor en la población.
Sienten que ocurre lo de siempre: nadie asume la responsabilidad de las
muertes”.
La
semana pasada las inmediaciones de los aeropuertos del sur del país se
convirtieron en frentes de batalla. En la base aérea de Ayacucho perecieron
nueve ciudadanos. El fotorreportero Miguel Gutiérrez fue testigo del
enfrentamiento que se dio el jueves 15. Dice que la Policía emboscó a los manifestantes que pretendían
tomar el aeropuerto y disparó a matar.
Gutiérrez
cuenta que el jueves 15 la población iba a protestar pacíficamente en la plaza
de armas de Huamanga, pero al promediar las dos de la tarde acordaron ir al
aeropuerto.
“A mi
parecer fue una emboscada. Primero los botaron del aeropuerto, pero luego los
dejaron entrar y esperaron a la que gente se juntara para comenzar a disparar.
Una chica fue baleada en el rostro, un joven tenía una bala en la mandíbula”,
cuenta Gutiérrez.
En
Ayacucho ningún dirigente de las protestas quiere hablar sobre las medidas que
tomarán en las próximas semanas. Ayer jueves Huamanga amaneció despejado y a
lo largo del día se llevaron a cabo “marchas blancas”. Los de Ayacucho
fallecieron por las heridas mortales de los proyectiles. La primera víctima
mortal fue un menor de edad. El último deceso se registró el miércoles. Se
llamaba Jhonatan Alarcón Galindo. Tenía 19 años y llevaba seis días en UCI.
Ninguno
de los muertos de las protestas tenía antecedentes por terrorismo u otro
delito.
El
velorio y entierro de las víctimas ayacuchanas apareció en la portada del “The
New York Times” del lunes 19.
“Las
protestas en Perú reflejan la creciente frustración en gran parte de América
Latina, una región rica en recursos naturales, donde la riqueza a menudo no
llega a los pobres”, dijo el diario norteamericano.
El
último enfrentamiento entre policías y manifestantes se dio el lunes en el
distrito de Chala, en la provincia arequi- peña de Caravelí. El resultado fue
un muerto: Xavier Can clamo Dasilva, de 30 años.
Chala
es epicentro de la minería informal en la costa sur del país y casi la
totalidad de los protestantes, como Candamo, se dedican a esta actividad. El
enfrentamiento entre las fuerzas del orden y los mineros fue por la liberación
de un trecho de la Panamericana Sur. El pliego de reclamos, sin embargo, es
sustancialmente distinto. Aquí no quieren oír hablar de un nuevo contrato
social.
Víctor
Chanduví, presidente de la Central Nacional Minera (Cenami), refiere que en
Chala no hubo un fallecido sino siete. “Esa es la información que manejamos.
Hay videos de, por lo menos, dos fallecidos más. Los cuerpos fueron levantados
por la policía”, dice Chanduví.
El
presidente de la Cenami señala que ellos salieron a protestar para reclamar
elecciones generales y por la flexibilización de los procesos de formaliza-
dón.
Al
cierre de esta edición, en Puno comenzaba a calentarse la temperatura soda!.
El impulsor de las protestas es Amador Núñez, presidente del Frente de
Organizaciones Populares, quien sostiene que son cuatro las demandas sin lugar
a negociación: cierre del Congreso, renuncia de Dina Boluarte, nuevas
elecciones el 2023 y asamblea constituyente. Núñez habla como si fuera un
gobernador elegido por amplia mayoría.
Esta
publicación le pidió una entrevista a Núñez, pero el dirigente se negó a
declarar porque “no habla con prensa nacional” y sostiene que somos operadores
del sistema de inteligencia del gobierno. Es el típico discurso insultante del
Movadef y sus apologistas.
Otro
dirigente puneño, Román Machaca Larico, dice que en su región se ha acordado
dar una tregua al gobierno hasta el 4 de enero. “La región Puno exige
elecdones, pero para abril del 2023. Abril del 2024 es muy lejos, son casi dos
años. También queremos la asamblea constituyente. Esos son puntos
innegociables porque ya son bandera en la región”, dice Machaca.
El
dirigente social, excandidato a la alcaldía de San Román por el Frente Amplio
de Puno, añade: “Todo el gabinete ministerial de Dina Boluarte está descalificado
y acá tipificado como golpista, que se ha conchabado con la mafia fujimorista”.
En cuanto a la libertad de Pedro Castillo, Machaca le resta importancia y dice
que en Puno sólo le interesa a “un sector magisterial reduddo”.
En
Virú, La Libertad, donde también hubo protestas y un muerto, el dirigente
Felipe Arteaga, del Frente de Defensa, señala que la apuesta de sus paisanos
es por la asamblea constituyente. Sostiene también que apoyarán todas las
medidas de lucha que propongan los dirigentes del sur del país.
“Hemos
suspendido las protestas hasta el 1 de enero. Si no hay asamblea
constituyente, así cambiemos dos o tres presidentes, el problema seguirá. El
problema es el sistema, tenemos una Constitución que ha sido aprobada para
beneficiar a un grupo de empresas y no para el pueblo peruano”, dice Arteaga.
Ayer
jueves la Asociación Interétnica del Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep)
decidió también plegarse a las protestas. Están en desacuerdo con las
elecciones para el 2024 y piden una asamblea constituyente.
“Los
grandes terroristas son el Congreso, la prensa, lo que encabeza Dina Boluarte,
el Ejército y la PNP”, dice Jorge Cline Chauca López, presidente de la
Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central (ARPI-SC).
El mapa
político del país vive una de las mayores tensiones de las últimas dos décadas.
¿Cómo llegamos a esta situación de convulsión social? Para el sociólogo Ornar
Coronel, profesor de la PUCP y especialista en movimientos sociales, es
importante separar dos momentos: uno inicial donde los protagonistas eran los
bloques afines a Pedro Castillo y otro que comenzó cuando el gobierno ordenó la
represión policial y militar.
“El
principal catalizador de las protestas ha sido la represión, además de
la ambigüedad con el adelanto de elecciones. Si Dina Boluarte hubiera dicho
desde un inicio que su gobierno era de transición, que iba a haber un
cronograma para las elecciones, probablemente esto no hubiera escalado a los
niveles actuales”, dice Coronel.
“Hay un
quiebre del sistema de representación. Hemos estado viviendo veinte años en
una democracia sin partidos y eso significa que el sistema representativo, que
es la base de la democracia y la república, no está funcionando -añade
Coronel-, La gente protesta porque siente que no tiene ningún representante en
el sistema formal;
¿Por
qué la bandera de la libertad de un golpista cuya administración resultó un
desastre ha calado en un sector de ciudadanos?
“Pedro
Castillo es proyectado con el patrón cultural. Se construye en la imaginación
de la gente como ‘uno como nosotros’. Uno de esos ‘nadies’ que, pese a la
campaña de humillación y estigmatización, logró ser elegido y representar la
voluntad popular de los ‘nadies’”, sostiene el historiador José Carlos Agüero.
El
miércoles el politólogo Rodrigo Barrenechea tuiteó que el Perú lo componen “ciudadanos
que no se reconocen entre sí, pero intercambian en el mercado”. En la misma
línea, Alberto Vergara dijo hace un tiempo que como país somos “un éxito
neoliberal y un fracaso republicano”. Parece a que la ecuación ha dejado de
comportarse como fórmula magistral. De no poner en marcha una estrategia
política para contener la frustración acumulada durante las últimas décadas,
Boluarte tendrá el tiempo justo para digerir el pavo navideño antes de que el
país vuelva a convulsionar. ■
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