NOTICIAS DE LA TIERRA NUESTRA

 NOTIPUNO3MAR23

DELEGACIÓN DE PUNO QUE VIAJA RUMBO A LIMA FUE INTERVENIDA HASTA 12 VECES POR LA POLICÍA

Rosario Ticona LA REPUBLICA 2MAR23.- Ciudadanos sostienen que efectivos revisan sus pertenencias de forma constante y hasta los habrían amenazado con detenerlos. Nueva delegación de aimaras viaja a la capital en rechazo al Gobierno de Dina Boluarte

Ciudadanos de Puno partieron rumbo a Lima en protesta contra el Gobierno de Dina Boluarte. Sin embargo, alertaron que durante su viaje fueron intervenidos por personal de la Policía hasta 12 veces como parte de un control de identidad.

De acuerdo al portal Red Muqui, a los civiles, que en su mayoría son aimaras, se les revisa sus pertenencias de forma constante y hasta serían amenazados con una posible detención. Asimismo, el personal de la Policía les habría mencionado que no pueden transitar en grupo y que no deben portar las whipalas, bandera que representa la cosmovisión andina.  

Por ejemplo, un manifestante detalló al medio local Red Portal de Juliaca que, cuando son intervenidos por la Policía, son exhortados a formarse y esperan varios minutos mientras efectivos revisan sus cosas. De no encontrar nada malo, los oficiales vuelve a observar sus pertenencias. “La Policía nos grita diciendo: 'No deben llevar hondas, huaracas ni whipalas’”.

Hasta el momento, cuatro buses que partieron de Puno están rumbo a la capital. Se espera que otro grupo de manifestantes se sume a esta delegación.  

El abogado David Velasco de Fedepaz detalló que estas intervenciones buscan criminalizar las protestas, puesto que se señala a dirigentes y organizaciones como si fueran delincuentes, amenazándolos para que no puedan ejercer su libre derecho a la protesta.

Por su parte, el abogado César Quispe agregó que este tipo de labor policial sería una grave violación a los derechos humanos y a la libertad de tránsito. 

PROVINCIAS PUNEÑAS ENVIAN DELEGACIONES A LIMA PARA ACTOS DE PROTESTA

ONDA AZUL PUNO 27 FEBRERO, 2023.-  

JULI: DELEGACIÓN EMPRENDE VIAJE A LIMA PARA SUMARSE A LAS MEDIDAS DE PROTESTA.- La tarde de este lunes, una delegación del distrito de Juli de la provincia de Chucuito, emprendieron viaje a la ciudad de Lima, para sumarse a las medidas de protesta de manera pacífica en contra del Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República.

Tenientes gobernadores, abogados y otros, son algunos de quienes integran la delegación que viaja a Lima. Los abogados voluntarios estarán al pendiente de las acciones que vulneren los derechos de los manifestantes por parte de los efectivos de la Policía Nacional del Perú. En tanto, los pobladores quienes se quedan en Juli, continuarán realizando movilizaciones en el distrito.

Cabe indicar que, la población sostuvo que no habrá tregua a la huelga indefinida que emprendieron desde finales del 2022, hasta no ser escuchados por el Gobierno Central. 

“Debemos viajar a Lima para ser escuchados, porque aquí en Puno no nos escuchan”, dijo una pobladora, en tanto otro sostuvo que “el pueblo se levantó, la población está informada y ve que no hay democracia en el país, por las acciones y declaraciones que realiza el Ejecutivo y Legislativo”, dijo.

JULIACA : COMITÉ DE LUCHA ANUNCIA NUEVO VIAJE A LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA.-

Mediante una rueda de prensa, el Comité de Lucha de la ciudad de Juliaca, anunció un nuevo viaje a la capital de la República para la denominada segunda Toma de Lima.

Mencionaron que, durante estos días inscribirán a los interesados en representar a la Ciudad de los Vientos en las protestas contra el régimen de Dina Boluarte y el Congreso.

Añadieron que, hace falta el transporte para este nuevo viaje, pues hasta el momento tendrían garantizado la alimentación y la estadía en la capital.

Asimismo, indicaron que, tienen coordinación con las demás delegaciones que también viajan en representación de sus provincias con el único propósito de lograr la renuncia de la presidente.

AZÁNGARO:

POBLADORES ANUNCIAN OTRO VIAJE A LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA.- A su arribo a la ciudad de Juliaca la mañana de este lunes, pobladores de la provincia de Azángaro, anunciaron que nuevamente viajarán a la capital de la República para la denominada segunda toma de Lima.

Indicaron que, este viaje se realizará durante la presente semana, previa coordinación con las organizaciones de base, magisterio y otros de la provincia de Pedro Vilcapaza.

Añadió que, el único pedido es la renuncia de la presidente Dina Ercilia Boluarte Zegarra, cuya presencia y manifestación pública solo trae descontento a la población.

Asimismo, dijo que se sienten cansados de dos meses y más días de protestas sociales; sin embargo, no pueden cesar en sus ideales para el bien del pueblo peruano.

Respecto del anuncio de la presidente de visitar la región, dijo que su viaje sería para anunciar su renuncia al cargo, ya que no sería bienvenida.

En otro momento, solicitó conciencia a la población de la ciudad de Juliaca, respecto de la flexibilización de tres días, al respecto dijo que solo debería darse tregua los sábados y domingos. 

PARO DE TRANSPORTISTAS DEL 2 AL 8 DE MARZO PIDIENDO RENUNCIA DE BOLUARTE

Narda Saavedra LA REPUBLICA.- El Frente Nacional de Transportistas y Conductores del Perú informó que todas las regiones del país acatarán la medida. Exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y justicia para las más de 60 muertes registradas en protestas.

