LECTURAS INTERESANTES Nº 772
LIMA PERU
10 AGOSTO 2017
DE PALACIO A LA
CÁRCEL
Por: Fernando de la Flor Arbulú (*)
CARETAS Edición 2500: jueves, 10 de agosto de 2017
El sistema de justicia en el país está incuestionablemente
desprestigiado. Pareciera sin embargo que quiere ganar tiempo. Y está apuntando
alto: los casos de los cuatro únicos expresidentes de la República,
democráticamente elegidos, así lo acredita. Tener a un expresidente condenado
en la cárcel (Alberto Fujimori), a otro en prisión preventiva (Ollanta Humala),
a un tercero con orden de captura internacional (Alejandro Toledo) y al otro
investigado (Alan García), constituye un buen intento de legitimarse y revertir
su alto porcentaje de desaprobación. El mundo no debe salir de su asombro.
El caso de Ollanta Humala es el más sorprendente. Solo hace
poco más de un año entregaba la banda presidencial. Ahora está preso, sin
acusación fiscal ni juicio en curso. Y lo está en una celda al costado de
Alberto Fujimori, quien sí fue sentenciado luego de un proceso al cual se
sometió expresamente y en el que ejerció su defensa con todas las garantías del
debido proceso.
Humala, ¿organización
criminal?
La imputación a Humala, hasta donde se ha podido conocer, es
que constituyó el Partido Nacionalista como una organización criminal de
alcance transnacional, destinado a recibir recursos de origen ilícito del
extranjero para evitar que se identifique su origen. El típico delito de lavado
de activos agravado.
La prueba en que se sustenta dicha acusación es la
declaración prestada a los fiscales peruanos por el empresario Marcelo
Odebrecht, mandamás de la constructora brasileña que lleva su nombre, en la que
asegura haber financiado la campaña electoral de Humala el año 2011.
Adviértase que no se está procesando a Humala por ningún
acto irregular durante su gobierno, ni por haberse apropiado para su beneficio
personal de los recursos públicos del Perú, que serían los casos de todos los
otros expresidentes. No; se trata de la imputación a quien como ciudadano fue
candidato, y habría recibido dinero ilegal del exterior para lavarlo, o sea,
para ingresarlo al sistema sin identificar su origen.
La pretensión del sistema de justicia en el Perú pareciera,
entonces, de gran alcance: busca sancionar a quienes están implicados en una
organización criminal trasnacional que operaba desde Brasil. Grave acusación
que, por cierto, tendrá que ser probada.
Hay varios riesgos en el intento: que la ley no se aplique
igual para todos y, por consiguiente, la confusión de la ciudadanía sea tan
grande que la credibilidad perseguida no solo no se logre sino que aumente el
desprestigio. Y es que no hay que olvidar que Odebrecht también declaró, ante
los mismos fiscales peruanos, que financió las campañas electorales del 2011 de
Keiko Fujimori y del Apra.
La pregunta cae de madura: ¿procederá el sistema de justicia en el país igual con todos?
La pregunta cae de madura: ¿procederá el sistema de justicia en el país igual con todos?
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(*) Abogado y fundador del Foro Democrático.
(*) Abogado y fundador del Foro Democrático.
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