PROYECTO HIDROELÉCTRICO DESATA POLÉMICA POR FALTA DE INFORMACIÓN
Brasil sería el gran beneficiado con la represa de Inambari
Solo el 25% de la energía generada por megaproyecto de 4.000 millones de dólares se quedaría en el Perú. Represa enclavada en la selva tendrá un tamaño equivalente a 10.000 estadios nacionales
En medio del espeso bosque que comparten Puno, Madre de Dios y Cusco, aguas arriba del puente Inambari, se proyecta construir una represa con un tamaño equivalente a 10.000 estadios nacionales. Pero no son únicamente sus dimensiones lo que hacen excepcional a este proyecto.
Varios aspectos convierten a la hidroeléctrica de Inambari en un proyecto ambiental y socialmente polémico, aunque económica y energéticamente ambicioso. Los supuestos niveles de inversión (US$4.000 millones), las características de su construcción (no hay ninguna obra de este tipo en la selva peruana), la cantidad de electricidad que se generaría (2.000 megavatios: dos veces más energía de lo que genera nuestra más grande hidroeléctrica, la del Mantaro) y su proximidad al frágil ecosistema del Parque Nacional Bahuaja Sonene.
¿ENERGÍA PARA BRASIL?
En abril de este año, tras anunciar la firma de un nuevo memorándum de entendimiento con Brasil que permitiría la construcción de seis hidroeléctricas en la selva, el presidente Alan García celebró la potencial inversión de US$15 mil millones y su impacto en nuestra economía. En ese momento, quizá sin proponérselo, inició una polémica que se ha ido alimentando por la falta de información oficial respecto de los proyectos que estarían en manos de empresas brasileñas.
Esa misma escasez de información y la confirmación de que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) otorgó en junio del 2008 —antes de anunciarse el acuerdo bilateral— una concesión de dos años al consorcio Egasur, formado por Electrobras y OAS, han concentrado la atención y la alerta sobre la central de Inambari.
Más allá del entusiasmo que pueden generar los US$4.000 millones —representa poco más del 3% del PBI nacional—, la discusión gira en torno a la pertinencia de un proyecto de esta magnitud en territorio amazónico y sobre si estamos preparados para asumir sus costos y beneficios.
Los especialistas consultados coinciden en que el Perú debe apostar por las hidroeléctricas no solo por la disponibilidad del recurso, sino porque son el medio más limpio para suministrar la electricidad que el desarrollo económico demanda.
Según el ex viceministro de Energía Pedro Gamio, las hidroeléctricas también garantizan el suministro futuro y un costo competitivo, aunque advierte que estas deben tener una planificación rigurosa para saber dónde construirlas y bajo qué condiciones.
César Butrón, presidente del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional, considera, por su parte, que las iniciativas brasileñas son bienvenidas porque el mercado interno no tiene incentivos para invertir en hidroeléctricas, debido a que se confía en demasía en la posibilidad de generar energía a gas.
Uno de los principales reparos tiene que ver con el destino de la energía que producirían las hidroeléctricas, pues el interés de Brasil es llevarla a su territorio. Aunque el MEM no explica cómo se repartiría esta energía, versiones extraoficiales afirman que un primer planteamiento habría sido llevar el 75% a Brasil y que el 25% quede para el Perú. Otra versión sostiene que la provisión para nuestro país se incrementaría gradualmente hasta llegar al 100% en un horizonte de 20 años.
Al respecto, el ex ministro Carlos Herrera Descalzi opina que se debe priorizar el mercado interno. Butrón, en cambio, propone que la provisión eléctrica acompañe el crecimiento de la demanda. A pesar de que el MEM asegura estar negociando las mejores condiciones para el país, Herrera desconfía de la capacidad del gobierno para negociar frente a un gigante como Brasil.
LOS IMPACTOS AMBIENTALES
La polémica con esta hidroeléctrica tiene que ver también con el lugar en el que se piensa construir la represa. El embalse —estimado en 41.000 hectáreas, la sexta parte de Lima Metropolitana— requerirá la deforestación de una gran parte de bosques tropicales ubicados en la zona de amortiguamiento —esa suerte de cinturón de protección natural— del Parque Nacional Bahuaja Sonene y cubrirá, además, zonas pobladas (ver infografía y nota de la página siguiente). El experto Luis Moreno —del Colegio Nacional de Ingenieros— explica que el primer gran reto será la construcción del dique que detenga las aguas del río Inambari. “Ello implicará modificar el cauce del río y remover una gran cantidad de tierra”, advierte.
