¿CUÁNTAS MUERTES MÁS QUIEREN?
Por: Marisa Glave
“La
amenaza de Boluarte, preguntando ‘¿cuántas muertes más quieren?’, ante la
reactivación de las protestas, es una señal más de su mando sobre las acciones
represivas del Gobierno”.
Las
últimas declaraciones de la señora Boluarte son una amenaza
contra la ciudadanía que se organiza para ejercer su derecho a la protesta. Es
una abierta demostración de un ejercicio autoritario del poder, basado en
la fuerza de las armas y no en la legitimidad social.
Con
menos de 15% de aprobación, la sobrevivencia de Boluarte en el
poder depende exclusivamente del beneplácito de la componenda política
congresal y de la acción represiva de las fuerzas del orden. Ambas condiciones
son inestables y lo sabe bien la actual ocupante precaria de Palacio de
Gobierno.
El Congreso tiene una agenda propia con dos objetivos. Por un lado, el copamiento institucional, del que ya hemos hablado y que tiene como últimas víctimas los organismos electorales —en particular el Jurado Nacional de Elecciones— y la Junta Nacional de Justicia. Por el otro, la bicameralidad como mecanismo de continuidad.
La
compraventa de votos en el Congreso es intensa estos días. El cogoteo de Alva
en cámaras —su verdadero retrato— es solo una expresión de lo que pasa en los
pasillos congresales todos los días. El objetivo es lograr a como dé lugar
87 votos para evitar un referéndum. ¿Por qué? No solo porque en general la
bicameralidad no es la propuesta más popular, sino porque esta versión supone
crear un Senado hiperpoderoso, uno que no podrá disolverse bajo ningún concepto
y que tendrá hegemonía limeña, pues, como se sabe, el voto por distrito
único privilegia la representación de las circunscripciones más grandes y Lima,
no lo olvidemos, concentra el 30% de la población. Se pretende con este cambio
bloquear los caminos institucionales a las propuestas de cambio que vienen
desde las demás regiones y provincias del país.
Estarían
por lograr pronto los votos. Boluarte les es útil solo mientras duren estas
negociaciones, luego es desechable. De hecho, Boluarte es un costo
electoral. La mejor evidencia es la última declaración de la señora
Fujimori, tratando de desmarcarse de este Gobierno. Es evidente que no quiere
cargar con un peso muerto.
Por
otro lado, las declaraciones de Boluarte y Otárola echando toda la
responsabilidad de las más de 60 muertes a la PNP y a las FF.AA. son
también una señal de alerta para los oficiales encargados de reprimir a la
ciudadanía. No es solo la justicia peruana, son organismos
internacionales los que observan con detenimiento la violación de derechos
humanos en nuestro país desde el 7 de diciembre. La amenaza de Boluarte,
preguntando “¿cuántas muertes más quieren?”, ante la reactivación de las
protestas, es una señal más de su mando sobre las acciones represivas del
Gobierno. Ojalá que quienes reciben las órdenes sean conscientes de la carga de
responsabilidad que les echarán encima.<>
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