miércoles, 4 de enero de 2023

OPINION: ANALIZANDO LA COYUNTURA POLITICA EN EL PERU

 TREGUA DE CRISTAL

Todas las señales apuntan a que, tras las fiestas y celebraciones, el país podría asistir a nuevas jornadas de provocación, violencia y represión. Esa es la agenda confirmada de los grupos que tienen el control de la situación en el interior del país.

Eloy Marchan

En HILDEBRANDT EN SUS TRECE Nº 617 23DIC22

La presidenta Dina Boluarte y el Congreso caminan por la cuerda floja. La “tregua navideña” tiene, al menos por ahora, fecha de caducidad. En las regiones donde se suscitaron las ma­nifestaciones más violentas han interpretado el adelanto de elecciones generales para abril del 2024 como una bur­la. Tampoco “perdonan” que en el gobierno nadie se haga cargo de los muertos que de­jaron las protestas de las dos últimas semanas.

El último miércoles en An­dahuaylas hubo una reunión de las bases donde se acordó seguir con las “manifestacio­nes”. En Arequipa, ayer jueves, hubo un mitin pidiendo que las nuevas elecciones se celebren el 2023. En Ayacucho, donde fallecieron diez personas, conti­nuarán con “marchas blancas”. Y en Cusco, que registra toda­vía vías bloqueadas, ya le han puesto fecha a los próximos paros: arrancarán después de las fiestas navideñas.

“Lo que nosotros queremos son elecciones generales lo más antes posible. No en el 2024. Y para eso pedimos la renuncia inmediata de Dina Boluarte, que haya una mesa directiva de transición en el Congreso, para que así se convoque a eleccio­nes y asamblea constituyente en un máximo de seis meses”, dice Fredy Llayque, vicepre­sidente del autodenominado Frente de Defensa de la pro­vincia cusqueña de Espinar.

Llayque señala que en su provincia no han levantado el bloqueo de las vías y que, lue­go de navidad, radicalizarán las medidas. Sumarán al pliego de reclamos la paralización total de las actividades de la mina Antapaccay-Glencore porque “comete abusos”. Llayque es de los que pide la libertad de Pedro Castillo porque “ha sido sembrado”, pero precisa que no es la demanda principal en su provincia.

Si las exigencias de Llayque suenan radicales, las de los di­rigentes de Sicuani lo son más aún. Él último miércoles dece­nas de personas marcharon por la Plaza de Armas gritando “¡Guerra civil! ¡Ahora sí!”. En Sicuani, hasta el cierre de esta edición, solo se permitía el tránsito de vehículos con carác­ter humanitario. Hoy viernes habrá una reunión de las bases en la Casa del Campesino para tomar nuevas acciones.

A 357 kilómetros al sur de Sicuani, en la capital de Arequi­pa, hay un movimiento que exi­ge la fundación de la “República Peruana del Sur”. El anuncio lo hizo Felipe Domínguez, presidente del llamado Fren­te de Defensa del Cono Norte de Arequipa. En conversación con este semanario, Domín­guez asegura que no es una idea original suya y le endilga el crédito a los “hermanos de la región Puno”.

“Este gobierno es usurpador y criminal, por eso entramos en una posición de rebeldía, de desconocimiento de Dina Boluarte como presidenta. Ella ha complotado con un aparato compuesto por el poder mili­tar”, dice Domínguez, quien asegura representar a 250 mil arequipeños.

El discurso de este frente no es nuevo. Dice que el objetivo de retrasar las elecciones al 2024 es renovar los contratos a las empresas internacionales “y entregar todos los recursos naturales que hay en las regio­nes del sur”.

Domínguez es un trajina­do político que ha postulado frustradamente dos veces a la alcaldía de Cerro Colora­do. También fracasó cuando intentó con una candidatura al Congreso. Ha militado en Arequipa Primero, Vamos Vecinos y hasta septiembre del 2021 estuvo en las filas de Renovación Popular, el partido de Rafael López Aliaga.

El mapa de la “República Peruana del Sur” comprende­ría Ayacucho, Apurímac, Cus­co, Madre de Dios, Arequipa, Puno, Moquegua y Tacna. La próxima semana se llevará a cabo una reunión en Arequi­pa para formar un presunto “comité independentista”. La catalanización de ciertos arequipeños influidos por puneños parece parte de una comedia costumbrista.

PUNO, VANGUARDIA EN LA LUCHA

En la región del Misti hay, sin embargo, voces “más me­suradas”. Moisés Panocca, se­cretario regional del Sutep, por ejemplo, dice que el adelanto de elecciones que aprobó el Congreso el miércoles es un avance. Pero hasta ahí llega la ponderación. Panocca reclama un referéndum para consultar el asunto de la asamblea cons­tituyente. “Lo que queremos cambiar es todo el capítulo económico que nos hace mu­cho daño”, dice.