Para Luis Espinel, director de Conservación Internacional, estos desbordes afectarán las rutas naturales de los peces migratorios y reducirán el caudal del río Inambari aguas abajo. El Ministerio del Ambiente (Minam) ha calculado los costos de este impacto en US$200 millones, basado en la captación de carbono por hectárea afectada.
Moreno estima que estos serían mucho mayores, pues “no se está considerando el impacto sobre las áreas de servidumbre que tendrían que otorgarse para las líneas de transmisión eléctrica hasta Brasil, ni la alteración de la biodiversidad”.
La inundación de esos grandes bosques —que afectará, según la misma empresa, el 4% del Bahuaja Sonene— podría generar gases de efecto invernadero (carbono y metano), “como consecuencia de la descomposición de los compuestos orgánicos sumergidos por el embalse”, asegura Martín Arana, consultor internacional en temas ambientales.
Él ha calculado —de acuerdo con fórmulas recomendadas por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático— que si no se toman medidas de mitigación durante el primer año de funcionamiento de la hidroeléctrica, se generarán siete millones de toneladas de carbono (5% de las emisiones anuales en todo el país) y un volumen importante de metano. El especialista recomendó, por ello, que el estudio de impacto ambiental por desarrollar tenga en cuenta tecnologías que mitiguen estas emisiones, tal como se hace en Brasil.
El ministro del Ambiente, Antonio Brack, declaró que la posición de su despacho dependerá de los estudios de prefactibilidad. “Aún no está decidido que se vaya a hacer la obra”, concluyó. En todo caso, precisó que de hacerse esta no debería afectar el Parque Nacional Bahuaja Sonene.
EL DATO
El consumo eléctrico anual promedio del país está en 4.200 megavatios (MW), la capacidad instalada del mercado energético suma 6.000 MW, mientras que la demanda crece a ritmo de 300 MW a 400 MW por año
INFORME DEL DOMINGO
Una hidroeléctrica en tensión
Por: Nelly Luna/Silvia Mendoza
En medio del espeso bosque que comparten Puno, Madre de Dios y Cusco, aguas arriba del puente Inambari, se proyecta construir una represa con un tamaño equivalente a 10.000 estadios nacionales. Pero no son únicamente sus dimensiones lo que hacen excepcional a este proyecto.
Varios aspectos convierten a la hidroeléctrica de Inambari en un proyecto ambiental y socialmente polémico, aunque económica y energéticamente ambicioso. Los supuestos niveles de inversión (US$4.000 millones), las características de su construcción (no hay ninguna obra de este tipo en la selva peruana), la cantidad de electricidad que se generaría (2.000 megavatios: dos veces más energía de lo que genera nuestra más grande hidroeléctrica, la del Mantaro) y su proximidad al frágil ecosistema del Parque Nacional Bahuaja Sonene.
¿ENERGÍA PARA BRASIL?
En abril de este año, tras anunciar la firma de un nuevo memorándum de entendimiento con Brasil que permitiría la construcción de seis hidroeléctricas en la selva, el presidente Alan García celebró la potencial inversión de US$15 mil millones y su impacto en nuestra economía. En ese momento, quizá sin proponérselo, inició una polémica que se ha ido alimentando por la falta de información oficial respecto de los proyectos que estarían en manos de empresas brasileñas.
Esa misma escasez de información y la confirmación de que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) otorgó en junio del 2008 —antes de anunciarse el acuerdo bilateral— una concesión de dos años al consorcio Egasur, formado por Electrobras y OAS, han concentrado la atención y la alerta sobre la central de Inambari.
Más allá del entusiasmo que pueden generar los US$4.000 millones —representa poco más del 3% del PBI nacional—, la discusión gira en torno a la pertinencia de un proyecto de esta magnitud en territorio amazónico y sobre si estamos preparados para asumir sus costos y beneficios.
