NUEVO LIBRO SOBRE SUBLEVACIÓN INDIGENA DE 1915 EN PUNO

 RUMI MAQUI:

UNA REBELIÓN DESCONOCIDA

por Ricardo Falla

En RPP Noticias, 30 de octubre, 2024: 

La insurrección de Rumi Maqui fue un importante levantamiento indígena que tuvo lugar en el departamento de Puno, en 1915. Liderada por el militar Teodomiro Gutiérrez Cuevas, quien adoptó el seudónimo de Rumi Maqui, esta revuelta campesina se caracterizó por su carácter mesiánico y reivindicativo. Un importante estudio, recientemente publicado, le devuelve interés y actualidad.

La sociedad puneña de inicios del siglo XX estaba marcada por una profunda desigualdad. Los indígenas, que constituían la inmensa mayoría de la población, vivían en condiciones de extrema pobreza y eran explotados por los gamonales (grandes propietarios de tierras). De ahí que los indígenas estuvieran sometidos a jornadas laborales extenuantes en las haciendas, con salarios mínimos y sin derechos. Esta situación de descontento, unida a otras cuestiones, como el creciente sentimiento etnonacionalista y el deseo de recuperar su identidad cultural, sumado a la influencia de las ideas indigenistas, generaron un profundo malestar entre la población y crearon las condiciones para una revuelta de carácter mesiánico y utopista. 

En ese sentido, “La rebelión de Rumi Maqui. Indigenismo y utopía en Puno (1915-1917)” (Universidad de Lima, 2024) del historiador peruano, Luis Bustamante Otero, se presenta como un significativo aporte bibliográfico que nos permite conocer el proceso de las rebeliones indígenas en nuestro país. Esta obra de Bustamante está dividida en tres capítulos:

[1] Las políticas de gobierno y la situación campesina puneña en el temprano siglo XX (1908-1919),

[2] En torno a una perspectiva historiográfica de la sublevación de Rumi Maqui y

[3] Conflicto y revuelta en el Altiplano: el caso de la sublevación de Rumi Maqui (1915-1916).

En cada uno de ellos, el autor de forma documentada y rigurosa nos muestra un conocimiento pormenorizado y notable sobre el proceso integral de esta rebelión. Además, vincula la insurrección estudiada con categorías culturales y políticas, que nos permiten visualizar la situación peruana de inicios del siglo XX.

Teodomiro Gutiérrez Cuevas, Rumi Maki

Investigador serio, Bustamante nos recuerda la visión que se erigió sobre Rumi Maqui por muchos años, desde diversas historiografías e ideologías:

"Hay un halo romántico en la manera como se construye la imagen histórica de Rumi Maqui. El militar que luchará junto a Cáceres en la guerra con Chile, que denunciará los abusos y tropelías, sufridas por las poblaciones indígenas en Chucuito, que investigará y denunciará como comisionado gubernamental los sucesos de Samán y que, finalmente, logrará colocarse a la cabeza de un levantamiento campesino de grandes proporciones en 1915, termina convirtiéndose en símbolo asociado a la lucha campesina por la tierra, al combate contra el gamonalismo y la injusticia, así como la idea equívoca de restauración del Tahuantinsuyo.

"En suma, un apóstol de la redención social no exento de cierto exotismo. Incluso un motivo de orgullo identitario" (p. 53 y 54). 

De este modo, el autor elabora, en este libro, una perspectiva que se distancia de la figura mitológica de Teodomiro Gutiérrez, y contextualiza su presencia a partir de la situación en la que se dio su levantamiento, y de los conceptos fundamentales de su momento. Esto es esencial, más aún, cuando en la reconstrucción colectiva de la memoria histórica se producen luchas y batallas muy importantes. Sustancial libro, sin duda.

 ENTREVISTA A LUIS BUSTAMANTE OTERO

En EL ARRIERO, 10 de octubre de 2024

La sociedad puneña de inicios del siglo XX vivía una particular efervescencia: el creciente comercio de lana para la exportación propiciaba cambios económicos y sociales, pero era, también, fuente de conflictos. En su afán de crecimiento, los gamonales puneños buscaban expandir sus tierras de pastoreo a costa de las comunidades indígenas, lo que un entusiasta sector intelectual, influido por las ideas del naciente indigenismo, denunciaba ardorosamente tanto en Puno como en Lima. 

En este contexto hace su aparición Teodomiro Gutiérrez Cuevas, militar y político que se plegó a las ideas igualitarias del momento y las llevó a la práctica encabezando, con el sonoro sobrenombre de Rumi Maqui (‘mano de piedra’), una de las más importantes rebeliones indígenas del siglo XX en el Perú. 

A partir de una sólida investigación en distintos archivos y con un vasto conocimiento sobre el tema, Luis Bustamante Otero coteja las aproximaciones de otros historiadores y sopesa las interpretaciones y los datos documentales. Gracias a ello, nos traslada al escenario de la rebelión y despeja las dudas y los mitos que han rodeado hasta ahora a la figura de Rumi Maqui.

En 1915, en Puno, se llevó a cabo la que, probablemente, es la sublevación campesina más significativa del siglo XX. Fue en la provincia de Azángaro donde Teodomiro Gutiérrez Cuevas, oficial del Ejército del Perú autodenominado Rumi Maqui (Mano de Piedra), lideró un multitudinario movimiento indígena que puso en jaque al gobierno del entonces presidente Óscar R. Benavides y que remeció las estructuras de un orden articulado desde Lima. La conflictividad entre gamonales y comunidades campesinas, las duras condiciones de trabajo en las haciendas, el auge del mercado de la lana y el atraso económico de la zona altiplánica originaron un desenlace de violencia y reivindicación que luchó por un proyecto político federalista para Puno.

