MEGA MINERIA A CIIELO ABIERTO CON CIANURO

La sentencia del Lago Titicaca

Bernardo Roque Huanta

Profesor Principal.

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.

Universidad Nacional del Altiplano.

ARGENPRESS viernes 24 de junio de 2011

El lago Titicaca es uno de los recursos más valiosos de Puno, Perú y Bolivia. En sus aguas crece la totora y otras plantas que sirven de alimento para el ganado; de sus aguas se obtiene el pescado que consumen los pueblos; en sus aguas se cría la trucha; de sus aguas beben directamente las grandes ciudades de la región Puno; de sus aguas vive el turismo, etc. Durante mayo y junio, somos testigos de los problemas sociales: protestas, tomas de carreteras y marchas en contra de las concesiones mineras, en contra del proyecto minero Santa Ana (Decreto Supremo 083-2007-EM).

Los aimaras ya llegaron a Lima, los pueblos del norte se están sumando; es decir, la situación se está complicando. La relación gobierno-Aduviri, asemeja a la relación Arreche-Túpac Amaru. Las opiniones son diversas, la prensa está confundida, los académicos guardan silencio, la universidad y sus facultades, maestrías y doctorados ligados a la ecología y medio ambiente no dicen nada. El problema es tan grave, que de ganar el gobierno se habrá dado la lectura de sentencia a muerte del lago Titicaca y se avecinaría el desastre ecológico más grande para Puno. A estas alturas, es bastante conocido que el Estado y sus gobernantes habían concesionado casi todas las tierras y aguas de humildes y pacíficas comunidades campesinas, desde el sur hasta el norte, casi todos los cerros pertenecen a las mineras (Qapía, Huancartinkiwi, yanamuri, Jalliwaya, Cancharani y tantos). A fin de ilustrar las causas y efectos del problema, y en uso del derecho de pensamiento y opinión, presento esta revisión de análisis en defensa de la vida y el medio ambiente, como respaldo académico a las justas luchas de mis hermanos aimaras. Los datos tienen base científica y las referencias están en cada pie de página.

¿Qué es el proyecto minero Santa Ana?

El proyecto minero Santa Ana es un proyecto de la Compañía Minera Arroyo del Oso (Bear Creek Mining Corporation) de origen canadiense. Bear Creek ha puesto su atención a la riqueza mineral del Perú debido a que el país ofrece tres condiciones favorables para sus propósitos: 1) excelente potencial de exploración, 2) permisible ley minera, y 3) regulaciones de la inversión extranjera extremadamente favorables. La compañía tiene dos proyectos en Puno: Corani y Santa Ana. Corani tiene 250 millones de onzas de plata (7.1 kt) (1) y Santa Ana otras 250 millones de onzas de "plata pura" para ser explotada durante 11 años. Lo curioso es que Santa Ana no considera en absoluto a los pueblos quienes se asume ostentan la propiedad y posesión de la tierra y el suelo, más por el contrario, considera a la mina como entera y exclusivamente suya (Santa Ana - Our First Mine) (Lámina 1). Santa Ana tiene doré de plata de alta pureza que será explotada mediante minería a cielo abierto (minería superficial), por el método convencional de lixiviación en pila con cianuro de sodio (NaCN) debido a que el proceso es simple, barato, rápido y demanda menor preocupación por la regulación ambiental. (2)

¿En qué consiste la lixiviación en pila?

La lixiviación en pila, consiste en lavar con una solución de cianuro de sodio (NaCN) al 0.015% el contenido de plata presente en el mineral triturado después de amontonarlo sobre una plataforma. El cianuro remoja la roca molida, disuelve su contenido de plata (Ag), escurre y se acumula en un reservorio (tipo piscina) ubicado en la base de la pila (Lám. 2). Una mina gasta de 300 a 500 libras de cianuro al día. Todas las mineras de oro y plata del Perú utilizan cianuro.

4 Ag + 8 (NaCN) + O2 + 2 H2O → 4 Na[Ag(CN)2] + 4 NaOH

La plata se recupera por la técnica de Merrill Crowe por precipitación con zinc en polvo y la adsorción con carbón activado. Cada ciclo de lixiviación dura de 20 a 30 días (Hiskey, 1985). (5)

¿Qué instalaciones utiliza la lixiviación en pila?

La lixiviación en pila utiliza las siguientes instalaciones: una plataforma de lixiviación o geomembrana hecha de goma sobre la cual se amontona el mineral; un sistema de riego o aspersión para rociar con cianuro el mineral amontonado (Lám. 2); y una planta para la recuperación de la plata pura.

¿Cómo es el proceso de la lixiviación en pila?

Ubicar un terreno ligeramente inclinado;

Compactar el suelo del terreno;

Cubrir con la geomembrana (asfalto, goma o plástico);

Amontonar el mineral triturado sobre la plataforma (en pilas grandes);

Rociar (irrigar) con solución de cianuro el mineral amontonado;

A medida que el cianuro de sodio percola (filtra) a través del mineral, disuelve la plata arrastrándola hacia el reservorio.

Recoger en el reservorio la plata disuelta por el cianuro;

Bombear la plata disuelta a la planta de recuperación de metales.

El cianuro es un veneno altamente tóxico

La extracción de oro y/o plata con cianuro es bastante eficiente y barato pero es el más dañino para la salud pública y el medio ambiente, por consiguiente, es incompatible con las normas ambientales. Muchos pueblos del mundo han rechazado el cianuro debido a que contamina suelo, aire y agua; es el veneno más poderoso de los venenos, extremadamente tóxico para los organismos vivos, un asfixiante casi instantáneo, un potente inhibidor de la respiración, un bloqueador del citocromo c oxidasa del sistema de transporte de electrones de la mitocondria, bloquea la captación de oxígeno, incapacita a las células para producir ATP. Los órganos más afectados son el cerebro y el corazón debido a que dependen de la respiración aeróbica. El compuesto más tóxico es el cianuro de hidrógeno (HCN) o ácido prúsico, gas que desprende el cianuro de sodio en pH ácido y puede ser inhalado por los animales y el hombre (Newhouse and Chiu, 2010). (6) El cianuro de hidrógeno “Zyklon B”, fue utilizado por los nazis en sus programas de ejecución masiva en las cámaras de gases de los campos de exterminio durante el Holocausto. Los condenados morían inmediatamente después de aspirar el gas (Wald, 2007). (7) Los estudios experimentales en ratas indican que el cianuro causa esterilidad (Olusi et al., 1979). (8)

