OPINION: LA COYUNTURA PERUANA

EL GOLPE

QUE SÍ OCURRIÓ

Juan Manuel Robles

N

unca vamos a saber las consecuencias que hu­biera tenido el golpe de Pedro Castillo, de prospe­rar. Para mí es dato que se trataba de una disolución preventi­va: el objetivo era detener a un Congre­so errático, temperamental y lumpen que es un auténtico peligro para el país, y que hace tiempo se pasó de la raya con sus abusos y leguleyadas. No veo a Castillo erigiéndose como un dicta­dor depredador, con comandos paramilitares, a lo Fujimori. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es cómo hubiera sido el golpe parlamentario que Castillo quiso evitar (de la forma más torpe imaginable, es cierto, pero no fue a quien inició esta guerra), Lo sabemos porque ese golpe sí se ha consu­mado. Que quién apre­tó el botón haya sido el propio presidente no quita un ápice al hecho de fondo (que si ven perfectamente lí­deres regionales como Evo Morales y Gustavo Petro). Lo que estamos viendo es la consuma­ción de ese plan par­lamentario, una toma en tiempo récord del poder y de las armas, un viraje a la derecha contra la voluntad de las urnas. Y un colofón de represión brutal, a lo Piñera o Duque, contra un pueblo que, lejos de doble­garse, se resiste.

Ese golpe es intolerable y ha sumido al país en una crisis angustiante. Ese gol­pe —tan legal— ha militarizado al Perú: cuadrillas de policías armados toman la Plaza San Martín, firmes y amenazantes, y nuestros compatriotas mueren como animales.

Podrán decirse un montón de cosas de Castillo, pero la gente le hubiera dado el beneficio de la duda a su golpe: todo el poder para acabar con la red mañosa parlamentaria y luego... Pues luego ya veríamos. De hecho, la respuesta a su intento burdo de cerrar al Congreso es pésimo servicio, profesor. Lo hizo tan mal. Pero si lo hubiera hecho bien, a ese Congreso turbio no lo defendía nadie, ni en las calles ni en los canales de televisión (que son sus aliados, pero cuyos directivos tampoco son idiotas).

¿Quién defiende esta autocracia parlamentaría con presidenta títere que sonríe feliz de su cargo de utilería recién estre­nado? La derecha y el centro limeños y los medios de comunicación que quieren el restablecimiento simbólico del orden, que nadie ponga en duda nunca más su autoridad mediática (y de paso a ver si retorna la publicidad estatal). El resto del país siente con razón que hay una confabulación largamente incubada para organizar esta represión; incluso Patricia Chirinos tiene el cuajo de admitirlo: antes de convocar elecciones, quieren tomar medidas y cerrar “unos candados”. Así de altaneros y desafiantes, así de dueños del país y de nuestro futuro se sienten.

El Congreso y parte de la prensa no comprenden la que está pasando. Miran la Constitución y los escenarios previstos por sus artículos y cláusulas, cuando esto va siendo cada vez más claro: el pueblo quiere escribir su historia, y eso pasa por una nueva Constitución. Ya no es una demanda, es un acto urgente. Las mafias políticas que controlan el poder han logrado que la democracia represen­tativa en el Perú no valga nada. Elegimos un presidente, lo boicotean desde el día uno, lo persiguen judicialmente con en­cono insólito, y un año después salen a decir que el gobierno es “insostenible”. La gente se ha dado cuenta y protesta, iracunda, rabiosa.

La respuesta de la autocracia congresal es mostrar el músculo. Y, cómo no, criminalizar las protestas. Escanda­lizarse por el fuego que provocaron con su arrogancia. En la gran prensa, nadie explica que las protestas nacidas del des­contento genuino nunca son un paseo por el parque (salvo las de los “patriotas”). Como ha pasado en Chile y en Colom­bia, la movilización tiene una cuota de daño a la propiedad privada, infiltrados, disturbios. Eso es un problema, pero re­sulta infinitamente menor a la pérdida de vidas inocentes.

Como se necesita criminalizar, en el nuevo régimen ha adquirido importancia la Dircote con sus "informes de inteligen­cia". ¿Se han dado cuenta?

Es momento de decirlo: la Dirco­te, una división que fue fundamental para la lucha contra el terrorismo en los ochenta y noventa, se ha vuelto una entidad tóxica cuando no peligrosa para la ciudadanía y la paz social. Su decadencia es nociva. Se han convertido en una Policía Secreta selectiva y cruel, que normaliza detener a la gente por lo que piensa, por sus "vínculos ideológicos”, en redadas nocturnas que parecen se­cuestros. No solo eso: son una suerte de certificadora oficial de paranoias limeñas. Sus informes le permiten a la derecha radical —y al centro bobo— terruquear usando como coartada esos documentos oficiales. 

Hace unos años, antes de pasar al lado oscuro, Femando Rospigliosi lo explicó con claridad: Sendero Luminoso, como grupo subversivo que comete atentados terroristas, no existe; la Dircote sigue enunciándolo como amenaza real por razones de supervivencia: sin "terroris­mo” una Dirección contra el Terrorismo no tiene razón de ser. Por eso con sus investigaciones detienen "terroristas” que no han cometido acto terrorista alguno. Su miopía quedó paten­te en la investigación abierta a La Cautiva, una obra de teatro que se reestreno por estos días. La Dircote le abrió un expediente por la simple razón de que la obra recrea un hecho cierto: militares en zona de emergencia violan el cadáver de una adolescente asesinada. El solo hecho de que hayan iniciado la investiga­ción muestra que son un peligro para todos. Que el gobierno los empodere y les dé voz para desprestigiar las protestas es parte del nuevo régimen repre­sor.

A estas alturas, terruquear usando como base un infor­me de la Dircote es una falta a la ética periodística. Pero se hace y se seguirá haciendo. Se vienen tiempos duros.

Gustavo Petro ha dicho, criticando a Castillo, que no se debe combatir la antidemocracia con antidemocracia. Casi estoy de acuerdo. Casi En un país donde la legalidad es Patricia Chirinos y el Congreso está presidido por un vin­culado al terrorismo de Estado, dar un golpe no descalifica necesariamente a un líder. Lo que descalifica a un líder es ser un criminal, un violador de derechos humanos, un asesino mediato que aniquila al pueblo. Así hemos visto a varios, algunos dieron golpes sangrien­tos y otros perpetraron sus masacres y abusos de poder en plena democracia. La gente entiende que Castillo, con todo lo malo de su último acto, tenía una coar­tada válida, un propósito necesario (al menos uno). Era nuestro mal menor y no lo dejaron gobernar un solo día. Ojalá los analistas sepan leer el porqué de la casi unánime ausencia de repudio a su intentona, en vez de caer en el lugar común de todas las autocracias: apelar al cuco del terrorismo. <:>