La resonancia que este acontecimiento suscitó en la prensa limeña —la cual vio en Rumi Maqui el retorno de un inca—, el miedo que provocó en los políticos de la época y lo relegado que posteriormente quedó en la historia nacional motivó a nuestro docente e historiador Luis Bustamante Otero a escribir La Rebelión de Rumi Maqui. Indigenismo y utopía en Puno (1915-1917), libro publicado por el Fondo Editorial de la Universidad de Lima. En esta investigación, el autor se sumerge en los orígenes de esta sublevación y esclarece el enigmático destino de su líder luego de su captura.

Conversamos con el profesor Bustamante acerca de la realización de este trabajo. Él nos cuenta sobre las particularidades del personaje y su relevancia para la comprensión del presente político.

- ¿Cómo surgió el interés por el personaje de Teodomiro Gutiérrez Cuevas, Rumi Maqui?

- La inquietud apareció cuando era estudiante, en un curso que dirigía el padre Jeffrey Klaiber sobre las protestas campesinas. Allí me topé con diferentes casos que llamaron mi atención, entre ellos las insurrecciones de Juan Bustamante y la de Rumi Maqui. Este último despertó mi interés porque el periodismo de ese tiempo lo representó como alguien que quería restituir el Tahuantinsuyo. La investigación que realicé sobre Rumi Maqui para ese curso fue el inicio de lo que luego sería mi tesis de bachillerato.

- Dicha tesis es el insumo principal del presente libro. ¿Por qué decidió ampliar la investigación? 

- En efecto, la tesis es la base del libro. Nunca pensé que podía convertirse en uno, porque cuando la terminé sabía que, pese a que era un buen trabajo, tenía limitaciones. Sin embargo, con el tiempo me sorprendió, porque colegas y amigos no tan cercanos sabían de su existencia, y la tesis era citada y referenciada más de lo que me podía imaginar. Incluso, algunos la citaban sin haberla leído. Había gente que me conocía por la tesis. Fueron los buenos amigos y colegas los que me animaron a retomar la investigación y yo acepté el reto. Por eso, el extenso prefacio que revisa las últimas investigaciones e intenta nuevas aproximaciones y conclusiones.

- ¿Esta rebelión se puede inscribir dentro de una trayectoria de expresiones de descontento campesino a lo largo de la era republicana?

- En efecto, la rebelión de Rumi Maqui, la más importante rebelión campesina del siglo XX, se inserta dentro de una tradición de lucha regional por la autonomía ante el centralismo limeño, que proviene de tiempos virreinales. Esta sublevación no solo se trata de una expresión de protesta regional, sino de una población secularmente marginada y maltratada. Puno era una región controlada por grupos de poder blanco-mestizos, los gamonales, con intereses vinculados a la exportación de lana, y en la búsqueda de estrechar vínculos con el poder central. Esta insurrección se nutre de toda la prédica reivindicacionista, que, en el contexto de la República Aristocrática, impulsa la revalorización de lo indígena como peruano y que exige igualdad frente al gamonal.

- ¿Qué rol cumple el movimiento indigenista de principios del siglo XX en esta rebelión?

- El indigenismo ataca de raíz el tema de la identidad, en la medida en que una mayoría de peruanos no reconoce sus elementos indígenas y los ven como algo primitivo. Es una corriente que surge en los círculos intelectuales, urbanos, tras la guerra con Chile, y que tuvo como propósito colocar lo indígena en el centro de atención para que este sea absorbido por una nueva peruanidad. El indigenismo limeño fue más literario e ideológico; el puneño, en cambio, fue muy activista, pues estuvo nutrido por la experiencia cotidiana de la realidad campesina. Teodomiro Gutiérrez Cuevas fue un indigenista.

- ¿Cómo inciden factores como el gamonalismo, las relaciones de servidumbre y el auge del negocio de la lana en este clima de descontento?

- El gamonalismo puneño está caracterizado por la continua expansión del latifundio y las víctimas eran las comunidades campesinas o los pequeños propietarios, y esa relación tensa llevaba décadas sin solución por parte del Estado. El gamonal es un sujeto poderoso que tiene vínculos con el Estado, el cual resuelve a su favor. Para las poblaciones campesinas, la tierra lo es todo. A esto se suma el maltrato laboral a la población de colonos en las haciendas. Además, los comerciantes de lana adelantaban dinero a los productores a cuenta de ventas futuras y luego los perseguían y los forzaban a más ventas. Se trata de una protesta por la recuperación de tierras, por el fin del gamonalismo y del abuso, y por la libertad comercial.

- ¿Cómo Rumi Maqui decide organizar una insurrección hacia un proyecto federalista?

- Hay una coincidencia de intereses entre Rumi Maqui y el campesinado que protesta. Teodomiro Gutiérrez Cuevas cree en la justicia, en el orden, y piensa que los problemas del campesinado pueden ser solucionados legalmente. Él empieza a relacionarse con Puno como funcionario público desde comienzos de siglo: fue jefe militar, subprefecto en Chucuito y comisionado especial del presidente Billinghurst. Forjó lazos con los líderes campesinos. Luego, toma conciencia de que ese gamonalismo parece inquebrantable y que el Estado no está en condiciones de poner un límite, y decide pasar a la rebelión. Aquí entra en juego también su contacto con el indigenismo, el anarquismo y el activismo cristiano de los adventistas y metodistas de la época.