El cianuro destruye el medio ambiente y aniquila la vida

El uso del cianuro en minería es muy peligroso para la vida y el medio ambiente. Las minas por lo general derraman cianuro y contaminan las aguas superficiales y subterráneas. El cianuro ha causado muchos desastres ecológicos en el mundo. El ejemplo más dramático es el accidente que ocurrió en Baia Mare (Rumanía). El 30 de enero del año 2000, la minera australiana Aurul SA, derramó 100 mil m3 de barro y aguas residuales con 126 ppm de cianuro al sistema fluvial Szamos-Tisza-Danubio causando uno de los desastres ecológicos más grandes de Europa. El cianuro aniquiló toda la flora y fauna del río Tisza, dañó el sistema ecológico, la cadena alimentaria y el uso esencial del río. Aniquiló 62 especies de peces (más de 1,400 toneladas), destruyó el medio de vida de cientos de miles de pescadores (Stec et al., 2001). (9) En Lampa (Puno-Perú) ocurrió algo similar. El 27 de febrero de 2010, la mina Arasi SAC derramó cianuro a los ríos Ramis y Ocuviri, provocó la muerte de más de un millar de truchas de los criaderos de alevinos de los sectores Túpac Amaru, Caichu y Cerro Minas (Pérez, 2010). (10) Los peces son los organismos acuáticos más sensibles al cianuro, mil veces más sensibles que el hombre y sirven como indicadores importantes de la salud de las aguas. Una concentración de 5 a 7 ppb de cianuro libre es suficiente para causar efectos adversos sobre la locomoción y reproducción, mientras que 20 a 76 ppb causa la muerte de los peces (Eisler, 1991). (11)

A raíz del accidente de Baia Mare, los países europeos lucharon durante diez años hasta que el 5 de mayo de 2010 el Parlamento Europeo ha resuelto prohibir el uso del cianuro en las actividades mineras (Van den Berghe, 2010). (12) La mayoría de países del mundo se ha sumado a esa política; en cambio, el Gobierno Peruano, con Alan García (Presidente), Jorge del Castillo (Primer Ministro) y Mercedes Cabanillas (Presidente del Congreso), el 19 de mayo de 2007, ha autorizado la comercialización y uso del cianuro en la actividad minera (Ley 29023) (13). A partir de esa ley, las grandes mineras tales como Yanacocha, Arasi, Aruntani, Santa Ana y otras, tienen el derecho concedido para utilizar cianuro en sus actividades así como la libertad para aniquilar la vida y destruir el medio ambiente, lo cual es la causa de los conflictos sociales. Ante la protesta social, el gobierno con mucha facilidad justifica su irresponsabilidad tildando de “extremistas” a los que luchan por la vida y el medio ambiente. Para colmo, tiene a un ministro ambientalista, Antonio Brack ¿cuál es su rol? El señor ministro debería ilustrar a su jefe sobre las implicancias del cianuro en la actividad minera, debería estar al tanto de que las infiltraciones a largo plazo y el drenaje de los residuos mineros metalíferos transportan cianuro y metales tóxicos (arsénico, antimonio, cadmio, cromo, plomo, níquel, selenio y talio) a las aguas subterráneas (Kampf et al., 2002). (14)

Como responsable de pliego, debería haber evaluado que Santa Ana, para esquilmar los 250 millones de onzas de plata pura, en 11 años de labor, removerá 40 millones de toneladas de tierra y rociará con 911 toneladas de cianuro; y una vez satisfecho su apetito voraz, se largará como todas las mineras, dejando la tierra removida (grava) y contaminada, la cual con las fuertes precipitaciones pluviales infiltrará a las aguas subterráneas cianuro y tantos metales pesados tóxicos (As, Sb, Ca, Cr, Pb, Ni, Se, Ta, etc.) contaminando suelos, pozos, manantiales, arroyos y ríos, cuyas aguas escurrirán finalmente al lago Titicaca. Por ese orden de cosas, la lucha de los pueblos del sur no es extremismo, es una lucha por la vida y el medio ambiente, en defensa de su única actividad sostenible por siempre, la actividad agropecuaria que nada tiene que ver con el cianuro. Mientras los pueblos luchan con toda razón, arriesgando vida y salud, durmiendo en la intemperie a -10C, los gobernantes embusteros y fanfarrones hacen todo lo contrario dando carta libre para que las grandes mineras invadan territorios de humildes y pacíficas comunidades campesinas aniquilando el agua, el suelo, el aire y causando la muerte de toda forma de vida.

Es innegable la necesidad de recursos económicos para el desarrollo de los pueblos; sin embargo, ninguna regalía, canon ni sobrecanon justifica la destrucción del medio ambiente y el aniquilamiento de la vida. La Constitución Política del Perú, consagra el derecho a la vida como uno de los derechos fundamentales de la persona humana. Los gobernantes de turno están concesionando sin consulta las tierras de humildes y pacíficas comunidades campesinas, con ello están atentando contra el derecho a la vida, violentando la Constitución, por consiguiente están perdiendo el respeto y la obediencia. (15) Si el oro y la plata constituyen riqueza ¿por qué esa riqueza no alivia la pobreza? El Perú, y particularmente Puno, cuenta con importantes recursos que están siendo convertidos en riqueza, pero esa riqueza al parecer sirve sólo a los pocos que hacen la exploración, el denuncio, la inversión y seguramente la concesión. En este asunto, los dueños y posesionarios legítimos de la tierra y el suelo no cuentan. Los tantos pueblos andinos, tales como Potosí, Huancavelica, Puno y otros, han entregado por doquier oro y plata; sin embrago, por los siglos de los siglos siguen pobres. En tal sentido, la objeción no es a la actividad minera, sino a la forma mezquina de explotación y a las técnicas dañinas de extracción, prohibidos en Europa y el mundo, pero permitidos en el Perú. Es necesario replantear las condiciones políticas, jurídicas, económicas y sociales de explotación, y generar tecnologías limpias de extracción que garanticen la seguridad ambiental y la vida (Villachica et al., 2010). (16)

Las mineras siempre argumentarán que su actividad no causa contaminación. Si alguna vez derraman cianuro dirán que fue un accidente, y si muere alguien dirán que fue un lamentable accidente. Ante los desastres siempre buscarán excusas, nunca asumirán su responsabilidad. No existe minería limpia ni inocua. La minería destruye suelo, flora, fauna y altera todo el ecosistema natural. Un ejemplo evidente es la destrucción del valle forestal de Bendigo en Australia. Bendigo era un hermoso paisaje natural de pasturas, árboles y gente dedicada a la agricultura y ganadería; producía alimentos y textiles por millones de dólares hasta que en 1860 la fiebre del oro interrumpió abruptamente su tranquilidad y armonía rural. La llegada de miles de inmigrantes desesperados por encontrar su fortuna provocó una transformación no deseable en el remanso de paz. Los campos se convirtieron en agujeros de mineros, unos al lado de otros; todo el suelo fue removido, los árboles talados, la vegetación destruida y sólo quedaron montículos de grava. El hermoso valle se convirtió en un caótico campo de mineros sacadores de oro, se borró el paisaje natural y los cambios fueron irreversibles, se aniquiló la naturaleza. Ninguna escena fue más repugnante que esta actividad (Grosh, 2006 (17); Hitchman et al., 2008). (18)

