PUNO SI ES EL PERU
Bruno
Amoretti
En HILDEBRANDT EN SUS TRECE Nº 687 14MAY24
p.11
Librada
de la Fiscal de la Nación cómplice del gobierno, la investigación sobre los
autores del asesinato de 20 manifestantes en Juliaca y Macusani ya ha dado
resultados. Hay videos, balas y nombres.
Eran
las 17:48 cuando Sonia Aguilar Quispe (35) cayó súbitamente al suelo. Una bala
le había atravesado el cráneo, Murió en el acto.
A
136 metros de distancia, a la misma hora, el teniente Luisin Roque Zubizarreta
estaba disparando a través de una ventana de la comisaría contra los
manifestantes. Utilizaba un fusil AXM. Un compañero del teniente lo grabó con
su celular. En el video, mientras el teniente Roque dispara, conversaba con su
colega:
 |
| Salomón Valenzuela Chua (31). Una bala de 7.62 mm le perforó la espalda Solo se había acercado a curiosear. Sonia Aguilar Quispe (35) salió temprano de casa en Macusaniel 18 de enero del 2023 para participar en las protestas. Una bala le atravesó el cráneo y murió en el acto. |
-"Sí,
cerca le has dado (...), se han metido", dice su interlocutor.
Los hechos ocurrieron en el distrito de Macusani (Puno) el 18 de enero del 2023. Nueve días antes, en Juliaca la Policía había arremetido contra los manifestantes que rechazaban el gobierno de Dina Boluarte. La embestida de la PNP terminó con la vida de 18 puneños. Dos semanas después, en Macusani, fueron dos.
Una hora más tarde de la muerte de Sonia Aguilar, a las 18:30, una bala de 7,62 mm atravesó la espalda de Salomón Valenzuela Chua (31). Estaba en La misma zona que su paisana. Salomón no se había sumado a las marchas, sólo se había acercado a curiosear. Llegó con vida al centro médico y agonizó hasta el día siguiente.
El
pasado 16 de mayo la fiscal Mirela Coronel formalizó la investigación contra 24
policías por Las muertes de Sonia Aguilar y Salomón Valenzuela. Se les acusa de
ser presuntos "coautores" del delito de homicidio. Podrían recibir una
condena de hasta 15 años de cárcel.
Para
armar el rompecabezas y reconstruir qué ocurrió aquella tarde en Macusani, la
fiscal recabó videos, fotografías y testimonios. A este material se sumaron
informes forenses y peritajes de las trayectorias de Las balas. La conclusión
fue que ambas víctimas habrían muerto por las heridas que les causó la munición
policial.
Aquel
18 de enero del 2023, alrededor de las 10 de la mañana, unos 500 macusaneños
empezaron a juntarse en diferentes puntos de la localidad. A las 16:45 un grupo
de 20 personas se ubicó en el cerro Patapampa y empezó a lanzar piedras y explosivos
artesanales contra la comisaría.
El
comandante Freddy Arellano Mendoza al frente de este puesto Policial, advertido
desde temprano de la protesta, asignó fusiles de asalto AKM y Hedder & Koch
G3 a ocho suboficiales y pidió a sus superiores un refuerzo de 36 policías. El
apoyo llegó el mismo día también con armas de combate de uso militar.
"El
personal policial habría hecho uso del armamento de largo alcance con dirección
hacia la elevación Patapampa hasta las 19:30 horas, no solo en forma disuasiva,
sino en dirección al lugar exacto donde se encontraban los manifestantes, inclusive
con dirección a las viviendas que se encontraban en dicho lugar", señala
la fiscal en el expediente,
Según
el documento, la prueba clave para identificar al autor directo del disparo que
acabó con la vida de Sonia Aguilar es un video que grabó un agente del orden
desde el dormitorio de oficiales de la comisaría de Macusani.
En
la grabación se puede ver al teniente Luisin Roque Zubizarreta apoyando su
fusil AKM sobre una ventana.
Roque
conversa con otras tres personas que, según la Fiscalía, serían los
suboficiales Ángel Linares Zegarra, Guido Hancco Flores y Luis Alberto Choque.