- A partir de este libro, ¿cómo leer las recientes protestas en Puno a raíz de esta tradición combativa?

- Espero que este libro sirva para revalorar la historia como disciplina, pues nos ayuda a entender el presente. Hoy reconocemos un nexo con esa época. Hemos visto hace poco una población que siente que no es escuchada, con líderes locales que ofrecen promesas difíciles de cumplir y con un gobierno central desconectado de las preocupaciones de la localidad. Hay una conexión del recuerdo permanente de ese pasado de rebeldía expresado en figuras como Rumi Maqui. Las protestas actuales relanzan a estos personajes que están vivos en la memoria colectiva. <:>

 

ÍNDICE: 

NOTA PRELIMINAR 

PRÓLOGO  

PREFACIO: Rumi Maqui, derrotero y reconstrucción 

1. El contexto y el contenido  

2. Nuevas luces: logros y desencuentros  

3. Del militar positivista al rebelde Rumi Maqui  

4. La historia de la historia

INTRODUCCIÓN 

CAPÍTULO 1 

Las políticas de gobierno y la situación campesina puneña en el temprano siglo xx (1908-1919)

1. El indio, la Constitución y otras medidas en el contexto republicano

2. La primera administración de Leguía (1908-1912) y la Asociación Pro Indígena

3. Billinghurst y el populismo (1912-1914)  

4. La segunda administración de Pardo (1915-1919)

CAPÍTULO 2 

En torno a una perspectiva historiográfica de la sublevación de Rumi Maqui

1. El movimiento y los estudios de la época 

2. Jorge Basadre y su evolución frente a Rumi Maqui  

3. La rebelión en la óptica de la década de 1970  

4. Los aportes posteriores: Alberto Flores Galindo, José Tamayo Herrera y Augusto Ramos Zambrano

 5. Consideraciones finales

CAPÍTULO 3

Conflicto y revuelta en el Altiplano: el caso de la sublevación de Rumi Maqui (1915-1916)

1. Una aproximación al entorno social puneño (1913-1917)  

2. La sublevación de Samán  

3. La sublevación de San José de Azángaro  

4. Rumi Maqui: mito y realidad  

5. Algunos aspectos biográficos de Teodomiro Gutiérrez Cuevas

CONCLUSIONES  

REFERENCIAS  

ANEXO 

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Referencias

Luis Bustamante Otero. La Rebelión de Rumi Maqui: Indigenismo y utopía en Puno (1915-1917). Lima: Universidad de Lima, 2024. 234 p.

https://rpp.pe/columnistas/ricardoleninalfredofallacarrillo/rumi-maqui-una-rebelion-desconocida-por-ricardo-falla-noticia-1595219

https://www.youtube.com/watch?v=gWqWYgo7J_0

<https://www.ulima.edu.pe/publicaciones/la-rebelion-de-rumi-maqui-indigenismo-y-utopia-en-puno-1915-1917>

https://www.ulima.edu.pe/sites/default/files/publication/file/indice_la_rebelion_de_rumi_maqui.pdf

HILDEBRANDT OPINA: LAS ELECCIONES EN ESTADOS UNIDOS

 TRUMP Y LA DECADENCIA

César Hildebrandt

Tomado de: HILDEBRANDT EN SUS TRECE N° 708 8OCT24

C

uando era niño, Estados Unidos era como el gigante bueno de la historia. Nos había salvado de los nazis, había ganado dos guerras mundiales y se adjudicaba el papel de ángel de la guarda de la democracia.

SAM UNCLE  por Chillico

No era así, por supuesto. Pero esa era la imagen que prevalecía en el mundo. Y a esa imagen contribuía el hecho de que en ese país relativamente joven los trabajadores tenían derechos, los sindicatos cumplían un rol, los trabajos eran estables y bastaban para sostener el hogar. En ese cuadro no entraban, por supuesto, los negros preteridos, los blancos pobres de “Las uvas de la ira”, los inmigrantes latinos que reuniría para su reivindicación el legendario César Chávez.

Pero, a pesar de sus contradicciones y su racismo detestable, Estados Unidos pertenecía al futuro. Era la sociedad que, regulada por algún Roosevelt venidero, se acercaría a unas millas del ideal del pragmatis­mo socialmente bené­volo.

Todo eso empezó a mancharse en los 50 del siglo pasado, cuando el país que había luchado contra el fascismo europeo intervino sin escrúpulos en Guate­mala para derrocar a Jacobo Arbenz, un militar progresista que se atrevió a tocar intereses norteamericanos. Un año antes, en 1953, Estados Unidos había instigado el golpe de estado que destituyó a Mohammad Mosaddeq, el primer ministro iraní que nacionalizó la industria petrolera. La CIA, la United Fruit y la doctrina del nacionalismo armado habían triunfado. Estados Unidos era el epicentro del capitalismo dispuesto a todo con tal de salir airoso. Eisenhower, acosado por el complejo militar-in­dustrial, tendría la razón al señalar esa amenaza.

Luego vino Cuba y más tarde Vietnam y, tras la tregua de Johnson, Nixon.

