PUNO EN LOS HECHOS DE LA COYUNTURA POLITICA

“NO NOS RENDIMOS"

Dirigentes de la protesta expresan desde Puno su convicción de que el gobierno no representa los intereses de la región y que la lucha por sus derechos no puede parar. La paz aparente y obtenida por la fuerza puede ser la antesala de una nueva arremetida altiplánica

Ricardo Velazco

En: HILDEBRANDT EN SUS TRECE Nº 623 17FEB23

“El puneño no se rinde fá­cilmente. Al puneño no se le mete balazo pensando que ya, se va a quedar ahí porque se rindió. Puno siempre ha sido una región bien organizada, eso tienen que tenerlo bien en claro los que nos están arre­metiendo. Ellos pueden pen­sar que estamos arrinconados, pero somos luchadores que no se rinden”, dice Félix Suasaca, uno de los líderes más visibles de la protesta puneña contra el gobierno de Dina Boluarte.

El domingo pasado los diri­gentes puneños aplaudieron la decisión de “persistir en la lu­cha y enviar más delegaciones a Lima”. La medida fue apro­bada por el Comando Nacional Unificado de Lucha del Perú (CONULP), organizadora de buena parte de los paros en todo el territorio.

Hace un mes y medio que Puno es el epicentro de esta guerra no declarada que en­frenta al sur del país con Lima. El desasosiego social en esta región, sin embargo, lleva déca­das corroyendo a la ciudadanía.

Según el Instituto Peruano de Economía, la región se en­cuentra en los últimos puestos de competitividad nacional en temas como entorno econó­mico, infraestructura, salud y derechos laborales. “Puno está buscando justicia social antes que justicia legal. Y ese clamor tiene dos causales que han alimentado la indignación y la declaratoria de guerra a los poderes del Estado: la poster­gación a sus justas demandas y el costo social que significan más de 60 personas muertas”, dice el sociólogo de la Univer­sidad Nacional del Altiplano Felipe Supo.

En Puno no hay una auto­ridad política que no tenga un extenso pliego de reclamos al gobierno central.

El alcalde de Juliaca, Óscar Cáceres, denuncia que el 60% de los 300 mil habitantes que viven en la ciudad no tienen agua ni desagüe. Tampoco tienen hospital.

“La paciencia de la gente se colmó cuando se juntó la cri­sis estructural que vivimos y la crisis coyuntural que empezó el 7 de diciembre”, señala el profesor Pedro Torres.

“Las protestas en Puno no se han reducido, incluso se han radicalizado. La gente está enardecida y sin ganas de escuchar a las autoridades centrales”, advierte el periodista del diario “Sin Fronteras” Kevin Moncada.

Todos los entrevistados para esta nota coinciden en que las manifestaciones en Puno seguirán hasta que Dina Boluarte deje la presidencia.

“Estamos más unidos que nunca los del campo y de la ciudad, la lucha es por distri­tos. Pudo haber diálogo con la señora Boluarte, pero eso fue hasta antes de que se asesinara a 20 personas acá. Cuando la señora Boluarte renuncie, ahí estaremos tranquilos”, dice Elizabeth Calizaya, dirigente de la organización de mujeres aimaras “Bartolina Sisa”.

El dirigente Félix Suasaca la secunda. “Nadie acá quiere reunirse con ella ni con los mi­nistros y congresistas que han matado a nuestros hermanos”.

“El ánimo que reina es el de continuar con los bloqueos y todo apunta a que habrá una escalada mayor. La gente está pidiendo organizarse para que se les escuche en Lima y otras provincias. Quieren ganarse a la ciudadanía”, explica el co­rresponsal de “La República”, Liubomir Fernández.

La semana pasada el go­bernador de Puno, Richard Hancco Soncco, y los alcaldes de las 13 provincias anuncia­ron públicamente que se solidarizaban con las protestas.

Dirigentes como Félix Suasaca también han enviado infor­mación del tema a la emba­jada rusa. “Nosotros hemos visto que los rusos son bue­nos aliados de los bolivianos y queremos que intervengan en nuestro caso”, dice.