El suelo es una delgada capa formada por una mezcla de materia mineral y materia orgánica capaz de soportar vida. La formación del suelo (pedogénesis), demora mil años durante los cuales ocurren una serie de procesos físicos, químicos y biológicos que meteorizan la roca madre hasta convertirla en suelo. Santa Ana removerá y amontonará diariamente 10 mil toneladas de mineral triturado a la plataforma de lixiviación (19), utilizará infraestructura y agua del lugar, destruirá cerros, pampas, suelo, subsuelo, agua, aire, pastos y toda actividad agropecuaria y seguridad alimentaria de los pueblos. Lo más grave del asunto, como toda minera, esquilmará la tierra, sacará lo suyo, dejará unas cuantas migajas y se largará dejando pueblos pobres, envenenados, enfermos y un desastre ambiental irreparable para las siguientes generaciones. Las experiencias abundan en el mundo. AngloGold Ashanti de Sudáfrica es la responsable de los mayores desastres ecológicos del mundo. El año 2005, ha sido acusado por realizar faenones con los políticos de la república democrática del Congo (África); el 2007, por el aniquilamiento de dirigentes sindicales y líderes comunales opositores a sus propósitos en Colombia; y el 2011, fue acusado como la compañía más irresponsable y violador de los derechos humanos y destructor del medio ambiente en Suiza (20). La empresa camina armada de cianuro, está por causar estragos en Colombia, pronto vendrá al Perú (SNMPE, 2010) (21), y es más que seguro, logrará sus concesiones mineras, sacará oro y plata a costa de muerte y destrucción.

El día que todas las mineras derramen cianuro alrededor del Titicaca, habrá empezado la muerte de todo un pueblo y toda una región.

Que Dios nos proteja.

“Quiero cultivar al hombre y al campo”

En nombre de la vida y el medio ambiente, es necesario replantear las condiciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y tecnológicas de la minería de oro, plata, zinc, cobre y otros. A raíz del desastre ecológico de Baia Mare, el Parlamento Europeo y demás países del mundo han prohibido el uso del cianuro en la actividad minera. El Perú y su gobierno aprista ha autorizado por Ley Nº 29023, la comercialización y uso del cianuro en la actividad minera.

Notas:

1) Kilotón o kilotonelada (Kt) = Unidad de masa equivalente a mil toneladas.

2) Denver Gold Group - European Gold Forum. April 12-15, 2011. http://www.bearcreekmining.com/i/pdf/CorporatePresentation.pdf

3) Denver Gold Group - European Gold Forum. April 12-15, 2011. http://www.bearcreekmining.com/i/pdf/CorporatePresentation.pdf

4) Hiskey, J. B. 1985. Gold and Silver Extraction: the Application of I-Teap-Leaching Cynidation. Arizona Bureau of Geology and Mineral Technology. Field Notes. 15(4): 1-5.

5) Newhouse, K., and N. Chiu. 2010. Toxicological Review of Hydrogen Cyanide and Cyanide salts. U.S. Environmental Protection Agency. Washington, DC.

6) Wald, P. M. 2007. Genocide and crimes against humanity. Washington University Global Studies Law Review. 6: 621-633.

7) Olusi, S.O., O. L. Oke, and A. Odusote. 1979. Effects of cyanogenic agents on reproduction and neonatal development in rats. Biology of the Neonate. 36: 233-234.

8) Stec, S., A. Antypas, T. Jansen, and E. Gulacsy. 2001. International law and the Baia Mare cyanide spill. Final Report. Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe. Szentendre, Hungary.

9) Pérez, E. 2010. Colapsan pozas de cianuro en mina Arasi de Puno. Contamina ríos y causa muerte de truchas. http://www.losandes.com.pe/Regional/20100310/33826.html

10) Eisler, R. 1991. Cyanide Hazards to Fish, Wildlife, and Invertebrates: A Synoptic Review. U.S. Fish Wildlife. Serv., Biol. Rep. 85(1.23).

11) Van den Berghe, F. 2010. European Parliament request to prohibit the use of cyanide-based technologies in mining again thwarted EU legislative update. IBA Annual Conference, Vancouver 2010.

12) Ley N° 29023. Ley que Regula la Comercialización y Uso del Cianuro. Congreso de la República. Perú.

13) Kampf, S. K., M. Salazar, and S. W. Tyler. 2002. Preliminary Investigations of Effluent Drainage from Mining Heap Leach Facilities. Vadose Zone Journal. 1:186-196.

14) Constitución Política del Perú. 1993. Art. 2°, 38°, 46°.

15) Villachica, C., J. Llamosas, L. Villachica. 2010. Oro ecológico: Tecnología para la obtención de oro sin mercurio en la minería de pequeña escala. Smallvill S.A.C. - Consulcont S.A.C. Lima, Perú.

16) Grosh, A. 2006. Bendigo State Forests. Forest Notes. State of Victoria, Departmen of Sustainability and Environment, pp 1-3.

17) Hitchman, S., I. Holland, and B. Evans. 2008. Technical Report on Fosterville Gold Mine, Victoria, Australia.

18) Denver Gold Group - European Gold Forum. April 12-15, 2011.

19) Antúnez de Mayolo, E. 2010. IX Simposio Internacional del Oro. Lima, 19 de mayo de 2010. http://www.oroyfinanzas.com/tag/ix-simposio-internacional-del-oro/

20) AngloGold Is World’s Most Evil Company. Business News of Sunday, 30 January 2011. http://www.ghanaweb.com

21) Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía del Perú (SNMPE). 2010. AngloGold retornaría al Perú. Nota de Prensa. http://www.snmpe.org.pe/DocSNMPE/NotaPrensa/archivos/ndp_19-05-2010_2.pdf

Puno: ¿el bello paisaje de la informalidad?

Escribe: Christian Reynoso

LOS ANDES. Política - 29 jun 2011

Foto: La Rinconada

En la edición del domingo último de La República, en las columnas de Lauer, Álvarez Rodrich y Rospigliosi, se publicaron fragmentos de una carta no pública, hasta entonces, enviada por la socióloga y empresaria puneña Martha Giraldo sobre la situación de Puno . Tras leer dichos fragmentos sentí que en aquellas palabras había un cierto tono de queja, lamento e incluso no poco revanchismo, seguramente producto de la impotencia e indignación de lo sucedido en Puno. Pero esto es solo una visión del problema, legítima por cierto.

Resulta curioso que los tres principales columnistas de La República citaran y reprodujeran fragmentos de esa carta, al unísono, en una misma edición de sus columnas. ¿Por qué? Quizá porque han visto en ella una explicación “confiable” a lo que viene sucediendo en Puno, en medio de los discursos y demandas de los dirigentes aymaras y quechuas que se han venido escuchando a lo largo de las últimas semanas. Quizá han querido dar a conocer la posición de una vieja conocida “militante cristiana de izquierda”, a contraposición de los demás discursos.