Pero aun con Nixon al mando, Estados Unidos libraba una lucha interna entre quienes querían preservar valores esenciales y aquellos que apostaban por el cinismo y los resultados. Esa lucha se daba en medios de comunicación, esferas políticas, foros empresariales, debates universitarios.

Ese plano de ideas en conflicto es el que se ha deteriorado hasta el punto de casi desaparecer.

Kamala Harris ha perdido porque era una Trump con sordina, una Trump con disimulo, una Trump llena de bótox. Trump ha vuelto porque interpreta me­jor que nadie la lumpenización del electorado estadounidense. Estados Unidos se mira el ombligo y clama por sus derechos y por los agravios supuestos infligidos por el multilateralismo. La promesa del bigstick ha regresado.

Tanto Harris como Trump pensa­ban celebrar los “triunfos” asesinos de Israel en Gáza y Líbano. Ambos pensaban -aunque Harris apelaba a vaguedades cada vez que le tocaban el tema- que a China había que pa­rarla al margen de la Organización Mundial de Comercio. Y ambos aspiraban a seguir ignorando dos cifras claves de la drogada economía norteamericana: un 7% de déficit fiscal y un 124% del PBI como deuda doméstica.

Los demócratas han pagado su traición a Franklin Delano Roosevelt y a las clases medias y bajas que fueron el sostén de sus sucesivas reelecciones. El Partido Demócrata actual es el de Clinton y Obama. Es decir, nada: un festival de palabras emocionantes que poco tienen que ver con la situación económica de las víctimas de la desigualdad.

La población latina y negra ha optado por Trump porque ve en él una remota esperanza de que el empleo no se siga destru­yendo y que la mu­danza fabril o la in­teligencia artificial no la convierta en abiertamente pres­cindible. Los demó­cratas necesitaban una candidatura que no repitiera la paporreta seudo progre del len­guaje inclusivo, el feminismo chifla­do y la palabrería globalista. Sólo tuvieron a Kamala Harris. La derecha envalentonada sabía que Trump haría de sus vicios y felonías un capi­tal. El pueblo de los Estados Unidos ha votado por un de­lincuente convicto, confeso y a punto de ser condenado. Eso le da carácter histórico a este episodio.

Esa apuesta por la grandeza inverosímil de un país a costa del resto del mundo da una idea de lo irracional que ha sido este proceso. Los Estados Unidos de Trump no quieren volver a ser grandes. Eso sería una idea melancólica e inofensiva. Los Estados Unidos quieren ser “los únicos grandes”. Eso conducirá a nuevas guerras, a tableros pateados, a distintos desórdenes mundiales. En santa alianza con un Israel depravado gracias a Netanyahu, los Estados Unidos prometen el fuego purificador y el triunfo de la muerte en el medio oriente. Un mundo tan bárbaro como el electorado que ha puesto su destino en manos de un fanático de sí mismo espera sin mayores agobios lo que habrá de suceder. Porque hoy por hoy lo único realmente global es la decadencia. <:>

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TRABAJADORES PUNEÑOS DE LA CULTURA. DECADA DE LOS 50

 REVISTA CHASKI (1954)

Y EL 356 ANIVERSARIO DE PUNO

Christian Reynoso

L

a Sociedad Intelectual Chaski fue fundada en Puno, en 1953, por un grupo de jóvenes con ansias de conquistar la cultura, trabajar por la mutua superación y el porvenir intelectual de Puno. Por lo menos, así lo dejan entrever en el editorial del primer número de la revista “Chaski” que editaron en noviembre de 1954, al celebrarse el 286 aniversario de la fundación española de Puno. Entre estos jóvenes se encontraban José Paniagua, Juan Solórzano, Isidoro Landa, Artemio Valderrama, Yolanda Aza, Miguel Pino, Mario Salazar, Teobaldo Loayza, entre otros. Algunos de ellos, con el correr de los años se convirtieron en artistas e intelectuales.

Hoy que se celebra el 356 aniversario de Puno, vale la pena echar una mirada a esta revista “Chaski”, publicada hace 70 años, en el mismo contexto del aniversario de la ciudad. ¿Son las mismas aspiraciones las que movían a la intelectualidad puneña de entonces si las comparamos con las de hoy? ¿Cómo se veía entonces la ciudad y cuánto ha cambiado hoy? ¿Cuáles eran las preocupaciones de la juventud de la década del cincuenta y cuáles son las de la juventud de hoy? De seguro, muchas cosas han cambiado, pero otras parecen seguir igual.

Carlos Oda Ramírez en el artículo central titulado “Puno, riqueza i posibilidad” destacó, entre otros puntos, la posición geoeconómica y centro de conexión del departamento, lo que resulta cierto, pero que no se ha sabido aprovechar lo suficiente; más bien, da la impresión de un Puno arrinconado en el sur, el viejo y rebelde sur, aunque sus latencias sobrepasen las fronteras regionales. Oda destaca asimismo las “riquezas todavía inexploradas o deficientemente explotadas” como la ganadería, agricultura, petróleo, uranio y pesca que, en su opinión, necesitan del “apoyo poderoso de capitalistas progresistas” y la utilización de mejores “instrumentos de producción”. Llama la atención que no mencione la “riqueza” cultural de Puno y lo que ella necesita para potenciarse.