Los especialistas consultados coinciden en que el Perú debe apostar por las hidroeléctricas no solo por la disponibilidad del recurso, sino porque son el medio más limpio para suministrar la electricidad que el desarrollo económico demanda.
Según el ex viceministro de Energía Pedro Gamio, las hidroeléctricas también garantizan el suministro futuro y un costo competitivo, aunque advierte que estas deben tener una planificación rigurosa para saber dónde construirlas y bajo qué condiciones.
César Butrón, presidente del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional, considera, por su parte, que las iniciativas brasileñas son bienvenidas porque el mercado interno no tiene incentivos para invertir en hidroeléctricas, debido a que se confía en demasía en la posibilidad de generar energía a gas.
Uno de los principales reparos tiene que ver con el destino de la energía que producirían las hidroeléctricas, pues el interés de Brasil es llevarla a su territorio. Aunque el MEM no explica cómo se repartiría esta energía, versiones extraoficiales afirman que un primer planteamiento habría sido llevar el 75% a Brasil y que el 25% quede para el Perú. Otra versión sostiene que la provisión para nuestro país se incrementaría gradualmente hasta llegar al 100% en un horizonte de 20 años.
Al respecto, el ex ministro Carlos Herrera Descalzi opina que se debe priorizar el mercado interno. Butrón, en cambio, propone que la provisión eléctrica acompañe el crecimiento de la demanda. A pesar de que el MEM asegura estar negociando las mejores condiciones para el país, Herrera desconfía de la capacidad del gobierno para negociar frente a un gigante como Brasil.
LOS IMPACTOS AMBIENTALES
La polémica con esta hidroeléctrica tiene que ver también con el lugar en el que se piensa construir la represa. El embalse —estimado en 41.000 hectáreas, la sexta parte de Lima Metropolitana— requerirá la deforestación de una gran parte de bosques tropicales ubicados en la zona de amortiguamiento —esa suerte de cinturón de protección natural— del Parque Nacional Bahuaja Sonene y cubrirá, además, zonas pobladas (ver infografía y nota de la página siguiente). El experto Luis Moreno —del Colegio Nacional de Ingenieros— explica que el primer gran reto será la construcción del dique que detenga las aguas del río Inambari. “Ello implicará modificar el cauce del río y remover una gran cantidad de tierra”, advierte.
Para Luis Espinel, director de Conservación Internacional, estos desbordes afectarán las rutas naturales de los peces migratorios y reducirán el caudal del río Inambari aguas abajo. El Ministerio del Ambiente (Minam) ha calculado los costos de este impacto en US$200 millones, basado en la captación de carbono por hectárea afectada.
Moreno estima que estos serían mucho mayores, pues “no se está considerando el impacto sobre las áreas de servidumbre que tendrían que otorgarse para las líneas de transmisión eléctrica hasta Brasil, ni la alteración de la biodiversidad”.
La inundación de esos grandes bosques —que afectará, según la misma empresa, el 4% del Bahuaja Sonene— podría generar gases de efecto invernadero (carbono y metano), “como consecuencia de la descomposición de los compuestos orgánicos sumergidos por el embalse”, asegura Martín Arana, consultor internacional en temas ambientales.
Él ha calculado —de acuerdo con fórmulas recomendadas por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático— que si no se toman medidas de mitigación durante el primer año de funcionamiento de la hidroeléctrica, se generarán siete millones de toneladas de carbono (5% de las emisiones anuales en todo el país) y un volumen importante de metano. El especialista recomendó, por ello, que el estudio de impacto ambiental por desarrollar tenga en cuenta tecnologías que mitiguen estas emisiones, tal como se hace en Brasil.
El ministro del Ambiente, Antonio Brack, declaró que la posición de su despacho dependerá de los estudios de prefactibilidad. “Aún no está decidido que se vaya a hacer la obra”, concluyó. En todo caso, precisó que de hacerse esta no debería afectar el Parque Nacional Bahuaja Sonene.
EL DATO
El consumo eléctrico anual promedio del país está en 4.200 megavatios (MW), la capacidad instalada del mercado energético suma 6.000 MW, mientras que la demanda crece a ritmo de 300 MW a 400 MW por año