Por tercera vez, desde que inició el 2023, se realizará un paro de transportistas a nivel nacional a fin de exigir la renuncia de la actual jefa de Estado, Dina Boluarte. De acuerdo con el Frente Nacional de Transportistas, la medida no consistirá en ejecutar un bloqueo de carreteras, puesto que los camiones se quedarán en los garajes y no saldrán a trabajar, lo que se denomina “apagado de motores”. Se estima que 80.000 unidades dejarán de realizar el servicio de transporte de carga pesada.

¿Cuándo será el paro de transportistas 2023?

El vocero del Frente Nacional de Transportistas y Conductores del Perú, Javier Corrales Valencia, anunció mediante un video en redes sociales que del 2 al 8 de marzo se desarrollará el paro de transportistas a fin de exigir la renuncia de la actual presidenta, Dina Boluarte.

“Nosotros estamos haciendo un llamado a los transportistas para apagar motores y poner a buen recaudo sus unidades. No vamos a prestar el servicio de carga pesada estos siete días”, detalló Javier Corrales.

¿Qué regiones participarán en el paro de transportistas?

El paro de transportistas se acatará a nivel nacional, pero tendrá mayor énfasis en las regiones del sur. Se estima que más de 80.000 camioneros detendrán su servicio durante los siete días de la jornada de protesta. 

¿Qué exigen los transportistas?

En su comunicado, Javier Corrales mencionó que el fin del paro de transportistas es principalmente exigir la renuncia de Dina Boluarte. A su vez, dentro del petitorio se solicita que el Estado respete el acuerdo firmado con dirigentes de los transportistas el último noviembre del 2022. 

“Esto es tan simple, señores. La señora Dina Boluarte solo tiene que firmar su renuncia y tenga la seguridad de que le va a dar una estabilidad completa al país, el cual queda en manos del Poder Legislativo para que inmediatamente llame a elecciones”, manifestó.

A continuación, te presentamos el pliego de reclamos:

• La recuperación de la estabilidad política del Gobierno.

·        La renuncia de la presidenta Dina Boluarte y próximas elecciones.

·        El cumplimiento del manual de obligaciones y funciones del Poder Judicial.

·        Encontrar a los responsables de las muertes en las últimas protestas.

·        El cumplimiento del acta del día 29 de noviembre del 2022 frente al paro de transportistas.

En el documento de noviembre del 2022, se acordó respecto a la obligatoriedad del costo mínimo, los puertos secos para trasladar la carga internacional y la protección de la reserva de carga regional, según informó en ese entonces Abraham Marlon Milla, presidente del Gremio de Transportistas y Conductores de carga pesada (GTC).

Gremios de transportistas se dividen y algunos no acatarían el paro

Martín Ojeda, director del Consejo Nacional de Transporte Terrestre, se pronuncia ante el paro anunciado para el 2 y el 8 de marzo. 80 mil camiones acatarían la iniciativa nacional.

“Reiteramos que hoy ANATEC, Unión Nacional de Transportistas del Perú (UNT) y otros gremios han desmentido esta protesta. El gremio de transportes interprovincial también lo desmiente, y si el señor (Javier Corrales) quiere hacer un berrinche cualquiera puede hacerlo, pero afectar en estos momentos la economía peruana sería negligente sobre todo cuando hay intereses políticos que no sumen a los intereses gremiales”, enfatizó el dirigente en entrevista con RPP.

Anuncian inicio de paro nacional de transportistas

En la mañana de este jueves 2 de marzo, el vocero del Frente Nacional de Transportistas de Perú se pronunció respecto al paro nacional anunciado para hoy, en entrevista con Exitosa. "Nosotros escuchamos a la población. La población está cansada del Congreso. Se ha notado, por primera vez en la historia del Perú, que se ha unido en provincias y distritos para hacerle frente a este gran grado de corrupción, y a este gran grado de políticos y congresistas que no trabajan para el país", declaró Javier Corrales. 

DESCUBREN MOMIA DE ENTRE 600 Y 800 AÑOS DE ANTIGÜEDAD EN PODER DE UN JOVEN DE PUNO.

𝗛𝗔𝗟𝗟𝗔𝗗𝗔 𝗘𝗡 𝗨𝗡𝗔 𝗠𝗢𝗧𝗢 𝗗𝗘 𝗥𝗘𝗣𝗔𝗥𝗧𝗢 𝗔 𝗗𝗢𝗠𝗜𝗖𝗜𝗟𝗜𝗢 𝗘𝗡 𝗣𝗨𝗡𝗢, Escribe: Renzo Gómez Vega, desde Madrid. Tomado del diario “EL PAIS” de Madrid, España.- Todavía no se ha inventado la aplicación que entrega momias por delivery, aunque Puno -esa región que comparte el Titicaca con Bolivia- se ha adelantado. El último sábado, al pie de un mirador, fue hallada una momia prehispánica dentro de una caja térmica de cubierta roja de la empresa “Pedidos Ya”. Su dueño la había sacado a pasear. Tenía la urgencia de que un par de amigos la conociesen. “Yo la cuido y ella me cuida. Es como mi novia espiritual”, dijo Julio César Bermejo, un muchacho de 26 años, con cola y cejas pobladas, ante el asombro de la Policía de Perú, los miembros del Ministerio de Cultura y la prensa.

Mientras Bermejo -que hasta hace un tiempo se dedicaba a repartir comida y paquetes en moto- lucía complacido, compartiendo su historia íntima con la momia, a unos metros sus amigos Diego Luque y Yeral Cartagena no sabían dónde meterse. Y hasta dejaron a su suerte la botella de gaseosa con ron, con la que estaban celebrando el encuentro. En medio de ese brindis los sorprendieron los agentes en horas de la tarde, en la urbanización Las Torres de San Carlos.