En Apurímac, la región donde nadó Dina Boluarte, la tregua es de cristal.

Los tres dirigentes más importantes de Abancay han permitido la reactivación del comercio y la vuelta al trabajo para no “perjudicar la campa­ña de Navidad” de los comer­ciantes, pero continuarán con “protestas permanentes”. Y una vez se acabe la tempora­da del panetón “retomarán y continuarán con las medidas radicales debido a que el Con­greso y el Ejecutivo se aferran al cargo”. Hay que precisar que esta decisión cuenta con el visto bueno de las dirigencias moderadas. Los radicales no acatarán el armisticio.

Todos los días las ciudades de Abancay y Andahuaylas amanecen llenas de panfletos anónimos llamando “usurpa dora” a Boluarte y “carnicero” a José Williams. Los volantes anónimos piden la insurgenda popular y no dialogar con “el gobierno usurpador”.

Marcelino Huaraca, perio­dista del diario “Expresión” de Andahuaylas, cuenta que las comunidades de su región se han organizado para hacer movilizaciones todos los días y así mantener “viva” la protesta. Huaraca refiere que las manifestaciones no tienen un líder y que las bases han pedido que si el gobierno desea un diálogo, será con todos y no con una comitiva.

Seis del total de fallecidos durante las protestas son apurimeños, dos de ellos menores de edad. Las muertes fueron por proyectiles salidos de armas de fuego de la Policía. Huaraca es­tuvo presente en los enfrenta­mientos que se dieron el lunes y martes de la semana pasada en el aeropuerto de Andahuaylas.

“El accionar fue abusivo por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía. No fue el personal de Andahuaylas sino el que vino desde Lima. Yo he visto los casquillos de los disparos", dice Huaraca. “Hoy -añade- hay mucho dolor en la pobla­ción. Sienten que ocurre lo de siempre: nadie asume la res­ponsabilidad de las muertes”.

La semana pasada las inme­diaciones de los aeropuertos del sur del país se convirtieron en frentes de batalla. En la base aérea de Ayacucho perecieron nueve ciudadanos. El fotorreportero Miguel Gutiérrez fue testigo del enfrentamiento que se dio el jueves 15. Dice que la Policía emboscó a los manifes­tantes que pretendían tomar el aeropuerto y disparó a matar.

Gutiérrez cuenta que el jueves 15 la población iba a pro­testar pacíficamente en la plaza de armas de Huamanga, pero al promediar las dos de la tarde acordaron ir al aeropuerto.

“A mi parecer fue una em­boscada. Primero los botaron del aeropuerto, pero luego los dejaron entrar y esperaron a la que gente se juntara para comenzar a disparar. Una chica fue baleada en el rostro, un joven tenía una bala en la mandíbula”, cuenta Gutiérrez.

En Ayacucho ningún diri­gente de las protestas quiere hablar sobre las medidas que tomarán en las próximas se­manas. Ayer jueves Huaman­ga amaneció despejado y a lo largo del día se llevaron a cabo “marchas blancas”. Los de Ayacucho fallecieron por las heri­das mortales de los proyectiles. La primera víctima mortal fue un menor de edad. El último deceso se registró el miércoles. Se llamaba Jhonatan Alarcón Galindo. Tenía 19 años y lleva­ba seis días en UCI.

Ninguno de los muertos de las protestas tenía anteceden­tes por terrorismo u otro delito.

El velorio y entierro de las víc­timas ayacuchanas apareció en la portada del “The New York Times” del lunes 19.

“Las protestas en Perú refle­jan la creciente frustración en gran parte de América Latina, una región rica en recursos naturales, donde la riqueza a menudo no llega a los pobres”, dijo el diario norteamericano.

El último enfrentamiento entre policías y manifestantes se dio el lunes en el distrito de Chala, en la provincia arequi- peña de Caravelí. El resultado fue un muerto: Xavier Can cla­mo Dasilva, de 30 años.

Chala es epicentro de la minería informal en la costa sur del país y casi la totalidad de los protestantes, como Candamo, se dedican a esta actividad. El enfrentamiento entre las fuer­zas del orden y los mineros fue por la liberación de un trecho de la Panamericana Sur. El plie­go de reclamos, sin embargo, es sustancialmente distinto. Aquí no quieren oír hablar de un nuevo contrato social.

Víctor Chanduví, presidente de la Central Nacional Minera (Cenami), refiere que en Chala no hubo un fallecido sino sie­te. “Esa es la información que manejamos. Hay videos de, por lo menos, dos fallecidos más. Los cuerpos fueron levantados por la policía”, dice Chanduví.