Lo que dice Giraldo es cierto, y nosotros, los puneños, lo sabemos desde siempre. Sin embargo, quizá en medio de este contexto, resulta chocante asumir que la realidad de Puno es así, informal en sus dimensiones económicas –que para un sector de la población es contraproducente– pero que para la gran mayoría, es la manera de vivir y sobrevivir, diariamente. Y que para un gran sector de esta mayoría, este tipo de actividades les permite acrecentar una gran fortuna sobre la base de lo ilegal. Contrabando, minería informal, narcotráfico y corrupción, son las aristas de esta informalidad.

¿A dónde irá Puno con este cauce informal que lo guía desde hace años? Quizá las movilizaciones, muertos y bloqueos de estos días, representen, en el fondo, la defensa de la informalidad. ¿Queremos que Puno sea una región informal, sin posibilidades de un verdadero desarrollo enmarcado en la legalidad? De repente nos hemos acostumbrado a esta manera de vivir y creemos que Puno se desarrolla “con modernidad” porque se construye un nuevo hotel en el centro de la ciudad, o se instala un Plaza Vea en Juliaca. Quizá no estamos viendo que Puno en su conjunto, es la expresión a otro nivel, del microcosmos informal que se vive en La Rinconada, por hacer una analogía.

Sin embargo, Puno y la belleza de su paisaje a lo largo de la región junto a su lago Titicaca y su selva aún sin descubrir, es el otro lado de la moneda. Justamente la razón por la que los sectores del empresariado turístico puneño –inversión local y externa– han sido los primeros en pronunciarse ante las pérdidas económicas. Con mucha razón. La carta de Giraldo puede resumir ese sentir. Pero también de los pequeños empresarios urbanos puneños que, por ejemplo, de acuerdo a las versiones de algunos de ellos, y para extrañeza mía, habían empezado a organizar de forma velada, luego de los saqueos y destrucción del 26 de mayo, un frente de asalto, para enfrentarse a los pobladores aymaras movilizados si éstos volvían a la ciudad. Palos contra chicotes. La lógica era: Al comienzo los hemos ayudado, pero luego han destruido nuestros negocios. No podemos permitir que destruyan nuestra ciudad y trabajo.

Giraldo / Aduviri

Si a un lado tenemos a Martha Giraldo, que muy bien su carta puede interpretarse como la opinión de la elite empresarial puneña “ilustrada”; al otro lado, tenemos a un Walter Aduviri convertido en un “héroe” para algunos sectores, quizá mayoritarios, de la población aymara por haber puesto en jaque al gobierno nacional, con cobertura televisada incluida, y finalmente haber logrado sus objetivos. Para el gobierno, por supuesto, Aduviri es un delincuente. En ese sentido, cabe preguntarse, ¿qué nos espera de Aduviri para el futuro? ¿Será otro Pizango con sus cinco minutos de gloria y luego se perderá en el tiempo? ¿Podrá capitalizar este liderazgo y en qué términos, políticos, económicos? ¿Qué es lo que busca? ¿A quién representa? ¿Representa a esa llamada Nación Aymara, que para el caso también podría ser considerada de informal? Sea como fuera, Aduviri ha dado treinta días, a partir de 28 de julio, al presidente electo, Ollanta Humala para resolver las demandas de Puno. Y, si no, ¿qué?

Las demandas de los pobladores aymaras y quechuas son justas. Tienen todo el derecho de protestar y de hacer conocer su posición frente al atropello del actual gobierno que, por ejemplo, prefiere inaugurar Cristos y recibir bendiciones papales en vez de proponer soluciones urgentes a una situación de conflicto que llevaba más de 40 días. Es que sencillamente, y una vez más, Alan García ha demostrado que se zurra en lo que pase fuera de Lima.

García olvida que es gracias a su política extractivista al caballazo que se han generado estos escenarios de conflictividad social. Para él, la Ley de Consulta solamente ha sido letra muerta. Así, García se irá del gobierno cargando en los hombros, 6 muertos en Puno, 3 en Huancavelica, 2 en Islay y más de 30 en Bagua, teniendo como denominador común, la falta de su voluntad política y el oportuno diálogo para resolver los conflictos.

Denunciar las infiltraciones

¿Cuál fue la razón para que el día viernes 24 de junio –en que se produjeron los enfrentamientos y muertos en el aeropuerto de Juliaca–, si desde muy temprano las radios locales puneñas habían informado a la región, sobre los acuerdos a los que se habían llegado en Lima para la zona sur y las negociaciones que se daban para la zona norte; se decida atacar el aeropuerto Inca Manco Capac y generar un escenario de ultra violencia, que incluso continuó hasta el día siguiente, con los resultados ya conocidos?

Podemos ensayar algunas respuestas. Mantener la protesta a toda costa. El desborde natural de una turba o la simple terquedad y falta de entendimiento y comunicación. Pero también cabe preguntarse, si hay otras razones detrás, como la infiltración y manipulación de elementos radicales en estas movilizaciones y ataques. (Leáse también la incursión y destrucción de Sunat, Contraloría y Aduanas el 26 de mayo)

En Puno es vox pópuli la presencia e influencia de elementos radicales, claramente identificados, que forman y/o formaron parte de Sendero Luminoso, en estas movilizaciones. Pero más allá de las fotos que los muestran en medio de las marchas y sin caer en la especulación, ¿existen pruebas concretas de su intervención en estas movilizaciones? En ese sentido, debería abrirse una investigación que atienda de forma puntual este tema, para frenar esta intervención que de seguro continuará presente en toda y futura movilización puneña. Inteligencia y la Policía Nacional deberían mostrar resultados concretos. Mientras no se prueben y condenen este tipo de intervenciones, tendremos más de lo mismo en cada protesta social.

Click de la violencia y responsabilidad

Es inaceptable por donde se le vea, que la violencia y destrucción de la propiedad pública y privada sea un medio de presión. A la larga, la región Puno y sus propios ciudadanos son los únicos perjudicados. ¿No resulta contradictorio, acaso, que se destruya o que se pretenda destruir la propia región donde uno vive y desarrolla sus actividades? ¿Y no resulta absurdo, que ello mismo ocasione muertos? Que luego sean considerados mártires ya son huachafadas.

Este conflicto ha puesto también de manifiesto la falta de carácter y liderazgo del presidente regional de Puno. ¿Inexperiencia política y falta de ubicación en la negociación? Seguramente. Un presidente desinformado con un aparato de asesoría, prensa y comunicación que no le funciona de manera efectiva tiene su costo. A Rodríguez le preguntaron el día viernes, si se sentía responsable de las muertes de Puno. Dijo que no. Sólo tenía cinco meses en el cargo. Seguidamente le preguntaron si Aduviri era el responsable. No contestó puntualmente. ¿Qué se puede pensar de ello?