“Duerme conmigo. De cariño le puse Juanita”, explicó Julio César Bermejo con una ternura aterradora. Cada una de sus frases es una revelación que provoca escalofríos. Según cuenta, la momia llegó a él por herencia. Su padre la consiguió hace treinta años cuando “se la quitó a un policía a cambio de un dinero que le había prestado y luego se encariñó”. Desde hace años, dice, ha permanecido en su casa, al lado de su televisor. “Cuando me porto mal me jala la frazada. A veces siento como si me tocara la mano”, asegura.

Bermejo ha negado haber intentado vender ese cuerpo momificado en posición fetal por el que, seguramente, un coleccionista le pagaría una fortuna. Y que más bien, intentó donar a “Juanita” al museo Carlos Dreyer de Puno. Pero que el trámite era demasiado engorroso. Allí el relato de Bermejo cae en inconsistencias que son materia de investigación para el Ministerio Público.

“Para disponer de cualquier elemento que forma parte de nuestro patrimonio cultural se debe contar con autorización del Ministerio de Cultura. Es un delito transportarlo sin autorización, porque se podría interpretar que es tráfico ilícito de bienes culturales”, señaló el arqueólogo que verificó la autenticidad del cuerpo. Delito por el que Julio César Bermejo podría ser condenado hasta a cinco años de prisión.

DATO.- Pese a que no era “juanita”  Joven considera como su ‘novia espiritual’ a momia que escondía en una mochila. La policía de Perú incautó el fin de semana una momia prehispánica de la mochila de un repartidor a domicilio, que la tenía en su casa desde hacía unas tres décadas, según un comunicado oficial y un video que se volvió viral en redes sociales.

 AUTORIDADES, SOCIEDAD CIVIL Y EMPRESA SE REUNIERON PARA ABORDAR REINICIO DE HOSPITAL ESSALUD ALTIPLANO

 ONDA AZUL PUNO 3 MARZO, 2023.- La mañana de ayer se reunieron en las instalaciones de la Municipalidad Provincial de Puno, representantes de la empresa ejecutora y supervisora del Hospital de Alta Complejidad de EsSalud ‘El Altiplano’, que se edifica en el centro poblado de Alto Puno. Ángel Martín Álvaro Ordoñez, gerente de la Red Asistencial Puno, dijo que, fueron convocados por los representantes de la sociedad civil.

Señaló que, la preocupación de las autoridades y sociedad civil de Puno es el reinicio de los trabajos en la obra, que fue paralizada en diciembre del pasado año, debido a las acciones de protesta con bloqueo de vías de la población contra el actual gobierno de Dina Boluarte. 

Álvaro Ordoñez, dijo que, los representantes de la empresa vienen solicitando todas las facilidades de accesibilidad, a fin de reiniciar los trabajos en la obra. Aclaró e insistió que, por el momento la principal limitante es el tema de accesibilidad. Respecto a la obra propiamente dicha, dijo que, los representantes de la empresa ejecutora, así como de la empresa supervisora, deberán dar detalles técnicos sobre el particular.  <>

HILDEBRANDT SOBRE LA COYUNTURA PERUANA

 

HASTA WASHINGTON

LE PIDE QUE SE VAYA

César Hildebrandt

Tomado de HILDEBRANDT EN SUS TRECE Nº 625, 3MAR23

L

a derecha peruana idolatra a los Estados Unidos de América, sueña con que sus hijos estudien en esas tierras de promesa y libertad, compra depas en La Florida, cumple el rito pedagógico de llevar a sus niños a Disneylandia, se traga, con palomitas y todo, las aventuras mecatrónicas de Hollywood y, si puede, sueña en inglés y en tecnicolor.

La derecha peruana es yan­qui por adopción y haría de marine si fuera necesario. Por eso es que Estados Unidos nos ve como un socio menor siempre leal, un cachorro que apenas come y ladra poco en el patio trasero (PPK dixit).

Brian Nichols

Cuando Ollanta Humala era un peligro del chavismo can­cerígeno, ¿a quién acudió Fer­nando Rospigliosi para pedir el auxilio de algún desembarco decisivo? Pues a la embajada de los Estados Unidos, donde lo mandaron al diablo porque los gringos serán imperialistas pero no estúpidos y ya sabían que detrás de Humala, el co­mandante, estaba Cosito, el capitán de hojalata.

La derecha peruana amó a Leguía, que le abrió las puertas y todo lo abrible a los Estados Unidos. Y reverenció a Manuel Prado, que ordenó que en el pabellón checoslovaco de la Feria del Pacífico de Lima se suprimiera la palabra “socialista” que definía a aquella república. El pobre Prado, hijito del traidor y premiado dos veces con la presidencia, no tenía idea de que en Praga en ese tiempo -comienzos de los años 60- ya se cocinaba la conjura liberal que minaría, poco a poco, el imperio soviético de la Europa oriental.

La derecha peruana sueña con Puerto Rico, esa isla binaria que no sabe si hablar en inglés o pedir en castellano cada vez que una desgracia le recuerda su papel de pariente ninguneado. Y no olvidemos los ancestros: hay documentos que prueban que, en plena ocupación chilena del Perú, Francisco García Calderón, que hacía de presidente consentido por el virrey Lynch, le prometió al embajador de los Estados Unidos la cesión permanente de Chimbote para que la gringada construyera allí una base militar.

Pues bien, Washington acaba de decirles a estos súbditos del Pacífico sur que Dina Boluarte debe irse lo más pronto que se pueda.