En otra sección de la revista se menciona, a propósito del aniversario de Puno, la inauguración de dos nuevos motores termoeléctricos para el servicio de luz y el adoquinado de una cuadra de la calle Lima por el Rotary Club. Otro tema de actualidad es la reapertura de la Universidad de Puno que “interpreta el clamor del departamento”. Se informa, asimismo, de la visita de Ernesto More, quien ofreció conferencias sobre César Vallejo y el Teatro francés. Finalmente, se destaca la actuación literario-musical organizada por el Centro Musical Castor Vera. Hoy, para el 356 aniversario, más bien, se llevó a la agrupación musical Armonía 10. Y así por el estilo. Felicidades, Puno. <>

CARNAVALEANDO CON QOTAMARKA - Musica de Puno Titicaca

GATRONOMIA ALTIPLANICA

 LIBRO SE PRFESENTARÁ EN BRISAS DEL TITICACA EL MIERCOLES 6 DEL MES EN CURSO A HRS.  7.00

INSEGURIDAD CIUDADANA PARECE ESTABLIZARSE

 LA OLA DE CRIMINALIDAD QUE ASOLA AL PERÚ

Por Jorge Rendón Vásquez

D

os delitos hacen esta ola: la extorsión y el sicariato.

Por la extorsión se exige a alguna persona el pago de cierta cantidad de dinero o la entrega de otro bien, amenazándola con un daño a su persona, a sus parientes inmediatos o a sus bienes. Está tipificada en el Código Penal. La pena es no menor de 30 años de prisión cualquiera que sea el monto extorsionado. Si siguen lesiones graves o la muerte de la víctima la pena es cadena perpetua (arts. 200º, 201º).

Por el sicariato, se asesina a una persona a pedido de otra quien puede pagar un precio y, por lo general, con la intervención de un contratista que recibe el pedido y el precio y encarga el asesinato a alguien pagándole una parte del dinero recibido. Este delito ha sido tipificado por el art. 108-C del Código Penal (agregado por el D.Leg. 1181 de 2015). La pena es no menor de 25 años de prisión y prisión perpetua si se le comete con ciertos agravantes.

Nuestro país ha contemplado varias manifestaciones multitudinarias de empresarios, trabajadores y vecinos para exigir protección contra esos ataques. Pero, ni el Ministerio del Interior ni el Congreso de la República han dado muestras de interesarse por este reclamo popular justificado.

Debajo de esta indiferencia letal operan ciertas causas por las cuales las autoridades pertinentes no llegan a sobreponerse a esta ola y, mucho menos, a reducirla a su mínima expresión: la creencia errónea sobre el poder disuasivo de la norma penal, deficiencias en el planteamiento de la investigación, la renuencia de la población a cooperar y la inexistencia de una política de combate a la delincuencia.

Punto de partida

Una de las razones de la existencia del Estado-nación y del contrato social es la protección de las personas que lo conforman contra las agresiones de otras para privarlas de la vida, herir su integridad personal y arrebatarles lo que les pertenece.

Por lo tanto, es función fundamental del Estado llevar a cabo las acciones necesarias para evitar esos ataques y sancionar a quienes los cometan. Desde que el Estado asumió esta función, se excluyó, por ello, la justicia por mano propia, salvo como legítima defensa, sujeta estrictamente a ciertas reglas legales.

No hay, sin embargo, en la Constitución política una definición del delito ni una prescripción concreta de la obligación del Estado de evitarlo y sancionar a quienes lo cometan. La referencia al delito es indirecta y en relación al derecho a la libertad: “Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible, ni sancionado con pena no prevista en la ley.” (art. 2º-24-d).

Al enumerar los derechos humanos principales: “Toda persona tiene derecho: A la vida, a su identidad, a su integridad psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar (art. 2º-1); a la propiedad y a la herencia (art. 2º-16); a la paz, a la tranquilidad” (art. 2º-22); “a la libertad” (art. 2º-24), la Constitución dispone, implícitamente, que su violación es ilegal y que, si es grave, puede ser tipificada como delito por la ley.

Subsecuentemente, la sanción a los delincuentes surge del art. 2º-24-d de la Constitución, alusivo, como se ha indicado, a la tipificación de las infracciones punibles.

Al contrario, los delincuentes han sido favorecidos con ciertos beneficios: “El derecho de los reclusos y sentenciados a ocupar establecimientos adecuados”; “El principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad.” (Art. 139º- 21-22).

De este modo, en la Constitución, de una manera no tan disimulada, las violaciones de los derechos de las personas y del Estado no son consideradas hechos de maldad, perversidad, codicia y otros antivalores morales. Son, antes bien, hechos debidos a deficiencias en la educación de los delincuentes los que, por consiguiente, deben ser corregidos por la reeducación y la rehabilitación en establecimientos adecuados y, se deduce, con alimentación, alojamiento, vestuario  y servicios médicos pagados por la sociedad, además de la defensa legal que se ha convertido, en la práctica, en una industria tan fructífera como el turismo. Pero, ¿salen los delincuentes de las cárceles corregidos o, por el contrario, salen más avezados? ¿Hay estadísticas sobre esto?

La acción contra la criminalidad tal como es

El combate contra la criminalidad en el Perú ha sido confiado, por la Constitución, a la Policía Nacional, al Ministerio Público y al Poder Judicial.

“La Policía Nacional … Previene, investiga y combate la delincuencia..” (art. 166º).

