Una lucha justa y necesaria

Escribe: Guillermo Vásquez Cuentas

“¿Qué se está esperando? ¿Conflictos sociales de proporciones, como para poder intervenir? ¿Cuántos muertos necesita la insensibilidad de los que tienen responsabilidad política?”
Editorial de LOS ANDES, 6 de diciembre 2007

La actual lucha aimara anti minera no es única, aislada o “electoral” como afirma el filósofo del perro del hortelano. En varios países y en varias circunscripciones peruanas, los pueblos indígenas deciden y luchan por defender sus derechos humanos colectivos y la vida de la Madre Tierra.

La actividad minera es la mayor fuente de contaminación química en el mundo entero. Esto explica el porqué de los innumerables conflictos sociales que de ella surgen. Podríamos citar cientos de ejemplos de la confrontación planetaria actual entre minería y ambiente, es decir entre la búsqueda del buen vivir de las mayorías poblacionales y la búsqueda de “la ganancia en el negocio” por minorías cada vez más enriquecidas.

En nuestro Perú, tenemos que comunidades campesinas indígenas en diferentes regiones rechazaron y rechazan la incursión en sus territorios de consorcios mineros que traen enfermedades y muerte, antes que empleos y recursos para el erario nacional. Ahora mismo hay conflictos en curso contra la minería en las regiones de Amazonas y Apurímac.

Aimaras puestos de pie

También los aimaras en Puno están en pie de intensa, justa y necesaria pero desigual lucha contra las concesiones mineras en la región Puno y contra la explotación de las minas Santa Ana, en Huacullani, por la transnacional Bear Creer Mining.
Ha quedado en evidencia pública que los indígenas aimaras solo quieren que su pachamama se mantenga limpia de contaminación, defendido su hábitat frente a las violaciones de sus derechos ambientales y humanos y erradicada toda explotación salvaje de recursos no renovables que existen en sus territorios. Al frente de ellos en relación antagónica, actuando de consuno, los políticos gobernantes y los empresarios aupados en la poderosísima Sociedad Nacional de Minas, Petróleo y Energía no solo recusan los propósitos de las masas indígenas y campesinas sino que los combaten con todos los medios de que disponen.

Ambas son las dos partes en la relación de conflicto. La escalada conflictual se materializa en acciones y reacciones de una y otra parte. Los indígenas aimaras recurren a un formato que se ha hecho clásico en la historia peruana de las últimas décadas: paro con toma de vías claves de comunicación, movilizaciones, petitorios, pronunciamientos, etc.; mientras, el tándem empresarios-gobierno instala la consabida “mesa de diálogo” para imponer sus decisiones políticas y al mismo tiempo, con la otra mano, en aplicación del sacrosanto “principio de autoridad” piden unos que la milicia actúe con energía y ordenan los otros la participación conjunta policial y militar para reprimir a los protestantes.

La posición del empresariado minero es invariable: “El Ejecutivo debe dar las garantías para controlar a la masa azuzada por terroristas y restablecer el Estado de derecho en la minería y en todo el país; de lo contrario, no habrá inversiones, pues estas se van a retraer” dijo amenazando en 2005, Carlos del Solar, empleado de Hunt Oil y presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Palabras más, palabras menos ese discurso es repetido –como ahora- por los altos directivos de ese organismo.

Los políticos gobernantes secundan esas declaraciones, declarando también invariablemente, que los participantes en los paros son radicales extremistas, que no saben por qué están luchando, que no sea –como ahora- dizque por motivaciones electorales.

De qué lado estamos

Debe decirse que con buen criterio la mayoría de consejeros del Gobierno Regional aprobó hace poco la discutida Ordenanza 05 por la que se declara al territorio puneño como zona intangible de concesiones mineras, pero el Presidente Regional titubea para promulgarla y publicarla. Tarde o temprano se sabrá el porqué de esas sospechosas dilaciones.

Es claro que contra la aspiración generalizada de que cese al fin el otorgamiento de nuevas concesiones mineras en nuestra región, hay economistas y profesionales -que merecen nuestro mayor respeto- quienes pretenden que todos nos preguntemos cómo en una región “eminentemente minera” va a dejarse en el subsuelo riquezas que podrían sustentar el desarrollo global de Puno y opinan en consecuencia que siga el festín de concesiones.

En esta corriente de opinión no parece importar mucho que tales concesiones mineras abarquen incluso el suelo y subsuelo de nuestras ciudades, nuestros campos, nuestras casas y desparramen en todas ellas cianuro, arsénico, mercurio, cloro, nitrato de amonio y tantas otras sustancias químicas –necesarias para la obtención de los metales buscados- envenenando así a la población, a la flora y fauna como viene ocurriendo ya en la cuenca del río Crucero Azángaro Ramis, en Aruntani y otros lugares.

Contra la propuesta economicista, que pretende legitimar la teoría del “perro del hortelano”, debe plantearse la necesidad de que todos asumamos con claridad una posición: O estamos por la persona humana, su vida, su salud, su dignidad, su bienestar, su entorno físico, su cultura; o estamos por hacer de la vista gorda al ecocidio y a las gravísimas consecuencias contra la vida y la salud que la actividad minera provoca casi inevitablemente. En otras palabras: ¿Los miles de dólares de ganancia que obtienen las empresas mineras -habida cuenta de la reducida retribución al Estado vía impuestos, canon y “obolos”-, valen más que las masas de cholos o indígenas puneños? ¿Hay que aceptar contaminación a cambio de trabajo o beneficios económicos efímeros para pequeños sectores de la población?

Esas son, en realidad, las preguntas que hay que contestar aquí y ahora.