En efecto, Brian Nichols, subse­cretario de Estado para asuntos del hemisferio occidental, ha conde­nado el intento de golpe de Pedro Castillo, ha calificado como frágil la democracia del Perú, ha recordado que la administración Biden monitorea la situación peruana y ha respaldado abiertamente el adelanto de elecciones. Nichols ha sido explícito: “Esperamos que la presidenta Boluarte y el Congreso puedan llegar a un acuerdo para anticipar las elecciones y que los peruanos puedan confiar en la democracia”.

Nichols no es cualquier funcionario. Es el personaje que más sabe de Latinoamérica en la administración Biden y conoce muy bien el Perú, donde fue cónsul, en 1989, y más tarde embajador (del 2014 al 2017). Entre sus medallas está la Orden del Sol otorgada por nuestra cancillería.

En suma, se trata de un experto que sabe de qué habla y por qué se lanza ahora a decir algo tan drástico. La nueva embajadora estadounidense en Lima debe haberle informado, con encuestas en la mano, qué le espera al Perú si Dina Boluarte sigue cumpliendo el papel de sanguijuela que tanto le place cumplir.

De Juli a Lima para seguir la lucha

Es bien sencillo: el gobier­no de la señora Boluarte, de los generalitos de la Dircote, del fujimorismo infiltrado, del acuñismo prefectural, del Congreso prostituido, del Tribunal Constitucional hecho lenocinio, de los 67 muertos, del Ministerio Pú­blico asociado al Ejecutivo, ese gobierno, decimos, no es viable. Nos conduce a la ruina, a la confrontación, al desvarío. Sólo la derecha cree que esto puede durar hasta el 2026. Y sólo la prensa catatónica puede escribir editoriales adulando el orden y el pro­greso de esta tecnocracia que intenta disimular la vacuidad del régimen.

Estados Unidos lo sabe y lo ha dicho a través del vocero más calificado de su cancillería.

La derecha ha tratado de minimizar el asunto, de ocultar­lo, de neutralizarlo con versiones desvaídas. Y hay brutos y achorados que a estas alturas hablan de “la dignidad y la soberanía de las naciones”. ¡Ellos, que rematarían el Perú con martillero y todo si pudieran!

Antes, este columnista sostenía que la señora Boluarte debía renunciar. Ahora digo que tiene que largarse. Eso es lo que le han susurrado, al fin y al cabo y despojándonos de modales diplomáticos, en Washington. La señora Boluarte es insostenible y hasta los que intentaron protegerla activa­mente empiezan a decírselo abiertamente. Mientras tanto, la señora camina no se sabe dónde con rumbo a ninguna parte. Y el pobre Otárola recién se da cuenta de que es el segundo de nadie. ▒▒

Chillico, siempre mordaz

ANALISIS DE LA COYUNTURA

 EL GOLPE LO DIO EL CONGRESO

Escribe: Ricardo Milla Toro

Diario UNO, 26 febrero 2023

U

na reciente encuesta de Ipsos ha revelado, para sufrimiento de los arrastrados de las burguesías, que el 51% de los peruanos opina que fue el Congreso el que dio un golpe de Estado al presidente Pedro Castillo Terrones. Solo un 43% asume la narrativa oficial del régimen, a saber: que fue Castillo quien habría dado un golpe de Estado por dar un mensaje televisado.

La burguesía ha usado sus medios de comunicación para instalar su interpretación ideológica. En Lima, como suele suceder, dicha narrativa ha calado bastante, pues un 69% se cree la narrativa oficial del régimen de Boluarte y sus compinches (el Congreso y los medios de comunicación).

Al contrario, sucede en el Perú profundo y en las zonas rurales, donde el 56% y 69%, respectivamente, son conscientes de los hechos acaecidos en el Perú el 7 de diciembre de 2022, esto es, que el Congreso perpetró un golpe de Estado; y solo un 38% y 23% cree que el golpista fue Castillo. Números que deben desatar la ira de los burgueses y sus esbirros.

López Obrador presidente de México, dice que este gobierno cívico-militar
es títere (de USA, obviamente)

***

El Perú sufrió un golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022 y quisiera narrar lo más importante respecto a este hecho con la finalidad de mostrar cómo el Estado es un aparato de control para mantener la dominación hegemónica de las burguesías:

1. Pedro Castillo fue legítimamente electo presidente del Perú por la mayoría de peruanos en 2021. Sin embargo, la derecha perdedora de los comicios ni bien se supo derrotada dio movimiento a un golpe de Estado en cámara lenta. Lo primero que hicieron fue argüir un fraude -a todas luces inexistente- y, posteriormente, ya con Castillo como presidente juramentado, obstruir a su gobierno desde el Congreso.

2. La obstrucción parlamentaria fue constante y desde el primer día. Se le acosó al presidente desde todos los frentes, usando, sobre todo y con gran ahínco, los medios de comunicación. El lawfare (persecución judicial o uso político del aparato judicial) se agudizó contra el gobierno, ya sea contra el presidente, su familia o su entorno. Si bien en muy pocos casos había pruebas para demostrar los delitos, en la gran mayoría de casos eran puros dichos sin pruebas ni evidencias.

3. Con las investigaciones de la Fiscalía, la mayoría sin sustento alguno, se usaron políticamente para intentar -en vano- vacar al presidente Castillo con puras leguleyadas. El Congreso se hacía cada vez más y más golpista. El 7 diciembre de 2022 sería el golpe certero contra el gobierno, pero Castillo se les adelantó y no iba a caer sin presentar resistencia, lucha.

Ante el inminente golpe de Estado parlamentario, el presidente Castillo decide anunciar la disolución del Congreso convocando una Asamblea Constituyente, demostrando su entrega total al clamor popular, pues el pueblo exigía tanto el cierre del Congreso como un proceso que nos lleve a una nueva Constitución. Contrario a la narrativa de la dictadura, Castillo salió en defensa del pueblo a costa suya y de su integridad.