“Corresponde al Ministerio Público: 4. Conducir desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía Nacional esta obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función. 5. Ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte.” (art. 159º).

“La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes.” (art. 138º).

Una vez cometido un delito su investigación es conducida por el Ministerio Público con la asistencia obligatoria de la Policía Nacional, y luego el Ministerio Público interpone la acción penal ante el Poder Judicial el que decide si el hecho imputado es delito, observando el debido proceso (art. 139º-3) y atendiendo a la presunción de inocencia (art. 2º-e). La resolución condenatoria debe mencionar expresamente la ley aplicable y los fundamentos de hecho en que se sustenta (art. 139º-4).

La prevención del delito

La prevención en este campo, y en general en el campo delictual, no sido, sin embargo, eficaz. Y ello porque no es posible efectuar determinadas acciones que directamente impidan el delito por cometerse, salvo en casos muy raros.

Por lo general la prevención interviene de dos modos: a) creando un estado de conciencia en la población contra el delito que puede dar lugar a rechazar la instigación a cometerlo e inclinarla a colaborar con las autoridades en la vigilancia, la denuncia y el acopio de pruebas; y b) mediante la utilización de procedimientos y medios de vigilancia y disuación.

La disuación que se espera cause la norma penal por la amenaza de la sanción no se ha producido, ni incluso con el fácil expediente de alargar las penas a prisión. En los delincuentes ha prevalecido la esperanza en los provechos que podrían darles los delitos y su confianza en su habilidad para obtenerlos y, luego. para burlar la vigilancia, la captura, la reunión de pruebas, el proceso penal y la condena en este. Por ejemplo, la extorsión se ha intensificado a pesar de que la pena es de treinta años de cárcel. O quienes la practican no han leído el Código Penal o no les interesa lo que este diga, puesto que, en sus cálculos, sus posibilidades de éxito, basadas en el temor y el silencio de sus víctimas, superan largamente a sus posibilidades de fracaso. Y esto sucede también con otros delitos y, en particular, con los cometidos contra el patrimonio del Estado, para los cuales se requiere llegar a los cargos de decisión política o administrativa y conocer a fondo los procedimientos inherentes al manejo de los recursos públicos.

La investigación del delito

Esta comienza luego que su comisión llega a conocimiento de la Policía o del Ministerio Público.

Concierne a la Policía, aunque bajo la conducción del fiscal a quien corresponda el caso. Por lo tanto, los fiscales deben tener los conocimientos suficientes para dirigirla y, se debe inferir, también deben tenerlos los miembros de la Junta Nacional de Justicia que los nombra y puede promoverlos o removerlos.

Obviamente, los fiscales, que detentan el poder de acusar, deben usarlo solo cuando reúnan las pruebas suficientes e indubitables demostrativas de la comisión de un delito, y no proceder por aproximación, inferencia u otros motivos, amparados por su poder. En todo caso, corresponde al juez determinar si hay mérito para la apertura de un proceso penal.

La policía tiene o debe tener los medios para la investigación y contar con el personal formado y altamente especializado para efectuarla, en correspondencia con las formas cada vez más complejas de la delincuencia. Pero, ¿es así?

De conformidad con el D.Leg. 1267 del 16/12/2016, Ley de la Policía Nacional del Perú, a esta le compete: “Realizar las funciones de investigación policial, por iniciativa propia o bajo la conducción jurídica del Fiscal, en concordancia con el Código Procesal Penal y las leyes de la materia.” (art. 2º-10). El Reglamento de esta Ley, D.S. 026-2017-IN, repite que solo se trata de la “conducción jurídica” por el fiscal (art. 4º-12), con lo cual se trata de limitar indebidamente la disposición constitucional sobre la conducción de la investigación por los fiscales que puede hacerse con conocimientos, habilidad en el razonamiento, experiencia y sentido común, de manera que la ejecución de la investigación, que corresponde a la Policía, pueda ser más eficaz.

Para realizar la investigación criminal se ha creado, por la Ley de la Policía, una Dirección de Investigación Criminal como órgano de línea “técnico, normativo y operativo encargado de formular, ejecutar, comandar y evaluar las operaciones policiales … de investigación criminal” … “con competencia a nivel nacional” (D.Leg. 1267, art. 18º). A las regiones policiales, cuyo campo de acción son los territorios donde se cometen los delitos, se les deja una función complementaria y subordinada para ejecutar “las estrategias policiales diseñadas en materia de prevención, orden y seguridad e investigación” (D.Leg. 1267, art. 22º). El Reglamento de esta Ley va más allá, puesto que crea también una Dirección de Criminalística, como órgano de apoyo, para “la investigación del delito” (art. 26º-2) que se agrega a la Dirección de Investigación Criminal (art. 123º).

La pregunta que surge es la siguiente: ¿si la investigación del delito debe estar a cargo de la Policía, bajo la dirección del Fiscal, en el lugar donde el delito se comete, por qué tendrían que intervenir, además, una Dirección de Criminalística y otra de Investigación Criminal? Se diría que el tratamiento, más que el combate contra el delito, ha sido desplazado por una acromegalia burocrática que absorbe recursos de personal especializado que deberían prestar servicios allí donde los delitos se cometen, in situ, y no por control remoto. Se comprende que haya una Dirección de Investigación Criminal, como órgano de línea, para acopiar información accesible por las zonas policiales y las fiscalías, emitir directivas, coordinar las investigaciones que se extiendan a varias zonas policiales y apoyar con equipos móviles ciertas investigaciones que, por su importancia y complejidad, demanden la intervención de cuerpos muy especializados que rebacen las posibilidades de acción de la policía de investigaciones en las zonas policiales.