Todos tenemos responsabilidad de parte. Las autoridades locales y nacionales, que no tuvieron pulso para alcanzar iniciativas concretas ni voluntad de solucionar el conflicto apenas iniciado y que más bien produjo una escalada de demandas. Los dirigentes sociales irresponsables que han preferido optar por la violencia y que por ello, deben rendir cuentas. Los medios de comunicación locales que afanados en informar han olvidado su responsabilidad social de generar corriente de opinión activa además de la investigación y profundidad de los hechos; y los nacionales, para quienes es más importante cualquier suceso anodino de la farándula limeña.Los congresistas puneños que sólo aparecen como mediadores cuando las “papas queman” pero que a lo largo de su trabajo en el Congreso han sido incapaces de proponer un proyecto de ley para regular, o por lo menos aportar en la solución de la problemática del contrabando, narcotráfico o minería ilegal. Cenzano, para la muestra. De los electos congresistas que hasta el momento no se han pronunciado, dando a conocer propuestas legislativas a implementar que ayuden a resolver esta problemática. La lista podría ser larga.

Después de todo lo sucedido, todavía hay que mantener ojo avizor con todo lo que viene para Puno. Si los conflictos se solucionan y las demandas sociales son atendidas y Puno vuelve a la calma, tendrá que pensarse en una ofensiva publicitaria y cultural, que tenga bajo la manga una sólida construcción de políticas que alejen a Puno de ese click informal, ahuyentador de turismo e inseguro que parece hoy es la foto de esta región.

HOMENAJE A PUNO

Héctor Béjar

LA PRIMERA 30JUN2011

Casi todo se ha dicho sobre Puno esta semana. Quiero recordar alguno hechos.

Primero, lo geográfico-histórico. Puno es la bisagra entre el Perú, Bolivia y la Argentina, la articulación natural entre el Pacífico y el Atlántico sin dañar la selva. Parece haberlo sido así en los diez mil años precolombinos y en los trescientos años coloniales. Es la cúspide del camino entre la costa del Pacífico y el Rio de la Plata. Parte del techo de Sudamérica. La puerta hacia la bajada a la pampa argentina.

Puno es probablemente el origen de los Incas. Los Incas debieron ser migrantes del Altiplano y el Gran Lago hacia el Valle Sagrado.

El Gran Altiplano con sus extensos pastos sería, si no lo tuviéramos abandonado, una de nuestras fuentes de proteínas si criásemos camélidos andinos para comer su carne baja en colesterol o si usáramos la finísima fibra de alpacas y vicuñas para vestirnos y abrigarnos. La otra fuente sería el mar, si no cocináramos el pescado para convertirlo en harina destinada a los cerdos de Europa.

Puno es la más variada, vigorosa y multicolor fuente de danzas y músicas.

Puno no sólo son aimaras y quechuas. Son también mestizos y cholos gente industriosa, animosa, valiente. Todas las sangres.

Puno fue escenario de dos de las tres más importantes sublevaciones indígenas de nuestra historia republicana: los indios de Putina, Chupa y Samán encabezados por Juan Bustamante en 1868 y los indios de San José, Atarani y Sankoyo liderados por Teodomiro Ramírez Cuevas, llamado Rumi Maqui, en 1915, o los indios de Huancané en 1923. Excepto Rumi Maqui que escapó, todos ellos fueron asesinados en masa, baleados, quemados vivos por expediciones organizadas y justificadas desde Lima o desde el gamonalismo serrano. Fue la tierra de Juan Hipólito Pévez, uno de los fundadores del movimiento campesino moderno, y de Ezequiel Urviola, llamado por Mariátegui el prototipo del indio socialista.

Fue centro intelectual de los años veinte con el Grupo Orkopata y su animador Gamaliel Churata, quien vinculó el indigenismo, como quería Vasconcelos, con la cultura universal.

La emigración puneña ha poblado Lima, Tacna, Arequipa, Bolivia y el norte de Chile. Puno no es provinciano ni localista. Avanza hacia el mundo, se abre a la vida universal.

Sendero Luminoso no pudo con Puno. Con Cajamarca, estuvo entre los pocos departamentos andinos que Abimael Guzmán no pudo infiltrar ni dominar.

Esa montaña histórica está emergiendo de nuevo encabezada por una burguesía chola, con dinero, coraje e identidad. Claro, es cierto, está mezclada con el contrabando, la minería informal, la explotación de familiares, la corrupción. No pretendo transmitir una visión candorosa del pueblo. La emergencia de Puno es como la de Los Olivos, de Gamarra. Es una plebe y una burguesía. Es también desorden, suciedad, corrupción y violencia. Puede no gustarnos, pero es. Díganme qué burguesía fue buena aquellos que endiosan a los franceses e ingleses sabiendo que ellos, aureolados por una historia falsa, también fueron explotadores, traficantes de opio, esclavistas, piratas, usureros, asesinos de reyes y traidores.

Los adoradores del libre mercado se escandalizan de que las mercaderías pasen las fronteras del sur cuando ellos postulan la abolición de nuestras fronteras económicas con los TLC. ¿Es bueno que exista el contrabando formal de los TLC y es malo el contrabando informal de las culebras convoyes de camiones que entran por Puno? ¿Es mala la contaminación de la minería informal y es buena la de la gran minería, a la que se atribuye no contaminar cuando está acabando con las lagunas de Cajamarca?

El orden, la paz, la limpieza, son buenos, indispensables, y debemos instruirlos, pero no sobre la discriminación, las balas y la sangre. Si queremos ordenar a nuestro país hagámoslo entre todos y con todos. Acabemos con la política del embudo, lo ancho para mí y lo angosto para los demás.

Por eso, desde esta columna, rindo homenaje a ese coraje. A esa dignidad que les ha dicho no a los gamonales del siglo XXI y sus cómplices y sirvientes de Palacio.

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Puno: prueba de fuego

LECTURAS INTERESANTES Nº 481
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LIMA, PERÚ 28 JUNIO 2011

Por Ricardo Uceda*

27 de junio de 2011

El distrito de Huacullani, en la provincia de Chucuito, Puno, comprende un conjunto de cinco comunidades aimaras asentadas a unos 30 kilómetros de la frontera con Bolivia y a 4.000 metros sobre el nivel del mar. El clima es helado y las tierras, que forman laderas y colinas, no ofrecen ningún cultivo económicamente aprovechable para el hombre o la industria forestal. Los comuneros las dedican al pastoreo de sus ovinos y auquénidos y a la siembra de lo que comen: papas, ocas, cañihua, cebada y quinua. Vuelan uno que otro cóndor y, más continuamente, perdices, golondrinas andinas, el picaflor cordillerano. Huacullani, la capital del distrito, fue fundada en 1821, el año mismo del nacimiento de la República. Después de tanto tiempo, solo el 10 por ciento de sus 10.000 habitantes tiene luz eléctrica y menos de la cuarta parte accede a una red pública de servicios de agua. Allí, en el 2004, la empresaria Karina Villavicencio anunció su pretensión de explorar 3.600 hectáreas del distrito para confirmar si había plata explotable en el subsuelo. La mina se llamaría Santa Ana. Los comuneros escucharon con mucha atención, porque era una oportunidad para cambiar sus vidas.

