CÒMO DESAPARECIÒ
LA PAGINA ONCE
Por Héctor Bejar Rivera DIARIO UNO 1 octubre, 2018
Dueña ilegal
de los yacimientos de La Brea y Pariñas en virtud del írrito Laudo de 1929 y
sin pagar impuestos, la International Petroleum Company, IPC, obtuvo leyes
favorables en 1941 con el gobierno de Prado y en 1952 con el de Odría.
Pagó periodistas que se encargaron de
atacar a quienes discutían el Laudo, sobornó jueces y creó un poder intocable e
impune que se expresó por medio del diario La Prensa de Pedro Beltrán y sus
editorialistas.
Luis Miró Quesada y El Comercio
asumieron la defensa de los intereses nacionales junto con Alberto Ruiz
Eldredge, decano del Colegio de Abogados, el general César Pando Egúsquiza,
presidente del Comité de Defensa del Petróleo, Alfonso Benavides Correa y
centenares de personalidades de todos los sectores. Hay que hacer justicia a
Germán Tito Gutiérrez, Augusto Zimermann Zavala, Efraín Ruiz Caro, Santiago
Agurto Calvo y muchos otros ciudadanos que sostuvieron la lucha ideológica y
jurídica contra la prepotencia de la IPC.
Los impuestos se habían acumulado por
más de 30 años. El decano del Colegio de Contadores de Lima Juvenal Santa Cruz,
apenas fue nacionalizada la empresa por decisión de las Fuerzas Armadas,
declaró que solo en los últimos quince años antes de 1968, los adeudos de la
IPC llegaban a los 144 millones de dólares y los yacimientos no alcanzaban a
saldar lo adeudado.
LOS NOVENTA DÍAS
Entreguismo frustrado |
Envió al Congreso un proyecto de ley
que declaraba nulos el Acuerdo, Convenio y Laudo de París. El Congreso lo
aprobó sin mayores detalles, pero no se pronunció sobre los impuestos que se
debían ni sobre la presencia de la refinería en manos de la IPC.
Mientras tanto, se permitía a la IPC el
desmantelamiento de sus instalaciones y la exportación de sus capitales a su
central la Standard Oil. Nadie decía nada en el gobierno por temor o
complicidad con los Estados Unidos.
El general Juan Velasco Alvarado fue
nombrado Comandante General del Ejército y presidente del Comando Conjunto. El
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas seguía de cerca el curso de los
acontecimientos. Con un grupo de coroneles: Rafael Hoyos Rubio, Enrique
Gallegos, Leonidas Rodríguez y Jorge Fernández Maldonado, Velasco ordenó la
elaboración del Plan Inca para la transformación del Perú mientras se discutía
el Acta de Talara.
El Plan Inca decía en la parte
correspondiente a petróleo: “1) Anular el contrato suscrito el 12 de agosto de
1968 con la IPC así como el Acta de Talara y todas las acciones conexas; 2)
expropiar los bienes de la IPC y cobrarle los adeudos al Estado”.
El directorio de la EPF estaba formado
por representantes de la Federación Nacional de Colegios de Abogados, la
Sociedad Nacional de Industrias, del Colegio de Ingenieros y por el general
Alberto Maldonado Yáñez, delegado del Comando Conjunto de la Fuerza Armada, que
mantenía informado a Velasco, presidente del Comando Conjunto, de todo lo que
iba sucediendo.
TODO PARA LA IPC
El primero de agosto se iniciaron las
conversaciones del gobierno con la IPC. Participaron el ministro de Fomento
Pablo Carriquiry, el gerente de la EPF Carlos Loret de Mola, el gerente de la
IPC Fernando Espinoza y el subgerente Eduardo Elejalde.
Lo que la IPC consiguió en esa reunión
fue que se le “obligue” a ampliar las instalaciones de Talara para refinar
80,000 barriles diarios (su producción era de 54,000 barriles) y se le
“obligue” a instalar una unidad de craqueo catalítico para mayor octanaje de la
gasolina; que se le permita fabricar lubricantes y ampliar su planta de
almacenamiento.