Todo regimen político autoritario,
cree que el poder solo nace de aquí. 

4. Castillo sabía que iban a por su familia y salió de Palacio para ponerla a buen recaudo. Empero, su propia escolta lo detiene; agentes con pasamontañas en rostro le apuntan con armas de guerra a él y a su menor hija. Castillo se entrega, a pesar de que aún gozaba de la inmunidad que ostentaba y otorgada por la Constitución que tanto se ufanan los derechistas en honrar. En absoluto, el Congreso, los medios de comunicación y la policía se defecaron sobre la Constitución, les importó un carajo e hicieron lo que se les vino en gana.

5. Siendo aún presidente del Perú, sin que se respete la investidura presidencial, Castillo es trasladado a seguridad del Estado donde es humillado por la fiscal de la Nación quien llega a reconocer, ante Aníbal Torres, ser una operadora política. Castillo mantenía la calma total en todo momento. El golpe de Estado parlamentario se estaba concretando.

6. Con el apoyo de las Fuerzas Armadas, la policía, los medios de comunicación y las burguesías, el Congreso decide vacar ilegal e ilegítimamente al presidente Castillo. No se respetó el debido proceso ni el reglamento del Congreso ni la Constitución ni nada. Ninguna garantía constitucional o de algún tipo. Sencillamente el Congreso demostró que el poder nace del fusil. Quien tiene a las FFAA de su lado, quien tiene las armas, entonces puede hacer lo que se le cante. Las leyes acaban ahí donde se escucha el rastrillar del trabuco. El golpe de Estado lo dio el Congreso.

7. El golpe de Estado en Perú lo perpetró el Congreso en contubernio con las Fuerzas Armadas ese mismo 7 de diciembre a las pocas horas del secuestro del presidente Castillo. Todos sabemos que las FFAA tienen operadores políticos en el parlamento, por lo que se les hizo más fácil la coordinación para acertar el golpe contra Castillo.

a dejar el poder y menos aún luego del exitoso golpe de Estado contra Pedro Castillo. Los muertos y heridos venían en aumento y la Navidad se acercaba. En un clima de militarización, crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado, el Perú pasaba fiestas de fin de año, fiestas enlutadas por la dictadura de Boluarte. Más de 40 personas murieron a causa de la brutal represión policial y militar.

En enero de 2023 se retomaron las protestas y el 9 de ese mes el régimen no dudó en masacrar a la población puneña. Un saldo de 18 muertos en un solo día en Juliaca fue el horrible saldo que dejó el golpe de terror de la dictadura. Militares y policías salieron a matar. No tuvieron intenciones en ningún momento de controlar las protestas y evitar el vandalismo. Simplemente salieron a matar. Usaron armas de guerra y dispararon a mansalva, a matar, directo al cuerpo, pecho, cabeza, espalda. Para milicos y tombos los muertos son indios terrucos.

12. Así llegamos a febrero, con marchas en Lima y en provincias casi a diario. En Lima misma hubo un asesinado por la policía. Un tombo le disparó una bomba lacrimógena en la cabeza al señor Víctor. No era un delincuente ni un vándalo ni un terrorista. Hasta hoy no hay ningún responsable investigado ni nada.

Ante su debilidad, el régimen dictatorial intentó hacer una muestra de fuerza y poder sacando a la policía en una masa desproporcionada en el centro de Lima. No se sabía si era Perú o la Alemania nazi de Hitler o quizá el ejército de Darth Vader. El régimen daba manotazos de ahogado, pero el Congreso le lanzaba el salvavidas necesario: no habrá adelanto de elecciones ni referéndum para Asamblea Constituyente.

Un saldo de más de 70 asesinados y más de mil heridos; todos causados por la dictadura cívico-militar que hoy en día azota con terror y mano de hierro al pueblo peruano.

***

A pesar de la narrativa oficial del régimen, que está en contubernio con el Congreso y los medios de comunicación burgueses, a pesar del bombardeo mediático, el pueblo peruano se ha mostrado digno, no ha caído en la ideología y sabe que Castillo no es ningún golpista (como les encanta llamarlo en los dominicales de la prensa basura; ah, pero a Fujimori ni con el pétalo de una rosa).

La realidad es abrumadora. La mayoría del Perú reconoce esa realidad, su propia realidad, aquella que atraviesa: el golpe de Estado lo hizo el Congreso. No solo las encuestadoras de  derecha no pueden ocultar la realidad y la verdad, sino que se ven obligadas a hacerlas públicas.

Solo Lima se muestra esquizofrénica, viendo una realidad que no existe, creyendo que si lo repite muchas veces, su narrativa se hará verdad.

Mientras tanto, la gran mayoría de peruanos (69% según encuestas) pide Asamblea Constituyente. Incluso, una abrumadora mayoría de nuestros compatriotas (más del 70%) pide la renuncia de Dina Boluarte, aunque ella insista que solo los vándalos exigen su salida. Misma suerte corre el Congreso que tiene a un 90% del país en contra.

Para nunca olvidar

En la desesperación del régimen y parlamento de aferrarse al poder, estos han intentado revivir el cuco del terrorismo, pero la gente no se ha tragado el cuento. Han usado una maniobra psicosocial, que no les ha funcionado, tratando de instalar la narrativa de que el terrorismo de Sendero Luminoso está detrás de las protestas.

¿Pruebas? Cero. Nada. En el Perú no hay terrorismo -o, si lo hay, es terrorismo de Estado- Lo que sí hubo en el Perú fue un golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022 perpetrado por el Congreso de la República, con apoyo de las Fuerzas Armadas y policiales, los medios de comunicación y las burguesías, contra el presidente legítimo Pedro Castillo Terrones.