Ellos sabían de la riqueza de sus tierras. En los alrededores del pueblo había restos de bocaminas construidas en la época colonial. El 18 de mayo de 2004, en la sala de sesiones de la municipalidad de Huacullani, hubo un Cabildo Abierto, y todas las autoridades políticas, comunales, judiciales y educativas, rodeadas por la población asistente, escucharon las propuestas de la empresa, a cargo de los ingenieros César Ríos Caldas y Juan Contreras Cornejo. El alcalde de Huacullani, Manuel Llanos, pronunció entonces unas palabras que ninguna autoridad de su tipo se atrevería hoy a decir en el mismo sitio. Dijo que vivían una situación exasperante a causa de la falta de trabajo y de recursos económicos, y que la minería daría empleo a los pobladores y canon al municipio. Como consecuencia, mejorarían los servicios públicos. El presidente de la comunidad de Ingenio, Leonardo Borda, enumeró necesidades concretas: agua, luz, telefonía, pararrayos, parabólicas, vías de comunicación. A continuación, el resto de oradores, sin interrupción de voces discordantes, expresaron su acuerdo de que retornara la minería a la comarca. Hay un acta con el detalle de las intervenciones y con la firma de todos los representantes de Huacullani. Esta unanimidad es lo más sorprendente, vistos los hechos en retrospectiva. ¿Qué ocurrió para que siete años después estos comuneros odiaran la minería hasta el punto de marchar sobre Puno para incendiar sus locales públicos?

En realidad, no hay nada que explicar. Los pobladores de Huacullani no formaron parte de los miles de comuneros que el 26 de mayo saquearon la Sunat, la Gobernación, la Contraloría y la Aduana de la capital regional, exigiendo la erradicación de la minería de sus tierras. Fueron otros, sus vecinos. Este es un dato importante porque una parte de la conmoción política causada por los sucesos de Puno gira en torno al derecho de consulta a las poblaciones donde existiría actividad minera, y la hipótesis de esta nota es que los comuneros de Huacullani están siendo presionados violentamente. Se funda en demasiados hechos demostrativos de su posición real a lo largo de varios años. Sin embargo, luego de las elecciones apareció un nuevo dirigente del distrito, Abraham Cauna, conocido por haber llamado “genio del proletariado” a Abimael Guzmán, y que pertenece al Movimiento Amnistía y Derechos Fundamentales, que propugna su liberación. Cauna declaró que es falso que Huacullani haya estado en algún momento a favor del proyecto Santa Ana.

—Son inventos de la prensa —dijo—. Son patrañas del gobierno.

¿Cómo apareció Cauna encabezando la protesta social de un distrito que no quería hacerla?

El 2004, en los comienzos de esta historia, no bastaba la aceptación comunal para hacer minería en las tierras de Huacullani. El presunto yacimiento estaba próximo a la frontera y por lo tanto era intocable por ley, salvo que un decreto supremo declarase de interés público la concesión. Además, el proyecto estaba metido en la Zona Reservada Aymara-Lupaca, creada en 1996 sobre 300.000 hectáreas consagradas a la contemplación paisajística y la investigación científica. Brear Creek, que ya estaba en conversaciones con Villavicencio para que le transfiriera el negocio, obtuvo a finales del 2007 que el gobierno le permitiera explorar en una zona de frontera. Y fueron los propios comuneros —los de Huacullani y otras poblaciones contiguas— quienes se encargaron de que Aymara-Lupaca fuera reducida cada vez más hasta desaparecer de sus jurisdicciones. Las autoridades del distrito de Huacullani hicieron las gestiones señalando explícitamente que deseaban liberar sus tierras para dedicarlas a la actividad minera. La causa no era otra, como señalan las múltiples peticiones obtenidas para este informe, que la de “satisfacer necesidades básicas” de la población.

Con la cancha libre, Bear Creek empezó sus actividades exploratorias en el 2008, y hasta que estallaron los problemas mantuvo tratos amigables con los pobladores. La exploración de la plata es sencilla y limpia.

Desde unas plataformas de 5 metros cuadrados, se realizan sondajes de 150 metros de profundidad y 10 centímetros de diámetro, se extrae material para analizar, se cierran los conductos y asunto concluido. Primero las compañías piden autorización para perforar unos pocos canales y, conforme el yacimiento promete, hacen más perforaciones en extensiones más amplias y para fines cada vez más orientados a delimitar el cuerpo mineralizado y a cuantificar las reservas. Hasta 2010, Bear Creek hizo unos doscientos sondajes: lo suficiente para anunciar que tenía reservas de plata por 63 millones de onzas y una vida productiva de once años. Una mina chica, de 70 millones de dólares de inversión, treinta veces menor que los grandes proyectos mineros en el Perú. De todos modos, iba a dar prosperidad a Huacullani, que durante los estudios de prospección empezó a sentir los beneficios: algo de empleo, un pequeño mercado de servicios.

Desde que se instaló en las montañas, Bear Creek declara haber desarrollado 48 reuniones informativas con las comunidades. En octubre del 2008, un grupo foráneo organizó una manifestación en contra suya en su campamento, y destruyó y saqueó parte de sus oficinas. Después la compañía no afrontó otro contratiempo, mientras el líder de los agresores, Hugo Llano —por entonces admirador de Evo Morales y organizador de cumbres de pueblos originarios— se volvía moderado y se alejaba de la conducción del movimiento antiminero, que pareció entrar en un reflujo. Reapareció en febrero del 2011, con una consigna y otro dirigente. La consigna era “No a la minería en Puno”. Y el nuevo nombre Walter Aduviri, un agitador audaz, que hacía poco había representado al distrito de Santa Rosa de Mazocruz para gestionar la desaparición de la reserva Aymara-Lupaca. Hay un vacío en la biografía política y profesional de Aduviri: se reclama aimara y no partidarizado y su discurso afirma una soberanía étnica más que una ideología. El hecho es que se presentó en Huacullani, en la audiencia pública del tercer Estudio de Impacto Ambiental de Brear Creek, y conminó a los comuneros a rechazar el proyecto. Ingresó acompañado del alcalde de Desaguadero, Juan Carlos Aquino, y de varios dirigentes de otras comunidades, quienes también se expresaron contra la mina. Eran extraños, una clara minoría. El auditorio no les hizo caso.

Hay un video de esta reunión, que muestra a los asistentes de Huacullani conformes con el proyecto. Podría decirse de otro modo: no había oposición. Es imposible saber, sin embargo, si la población estuvo bien informada. El sistema de consulta de los estudios de impacto ambiental es inadecuado, como opina un experto más adelante, así que una comunidad puede aprobar algo que en realidad no sabe bien qué es. Por otra parte, este estudio no previó las rivalidades entre Huacullani y las comunidades próximas, especialmente con Kelluyo, con la que mantuvo de antiguo una disputa territorial. Habría celos vecinales, por la desigualdad entre los poblados en el reparto de los beneficios. En este contexto, la política minera predicada por Aduviri como parte de una agenda política, sintoniza con el sentimiento del perro del hortelano de quienes no tendrán el canon. Pero eso aún no se percibía en el comienzo del año. Se apreciaba lo que mostró a la audiencia pública: a las comunidades de Huacullani esperando que la mina Santa Ana fuera explotada para mejorar su situación.