Además de entrar en las ventajas de la
Ley 11780 dada por Odría que le reducía los impuestos hasta la práctica
exoneración, la EPF estaría obligada a vender en exclusividad a la IPC durante
6 años el crudo que extraiga de La Brea y Pariñas. Y se concedería a la IPC ¡un
millón de hectáreas en la selva a cambio del territorio de los yacimientos!
Belaunde había nombrado como gerente de
la Empresa Petrolera Fiscal a Carlos Loret de Mola. La amistad entre ambos
provenía de los nexos pierolistas entre Rafael Belaunde, padre del presidente,
y la madre de Loret de Mola. Minero e ingeniero de profesión, entusiasmado por
los arrestos reformistas de Belaunde, Loret de Mola trabajó ad honorem en la
Junta de Obras Públicas de Lima durante cuatro años, abandonando sus negocios
particulares. Cuando no quiso aceptar el fraude de la página once lo
ridiculizaron y ni le dieron las gracias por los servicios prestados.
INTERVENCIÓN DE EEUU
Aunque a partir de la decisión del Congreso se suponía que la propiedad
de los yacimientos había pasado a la EPF, la IPC seguía comportándose como si
nada hubiera sucedido.
En la noche del 12 de agosto, Loret de Mola fue llamado a Palacio. Allí
encontró a Belaunde, el primer ministro Osvaldo Hercelles y a Fernando
Espinosa, el gerente de la IPC, con ejecutivos de la empresa norteamericana y
diplomáticos de los Estados Unidos. Una muestra de la directa intervención de
los Estados Unidos en apoyo de la IPC, intervención grosera tolerada por el
gobierno.
Amanecieron discutiendo con Espinoza el precio del petróleo crudo de los
pozos de La Brea y Pariñas, los costos de los servicios de la IPC, los costos
en energía eléctrica, maquinaria etc., para perforar y extraer petróleo.
Belaunde estaba apuradísimo para montar el show de la supuesta transferencia.
A las seis de la mañana firmaron el contrato de ventas y servicios.
Loret de Mola anotó de puño y letra, en la última página del contrato, la once,
el precio mínimo garantizado que la IPC le cobraría por barril a la EPF: ¡un
dólar y ocho centavos por barril!. Se estimaba que para que la EPF no quiebre,
el precio no debería ser inferior a los dos dólares con treinta centavos. En el
siglo XXI el barril llegó a cien dólares.
Se sacaron copias en el sistema de xerografía de la oficina de Julio
César Quintanilla secretario de la presidencia de la República y cuando se
retiraban de Palacio, el Primer Ministro le pidió las dos copias xerográficas a
Loret de Mola. No era momento para recelos y este pidió que le mandaran después
copias del contrato original.
EL ACTA DE TALARA
El 13 de agosto se firmó el Acta de Talara. Se dijo con gran despliegue
a los diarios que el Estado había recuperado La Brea y Pariñas. El Acta fue
firmada con gran pompa por Belaunde, el presidente del Senado Carlos Manuel
Cox, el presidente de la Cámara de Diputados Andrés Townsend Ezcurra y por los
altos funcionarios de la IPC.
Pasaron las semanas y Carriquiry no remitía copias del contrato. Cuando
Loret de Mola hizo petición formal por oficio a Carriquiry este respondió
despreciativamente que pida copias a la Notaría Céspedes. Finalmente, a tanta
insistencia, Carriquiry le envió una copia Xerox. ¡Tenía una página menos!
Habían desaparecido la página once donde estaban los precios y alargado
groseramente la página 10 para que entren las firmas que estaban al final del
texto. ¡Era una falsificación!
Loret de Mola se indignó. Además de que asumía una gran responsabilidad
individual al aceptar el fraude, se sentía maltratado. De acuerdo con su
directorio salió a la televisión y denunció el hecho el 13 de setiembre. El
directorio renunció en pleno.
Patriota. Loret de Mola |
Los ministros de Belaunde lo ridiculizaron. El primer ministro Osvaldo
Hercelles comentó cínicamente en una conferencia de prensa: “Ojalá que el señor
Loret de Mola no nos venga también con que se le ha perdido una página de su
renuncia”.