La cooperación de la población

Un factor que ayuda enormemente a la disuación de la criminalidad y a la investigación es la cooperación de la población; y esta solo puede existir si la Policía le infunde confianza, porque respeta los derechos humanos, dispensa un trato deferente a las personas que llegan a sus oficinas a hacer una denuncia o a indagar sobre algún asunto y evidencia con hechos su vocación de combatir el delito. Lamentablemente, esa confianza ha tendido a desaparecer en las últimas décadas por la decisión de numerosos policías de todos los niveles de pasar al campo del delito, extorsionando, exigiendo coimas, deteniendo sin motivo legal por si les liga algo, formando bandas, apropiándose de lo ajeno, etc., casos que pueblan las páginas de los diarios y los espacios de TV ¡Qué lejos estamos de la Policía de otros tiempos, la que salía de la Escuela de los Barrios Altos, constituida en su mayor parte por gente del pueblo pundonorosa y honesta, para la cual el honor era su divisa¡

Quienes integran la institución policial deberían verse a sí mismos, en todo momento, como el factor institucional indispensable para prestarle a la sociedad el servicio público de seguridad por el cual existe.

Necesidad de una política contra la criminalidad

El combate contra el delito no es un asunto que concierna por separado a la Policía, al Ministerio Público, al Poder Judicial y al Ministerio del Interior. Se requiere una política nacional que articule los aportes de varias ciencias, técnicas y normas, y se manifieste como acciones concretas a cargo de estas entidades y las universidades.

En la Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Interior (D.Leg. 1266 del 16/12/2016) se ha dispuesto que la Dirección General de Seguridad Ciudadana es el órgano rector del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (regido por la Ley 27933 del 11/2/2003). Pero no es así. Este Sistema está dirigido por un Consejo Nacional constituido por cinco ministros, un representante de la Corte Suprema, el Fiscal de la Nación, el Defensor del Pueblo, dos presidentes regionales, al Alcalde de Lima Metropolitana, y los alcaldes de las dos provincias con mayor población. Su función es, entre otras, establecer las políticas y el Plan Nacional de Seguridad y aprobar los planes, programas y proyectos de Seguridad Ciudadana (art. 9º), proyectos y programas que deben ser propuestos por la Secretaría Técnica (art. 11º) y no por la Dirección General de Seguridad Ciudadana. Se ha previsto también la conformación de comités regionales, provinciales y distritales de Seguridad Ciudadana (art. 13º).

Sin embargo, no hay evidencias, de la acción de este Sistema contra la ola de criminalidad que ataca a la población peruana. En realidad, parecería ser una suerte de elefante blanco dormido profundamente.

Siendo el combate contra la criminalidad una función primordial del Estado y, mayormente del Poder Ejecutivo, le correspondería al Ministerio del Interior delinear la política contra aquella con el concurso del Ministerio Público, del Poder Judicial, de la Policía Nacional y de dos representantes de las universidades expertos en política de seguridad, como un equipo permanente.

(3/11/2024)

OPINION: ANALIZANDO LA COYUNTURA POLITICA EN EL PERU

 PARA SALIR DEL TÚNEL

por Manuel Rodríguez Cuadros

E

l Estado ha perdido su capacidad de regular, con un mínimo de eficacia y legitimidad, las relaciones de poder emergentes en la sociedad. En realidad, el Estado se ha extraviado en el Perú. Hay que recuperarlo.

La crisis de coyuntura se profundiza y continúa poniendo a la patria al borde de la crisis mayor de viabilidad nacional. El fracaso de una incompetente política de lucha contra la violencia, el crimen y el sicariato, ha puesto a la población en la línea extrema del hastío y la desesperación. Al mismo tiempo, la pérdida de legitimidad del gobierno, particularmente de la institución de la presidencia de la República, está generando las condiciones para la vacancia presidencial y el establecimiento de un gobierno de transición. Sus dos tareas elementales serían ordenar la lucha contra la delincuencia y organizar el 2026 un proceso electoral, libre, justo, bajo estándares y supervisión internacional.

Este eventual decurso de la evolución política del Perú, parecería hasta planificado. Conforme al artículo 115 de la Constitución, en el caso de vacancia, el presidente del congreso, al asumir la presidencia, debe convocar “de inmediato a elecciones”. Bajo esa hipótesis, y teniendo en cuenta que el periodo presidencial culmina en julio del 2026, en teoría habría que esperar dos procesos electorales.  El excepcional y el regular.

Pero, gracias al “azar y la necesidad” de la política peruana, el congreso ha modificado las leyes electorales y adelantado la convocatoria de las elecciones generales para abril de 2025. A un año del proceso electoral. Con ello   se asegura que, en el caso de la vacancia, la convocatoria inmediata a elecciones, coincida prácticamente con el nuevo plazo de convocatoria de las elecciones regulares. Ya no serían necesarios dos procesos electorales. También por el “azar y la necesidad,” esa decisión aseguraría la permanencia de los congresistas hasta el final de su periodo.