El Estado vuelve a las manos de las burguesías, pues es su herramienta primordial para mantener su poder, su hegemonía, su capital. Solo con el desarrollo de una revolución popular [de las conciencias] se podrá vencer al monstruo estatal y su dominación, ya que, si no nos transformamos en el poder, un modo efectivo de tomarlo, entonces el socialismo peruano seguirá siendo mera quimera. ░░

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OPINIONES SOBRE LA COYUNTURA POLITICA EN EL PERU

 HACIA UN NUEVO PACTO

PARA SANAR LAS HERIDAS ABIERTAS

Verónika Mendoza Frisch 

Revista Ideele N°308. Enero – Febrero 2023

“¡Váyanse a la chacra, indios!”

“Entonces tiraron bombas y rompieron la puerta. Nos apuntaron con pistola, nos juntaron y nos tiraron al piso, nos enmarrocaron en la espalda. Querían patearnos. ‘¡Chola, calla, mierda, chola!’, diciendo nos ha carajeado. Nos han maltratado con sus palabras. A algunas compañeras les han pateado y les han dejado todo verde”.[1]

Con esas palabras cargadas de indignación, Yolanda, mujer huancavelicana de 58 años, de largas trenzas negras y piel curtida por el sol, cuenta los momentos de terror que vivió en el campus de la Universidad de San Marcos en Lima aquel fatídico sábado de enero. Aquel día, alrededor de 200 policías derribaron la puerta con una tanqueta y detuvieron a unas 200 personas, alojadas en la universidad, que habían llegado de diversas regiones para protestar en Lima.

“¡Váyanse a la chacra, indios!”, grita un grupo de cusqueños en la avenida de la Cultura, por la entrada a la ciudad del Cusco, en el distrito de San Jerónimo. Se dirigen así a un grupo de campesinos que han llegado desde el sur del departamento para movilizarse en la “ciudad imperial”, como lo hace cada día, desde diciembre del año pasado, una o más delegaciones de las distintas provincias de la región.

Abuso inicuo de Boluarte-Otarola

Estas dos escenas sintetizan, de alguna manera, algunas de las causas más profundas de la crisis que hoy atraviesa el Perú: el racismo y la discriminación hacia la población campesina, rural, indígena. 500 años de colonialismo nos dejaron esta herida abierta que, durante décadas, pretendimos solapar con un velo blanquirrojo y el coro de ese vals que dice: “unida la costa, unida la sierra, unida la selva, contigo Perú”. Hoy la herida ha quedado descubierta, pero en lugar de bálsamo para su sanación ha recibido bombas lacrimógenas, balas, patadas, palabras hirientes. Hoy esa herida llora 62 dolorosas lágrimas[2].

Y no es casual que la absoluta mayoría de las víctimas mortales de la represión hayan sido campesinos o hijos de campesinos, indígenas, quechuas, aymaras. Aquellos cuyas voces y vidas no valen para nuestras élites, ni –aunque duela decirlo- para una parte importante de la sociedad urbana. Tampoco es una novedad. Durante los últimos 20 años, aproximadamente 166 peruanos fallecieron por la represión policial en contexto de protesta social[3]. La absoluta mayoría eran campesinos andinos o indígenas amazónicos que ejercían su legítimo derecho de protesta defendiendo sus territorios del desmembramiento, sus lagunas, ríos y bosques de la contaminación por parte de alguna transnacional minera o petrolera o demandando derechos laborales a alguna gran agroexportadora, por ejemplo. Hasta ahora, no se ha identificado responsabilidades penales ni políticas por ninguna de estas muertes, todas permanecen en la impunidad. Los nombres de las víctimas, en el olvido; salvo en el corazón partido de niños que quedaron sin padre y de madres que se quedaron sin hijos.

Pienso en Walter Sencia, por ejemplo, joven k’ana de la provincia de Espinar que, además de la chacra, trabajaba como payaso; “Manzano” era su nombre artístico. Una bala disparada por un policía acabó con su vida cuando tenía apenas 24 años y su hijo aún aguardaba en el vientre de su madre para conocer el mundo. Lo mataron cuando protestaba junto al pueblo de Espinar denunciando la contaminación minera y exigiendo que los grandes proyectos extractivos beneficiaran también a las poblaciones locales. Es inevitable recordar que, de la misma manera, durante el conflicto armado interno que desangró al país, durante los años 80 y 90, “la tragedia que sufrieron las poblaciones del Perú rural, andino y selvático, quechua y asháninka, campesino, pobre y poco educado, no fue sentida ni asumida como propia por el resto del país”[4]. 75% de las víctimas fatales tenían el quechua u otra lengua nativa como lengua materna. Y, sin embargo, son esas víctimas y las generaciones que las suceden –y no los victimarios- las que cargan hasta hoy el estigma de ser terrucos.

La señora Boluarte se empecina en decir que ésta es una demanda “política”, pretendiendo de esa manera descalificarla, cuando es justamente eso lo que se necesita: hacer política, es decir, consultar, dialogar, construir consensos involucrando a las y los ciudadanos, que no solo somos objetos de políticas públicas sino sujetos con derechos políticos. Lo contrario, la negación de la política, es el autoritarismo y la violencia.

“Se cumplió. Deteniendo a todos esos terroristas. Reventamos San Marcos”, fue lo que dijo un orgulloso policía en un video-selfie el día de la intervención arbitraria en dicha universidad, dando cuenta del terruqueo azuzado e institucionalizado por Dina Boluarte, sus ministros y altos mandos policiales que ahora salen a declarar a la prensa con inusitada frecuencia. Los grandes medios, el Ministerio público y el Poder judicial se han sumado con entusiasmo a esta narrativa y práctica contrasubversiva que busca justificar la brutal represión y criminalización que hemos visto en estas semanas: ciudadanos y dirigentes son detenidos e investigados por demandar una asamblea constituyente o por recaudar donaciones para alojar o alimentar manifestantes o atender a los que resultan heridos. Pero el terruqueo no solo busca deshumanizar a quien protesta para justificar su aniquilamiento político o físico, sino que atiza el racismo que lleva implícito y el recuerdo del terror vivido durante el conflicto armado interno, otra herida que aún no cicatriza.