Durante
todo el video se escuchan varios disparos de fusiles de asalto. El oficial Roque,
en el segundo 31 de la grabación, dice: "No quiero que salgan los de la
casa", y a continuación jala el gatillo y dispara con dirección a los manifestantes.
En otro momento, uno de los agentes dice: "Están jugando a la guerrita...
Estos hijos de puta".
Sonia
Aguilar había salido muy temprano de su casa, junto a una amiga, para unirse a
las protestas.
La
Fiscalía determinó que, según las cámaras de seguridad de la zona, Sonia
"no estaba empleando violencia o armas que representen un real peligro de
causar la muerte o lesiones graves a los efectivos policiales".
La
necropsia de Aguilar arrojó que la mujer de 35 años falleció por un disparo de
arma de fuego calibre 7.62mm. Según un examen balístico de la Fiscalía, los
policías de Macusani usaron municiones de fusiles de asalto con el mismo
calibre.
Otros
dos peritos del Ministerio Público concluyeron en sendos informes que "existen
indicios razonables para presumir que Salomón Valenzuela y Sonia Aguilar fueron
víctimas de lesiones por PAF tipo perforante por efecto de disparos a larga distancia
dirigidos desde la comisaría de Macusani".
La
Fiscalía considera que el teniente Luisin Roque es presunto coautor" de la
muerte de Sonia Aguilar al "haber hecho uso indiscriminado de su arma de
fuego". Falta el resultado de la prueba de homologación para determinar a
ciencia cierta si la bala que se rescató del cráneo de Aguilar salió de la AKM
que utilizó el teniente Roque.
Esta
pericia recién se realizó en enero de este año debido a las dilaciones que ha padecido
toda la investigación.
"Patricia
Benavides entorpeció las investigaciones cambiando hasta cinco veces a los fiscales
a cargo del expediente. Hemos avanzado en tiempo récord, pero aún falta dar
pasos importantes. Esto no va a quedar impune", dice César Quispe Calsín,
abogado de las familias de las víctimas en Puno.
JULIACA
El
Ministerio público también ha formalizado la investigación contra 19 agentes del orden que fueron protagonistas de
las muertes de 18 civiles durante la represión ocurrida en el aeropuerto de
Juliaca el 9 de enero del 2023.
Se
trata de 16 policías y 3 militares que la Fiscalía investiga como presuntos "autores
de comisión por omisión" de los delitos de homicidio con alevosía,
lesiones graves y lesiones leves.
"Esta
figura legal sirve para que los altos mandos sean juzgados por no detener los
disparos contra los ciudadanos. De acuerdo con sus funciones, ellos tenían la
obligación de detener la represión, pero no lo hicieron", dice César
Quispe.
 |
| El general EP Manuel Alarcón Elera, excomandante general de la Cuarta Brigada de Montaña del Ejército (izquierda) y el general PNP David Villanueva Yana, exjefe de la X Macro Región Policial de Puno (derecha. Ambos son investigados por los resuntos delitos de homicidio con alevosía, lesiones graves y lesiones leves. |
Encabeza
la lista el general PNP David Villanueva Yana, exjefe de la X Macro Región
Policial de Puno; el general EP Manuel Alarcón Elera, excomandante general de
la Cuarta Brigada de Montaña del Ejército, y el coronel (r) PNP Julio Mauricio
Contreras, exjefe de la Región Policial de Puno. De ser condenados, podrían purgar
una condena de 25 años de cárcel.
Entre
los altos mandos también se encuentran otros jefes operativos de las Unidades
de Servicios Especiales (USE) de Lima, Juliaca, Cusco y Arequipa.
La
"criminalización de la protesta", según afirma la Fiscalía, fue una
orden impulsada desde las altas esferas del gobierno y pone el foco en los
jefes militares y policiales acantonados en Juliaca, en Dina Boluarte y su
gabinete.
"La
primera mandataria expresaba su desprecio por los manifestantes y las protestas
sociales que se promovieron en su contra, (fue) una especie de marginación para
la población del interior del país", concluye la fiscal Chávez en el
expediente. <>
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