Si este escenario se concreta, tendríamos elecciones con un gobierno de transición. De no darse, tendrían lugar en el contexto del deterioro de la crisis multifuncional de coyuntura y del creciente autoritarismo de la actual alianza gubernamental. En ambas hipótesis, la cuestión crucial es la de pensar una alternativa para enfrentar ,a partir del 2026,  la crisis de viabilidad nacional que agobia al Perú. 

El Estado ha perdido su capacidad de regular, con un mínimo de eficacia y legitimidad, las relaciones de poder emergentes en la sociedad. En realidad, el Estado se ha extraviado en el Perú. Hay que recuperarlo. La pobreza, la extrema pobreza, la precariedad alimentaria, aumentan. La desigualdad entre los que menos ganan y quienes tienen mayores ingresos se ahonda. Pasa a ser oprobiosa. La salud y la educación públicas son precarias.   El no contar con una vivienda digna, según GRADE “es una tragedia para las familias, una inmoralidad a la que estamos acostumbrados, pero que no puede ser justificada desde ningún punto de vista”.  Estos son algunos de los problemas que habrá que enfrentar el 2026, además de incrementar el crecimiento económico por encima del 6 %.

La crisis nacional requiere una refundación del Estado y sus relaciones con la sociedad, las empresas y la propia naturaleza. Y ello tiene que ver, esencialmente,  con las decisiones políticas. Con la gobernabilidad. Es la cuestión central. La minería ilegal y otros sectores vinculados a la informalidad o directamente al crimen organizado no deben seguir perforando y utilizando las instituciones de la gobernabilidad. Es el camino a la disolución democrática del país. A la transformación del autoritarismo en dictadura.

El principal componente de la crisis de viabilidad nacional, es el colapso del sistema de gobierno y el régimen político establecido en la constitución de 1993. Un sistema de suma nula. Antidemocrático. En el cual la única manera de gobernar es que el ejecutivo tenga la mayoría parlamentaria ( autoritarismo presidencial) o que la tenga el congreso (autoritarismo parlamentario). Con un control constitucional que se ejerce una vez que ya fueron aprobadas las leyes, lo que minimiza su eficacia y lo politiza.

La solución de la crisis de viabilidad del Perú, requiere como medida y acción fundamental rehacer el sistema de gobierno y el régimen político actual. La democracia supone tomar en cuenta los intereses del Nosotros colectivo. No solo de algunos sectores de la población. Excluyendo a otros.

Un régimen político democrático supone el diálogo, la concertación, la existencia de espacios para construir el bien común, tomando en cuenta los intereses de todos. En el caso del Perú, por razones obvias, prioritariamente de los excluidos, los más pobres y las clases medias. Hay que sustituir el actual sistema de gobierno de suma cero (el 100 % de lo que gana un sector, lo pierden los otros), por otro. Esencialmente democrático, de suma   variable (las ganancias y pérdidas se comparten).

Eso implica , un sistema bicameral, donde el senado tenga función revisora y legislativa en áreas esenciales;  una instancia  de función dirimente en la función legislativa  que sería el pleno del congreso, conformado por ambas cámaras; un Tribunal constitucional  que además del control a posteriori, tenga facultades de control preventivo  de las leyes orgánicas y de interpretación constitucional; partidos políticos, con vida institucional, que sean actores cotidianos de la participación de los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y del derecho a la democracia; y, un sistema electoral independiente, justo, libre y sin voto preferencial, que ha sido el ácido muriático que casi  ha liquidado la vida democrática en el Perú.

 En el ámbito económico, hay un amplio consenso compartido con  la economía social de mercado. Pero desde 1993 se ha convertido solo en un eslogan. La legislación secundaria ha impuesto un tipo de desregulación económica en la antípoda de la economía social de mercado. Un mercado desnaturalizado por el monopolio, los oligopolios y las posiciones dominantes en el mercado.

El componente “social” ha sido eliminado. Por eso el Estado no interviene para combatir los monopolios. Y no ejerce sus capacidades de orientación estratégica y de planeación indicativa del desarrollo nacional. Es indispensable reformar la constitución para adecuar la legislación secundaria a la noción constitucional de economía social de mercado.

El Estado debe cumplir su deber de garantía de realización de los derechos económicos y sociales de la población. No existe en el mundo una economía de mercado competitiva, sin un estado fuerte, capaz de asegurar la libre competencia y sancionar las prácticas monopólicas. Allí están, los Estados Unidos, Francia, Italia o Singapur. Sin Estados, no hay mercados.

Habrá también que reformular las políticas de seguridad pública y combate del crimen. A partir de las poblaciones y los gobiernos locales, con legalidad, con participación de la gente y una policía especializada, con recursos. Y finalmente, extirpar la corrupción. Terminar con la concepción del Estado tramitador, al que se corrompe por el interés privado y el que se corrompe por haberse reducido a otorgar concesiones, licencias, hacer contratos o tramitar compras estatales.  Hay que recuperar al Estado como gestor y guardián del bien común. Con una concepción ética del servicio público.

¿Quiénes pueden concertar una alternativa de solución nacional y social a la crisis de viabilidad? Todas las fuerzas democráticas, políticas, sociales, empresariales, nacionales, institucionales, regionales y locales.  Sean de derecha o de izquierda.  No interesan etiquetas de dudosa vigencia.  Lo importante es que compartan la filiación democrática y el compromiso con la patria.  Si esa convergencia no se produce y no se ejercen los derechos a la protesta y la acción política, pasada la página del calendario, podremos haber perdido la democracia y extraviado una vez más al Perú. <:>