Pero así como Yolanda, huancavelicana de 58 años, tendida en el piso boca abajo y enmarrocada, se atrevió a levantar la cabeza, increpar a una policía que rebuscaba entre las pertenencias de los detenidos y mirarla fijamente a los ojos; así como Aida Aroni, ayacuchana de 52 años, se acercó, con su sombrero de paño negro, flameando su pollera y su bandera blanquirrojas, al cordón policial que impedía el avance de una marcha en Lima; así también, con dignidad y coraje, todo un pueblo alza la cabeza y rompe el silencio al que había sido condenado durante siglos. Y las élites racistas se irritan porque no soportan que sus otrora peones, yanaconas o colaboradores ahora los miren a los ojos y reclamen el lugar que se ganaron resistiendo a las diversas formas de opresión de cada tiempo; cultivando sus tradiciones; forjando con su sudor y lágrimas casas, ciudades, patria; alimentando desde sus chacras al país entero; moviendo la economía aún en tiempos de pandemia, sequía, escasez o inflación.

Los que alguna vez se vieron obligados a andar cabizbajos y callados, a sentir vergüenza de su apellido, su forma de hablar o su vestimenta, hoy reivindican con orgullo su identidad a través de sus manifestaciones políticas, sus demandas sociales pero también a través de la inmensa solidaridad desplegada en miles de ollas comunes para los manifestantes, brigadas de salud, equipos de defensa legal, así como cantos y bailes que siempre fueron y siguen siendo una forma de resistir, luchar y vencer.

      “Presidenta Dina Boluarte, ¿por qué eres traicionera?,

Presidenta Dina Boluarte, ¿por qué eres mentirosa?

Tus engaños que te crea tu Congreso,

Tus engaños, que te crea tus ministros”

Dice una estrofa de un carnaval ayacuchano estrenado en Huanta hace unos días.

“Congresista, suwa[5] congresista,

quién te ha dicho que somos terrucos,

somos valientes y luchadores,

queremos un cambio para nuestro Perú”

Dice otro carnaval que acompaña escenificaciones y parodias de las protestas y la represión.

“Esta democracia ya no es democracia

Dina asesina, el pueblo te repudia.

¿Cuántos muertos quieres para que renuncies?

Dina asesina, el pueblo te repudia

Sueldos millonarios para los corruptos;

balas y misiles para nuestro pueblo”

 

Dice la canción que se ha convertido ya en el himno que se corea en calles y plazas a ritmo de banda puneña.

La promesa de cambio incumplida

Pero si queremos entender a profundidad la crisis peruana, a los rezagos de 500 años de colonialismo, debemos sumarle los estragos de 30 años de neoliberalismo depredador. Porque esta crisis no empezó ni el 7 de diciembre con el golpe de Estado fallido de Pedro Castillo y su destitución, ni con el inicio de su Gobierno. Las élites dirán que antes de este estallido todo iba de maravilla, pero no es así. Hubo crecimiento económico en las dos últimas décadas, sí, pero a costa del debilitamiento de las instituciones y de la precarización de la vida. Nuestro Estado quedó débil, capturado por los grandes grupos de poder económico, con una inestabilidad política sin parangón: seis presidentes en seis años.

Ese Estado nos dejó morir durante la pandemia –fuimos el país con la más alta tasa de mortalidad en el mundo- porque la salud, como la educación o la vivienda, fue tratada como cualquier mercancía que solo los más pudientes podían asegurarse. Tenemos una economía que mantiene a más del 70% de las y los trabajadores en la informalidad; a 1 de cada 4 peruanos en situación de pobreza, sobreviviendo con menos de S/.380 al mes; y a una proporción aún mayor de peruanos en situación de vulnerabilidad, a los que una pérdida de trabajo, una enfermedad en la familia o un accidente, podrían volver “pobre” de un día para el otro; mientras el 1% de la población más rico concentra alrededor del 30% de los ingresos totales del Perú, lo que nos coloca como el cuarto país más desigual del mundo[6]. Tenemos una riqueza inconmensurable -gas, petróleo, minerales, agrobiodiversidad, agua dulce, patrimonio cultural- pero siempre expoliada, rematada y depredada por voraces transnacionales o mafias locales que nos dejan migajas.

El sur del país es quizás el ejemplo más claro de esta dolorosa paradoja: las élites centralistas nos han visto siempre como una despensa infinita de materia prima que rematar y no como ciudadanos con plenos derechos ni como pueblos capaces de decidir también sobre nuestros territorios y riquezas, de preservar o recrear nuestras tradiciones, según nuestra memoria y nuestros sueños. Hemos visto, más bien, nuestras montañas heridas con grandes tajos para extraer de ellas cobre o hierro que es vendido a lo largo y ancho del mundo[7]. Hemos visto nuestro gas natural esfumarse por un tubo y llegar hasta Europa o Japón desde hace cerca de 20 años, mientras aquí tenemos que comprar balones de GLP[8] que vienen de la costa central a precios inexplicables, los más altos de América Latina[9]. Hemos visto Machupicchu o el Lago Titicaca y sus islas engalanar postales y películas, mientras miran con desdén a los constructores y guardianes de ese patrimonio. Y cuando hemos exigido respeto por nuestros derechos han declarado estado de excepción en nuestros territorios, nos han apuntado con sus armas.