Juliaca, considerada la ca­pital de la integración andina en el sur, se ha convertido en el centro neurálgico de la re­organización de los paros. El alcalde Cáceres describe la ciudad como si fuera un escenario de guerra.

 “La población en diferentes barrios se ha autoconvocado, hay piquetes en diferentes sectores que bloquean las en­tradas y salidas, en el día hay movilizaciones de más de mil personas pidiendo la renuncia de Boluarte, los vehículos no pueden pasar y sólo algunas tiendas abren unas cuantas horas. Ahora no sabemos qué pasará con el inicio de clases”, dice.

Salvador Apaza, alcalde de la provincia de Azángaro, tie­ne un relato parecido. “No hay combustible, no hay medicinas y los bancos no permiten reti­rar más de 100 soles”, cuenta.

“El acceso a Puno es muy difícil, hay bloqueos intensos en las provincias y centros poblados. Hasta la frontera con Bolivia está bloqueada”, señala Claudio García, uno de los diez dirigentes del Comi­té Colegiado de la provincia de San Román que agrupa a transportistas, vendedores ambulantes, maestros y fren­tes de defensa.

La crisis económica en la región, ciertamente, había empezado a afectar a los ma­nifestantes, pero la presidenta Boluarte parece haberse encar­gado de levantarles la moral. “La lucha está cansando a la población, pero entonces la presidenta sale a hablar, nos minimiza y eso reta al pueblo”, dice el periodista Moncada.

“La protesta empieza cuan­do Pedro Castillo decide cerrar el Congreso y lo vacan. Ese día se mostró a Castillo reducido a la nada. Esa imagen caló mucho en Puno, donde el 89% votó por él. La gente comenzó re­clamar que la clase política do­minante había humillado a un provinciano y que ahora el gobierno de Boluarte está en la foto con el fujimorismo”, explica Liubomir Fernández.

“Lo que motivó las prime­ras protestas fue que la gente consideraba que había logra­do poner un presidente y que Lima lo había sacado”, agrega Moncada.

Hasta inicios del mes pasa­do, las más de 400 organizacio­nes que llevan adelante el paro en la región del sur reclamaban la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso, la con­vocatoria para una Asamblea Constituyente y la restitución de Pedro Castillo como presi­dente de la República. Ahora a los puneños ya no les interesa la suerte del maestro recluido en Barbadillo. “El tema de Cas­tillo se retiró de la plataforma porque desvirtuaba la lucha legítima del pueblo”, explica Claudio García.

“Queremos que se vaya la señora Dina Boluarte y quere­mos que se restituya la Consti­tución de 1979 porque la actual carta magna beneficia a las em­presas que se llevan nuestras riquezas a otro lado”, asegura la dirigente Edith Calizaya.

“El domingo pasado se reu­nieron varios dirigentes en la Casa del Maestro en Juliaca. Mencionaron que el Congreso había ampliado la legislatura para discutir un posible ade­lanto de elecciones, pero ya no les importa. Quieren que Dina se vaya y la nueva Constitu­ción”, dice el periodista Kevin Moncada.

Las organizaciones al frente de las protestas en Puno es­tán discutiendo estrategias para superar dos obstáculos importantes para continuar con los paros: ‘la militarización de la región y la escasez en los mercados”.

El pasado 5 de febrero el gobierno de Dina Boluarte ordenó que un comando uni­ficado de las Fuerzas Armadas y Policiales se ocupara del con­trol de la región.

Una primera medida que tomaron los protestantes fue la protección de sus líderes. El mes pasado una lista con las identidades de 17 dirigentes comenzó a circular en internet bajo la advertencia de que la Policía planeaba su detención. Algunos de los dirigentes pre­firieron ocultarse.

“Varios de mis compañeros tuvieron que huir a Bolivia para salvaguardar su integridad”, dice Félix Suasaca. “Algunos líderes del Comité que inte­gro también se ocultaron. Un infiltrado nos grabó en una reunión que ocurrió el 31 de diciembre y entregó nuestros nombres a varios medios de alcance nacional acusándonos de azuzadores”, cuenta Claudio García.