Las cosas se precipitaron rápidamente después de aquella reunión. En Desaguadero hubo una asamblea de pobladores para considerar la penetración de la minería en la zona, que ya contaba con la complacencia de los de Huacullani. Desaguadero era un bastión del movimiento Raíces, que ganó en primera vuelta las elecciones regionales, pero cuyo candidato, el rector de la Universidad Andina, Juan Luque, perdió ante Mauricio Rodríguez en la segunda ronda. Rodríguez había quedado en minoría en el Consejo Regional, y los de Raíces estaban ávidos de hacerle sentir su poder. En la asamblea, se dijo que el gobierno de Puno debía prohibir la actividad minera. Además, se divulgó una grave acusación contra el presidente regional: Bear Creek se lo había llevado a Canadá con gastos pagados y allí le lavaron el cerebro. Se había convertido en traidor, en un hombre de las empresas mineras.

A mediados de marzo, Walter Aduviri se presentó en una reunión del Consejo del Gobierno Regional de Puno y conminó a sus miembros a aprobar una ordenanza que suspendía concesiones mineras en Puno y solicitaba al Ministerio de Energía y Minas cancelar los títulos de Bear Creek en Santa Ana. La presentó en su condición de dirigente del Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno. El cargo lo obtuvo en una asamblea de 1.000 personas en Lloroco, con buena parte de delegados llevados en camiones por el alcalde de Desaguadero, el militante de Raíces Juan Aquino. Este frente y la delegación de Raíces en el gobierno regional sincronizaban como un reloj. Fueron los consejeros de Raíces quienes aprobaron el viaje de Rodríguez al exterior —invitación de un proyecto peruano-canadiense para la reforma de la minería— y transmitieron la información a sus detractores. Cuando llegó la propuesta de Aduviri, la aprobaron de inmediato. Rodríguez no quiso firmarla porque los gobiernos regionales no tienen competencia sobre proyectos de mediana y gran minería. Era una ordenanza ilegal y demagógica.

Ahora bien, ¿qué era Raíces? Un movimiento fundado por el ex alcalde de Puno Mariano Portugal, personaje con varias banderas y acusaciones a cuestas. En julio próximo, juramentará como parlamentario electo por Perú Posible, cuyas bases en Puno se opusieron a su candidatura. Antes de fundar Raíces, estuvo con el fujimorismo y con Solidaridad Nacional. Varios procesos judiciales abiertos en su contra, recuerdo de su paso por el sector público, aún no conocen sentencia definitiva. La dirigencia de Raíces la componen sus allegados y ahijados. Raíces ayudó al posicionamiento de Aduviri y un grupo de dirigentes del sur que conforman el núcleo del movimiento antiminero. A su vez, estos activistas apoyaron a Portugal en su campaña. Su propaganda electoral era la única permitida durante las movilizaciones de abril y mayo. Así las cosas, ¿es Portugal el jefe de Aduviri, y por lo tanto la eminencia gris del llamado movimiento de los aimaras?

Realmente no. Aunque Aduviri necesita a Raíces para operar en el gobierno regional, la bandera antiminera le es propia, y con ella ya se convirtió en el líder político más importante de la región. Una causa es que su prédica coincide con la crisis del actual sistema de concesiones. Por diversos motivos, se ha deslegitimado e irrita en comunidades serranas como en Ancón el puerto ya cancelado del grupo Romero. Otro motivo es el agravamiento de los estragos que produce en la agricultura de Puno la minería informal, aunque esta actividad no parece importarle mucho al dirigente. La minería es invasiva y dañina: esa es la imagen que se vende agresivamente en la región. Esto contrasta con el enorme potencial minero de Puno, muy escasamente aprovechado. El 15% de su territorio está entregado en concesión, pero menos de 1% ha sido explotado, y las áreas exploradas son solo 0,56%.

El 30 de marzo, ante la negativa de Mauricio Rodríguez a firmar la inútil ordenanza, Aduviri encabezó una marcha de sacrificio de 2.000 pobladores hacia Puno. Los había de Kelluyo, Desaguadero, Juli, Pomata, Chucuito, Capazo, Yunguyo, el Collao, Acora y Zepita, pero no de Huacullani. Un día antes, en la ciudad marcharon los estudiantes, docentes y autoridades de la Universidad Nacional del Altiplano. Ellos recibían recursos del canon y estaban a favor de la minería. Había llegado también a Puno una delegación de Huacullani, sin marcha ni banderolas, para entrevistarse con el presidente regional.

—Ellos quieren que el proyecto Santa Ana se desarrolle —informó luego Rodríguez—. Esto demuestra que la consulta debe ser muy amplia.

Los delegados de Huacullani, encabezados por su alcalde Braulio Morales, hicieron saber a Rodríguez que ellos no participarían en ninguna marcha contra la minería. El documento que dejaron en aquella visita dice: “No estamos de acuerdo con manifestaciones en contra del desarrollo y progreso de nuestro pueblo”. Concluye precisando que Santa Ana se encuentra en su jurisdicción distrital y no en la de los manifestantes.

De estas cuatro expresiones, incluyendo a Rodríguez, la de los comuneros de Desaguadero y alrededores era la más fuerte y la que prevalecería. Tenían parte de la razón —la consulta debió haberlos involucrado desde el comienzo, aunque la sabotearan—, pero sobre todo poseían la fuerza. El 6 de abril, por ejemplo, el presidente regional debía asistir en Juli a una “mesa de concertación” previamente pactada, y no fue porque la policía le advirtió que terminaría de rehén. Por supuesto, esta policía se declaraba incapaz de protegerlo. Fuera cierta o no la celada, su ausencia contribuía a reforzar la idea de una autoridad sin control de su territorio. En cambio, a los comuneros se les temía. No solo podían parar la economía y el transporte de una ciudad sino agredir físicamente. A su paso, en las marchas, podían amenazar con sus chicotes a los periodistas si fotografiaban o escuchaban conversaciones. Entre ellos mismos, de acuerdo con testimonios recogidos en Puno para este informe, se estableció una disciplina inflexible: quien no marchara hacia Puno con el grupo de manifestantes era multado con 30 soles diarios, y podía sufrir el apedreamiento de su casa. Sus declaraciones públicas eran terminantes: si no nos atienden, aténganse a las consecuencias.

Sin embargo, el presidente Rodríguez se mantuvo en sus trece. El frente antiminero convocó a un paro contra el gobierno regional, el 25 y 26 de abril, que fue acatado parcialmente en el sur. Después se produjo una huelga indefinida, con bloqueo del puente internacional de Desaguadero. La presión se dirigía no solo contra el presidente regional sino contra el gobierno, el único que podía decidir que no hubiera minería en Puno. Energía y Minas aceptó negociar, y el 17 de mayo envió una delegación encabezada por el viceministro Fernando Gala. En la sala de reuniones había unos setenta representantes de los huelguistas. Al director general de Asuntos Ambientales, Felipe Ramírez, no lo dejaron hablar.