Hacía tiempo que Loret de Mola se había dado cuenta de que todo era una
farsa. La IPC conservaba la refinería de Talara, el sistema de distribución
nacional del combustible y las Concesiones Lima. Al quedar dueña de la
refinería, tenía la sartén por el mango como única compradora para fijar los
precios del crudo.
La EPF quedaba en la práctica como una subsidiaria de la IPC, obligada a
venderle todo el petróleo de los yacimientos. A la vez el directorio quedaba
sujeto a consultar todos sus actos al Ministerio de Fomento y el Ejecutivo
donde mandaba Manuel Ulloa, el ministro de Hacienda.
EL 3 DE OCTUBRE
El 2 de octubre renunció el primer ministro Osvaldo Hercelles.
El 3 de octubre, Belaunde fue desalojado de Palacio por las Fuerzas
Armadas. Esa mañana, Velasco leía la primera proclama revolucionaria. No se
trataba de un golpe de E Estado más, como tantos de nuestra historia. Se
iniciaba un proceso de transformaciones estructurales de verdad.
El 9 de octubre fueron ocupados por el ejército los yacimientos y la
refinería.
El Perú estalló de júbilo. Las banderas peruanas ondearon en todo el
país.
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ESA MADRUGADA DE
OCTUBRE
“Velasco
lideraba a este grupo de militares que habían tomado el poder no para defender
el orden establecido, sino para subvertirlo”.
por Eloy Jáuregui
La República, 05 de Octubre 2021
La mañana
del 3 de octubre de 1968 el Perú cambió. Por la radio se informaba que esa
madrugada se había producido un golpe militar y que las Fuerzas Armadas
detuvieron al presidente constitucional Fernando Belaúnde Terry, a quien lo
habían sorprendido mientras dormía en Palacio de Gobierno y que ahora estaba en
pleno viaje a Buenos Aires en calidad de deportado. La primera impresión era
que una vez más se había roto el orden constitucional.
Yo estudiaba
en la GUE Ricardo Palma de Surquillo y con Ponte y Perales, dos compañeros de
aula, logramos llegar a la Plaza de Armas en busca de noticias. Lima estaba
sembrada de soldados y dos viejos tanques de guerra apuntaban a Palacio de
Gobierno. Al medio día, en el atrio de la Catedral, recién me uní a un reducido
grupo de personas e intentamos gritar algo a favor de la democracia. La
protesta fue corta. La policía nos detuvo y en unos portatropa nos llevaron
hasta la prefectura de la av. España, donde me soltaron a las horas por ser
menor de edad.
Ya en horas de la noche la confusión seguía. ¿Y ahora quién es el cabecilla de la rebelión? De pronto alguien dijo su nombre: “Es el general Juan Velasco Alvarado”. Mutis, ni en pelea de perros. Velasco, piurano, había escalado con la sola ayuda de sus estudios y decisión toda la escala militar, desde soldado raso a general de división, ocupando como último cargo militar la jefatura del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Era lo que se dice un cholo, como Sánchez Cerro u Odría, otros “cachacos” golpistas, tal como lo señaló un comentarista en La Prensa.
Ya
instalado en el poder lo conocimos. Velasco lideraba a este grupo de militares
que habían tomado el poder no para defender el orden establecido, sino para
subvertirlo, para imponer cambios fundamentales en las estructuras sociales y
económicas. Era pues una dictadura militar atípica dispuesta a cambiar
radicalmente el Perú y frenar el entreguismo total del Gobierno de Belaúnde. Ya
el 9 de octubre de 1968 se nacionalizaba el complejo petrolero de La Brea y
Pariñas. Se habían iniciado las reformas que modificarían en esencia el sistema
feudal predominante impuesto por la derecha del Perú.
Pero
Velasco no sólo acabó con el oprobio y la vergüenza de vivir sin dignidad, sino
que defendió la soberanía de nuestra patria y alentó a identificarnos con
nuestros valores culturales y artísticos. De esa fecha ya pasaron 53 años y
pocos recuerdan a Velasco. Qué honor ser esa memoria y esa minoría. <>
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