Nos dijeron que si queríamos cambios debíamos expresarlo con nuestros votos y eso hemos venido haciendo con convicción desde hace décadas. Pero incluso cuando una propuesta de cambio ganó las elecciones, se impuso el chantaje de las élites y poderes fácticos, o la cobardía de los que nos juraron cambios y luego nos traicionaron.

¿Balas o votos?

Por eso es que hoy emerge con tanta fuerza la necesidad de un nuevo pacto social, una refundación, un cambio de fondo que se expresa en la demanda de “nueva Constitución”. Ya no bastan parches o maquillajes, ya no basta cambiar de figuras. Un nuevo pacto social es la única salida seria y duradera a esta crisis. Quienes se oponen, alegan que cada peruano debería leer la Constitución actual antes de plantear otra. Ese es un argumento elitista que desconoce que el saber no es solo libresco, que también sabe el que siente crujir de hambre sus tripas, el que posterga sus sueños porque no tiene oportunidades, el que ve sus ríos contaminados, sus hijos sin educación de calidad, el que vive la angustia cotidiana de no saber si mañana tendrá trabajo; ese sabe que estas reglas de juego ya no dan más, que se necesita cambios de fondo. Pero es, sobre todo, un argumento reduccionista y falaz, que nos quiere hacer creer que la Constitución es un papel, cuando se trata, más bien, de un pacto.

Rumbo a la cita de honor, por Jashua

Por eso planteamos que, para empezar, se consulte al pueblo peruano en un referéndum si quiere o no un nuevo pacto y que se abra un gran diálogo nacional descentralizado, plural, intercultural e intergeneracional sobre qué país queremos construir y legarle a las generaciones futuras. Es una salida absolutamente viable legal y constitucionalmente y, sobre todo, la más democrática. La señora Boluarte se empecina en decir que ésta es una demanda “política”, pretendiendo de esa manera descalificarla, cuando es justamente eso lo que se necesita: hacer política, es decir, consultar, dialogar, construir consensos involucrando a las y los ciudadanos, que no solo somos objetos de políticas públicas sino sujetos con derechos políticos. Lo contrario, la negación de la política, es el autoritarismo y la violencia. Pero, aunque la señora Boluarte y la coalición autoritaria -poder económico, mediático, fuerzas armas y policiales y ultraderecha parlamentaria-que hoy lidera hayan optado por las balas y no por los votos, por la dictadura y no por la democracia, el pueblo ya señaló el horizonte y abrió el camino.

Es tiempo de sanar las heridas más profundas, de sellar un nuevo pacto, pero no entre élites cínicas para defender sus privilegios -como ocurrió con la Constitución de la dictadura-, sino un pacto entre peruanas y peruanos en el que nos reconozcamos todos –sí, todos, no solo los que piensan como nosotros- como ciudadanos con iguales derechos, en el que definamos qué reglas de juego deben regir nuestro país, qué valores deben guiarnos como sociedad. Necesitamos un nuevo pacto que afirme la vida, la dignidad humana; que ponga por delante el poder del pueblo antes que el poder del dinero; la igualdad en la diversidad para dejar atrás el racismo, el machismo, el clasismo que hieren nuestra Patria y nuestras familias; que ponga el bien común, la solidaridad y cooperación por delante del individualismo, la competencia exacerbada y la corrupción; que defienda el cuidado de la naturaleza para dejar atrás la depredación y contaminación de nuestros ríos, montañas y bosques; que promueva el uso soberano de nuestras riquezas para que beneficien de verdad a las familias del Perú. Es tiempo de construir la Constitución de la democracia.

Esta tarea no es exclusiva de autoridades o expertos, por el contrario, es una tarea de todos los peruanos y las peruanas. Sí, también de ti que me lees. Atrevámonos, entonces, a sanar las heridas históricas que aún nos duelen, a soñar con un país mejor, a ir al encuentro del otro…▒▒

 

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[1] Declaración traducida del quechua de Yolanda Enríquez en el momento de su liberación tras haber sido detenida en el operativo policial del sábado 21 de enero en la Universidad Mayor nacional de San Marcos, Lima.

[2] Hasta el día 15/02/2023, según la Coordinadora nacional de derechos humanos, 62 peruanas y peruanos han fallecido en el contexto de las manifestaciones iniciadas en diciembre 2022.

[3] Registro de la Coordinadora nacional de derechos humanos, 2003-2022 (desde el gobierno de Alejandro Toledo hasta el de Pedro Castillo incluido).

[4] Informe final de la Comisión de la verdad y reconciliación, 2003. Conclusiones generales.

[5] Suwa: ladrón en quechua.

[6] World Inequality Report 2022.

[7] Según la “Cartera de proyectos de inversión minera 2023” del Ministerio de energía y minas, en el Sur del Perú se concentran 19 de los 47 proyectos mineros actualmente en alguna etapa de ejecución. Cada vez que se ha producido un conflicto social en torno a algún proyecto minero, se ha optado por declarar distritos o provincias en estado de emergencia. Pero desde el 2017, aproximadamente, se ha declarado estado de emergencia en todo el llamado “Corredor vial minero” que atraviesa los departamentos de Arequipa, Apurímac y Cusco de manera recurrente, incluso en tiempos de calma, apelando a la figura inconstitucional de los “estados de emergencia preventivos”. En la práctica, se trata de territorios que viven en permanente estado de excepción con diversos niveles de militarización y de vulneración de derechos humanos.

[8] Gas licuado de petróleo.

[9] Camisea, el yacimiento de gas natural más importante del Perú y uno de los más grandes de América Latina, se encuentra en el Sur del país, en el área amazónica del departamento de Cusco.