En las últimas semanas, algunos grupos de manifes­tantes habían optado por en­frentarse directamente a las Fuerzas Armadas. Sucedió en el caso del distrito de Laraqueri, donde hace tres semanas la población le negó el paso a un contingente de 250 soldados que se dirigía a la ciudad de Puno. También ocurrió en Desaguadero, donde la semana pasada un grupo de pobladores sacó a empujones a un equipo militar que se dirigía a la fron­tera con Bolivia. Sin embargo, la estrategia más reciente pasa por evitar los enfrentamientos directos.

“Esta semana los dirigen­tes aimaras se reunieron en el puente internacional de llave y acordaron aplicar la lucha de desgaste. Es decir, a los milita­res se les ha ordenado despejar las vías que están bloqueadas. Entonces la población va a de­jar que estas tropas despejen un punto, esperarán a que se vayan y luego las volverán a bloquear hasta cansarlos. Hay que entender que la gran ma­yoría de los aimaras ha hecho el servicio militar, por lo que conocen ciertas estrategias”, señala Kevin Moncada.

“Nosotros no queremos enfrentamos con los milita­res porque son nuestros hijos, nuestros sobrinos, queremos más bien que los soldados y los policías se unan a la lucha”, dice Edith Calizaya.

“Algunos sectores consi­deran que los soldados tam­bién son hijos del pueblo. Acá hemos visto a soldados des­nutridos, maltratados sicológicamente, entonces eso ha envalentonado a los dirigentes de las comunidades que han comenzado a hacer publica­ciones en internet para pedir a los cuarteles que se unan a la lucha”, cuenta el profesor Pedro Torres.

El toque de queda que el gobierno impuso en Puno no se cumple. “La presencia militar y policial no se siente. Creo que se han atrincherado en el aeropuerto y desde que se declaró el toque de queda transitan por la ciudad sin nin­gún efecto disuasivo”, cuenta el alcalde Oscar Cáceres.

Las medidas del gobierno central tampoco han servido para frenar la escalada de pre­cios. “El balón de gas ha pasado de 60 a 120 soles, la carne y los vegetales han triplicado su precio. En las calles, algunos pi­quetes le cobran un impuesto a la gente por dejarlos pasar”, señala Pedro Torres.

Los manifestantes han diseñado diversas estrate­gias para sortear la crisis de desabastecimiento y la es­calada de precios. El alcalde Cáceres cuenta que, desde hace dos semanas, se abren los accesos durante algunas horas para que pasen los ca­miones y abastezcan los mer­cados. “Somos mayoristas y recibimos productos como arroz, fideos y leche. Además, contamos con grandes alma­cenes”, dice. Kevin Moneada añade que durante las treguas se abre la frontera con Bolivia. “La idea es que gracias al con­trabando la población pueda abastecerse de gas, aceite y azúcar desde Bolivia y a pre­cios más cómodos”, dice.

La amenaza de una escalada violenta es permanente y algu­nos discursos alientan a ello.

“Todo este paro les ha abierto los ojos a la región sobre su futuro. Muchos hermanos comentan que, si tanto nos humillan, nos ma­tan, mejor separémonos de Lima para no estar de rodillas. Definamos por nuestra libre determinación en qué país queremos vivir tranquilos”, dice el dirigente Félix Suasaca.

El periodista Liubomir Fer­nández acepta que dicha dis­cusión es una realidad. “Acá en el altiplano hay esa idea de la región independiente del sur por culpa de una capital que no escucha a sus ciudadanos en democracia. Han entendi­do que Lima se quedaría sin muchos de los recursos que Puno tiene”.

“Algunos jóvenes levanta­ron una bandera de Bolivia, pero fue por el dolor. La herida que dejó la frase de que Puno no era el Perú. Nosotros somos bien peruanos”, dice el alcalde Salvador Apaza.

“Esto es una guerra entre los mistis y nosotros. La sen­tencia es: o ellos o nosotros. Avizoro que la protesta va a continuar ahora que otras zonas como el centro y el norte se van a unir. Todos los centros poblados están reali­zando colectas y preparando transporte para mandar gente a Lima”, dice el sociólogo Feli­pe Supo. “En estos momentos -dice Pedro Torres- la gente se expone sin temor a que la maten”. ▓▓