Ramírez estaba diciendo que la población de Huacullani aprobaba el proyecto Santa Ana. Narraba el armonioso desarrollo de la presentación del estudio de impacto ambiental cuando comenzaron las pifiaderas y protestas.

—Pero si usted estaba allí. Lo ha visto. Usted también —dijo Ramírez, dirigiéndose a Aduviri y al alcalde de Desaguadero, Juan Carlos Aquino.

Después de dos días de conversaciones, la ronda terminó sin resultados. En vano el presidente regional, Mauricio Rodríguez, accedió a firmar la ordenanza estéril, que anulaba declarativamente las concesiones mineras, diciendo que lo hacía en contra de su voluntad y para propiciar un entendimiento. Hubo otra reunión, igualmente infructuosa, en el cuartel de Juliaca. El Ministerio de Cultura declaró la intangibilidad del sagrado cerro Khapia —una demanda menor surgida en las negociaciones— y los huelguistas rompieron la resolución en la Plaza de Armas de Puno.

Estas reuniones, por cierto, eran una farsa, porque ambas partes sabían que no llegarían a ningún acuerdo. Aduviri mantenía una demanda imposible y el Ministerio de Energía y Minas proponía decretos inocuos, resoluciones que no podían afectar los derechos adquiridos de Bear Creek. Tras el diálogo roto, el jueves 19 de mayo los huelguistas se replegaron a Desaguadero, donde el viernes celebraron una asamblea. El lunes por la tarde, regresaron a Puno y anunciaron el vandalismo a voz en cuello. “Si no hay solución, haremos saqueo”, gritaban, en su marcha por las calles. Al día siguiente, el diario Los Andes publicó la amenaza y los comercios cerraron. Todos sabían lo que iba a pasar, sobre todo la policía.

A las cinco de la tarde del 26, antes del saqueo de instituciones públicas, los comuneros cerraron las calles del centro de la ciudad para que nadie pasara. Había locales señalados: una cinta negra de plástico cruzaba sus fachadas. Los comuneros estaban organizados de forma que los locales fueron atacados simultáneamente. A las 5:30, ya se veía humo en el local de la Sunat. A las siete, todos se habían ido. Las fotos publicadas por la prensa fueron tomadas después del vandalismo. En la Aduana, en las afueras de la ciudad, el saqueo primero fue obra de los manifestantes y después corrió a cargo de vecinos y delincuentes, hasta el día siguiente. La policía estuvo dos días fuera de las calles.

—Son órdenes de Lima —le dijo un oficial a un periodista amigo suyo.

La asonada se produjo a nueve días de las elecciones. El 27, en Lima, el gobierno llegó a un arreglo con parte de los huelguistas: ya no se entregarían más concesiones mineras en Puno. “Era un saludo a la bandera —dijo una fuente del MEM para esta nota—. Casi todo lo concesionable se ha entregado ya”. Aduviri desconoció estos acuerdos y logró que sus bases de Desaguadero continuaran en huelga. Fue por entonces que celebró una entrevista secreta con representantes de Ollanta Humala, el candidato que podía perder las elecciones si Puno no votaba. El resultado fue que la huelga fue levantada y los votos de la región hicieron su aporte a la victoria. Uno de los representantes que participó en la reunión con Aduviri dijo para este informe:

—Aduviri es un hombre razonable. No entiendo por qué lo consideran intransigente.

Después de las elecciones, las comunidades del sur de Puno volvieron a la carga, y nuevamente el puente internacional de Desaguadero volvió a ser bloqueado por huelguistas. El movimiento hizo reajustes con los disidentes. El 30 de mayo, en el distrito rebelde de Huacullani, se celebró una asamblea general de todo el movimiento antiminero, donde los principales oradores fueron líderes de otras partes de Puno e incluso del Cusco. De esta asamblea salieron los acuerdos que se concretarían en las paralizaciones de las semanas siguientes, que continúan hasta hoy. Los comuneros asistentes del distrito aceptaron sin resistencia la nueva orientación. Aceptaron también a su nuevo vocero, Abraham Cauna, elegido por aclamación. El alcalde, Braulio Morales, ya no estaba en la asamblea. Inauguró el evento y se retiró silenciosamente.

En otros lugares de Puno, junto con la protesta antiminera surgieron nuevas demandas y paralizaciones. En Carabaya hubo una huelga general, con cierre de la carretera Interoceánica, para inhabilitar el proyecto de la hidroeléctrica de Inambari, que inundaría 40.000 hectáreas cultivables e implicaría la reubicación de 70 poblaciones. El gobierno apagó la protesta cancelando “definitivamente” la concesión temporal a Egesur, aunque en realidad el consorcio brasileño ya había culminado los estudios de factibilidad para los que la solicitó. Como esta cancelación definitiva de un acuerdo temporal que ya concluyó es un poco redundante, posiblemente los puneños hagan otro paro al nuevo gobierno exigiendo la cancelación definitiva de la posibilidad de que el proyecto resucite. Esto podría ocurrir si Egesur reaparece con un Estudio de Impacto Ambiental para ser consultado a los puneños, pero tal vez se tome su tiempo. Inambari es parte de un acuerdo energético con Brasil que implica la construcción de otras cuatro centrales, y forma parte del legado de dilemas que el gobierno de Ollanta Humala debe afrontar dentro de un mes.

Hubo otros pasos por la inacción gubernamental ante la contaminación de la cuenca del río Ramis. Esto se debe principalmente a la minería informal, que en Puno es la principal expresión de la industria y que no es combatida, pese a que hay 30.000 personas ejerciéndola. La fiscalización le fue transferida al gobierno regional desde el 2008. Julio Misme, director de Energía y Minas de Puno, dijo para esta nota que su dependencia carece de movilidad, de equipos y de gente, y que ni un centavo de su presupuesto está destinado a controlar los desechos tóxicos de la actividad. En la región hay más de 250 pasivos ambientales que contaminan los ríos y que producen igual número de conflictos. No se combate ni la prostitución infantil dentro de las minas informales. Tampoco se lucha agresivamente contra el contrabando y el narcotráfico.

—Puno necesita un paquete de medidas, nada de disposiciones aisladas —dijo para esta nota un futuro miembro del gobierno electo—. Pero aún no sabemos cómo debe ser.

Por un lado, el futuro gobierno estudia la modificación del sistema de concesiones, creando un fideicomiso que contrataría a las empresas que hacen los estudios de impacto ambiental, de forma que ya no fueran un traje a la medida de los inversionistas. Las contratistas auscultarían a la población y pedirían a las mineras estándares que resuelvan sus preocupaciones. Pero tal vez el fondo del asunto en Puno no sea el derecho de consulta. Tal vez tampoco lo sea el futuro de la minería o el progreso de la región. Quizá lo fundamental que se juega allí es el cogobierno de Ollanta Humala y sus ministros con un movimiento social dirigido por Aduviri.