El presidente de la Cenami señala que ellos salieron a pro­testar para reclamar elecciones generales y por la flexibilización de los procesos de formaliza- dón.

Al cierre de esta edición, en Puno comenzaba a calen­tarse la temperatura soda!. El impulsor de las protestas es Amador Núñez, presidente del Frente de Organizaciones Populares, quien sostiene que son cuatro las demandas sin lugar a negociación: cierre del Congreso, renuncia de Dina Boluarte, nuevas elecciones el 2023 y asamblea constitu­yente. Núñez habla como si fuera un gobernador elegido por amplia mayoría.

Esta publicación le pidió una entrevista a Núñez, pero el dirigente se negó a declarar porque “no habla con prensa nacional” y sostiene que somos operadores del sistema de in­teligencia del gobierno. Es el típico discurso insultante del Movadef y sus apologistas.

Otro dirigente puneño, Ro­mán Machaca Larico, dice que en su región se ha acordado dar una tregua al gobierno hasta el 4 de enero. “La región Puno exige elecdones, pero para abril del 2023. Abril del 2024 es muy lejos, son casi dos años. También queremos la asam­blea constituyente. Esos son puntos innegociables porque ya son bandera en la región”, dice Machaca.

El dirigente social, excandi­dato a la alcaldía de San Román por el Frente Amplio de Puno, añade: “Todo el gabinete minis­terial de Dina Boluarte está des­calificado y acá tipificado como golpista, que se ha conchabado con la mafia fujimorista”. En cuanto a la libertad de Pedro Castillo, Machaca le resta im­portancia y dice que en Puno sólo le interesa a “un sector magisterial reduddo”.

En Virú, La Libertad, don­de también hubo protestas y un muerto, el dirigente Felipe Arteaga, del Frente de Defen­sa, señala que la apuesta de sus paisanos es por la asam­blea constituyente. Sostiene también que apoyarán todas las medidas de lucha que pro­pongan los dirigentes del sur del país.

“Hemos suspendido las pro­testas hasta el 1 de enero. Si no hay asamblea constituyente, así cambiemos dos o tres presi­dentes, el problema seguirá. El problema es el sistema, tene­mos una Constitución que ha sido aprobada para beneficiar a un grupo de empresas y no para el pueblo peruano”, dice Arteaga.

Ayer jueves la Asociación Interétnica del Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) decidió también plegarse a las protestas. Están en desacuerdo con las elecciones para el 2024 y piden una asamblea consti­tuyente.

“Los grandes terroristas son el Congreso, la prensa, lo que encabeza Dina Boluarte, el Ejér­cito y la PNP”, dice Jorge Cline Chauca López, presidente de la Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central (ARPI-SC).

El mapa político del país vive una de las mayores ten­siones de las últimas dos dé­cadas. ¿Cómo llegamos a esta situación de convulsión so­cial? Para el sociólogo Ornar Coronel, profesor de la PUCP y especialista en movimientos sociales, es importante separar dos momentos: uno inicial don­de los protagonistas eran los bloques afines a Pedro Castillo y otro que comenzó cuando el gobierno ordenó la represión policial y militar.

“El principal catalizador de las protestas ha sido la repre­sión, además de la ambigüedad con el adelanto de elecciones. Si Dina Boluarte hubiera dicho desde un inicio que su gobier­no era de transición, que iba a haber un cronograma para las elecciones, probablemente esto no hubiera escalado a los niveles actuales”, dice Coronel.

“Hay un quiebre del sistema de representación. Hemos es­tado viviendo veinte años en una democracia sin partidos y eso significa que el sistema representativo, que es la base de la democracia y la repúbli­ca, no está funcionando -aña­de Coronel-, La gente protes­ta porque siente que no tiene ningún representante en el sistema formal;

¿Por qué la bandera de la libertad de un golpista cuya administración resultó un desastre ha calado en un sector de ciudadanos?

“Pedro Castillo es proyec­tado con el patrón cultural. Se construye en la imaginación de la gente como ‘uno como noso­tros’. Uno de esos ‘nadies’ que, pese a la campaña de humilla­ción y estigmatización, logró ser elegido y representar la voluntad popular de los ‘na­dies’”, sostiene el historiador José Carlos Agüero.

El miércoles el politólogo Rodrigo Barrenechea tuiteó que el Perú lo componen “ciu­dadanos que no se reconocen entre sí, pero intercambian en el mercado”. En la misma línea, Alberto Vergara dijo hace un tiempo que como país somos “un éxito neoliberal y un fraca­so republicano”. Parece a que la ecuación ha dejado de compor­tarse como fórmula magistral. De no poner en marcha una estrategia política para conte­ner la frustración acumulada durante las últimas décadas, Boluarte tendrá el tiempo justo para digerir el pavo navideño antes de que el país vuelva a convulsionar. ■

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